Foto del día: La armadora automotriz Mazda acordó suspender actividades éste lunes, debido a la contingencia que ha ocasionado inundaciones en algunas zonas del municipio, entre ellas las vialidades de acceso a la planta. A través del vocero de la empresa se ha precisado que la planta automotriz Mazda, no registra alguna afectación, sin embargo como medida preventiva y debido a que las diversas vialidades de accesos para llegar a la planta han sido afectadas y para no poner en riesgo a su personal, se acordó suspender las actividades productivas para éste lunes y dependiendo del comportamiento de la emergencia se determinará si se prolonga el paro de actividades o se retoma la producción el día martes. (Vía Periódico Correo / Fotografía Opinión Bajío)
Denuncian apoyo de sindicato de EUA a disidentes obreros de GM Silao
Correo
Silao.- Concluido el proceso de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo firmado con la armadora automotriz General Motors Complejo Silao, del que perdió la titularidad el Sindicato “Miguel Trujillo López” (SMTL), empleados acusaron la intervención de AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos y Canadá, lo que estaría prohibido por la legislación.
Y es que, de acuerdo con el contenido de un correo electrónico revelado por obreros de la ensambladora, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) habría propuesto financiar al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), durante la campaña de afiliación de empleados.
El documento electrónico dirigido al SINTTIA fue firmado por Chris Pacheco, representante de Asuntos Laborales del Centro Americano para la Solidaridad Laboral Internacional (American Center for International Labor Solidarity) del AFL-CIO. En éste se puede leer que “objetivos comunes de foméntate un movimiento sindical fuerte, independiente y democrático”, motivan a proponer apoyo y asesoría técnica.
El apoyo consistiría en respaldo económico para la contratación de organizadoras y organizadores, que serían 10 personas despedidas de General Motors Silao, así como recursos para los 15 secretarios del Comité Ejecutivo Nacional del SINTTIA, quienes están en paro técnico.
Además, se les otorgarían a cada uno tres mil 500 pesos semanales durante las próximas tres semanas de duración de la campaña de afiliación y, al final del periodo, se consideraría la posibilidad de extender el apoyo. El Centro Solidario CASSI ofreció también acompañamiento semanal para la elaboración de un plan de trabajo, evaluación y rendición de cuentas.
Acusan a GM de interferir en nuevas elecciones
Por otro lado, integrantes del Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, adelantaron la necesidad de que se presenten nuevas denuncias ante la línea directa del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debido a que la empresa General Motors estaría interfiriendo en la libre decisión de sus trabajadores de formar y competir en las próximas elecciones de representación sindical, “despidiendo líderes democráticos por el mismo motivo, favoreciendo el viejo régimen sindical”.
En avisos pegados en sitios de mayor afluencia en la Planta de General Motors en el estado de Guanajuato, se informa a los trabajadores que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la política de General Motors, “está prohibido llevar a cabo actos de proselitismo dentro de las instalaciones de la empresa”, entre los que estaría la distribución de folletos para promover a algún sindicato, solicitar la firma de documentos y coordinar y ejecutar reuniones con fines de afiliación sindical.
Además, se advierte que GM “tomará medidas correspondientes en contra de aquellos que realicen actos de proselitismo dentro de la empresa”.
La consulta
El 17 y 18 de agosto de este año la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto Nacional Electoral, atestiguaron la reposición de la consulta suspendida en abril pasado, al detectarse irregularidades que no permitieron que los empleados votaran con libertad para determinar si respaldaban en CCT firmado por el sindicato cetemista. Los resultados arrojaron que, a partir del 3 de noviembre, el documento perderá vigencia y que un nuevo sindicato -o el mismo SMTL- puedan emplazar a huelga para la signa de un nuevo convenio laboral.
Denuncias y acoso
El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz mencionó que desde la consulta en General Motors (GM), pese a la voluntad expresada por los trabajadores de no ratificar el Contrato Colectivo de Trabajo existente, “en la planta se vive un clima de acoso hostigamiento en contra de las y los trabajadores que votaron por él no y que simpatizan con el nuevo sindicato independiente”.
Además, aseguró que GM en Silao facilita que el SMTL intimide, engañe y chantajee a las y los obreros, “en el limbo legal que han abierto las autoridades laborales”, de lo que existen denuncias y testimonios.
Solo días antes se advirtió mediante entrevistas realizadas por inspectores federales del trabajo, previo a la consulta de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato ‘Miguel Trujillo López’ y la armadora automotriz General Motors en su Complejo Silao, que hubo ofrecimientos económicos para votar a favor el convenio, pero al perder la votación, se negó que permanecía la continuidad de la representación sindical, por lo que se dio parte a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).
Lo anterior se constata en la resolución emitida ante la reposición de la consulta, documento firmado por la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Se multiplican daños por inundaciones: Mazda suspende operaciones
Correo
Salamanca.- La armadora automotriz Mazda acordó suspender actividades éste lunes, debido a la contingencia que ha ocasionado inundaciones en algunas zonas del municipio, entre ellas las vialidades de acceso a la planta.
Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato informó que al menos en cuatro municipios del sur de la entidad, las lluvias han provocado la inundación de cultivos y casas por el paso del Río Lerma.
Asimismo, al menos tres de los cuerpos de agua de la zona están a más del 100% de su capacidad
A través del vocero de la empresa se ha precisado que la planta automotriz Mazda, no registra alguna afectación, sin embargo como medida preventiva y debido a que las diversas vialidades de accesos para llegar a la planta han sido afectadas y para no poner en riesgo a su personal, se acordó suspender las actividades productivas para éste lunes y dependiendo del comportamiento de la emergencia se determinará si se prolonga el paro de actividades o se retoma la producción el día martes.
Cabe hacer mención que el principal acceso a la armadora se localiza por el distribuidor de la carretera federal 45, en el tramo Irapuato-Salamanca y viceversa se ha visto afectado para el tránsito vehicular, por lo que el acceso principal a la planta se ha visto disminuido.
Otro acceso por la carretera estatal Salamanca-Cárdenas, también registra afectaciones, por lo que los directivos de la planta han tomado la medida de suspender las actividades y conforme se atienda la emergencia se tomaran acuerdos.
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Piden a la STPS actúe y que GM Silao, respete la libre decisión de sus trabajadores
El Sol de León
Silao, Gto.- El Consejo Laboral para el Avance de América Latina (LCLAA) pidió la intervención de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Gobierno de México, luego de las quejas públicas hechas en contra de la General Motors planta Silao, por interferir en la libre decisión de sus trabajadores en formar y competir en las próximas elecciones de representación sindical, además de incurrir en el despido de líderes democráticos, acciones que dijo favorecen el viejo régimen sindical.
Fue a través de un correo electrónico enviado a Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS por F.X. Martín del Campo representante del Consejo Laboral para el Avance de América Latina (LCLAA).
Dice “Nuestra organización representa Latino Americanos en el movimiento sindical en EEUU afiliados con el Consejo Laboral de San Francisco y el AFL-CIO. Nuestros integrantes han luchado por el cambio democrático sindical en California y cambio democrático en México por muchísimos años que dijo es la principal organización nacional para los trabajadores latinos y sus familias”.
Fue el jueves 30 de septiembre, Israel Cervantes, principal vocero de Generando Movimiento y miembro del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz SINTTIA. Nos informó de la situación actual en la planta General Motors ubicada en Silao, Guanajuato.
“La empresa General Motors está interfiriendo en la libre decisión de sus trabajadores de formar y competir en las próximas elecciones de representación sindical y despidiendo líderes democráticos por el mismo motivo favoreciendo el viejo régimen sindical.
Nos pidieron mandar esta solicitud a usted y al Gobierno de México. Pedimos que nuestro gobierno de cambio actúe como es debido”.
Martín del Campo consideró que ante esta situación que “Pedimos que contacten a General Motors y les piden que regresen a los trabajadores despedidos a sus puestos con el mismo salario, beneficios y aumentos correspondientes y que su oficina contacten a General Motors a pedirles que respeten la libre decisión de sus trabajadores y trabajadoras en formar un sindicato democrático y responsable”.
LCLAA con sede en San Francisco, California EU., aseguró que solicitará a su gobierno un cambio y se actúe como es debido. Al destacar que estás medidas también asistirán a los trabajadores automotrices en EEUU y México.
Dato
Labor Council for Latin American Advancement por sus siglas en inglés LCLAA,es la principal organización nacional de trabajadores latinos. Fundada desde 1972, ha sido una organización de base dirigida por líderes laborales latinos que usan la sindicalización como un vehículo para asegurar los derechos y las protecciones laborales.
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Matamoros y Silao: Luego de los últimos movimientos obreros, ¿qué sigue?
El Economista
Lucharon por despojarse de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y, de alguna manera, lo consiguieron. Ahora van por la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT). Ahí los obstáculos son empresas, autoridades y viejos liderazgos sindicales; también la falta de participación, formación y experiencia democrática de trabajadoras y trabajadores.
“Comenzamos a organizarnos hace dos años y ahora llegamos a esta dirigencia para obtener mejores condiciones laborales y salariales” para el personal de General Motors (GM) en Silao, dice Alejandra Morales Reynoso, secretaria general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA). Al principio, lo hacían a escondidas, cuenta.
Nuevas figuras quieren incidir, pero para qué exactamente y de qué manera, cuestiona Cirila Quintero Ramírez, profesora-investigadora de El Colegio de la Frontera Norte. “El peligro es que algunos sindicatos o confederaciones que no vienen desde las bases se puedan aprovechar de estos movimientos”, advierte.
En Matamoros, Tamaulipas, y en Silao, Guanajuato, surgieron nuevos sindicatos que buscan representar al gremio automotriz en sus localidades. En la planta de Nissan en Aguascalientes también rechazaron a la CTM y la mayoría optó por entregar su CCT a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), dirigida por Pedro Haces.
Para la doctora Cirila Quintero éste de la CATEM “es un caso concreto” que ejemplifica el riesgo de la supuesta alternancia. Desde hace unos años esa organización “empezó a reconfigurarse con un discurso de democracia sindical, pero en realidad es una separación de la CTM”.
Otra organización en el foco de la polémica es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). En ella, Rubén Choreño, al tiempo que marca distancia de la administración de Carlos Romero Deschamps, exige a la Secretaría del Trabajo (STPS) ser reconocido como el nuevo líder.
El siguiente paso en Silao
En abril de este año, el personal de GM Silao acudió a las urnas para avalar el contrato que el Sindicato Miguel Trujillo López, de la CTM, firmó con la empresa. Para asegurar que así fuera, la trasnacional presionó a trabajadoras y trabajadores y, al darse cuenta que la mayoría lo rechazaba, saboteó el proceso junto con la organización sindical.
El gobierno estadounidense intervino e interpuso una queja laboral mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La STPS confirmó las irregularidades y ordenó reponer la votación, la cual se llevó a cabo el 17 y 18 de agosto, y nuevamente ganó el rechazo a ese sindicato y al contrato que había negociado.
Hace unas semanas la STPS informó que el CCT estará vigente hasta el 3 de noviembre. Eso atrasará el proceso para que el SINTTIA busque la representación, dice la abogada Patricia Juan Pineda. Ese sindicato debe obtener primero la constancia de representatividad para negociar un nuevo CCT. “Pero no tenemos fechas para iniciar el proceso por esa prórroga”.
Y en el impasse, GM no está respetando el contrato, asegura. “Hemos llegado a casos extremos, como el de una trabajadora a quien se les negó el traslado a un hospital cuando se sentía muy mal. La médico, entre burlas, la cuestionó: ‘pero querían que ganará el no, ahora toma un analgésico’”.
En 2019, un grupo de trabajadores que exigió democracia sindical fue despedido, recuerda la abogada. Israel Cervantes, uno de los líderes más visibles del movimiento disidente, es uno de ellos. “Le practicaron un examen toxicológico y salió positivo”, aunque pocas horas después él se realizó otro que resultó negativo.
Ahora temen por Alejandra Morales Reynoso, secretaria general del SINTTIA. Según Patricia Juan, hace unos días la empresa le exigió “un examen biológico”. Con otros trabajadores ya lo lograron, “y lo peor es que los vigilaron cuando tomaban las muestras de orina. A ellos hasta pena les daba decirlo, se han sentido muy humillados”.
“Si es verdad que esto es parte del monitoreo de salud ocupacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la STPS deberían estar al tanto, pero no es así. Me dijeron que en mes y medio me darán los resultados, ¿por qué tanto tiempo”, pregunta la dirigente.
Lo han hecho con otros trabajadores e integrantes de la dirigencia del SINTTIA. “Lo peor es que los vigilaron cuando tomaban las muestras de orina. A ellos hasta pena les daba decirlo, se han sentido muy humillados”, narra Patricia Juan.
“La empresa nos tiene muy vigilados, nos quitan gente para estar dentro de la línea de trabajo todo el tiempo y evitar que dialoguemos con compañeros. Me han dicho que se siente mucha tensión, y yo también la siento”, agrega,
La CTM ha dicho que impugnará la decisión de terminar con el CCT que esa confederación firmó con GM, comenta Alejandra. “Es para tener el control” por más tiempo.
“Fue difícil que nos organizáramos por la presión, los despidos y amenazas, pero lo hicimos. Como no había una mejor opción de sindicato, decidimos formar el nuestro, aunque nos llevara más tiempo. En julio obtuvimos nuestro registro y en agosto, con el voto de la mayoría, rechazamos rotundamente el contrato que el sindicato Miguel Trujillo negoció”.
Sus principales objetivos, asegura, es el aumento salarial, mejorar las prestaciones y restituir en su puesto a quienes fueron despedidos en la lucha.
“Otra de las principales tareas es informar a los compañeros de nuestros derechos laborales. Mira, la gente sabiendo cuáles son sus derechos comienza a alzar la voz; por eso mucha nos está apoyando, porque nosotros sí les decimos a qué tenemos derecho”, puntualiza.
El reto de la concientización laboral
Cirila Quintero lleva más de 30 años estudiando los movimientos obreros en Matamoros y asegura que el estallido de 2019 tuvo varios motivos y la mecha se encendió desde hace muchos años. La trayectoria del sindicalismo en dicha cuidad data, al menos, desde 1928, cuando jornaleros y, años después, algodoneros, se organizaron, explica.
De los contratos que lograron esos gremios, las trabajadoras y trabajadoras de las maquiladoras heredaron dos cláusulas: cuando hay incremento salarial a nivel nacional, la empresa les debe dar otro de igual porcentaje y un bono proporcional a ese incremento.
Así que en 2019 su sueldo debió haberse duplicado y el bono tenía que ser de 32,000 pesos, pero las empresas se negaron a cumplir lo pactado. Entonces el auge por el cambio de régimen federal influyó y la abogada Susana Prieto, hoy diputada federal por Morena, lo supo canalizar, opina.
Desde 2015 intentaron emanciparse de la CTM, pero las empresas lo impidieron cediendo ante algunas demandas. En julio, Susana Prieto anunció que el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios “Movimiento 20/32” (SNITIS) demandó la titularidad del CCT en Tridonex, en manos de la CTM.
Pero “la CTM no va a desaparecer. La pregunta es quién se está fortaleciendo con estos procesos que se supone son para abrir paso a la democracia sindical”. La especialista en estudios del trabajo es escéptica de que “haya un cambio de esencia en las dirigencias” que beneficie a las bases.
Desde la reforma laboral de 2019 se han registro muchos sindicatos que llevan el apellido de independientes y “¿realmente lo son?”. Las nuevas reglas privilegian el voto, pero para llegar a las urnas todavía debe haber una concientización previa de trabajadoras y trabajadores, dice.
En la alfabetización sindical deben participar también las autoridades, considera. Alejandra Morales coincide con ella y agrega que las organizaciones gremiales necesitan su acompañamiento e incluso protección.
“Así como la STPS mandó inspectores cuando se repuso la votación para legitimar el contrato colectivo, requerimos que lo siga haciendo. Necesitamos que vigilen esta nueva etapa, porque seguimos siendo presionados y así no podemos avanzar en la democracia sindical”, apunta la dirigente del SINTTIA.
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Iniciativa eléctrica de la 4T desconoce compromisos de México en el T-MEC
El Economista
La iniciativa de contrarreforma energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados sería violatoria a los tratados internacionales que tiene México, con lo que de aprobarse provocará pugnas de nivel de arbitraje internacional.
Estados Unidos y Canadá establecieron candados para que México no hiciera una contrarreforma energética a través de un artículo del tratado comercial entre los tres países (T-MEC) que hace alusión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Esto significa que aun cuando Estados Unidos no forma parte del TIPAT, obtiene los beneficios plenos del blindaje explícito que este acuerdo ofrece para no disminuir la apertura del sector energético mexicano.
De hacer cambios que restrinjan la apertura vigente, México enfrentaría represalias y tendría que resarcir los daños consecuentes, además de que correría el riesgo de que sus dos socios comerciales denunciaran el T-MEC, un tratado que ha impulsado el comercio exterior y las inversiones en la economía mexicana.
Kennet Smith, jefe negociador del T-MEC por parte de México en la administración pasada, y socio de la consultoría AGON, explicó que ambos acuerdos comerciales incluyen la denominada cláusula “ratchet” (cremallera) de irreversibilidad: si un país procede unilateralmente a una apertura, esta se consolida inmediatamente.
“El grado de apertura que ha dado hasta ahora México en el sector energético está consolidado en el T-MEC y el TIPAT, y también quedaría consolidada una apertura mayor si México la tuviera en el futuro”, explicó Smith a El Economista en su momento.
Contrarreforma
La iniciativa presidencial presentada el viernes contiene modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de diversos transitorios entre los que destaca que se elimina el párrafo por el que el Ejecutivo contaba con los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, o sea, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
También propone que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) vuelva a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que desaparecen todos los mercados de electricidad para que la estatal sea una empresa integrada nuevamente, desapareciendo las filiales constituidas en la reforma, y que toda la energía que se despache en el país sea comprada por la escuela estatal, con lo que los privados sólo podrán llegar a 46% de la generación (hoy tienen 38%) pero en contratos con la CFE, que además dejará de ser empresa productiva, igual que Petróleos Mexicanos (Pemex) para ser organismos que velen por el derecho al acceso a la energía de toda persona en el país.
El litio, primordial para avanzar hacia el almacenamiento de electricidad, podrá ser explotado únicamente por el Estado, según la propuesta del Ejecutivo.
La nueva iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupera la conducción a través de la CFE, que se convierte en organismo responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración.
“Las actuales inversiones en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar con 46% del consumo eléctrico nacional, sujetas a planeación y control a través de la CFE”.
Este 46% se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, basado en procedimientos de competencia. La CFE, a través del Cenace, despachará en orden de mérito de costos de producción, sujetándose a requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, según el texto enviado al Congreso.
Además, se requiere entonces la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad y la generación procedente de los permisos de autoabasto no será adquirida por la CFE igual que los excedentes de los productores independientes de energía.
Para Miriam Grunstein, abogada experta del sector energético, lo más grave es la propuesta de terminar con cualquier permiso o contrato expedido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), porque un acto administrativo firmado por un organismo queda sin efectos para convertirse en un elemento de negociación con otro organismo, lo que afecta derechos retroactivos y se tomará como decisión unilateral, violatoria del derecho internacional y que rebasa todo régimen de derecho comercial.
“Contiene cláusulas indudablemente de expropiación indirecta que consiste en una afectación de derechos, en la privación de los mismos, aunque no sea de bienes e infraestructura, lo que a todas luces es violatorio de los principios de cualquier tratado de libre comercio cuyo espíritu es la expectativa razonable de rentabilidad de todo inversionista extranjero”, dijo Grunstein.
En cuanto a la explotación exclusiva del litio por parte del Estado, comentó que hay nacionalización de un mineral sin que se estaticen las concesiones de las minas, que son ocho en el país, lo que a todas luces será también violatorio de derechos adquiridos con antelación.
La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores “necesarios” para la competitividad del país.
La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores “necesarios” para la competitividad del país.
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Reforma de outsourcing sacó del mercado laboral a más de 900,000 trabajadores
El Economista
Antes de la reforma de subcontratación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tenía un registro de 5.2 millones de trabajadores empleados bajo un régimen de outsourcing. A un mes de la entrada en vigor a plenitud de los cambios legales, el 83% de la fuerza laboral contratada bajo este esquema conservó su empleo formal, pero el resto, alrededor de 900,000 personas, perdieron su plaza.
Según un análisis de Manpower, el 17% de los trabajadores que estaban subcontratados antes de la reforma fueron dados de baja ante el IMSS, esto implica una pérdida de puestos de trabajo formales mayor a la estimada por las empresas de subcontratación laboral previo a la entrada en vigor de las nuevas reglas para la tercerización de servicios.
“La pérdida de oportunidades laborales fue siete puntos superiores al 10% estimado por la encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), que equivalía a 460,000 empleos que se perderían directamente con la prohibición del outsourcing de personal”, detalló Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.
La encuesta de la AMECH preveía que el 10% de los trabajadores en outsourcing que no serían contratados de manera directa migrarían a esquemas de pagos informales como cooperativas y sindicatos. Además, advertía que más de la mitad de esta fuerza de trabajo sería contratada por honorarios o asimilados a salarios para disminuir la carga patronal.
“El problema es que al no cerrarse otras opciones que hay de contratación a través de las cuales no se paga seguridad social y en algunos casos no se paga ISR, la gran mayoría de los empleados van a ser contratados a través de esquemas como son honorarios, asimilados a salarios, derechos de autor, pago a través de cooperativas y sindicatos, entre otros”, dijo en su momento Héctor Márquez Pitol en su rol de presidente de la AMECH.
Las actividades de servicios para empresas, personas y hogar son las que reportan el mayor impacto por la pandemia y la reforma de subcontratación pues se mantiene con 451,180 puestos formales por debajo de su nivel previo a la crisis sanitaria por la Covid-19. De este déficit, casi la mitad corresponde a la clasificación de servicios profesionales y técnicos, donde se incluía personal subcontratado.
La reforma de subcontratación prohibió el outsourcing basado en suministro de personal y estableció nuevas reglas para la contratación de servicios especializados. Estos cambios a los ordenamientos legales implicaron ajustes internos en las organizaciones como la migración de trabajadores o cambios en los giros de los negocios.
Impacto en la operación de las empresas
No todas las compañías lograron absorber a los trabajadores subcontratados o conservar la plantilla para competir en el mercado de servicios especializados. De acuerdo con la Encuesta de Compensación de AON, el 7.2% de las compañías estimaba liquidar de manera definitiva al 8.8% de su personal debido a los cambios que implicaba la reforma de subcontratación.
“Esto fue porque financieramente ya no se pudo con todos estos impactos que conllevó eliminar la subcontratación”, expuso Rocío Hernández, directora de Consultoría en Talento y Compensación de AON México.
El análisis de Manpower sobre los registros en el IMSS evidenció que algunos trabajadores no fueron migrados a las empresas operadoras porque sus empleadores cumplen con los criterios para operar en el esquema de servicios especializados.
En ese sentido, del 83% de la fuerza laboral tercerizada que conservó su empleo formal, 2.7 millones fueron reconocidos por sus empleadores a través del proceso de sustitución patronal, pero 1.6 millones permanecerán en una empresa de subcontratación de servicios especializados.
“En primer momento no vemos un resultado crucial de la reforma en materia de subcontratación en la creación de empleos formales. Los datos hasta el primero de septiembre establecen un punto de partida para calificar a largo plazo el éxito de la reforma porque apenas conocemos cómo se ha modificado la dinámica del panorama laboral en términos de adaptación a las nuevas disposiciones en la ley”, subrayó Héctor Márquez.
Un panorama predecible
Diversas mediciones evidenciaban que sería imposible que se absorbieran a todos los trabajadores subcontratados y habría un daño colateral en pérdida de empleo, al menos formal.
En el primer mes de vigencia de la reforma, Mercer presentó la encuesta Termómetro de Teletrabajo y Subcontratación, donde el 15% de las empresas con esquemas de outsourcing afirmó que no contraría directamente a los trabajadores tercerizados y optaría por liquidarlos.
Además, preveía una reducción en los beneficios de las personas trabajadoras que serían absorbidas por la empresa operadora. El 24% de los negocios señaló que disminuiría los incrementos salariales y los bonos como medida para mitigar el impacto financiero de la migración de trabajadores.
“Los resultados de la reforma laboral a nivel de empleo se verá cuando haya nuevas plazas y estén por encima de los niveles que se tenían previo a la pandemia, hasta el momento hay mayor impacto en por la recuperación de empleo post cierre de sectores que por la reforma en sí misma”, opinó Márquez Pitol, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup
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Fortalecer el nuevo sindicalismo, próximo desafío para el Congreso de la Unión
El Economista
En los próximos tres años, la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados impulsará el fortalecimiento del sindicalismo, sostiene Manuel Baldenebro Arredondo, reelegido como presidente de ese órgano. Será casi natural, dice, con la presencia de la abogada y activista Susana Prieto Terrazas, ahora su compañera de bancada, quien “se atrevió a meterse a la cloaca” de las maquilas del norte.
A diferencia de la legislatura pasada, la LXIV, en la que las reformas en materia de trabajo más importantes llegaron como iniciativa del Ejecutivo federal, en ésta “creo que no será así, no creo que envíen propuestas. Más bien habrá que seguir en la implementación de la reforma laboral”, dice en entrevista.
La LXV Legislatura es la primera para la que se permitieron reelecciones. En la anterior, Baldenebro Arredondo llegó como diputado federal del Partido Encuentro Social (PES), parte de la alianza Juntos Haremos Historia, con Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista (PVEM).
Ahora llega por Morena, igual que Susana Prieto. El cirujano, expresidente municipal de San Luís Rio Colorado, Sonora, candidato a la gubernatura de su estado, exmiembro del PRI, disputa actualmente el reconocimiento como secretario general de la sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
Es nuevamente presidente de la Comisión del Trabajo, aunque parecía que esta vez Susana Terrazas ocuparía el cargo. Y de hecho, ella impugnó esa decisión.
Al final, “se puso a votación (ante el pleno del grupo parlamentario) y adelante, nos respaldaron también por la experiencia”. Pero la abogada del movimiento obrero en Matamoros, Tamaulipas, quien fue encarcelada por su activismo, “se sumó, hablamos de unidad, me felicitó y trabajaremos juntos”, cuenta.
“El campo de trabajo de ella y donde yo me desenvuelvo son diferentes. Yo ando cerca de sindicatos nacionales, no de las grandes confederaciones. Y ella está muy cerca de los trabajadores de la maquila, un sector con una larga lucha obrera”, pero que hasta ahora se miraba más como local. Será interesante la combinación, prevé.
Autonomía sindical en la mira
En la anterior legislatura, “los cambios legislativos fueron muchos”: con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), el Congreso culminó la reforma laboral que inició en 2017 en la Constitución, modificó el concepto de subcontratación y puso nuevas reglas para ejercerlo, reguló el teletrabajo, disminuyó el número de semanas cotizadas para acceder a una pensión y reconoció los derechos de las trabajadoras del hogar, por mencionar algunos.
“Ahora no serán cambios significativos. Tenemos que buscar la forma de que la reforma laboral marche bien, porque cuando se planeó, todo el mundo dijo que era para democratizar la vida sindical, abrir paso a los sindicatos independientes y darle poder al trabajador. Pero la corrupción no se ha acabado”, apunta.
Desde la Comisión del Trabajo “vamos a buscar sancionar esos liderazgos corruptos”, advierte. Y esta vez entrarán más de fondo al sindicalismo en el gobierno, pues “quedaron pendientes modificaciones al Apartado B” del artículo 123 de la Constitución, el cual se refiere a las personas que laboran para el Estado.
La mira de este órgano legislativo estará en la autonomía sindical, insiste. Con la reforma laboral ya en marcha, a punto de iniciar la segunda etapa de tres, “estamos en un periodo de prueba. Vamos caminando bien”, pero es la primera vez que el voto libre, personal y secreto se ejerce en la gran parte de los sindicatos. Es casi como un ensayo, dice.
“Algo que nos sigue causando ruido en la ley es la impartición de justicia y debemos satisfacer necesidad. Escuchamos que ahora la democracia sindical es directa, pero en los hechos el que los trabajadores sigan levantando la mano, quejándose o denunciando se convierte en motivo de persecución”.
El viejo régimen, apunta, sigue presente. Lo importante ahora es evitar “que vuelvan esos liderazgos con sus mañas de siempre”, erradicar la corrupción en las juntas de conciliación que aún funcionan y evitar que ese problema se contagie a los centros de conciliación.
Esa visión, considera, es compartida con Susana Prieto. “Ella ha sido incluso satanizada por defender a trabajadores que eran explotados. Y a mí, dentro los sindicatos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que no son los más limpios ni democráticos, me siguen persiguiendo porque apoyé a Andrés Manuel López Obrador en 2018. Pero ahora se dicen morenistas”.
A la comisión regresa también la diputada Margarita García García, del PT. “En suma, habrá mucha experiencia y bueno, en el ADN del PT está la defensa de los trabajadores”.
En la legislatura pasada, en los parlamentos abiertos, “escuchamos a laboristas de sindicatos y de empresas y a académicos que, mis respetos, pero planteaban una utopía que un país como éste no podía encajar. Combinar ahora todos estos esfuerzos resultará en algo de provecho por el bien de los trabajadores”.
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