Foto del día: Más de un millón de mujeres perdió su empleo en México a raíz de la pandemia y muchas de ellas, sobre todo de entre 25 y 44 años, operan en la informalidad, según la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE). Sonia Garza González, presidenta de la AMMJE, expuso que el que operen en la informalidad les impide recibir financiamiento, capacitación y demás incentivos disponibles en el sector formal. (Vía Urbano Puebla)
Impulsan seguro contra el desempleo
Correo
Jorge Espadas, junto con el resto de los diputados federales de Acción Nacional, ofrecieron una rueda de prensa para presentar la iniciativa de “Seguro contra el desempleo”, la cual beneficiaría en Guanajuato a cerca de 7 mil personas.
Esta medida, en caso de aprobarse en el Congreso de la Unión, serviría para dotar de 4 mil 402 pesos mensuales hasta por cuatro meses a personas que hayan perdido su trabajo formal durante la pandemia de la covid.
La diputada Itzel Balderas comentó que a nivel nacional, de acuerdo con datos del IMSS, se han perdido alrededor de 2.5 millones de puestos de trabajo, y para costear el seguro contra el desempleo solo se requeriría el 9 por ciento del monto que se contempla utilizar en los proyectos de la refinería en Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya.
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Concluirá GM contrato colectivo en noviembre
El Heraldo
General Motors de México dio a conocer que luego de recibir la resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a partir del próximo tres de noviembre se dará por concluido el contrato colectivo de trabajo con el Sindicato “Miguel Trujillo López” de la CTM.
Ireri Herrera Sandoval, coordinadora de comunicación corporativa de General Motors de México informó que luego que el corporativo recibió la resolución respecto al proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo (CCT) en GM Silao, que se llevó a cabo el 17 y 18 de agosto se dará por concluido el contrato colectivo de trabajo.
Por otro lado comunicó que la resolución confirma que el CCT no fue legitimado por los empleados sindicalizados de General Motors Silao, por tal razón y de acuerdo con lo establecido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), el contrato se dará por terminado, a partir del 3 de noviembre próximo.
Aclaró que General Motors de México cumplirá con lo establecido en la resolución mencionada y continuará cooperando con las autoridades correspondientes para que un nuevo contrato colectivo de trabajo sea negociado y aprobado.
Añadió que mientras tanto, General Motors de Silao continuará con sus operaciones, respetando los derechos laborales y colectivos de sus trabajadores.
Miguel Ramírez, uno de los obreros sindicalizados de la planta como ellos le llaman a la empresa, señaló que la mayoría de los trabajadores esperan que con el término del contrato colectivo del sindicato de la CTM, esperan las propuestas para conformar un nuevo sindicato que realmente sea integrado por trabajadores de General Motors y no por personas ajenas a la empresa como estaba sucediendo.
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El 3 de noviembre quedará sin efecto CTM en GM
El Heraldo
El contrato colectivo de la CTM en la planta General Motors Silao dejará de tener efectos a partir del próximo 3 de noviembre de acuerdo a la resolución que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La resolución obliga a General Motors a garantizar, en beneficio de los trabajadores, el respeto de todos los derechos y prestaciones adquiridas en el contrato colectivo. En consecuencia, las relaciones laborales se regirán por contratos individuales hasta la firma de un nuevo contrato colectivo, destacó la STPS.
También ordena al Sindicato “Miguel Trujillo López” de CTM a seguir cumpliendo con las obligaciones existentes y trasladar o saldar todos los compromisos que tenga con las y los trabajadores hasta en tanto surta efectos la terminación del contrato.
Además, la STPS solicita la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y de la Inspección Federal del Trabajo para vigilar que las y los trabajadores no sean objeto de intimidación, amenazas, represalias o despidos y se garanticen sus derechos adquiridos.
La determinación se deriva de los resultados de la consulta de legitimación del contrato colectivo realizada el pasado 17 y 18 de agosto, misma que contó con la participación de más del 90% de los trabajadores sindicalizados, y donde se registraron 3 mil 214 votos en contra y 2 mil 623 votos a favor de ratificar el acuerdo laboral vigente, precisó.
La resolución recoge los informes de observación realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales destacan la alta participación de las y los trabajadores durante la jornada y reconocen que la consulta se desarrolló de manera adecuada, pacífica y sin incidentes, informó la Secretaría del Trabajo.
La STPS señaló que para dar a conocer entre las y los trabajadores los alcances de esta resolución y difundir los mecanismos para la defensa de sus derechos, publicará el aviso de resultados en lugares accesibles y visibles del centro de trabajo.
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STPS da marcha atrás en proyecto para endurecer las inspecciones… por ahora
El Economista
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio marcha atrás en su proyecto para modificar el reglamento general de inspección para reducir de 90 a cinco días el tiempo que tienen los empleadores para corregir irregularidades y deficiencias detectadas durante una visita verificación por parte de las autoridades.
El proyecto se encontraba en análisis en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) desde junio; sin embargo, este mes la dependencia retiró el proyecto argumentando que se encuentra en un proceso de análisis. “En virtud de que esta Secretaría está en proceso de un análisis del instrumento normativo”, se solicitó la baja del expediente.
Además de la reducción del tiempo de respuesta, la Secretaría del Trabajo proponía eliminar las inspecciones de comprobación e incluir dos nuevos criterios para las verificaciones extraordinarias, como las derivadas de una estrategia específica del programa anual de inspección o las enfocadas en comprobar el cumplimiento de medidas dictadas por la propia autoridad.
La propuesta recibió 25 expedientes con cerca de 100 observaciones del sector privado, entre las que destacan un tiempo de respuesta general para todas las irregularidades sin contemplar el riesgo que puedan tener éstas y un impacto diferenciado entre los grandes y pequeños empleadores.
A través de un oficio, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que reducir el tiempo de corrección de irregularidades ponía a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en una situación de desventaja frente a los grandes empleadores.
“Las grandes empresas sí tienen más facilidad para cumplir esta regulación, evidentemente les iba a generar un costo, pero las grandes empresas sí lo iban a poder absorber. Pero el 80% de los sujetos obligados a esta regulación no iban a poder atender con tanta prontitud las observaciones de la Secretaría del Trabajo en materia de inspecciones”, dijo en entrevista Juan José Cabrera, vicepresidente de la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex.
En este sentido, el empresario señaló que la falta de recursos técnicos y humanos de las pymes les impediría dar respuesta en un tiempo tan corto, lo que generaría gastos por multas o hasta clausuras del negocio.
Actualmente el reglamento de inspección establece un plazo de entre 30 y 90 días para que las empresas realicen las modificaciones necesarias como resultado de las irregularidades detectadas en una visita de la autoridad, este período puede ser prorrogable por el mismo tiempo otorgado, y por una sola vez, siempre y cuando no exista riesgo para la vida o seguridad de los trabajadores.
Los riesgos, choque de posturas
La STPS proponía reducir a cinco días el tiempo de respuesta de las empresas y únicamente podría solicitarse una prórroga cuando se tratara de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y la empresa justificara que la irregularidad se derivó por causas ajenas.
La dependencia reconoció que la reducción de los plazos tendría un impacto económico para las empresas, debido a la premura de hacer las correcciones. Pero la Secretaría del Trabajo también destacó que se han presentado accidentes que ponen en peligro la vida de los trabajadores por esperar la modificación de las irregularidades en los 90 días.
En este tenor,, la Coparmex consideró que el proyecto no contemplaba una regulación basada en riesgos, con la se otorgue menos tiempo para atender las irregularidades menores y un mayor plazo para las que pueden tener consecuencias más graves.
“Por ejemplo, si a una pequeña empresa la observación es sobre señalética, manuales o protocolos, iba a tener el mismo tiempo para subsanar en los cinco días que una observación en una construcción en relación a problemas estructurales o de seguridad laboral. Ambos tipos de riesgos tenían el mismo tratamiento”, apuntó Juan José Cabrera.
En su dictamen preliminar, la Conamer opinó que los beneficios sociales del proyecto eran superiores a los costos por cumplimiento, pero en apego al marco legal, la STPS tenía que evaluar las observaciones de la iniciativa privada para incluirlas en la propuesta, o bien justificar el por qué eran descartadas.
Operativos especiales
El reglamento para las verificaciones de campo de la STPS refiere que los inspectores son asignados de manera aleatoria, salvo situaciones en las que se requiera un grado de especialización y vinculadas a temas como el reparto de utilidades, accidentes laborales o trabajo en minas, entre otros casos, en los cuales los servidores públicos son asignados de manera directa.
En este tenor, la dependencia planteaba agregar los operativos especiales como un nuevo criterio para asignar a los inspectores de manera directa. Esta propuesta fue calificada por el sector privado como una medida que generaba incertidumbre jurídica.
“Se genera incertidumbre jurídica debido a que no precisa a qué se refieren con ‘estrategias y operativos especiales’. Lo anterior, puede representar potenciales multas y sanciones a los centros de trabajo sí como resultado de su aplicación existen discrepancias entre la interpretación entre las autoridades y los patrones”, expuso la Coparmex en uno de los comentarios al proyecto.
Por su parte, Juan José Cabrera puntualizó que la iniciativa privada no está en contra de la modificación del marco regulatorio y promoverá una propuesta que contemple los comentarios expuestos por el sector.
“No es la cuestión del tiempo total lo que nosotros buscamos como un colchón. Lo que nosotros buscamos, más allá del tiempo, es que se adopten esquemas en los se diferencie el riesgo”, afirmó.
El integrante de la Confederación confió en que los comentarios expuestos por el sector privado serán de utilidad para que la Secretaría del Trabajo realice un nuevo proyecto más apegado a las posibilidades de respuesta de las diferentes empresas.
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Sin excepción, el acoso sexual en el trabajo debe juzgarse con perspectiva de género
El Economista
Cansadas del acoso sexual de uno de sus compañeros, un grupo de trabajadoras de Pemex Exploración y Producción decidió denunciarlo. La resistencia de él, la deficiente defensa de la empresa y la falta de perspectiva de género de las autoridades laborales casi logran que víctimas y agresor volvieran a convivir en el mismo centro de trabajo, pero la sentencia de un tribunal les podría hacer justicia a ellas y a otras mujeres que pasan por esa violencia.
“Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en los juicios en los que existan indicios de acoso u hostigamiento sexual en el trabajo contra mujeres, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Laborales adquieren un papel proactivo en virtud de la perspectiva de género”. Esto es parte de la sentencia del magistrado Alejandro Andraca Carrera.
En 2012, el Congreso de la Unión retomó los conceptos de hostigamiento y acoso sexual de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los integró a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Así que, según el artículo 3 Bis de la legislación laboral:
- El hostigamiento lo comete alguien que tiene un puesto de autoridad sobre la víctima. “Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas”.
- El acoso sexual es una forma de violencia que viene de compañeros del mismo rango jerárquico. No existe una subordinación, pero sí “un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”.
Lo que denunciaron las trabajadoras fue acoso sexual. Ante las acusaciones, la empresa subsidiaria de Pemex levantó actas administrativas contra ese hombre y, al final, lo despidió.
Sin embargo, en febrero de este año el trabajador acudió ante la Junta Especial 33, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para demandar su reinstalación en el puesto. Y para sorpresa de ellas, la junta le ordenó a Pemex Exploración y Producción que lo volviera a admitir en su puesto.
De acuerdo con el artículo 46 de la LFT, el hostigamiento y el acoso sexual son causa de rescisión del contrato. Y según el Código de conducta de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y filiales, hay “una política de cero tolerancia (…) del hostigamiento sexual, acoso sexual, así como cualquier tipo de violencia o conducta que anule la dignidad y los derechos humanos”.
Dos herramientas de defensa
Uno de los motivos que llevó a la junta a tomar esta determinación es que la empresa no ofreció una prueba importante: la ratificación del testimonio de quienes intervinieron en las actas administrativas, donde constaban los hechos de los que se le acusaba al trabajador. Tampoco mostró los anexos de esas actas, en las que había más información.
La subsidiaria tramitó un amparo en contra de la reinstalación del hombre que había sido señalado por varias mujeres de acosarlas sexualmente. De esa manera el caso llegó al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito.
Al analizar el caso y dictar una sentencia, el magistrado Alejandro Andraca creó dos tesis laborales aisladas, las cuales sirven como antecedente para casos como éste:
- Los juicios que involucren el hostigamiento o acoso sexual deben juzgarse con perspectiva de género. Incluso si las mujeres que lo padecieron no son parte procesal
Se refiere a que el trabajador denunciado demandó a Pemex por haberlo despedido, y luego la empresa buscó un amparo para evitar reinstalarlo.
Al final, para la junta o para cualquier otro tribunal, parecería que las mujeres y lo que pasaron no es el asunto central, sino el despido. Sin la perspectiva de género, el acoso u hostigamiento “pasarían desapercibidos, a pesar de ser claves para entender íntegramente la controversia”, señala la sentencia del magistrado Andraca Carrera.
- La forma en la que deben actuar las juntas de conciliación y arbitraje y los tribunales laborales cuando haya indicios de este tipo conductas cometidas contra las mujeres.
Con esta tesis el juzgado federal le vuelve a corregir la plana a la junta de conciliación. El criterio señala que las autoridades deben tener un papel proactivo, es decir, si no les hacen llegar las pruebas suficientes, las funcionarias o funcionarios deben pedirlas cuando se trate de acoso y hostigamiento.
No pueden simplemente quedarse con los brazos cruzados, dictando un laudo sin los elementos suficientes, cuando esta decisión podría afectar a las víctimas.
De acuerdo con la sentencia del tribunal, para juzgar con perspectiva de género estos son algunos puntos a tomar en cuenta:
- Analizar el contexto objetivo y subjetivo
- Desahogar pruebas para visibilizar posibles escenarios de violencia de género
- Cuestionar la neutralidad del derecho y, en su caso, recaracterizarlo al caso concreto, pues el hostigamiento y el acoso sexual en el trabajo necesariamente deben tomarse en cuenta.
Estas tesis laborales aisladas pueden ser consultadas en la edición del viernes 17 de septiembre del Semanario Judicial de la Federación.
Reformas necesarias contra estas violencias
La reforma laboral de 2019 introdujo una cierta visión de género en la LFT. Por ejemplo, estableció, en el artículo 684-E, que la conciliación en un caso de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia, nunca deberá reunir las víctimas con las personas agresoras.
Pero un grupo de abogadas feministas ha propuesto una reforma al respecto. Aleida Hernández Cervantes, Andrea Medina y Dafne Anaya plantean simplemente eliminar la conciliación en casos de hostigamiento y acoso sexual.
Otro aspecto a cambiar es que la LFT limita la responsabilidad de empresas o agresores al lugar de trabajo. Es decir, sólo contempla que este tipo de violencia ocurra en el centro laboral.
Sin embargo, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso, señala que estas agresiones pueden ocurrir en los viajes laborales, en otras instalaciones y por vías de comunicación como correos electrónicos o aplicaciones de mensajería instantánea.
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Crecerá México 3.4% el próximo año: OCDE
La Jornada
Ciudad de México .Tras la mayor caída en cerca de nueve décadas, la economía mexicana crecerá 3.4 por ciento el próximo año y 6.3 por ciento en 2021, estima la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ambas previsiones se encuentran por arriba de las difundidas en mayo pasado.
La primera, como la de otros organismos internacionales y bancos de inversión, se ubica por debajo de lo estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La dependencia proyecta un crecimiento de 4.1 por ciento para 2022, mientras que para el año aún en curso hay consenso en una expansión de 6.3 por ciento.
La OCDE considera que la actividad económica se ha recuperado en varios países, ayudada por el despliegue de vacunas y la reanudación de actividades económicas. Recalca que el producto interno bruto (PIB) mundial superó el nivel que tenía previo a la pandemia, pero lo hizo con brechas en la producción y empleo.
Estima que el PIB mundial crezca 5.7 por ciento en 2021 y para 2022 –ayudado por el repunte en Europa, la probabilidad de apoyo fiscal adicional en Estados Unidos y un menor ahorro de los hogares– se registre un avance de 4.5 por ciento.
“Las proyecciones de referencia están condicionadas a la evolución de la pandemia, el ritmo y la propagación mundial del despliegue de vacunas y la reapertura de todas las economías a lo largo del tiempo”, advirtió la OCDE en el Interim Economic Outlook.
Los estimados para China no cambiaron, se mantienen en 8.5 por ciento para 2021 y 5.8 por ciento para 2022. Sin embargo, para Estados Unidos, el principal socio comercial de México, se redujo 0.9 por ciento la proyección de 2021, para quedar en 6 por ciento, y la del próximo año avanzó a 3.9 por ciento, 0.3 puntos porcentuales más que en mayo.
La OCDE recalca que si bien el PIB mundial ha superado el nivel previo a la pandemia, hay países, como Estados Unidos, donde el empleo sigue rezagado; en otros, especialmente en Europa, las ocupaciones se han conservado en gran medida, pero la producción y el total de horas trabajadas aún no se recuperan por completo.
Adicionalmente se advierten riesgos de inflación. La OCDE recalca que los precios ha aumentado considerablemente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, así como en Argentina, Brasil, México, Rusia y Turquía, y es probable que las alzas persistan durante algún tiempo.
Se prevé que la inflación en el promedio de los países del G-20 –donde se concentra alrededor de 90 por ciento de la economía mundial– termine 2021 3.7 por ciento y el siguiente año 3.9 por ciento por encima de las tasas observadas antes de la pandemia. Para México se estima en 5.4 y 3.8, respectivamente.
“Las presiones de oferta deberían desaparecer gradualmente, el crecimiento de los salarios sigue siendo moderado y las expectativas de inflación aún están ancladas, pero los riesgos a corto plazo están al alza”, advirtió.
La OCDE consideró que condiciones monetarias más estrictas en muchas de estas economías deberían ayudar a limitar las presiones internas sobre los precios, en particular para la segunda mitad de 2022.
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Más pobreza, menos empleo y sin ingreso mínimo vital en la Ciudad de México
Aristegui Noticias
Por: Rogelio Muñiz Toledo
De conformidad con las estimaciones de pobreza multidimensional para 2020 elaboradas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el nivel del empleo formal, durante los primeros años de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México aumentaron significativamente el número de personas desempleadas, en pobreza y pobreza extrema y con carencias por falta de acceso a los servicios de salud, a una alimentación nutritiva y de calidad, a la educación y a los servicios básicos en sus viviendas.
Para dimensionar la magnitud del retroceso en los niveles esenciales de bienestar de la población de la Ciudad de México entre 2018 y 2020, basta ver los siguientes indicadores:
- a) Se sumaron más de 250 mil personas a quienes viven en situación de pobreza, con lo que la capital de la República se ubicó en el lugar 11 entre las entidades federativas en las que más se incrementó el número de pobres, con un porcentaje por arriba del promedio nacional.
- b) Cerca de 250 mil personas más viven ahora en situación de pobreza extrema, lo que colocó a la Ciudad de México en el sexto lugar de las entidades federativas en las que más se incrementó el número de personas en esta situación, con un porcentaje que casi duplica la media nacional.
- c) Casi se duplicó el número de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema, al pasar de poco más de medio millón a casi un millón 100 mil, lo que ubicó a la entidad federativa en el octavo lugar entre las que tuvieron los mayores incrementos en este indicador, con un porcentaje que casi duplicó la
media nacional.
- d) Casi medio millón más de personas tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza, para llegar a más de cuatro millones en esta situación; con lo que la Ciudad de México está en el noveno lugar entre las entidades federativas en las que más se incrementó esta variable, con un porcentaje cercano al doble de la media nacional.
- e) Más de 620 mil personas se sumaron a quienes no tienen acceso a los servicios de salud, para llegar a casi dos millones y medio con esta carencia social.
- f) Más de 250 mil personas adicionales carecen de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, para hacer un total de más de un millón 600 mil con esta carencia social.
- g) Se incrementó la población con rezago educativo en más de 10 mil personas, lo que ubicó a la Ciudad de México a la mitad de la tabla de las entidades federativas con mayores diferencias en esta carencia social.
- h) Más 10 mil personas adicionales carecen de acceso a los servicios básicos en sus viviendas. De las treinta dos entidades federativas, solo en Durango y en la Ciudad de México aumentó el número de personas con esta carencia social.
- i) Durante los meses de mayo, junio y julio de este año, en los que a nivel nacional y en la mayoría de los estados estaba en marcha una franca recuperación de los empleos formales, la Ciudad de México aún tuvo una disminución en el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS. En julio fue la única entidad federativa en la que disminuyeron los empleos formales. Apenas en agosto se logró un incremento marginal del 0.3%, lo que coloca a la capital de la República en el último lugar a nivel nacional y muy lejos del 4.2% al que está creciendo el empleo formal en el país.
A pesar de la contundencia de esto datos, en la presentación del documento mediante el cual rindió su tercer informe como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum señala que su administración ha trabajado para “restablecer la función del Estado, como garante de los derechos económicos y sociales consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de México”. Algo muy distinto indica la realidad que viven millones de personas en la Ciudad de México.
Con un aumento significativo en el número de personas desempleadas, en la pobreza o sin acceso a la salud, la alimentación, la educación o los servicios básicos, es evidente que la administración de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido incapaz de garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Con cerca de la mitad de la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza y más de un millón por debajo de la línea de pobreza extrema, con más de la cuarta parte de sus habitantes sin acceso a los servicios básicos de salud y más de la sexta parte sin una alimentación nutritiva y de calidad, es evidente que la Ciudad de México está muy lejos de alcanzar los niveles de bienestar económico y social suficientes para hacer efectivo el derecho a una vida digna, que por mandato constitucional deben garantizar las autoridades “aún en contextos de limitaciones graves de recursos”.
El Gobierno de la Ciudad de México no solo no ha “restablecido” la función del Estado como garante de los derechos económicos y sociales consagrados en la Constitución.
Durante los tres primeros años de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum se ha violado la Constitución con la supresión de programas sociales locales que desde hace lustros se otorgaban en la Ciudad de México (la pensión para los adultos mayores, las becas para estudiantes de bachillerato y el apoyo económico a personas con discapacidad) y con los que se garantizaba el ejercicio de derechos sociales reconocidos constitucionalmente.
Además, existe una grave omisión al no crear el sistema general de bienestar social que ordena la Constitución y al no implementar una política social para garantizar el ejercicio efectivo de cuatro derechos sociales fundamentales para asegurar una vida digna: al mínimo vital, a la salud, al cuidado y a la alimentación.
Al no garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos, la administración de la doctora Claudia Sheinbaum ha incumplido el principal mandato y ha vulnerado el principio rector supremo y sustento de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México: asegurar a sus habitantes una vida digna mediante la garantía progresiva de la vigencia de los derechos sociales.
* Economista francés especializado en temas de desigualdad y redistribución de la riqueza
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Más de un millón de mujeres perdió su empleo en México a raíz de la pandemia
Urbano Puebla
Más de un millón de mujeres perdió su empleo en México a raíz de la pandemia y muchas de ellas, sobre todo de entre 25 y 44 años, operan en la informalidad, según la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE).
Sonia Garza González, presidenta de la AMMJE, expuso que el que operen en la informalidad les impide recibir financiamiento, capacitación y demás incentivos disponibles en el sector formal.
En entrevista, afirmó que 23 por ciento de las mujeres tiene tiempo para hacer crecer sus emprendimientos, dada la carga de trabajo del hogar y cuidados que tienen a su cargo.
“Según un reporte de Deloitte de 2020, un 86 por ciento de las mujeres se ha visto afectada negativamente por la pandemia en varios aspectos personales y profesionales”, insistió.
La cifra es realista si se toma en cuenta que los empleos de las mujeres están en sectores golpeados por la pandemia y que siguen siendo vulnerables a los efectos de ésta, añadió.
“Las mujeres estamos trabajando en sectores de comercio y servicios, debimos cerrar nuestros negocios en un inicio y muchos de estos eran pymes, que no se podían mantener más de uno o dos meses sin el flujo tradicional de clientes, dados los pocos recursos financieros detrás de estos negocios”, explicó.
Dado que las mujeres destinan más de 70 por ciento de sus ganancias a la comunidad y a la familia, mientras los hombres sólo entre 30 y 40 por ciento, es fundamental que las empresas den prioridad a la contratación de más mujeres, añadió.
“Es fundamental crear más empresas dirigidas por mujeres y que den empleo a mujeres”, agregó.
La AMMJE realizará en noviembre su cumbre anual, en Tampico, Tamaulipas.
“Es una cumbre para empresarias y emprendedoras, pero también para hombres empresarios que fungen como aliados, que han entendido la importancia de impulsar el trabajo femenino”, agregó.
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