Foto del día: El Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (Imoam) estimó anticipadamente que la industria mostró una variación positiva de 16.16 por ciento en junio, respecto al mismo mes de 2020. Las estimaciones consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza a 95 por ciento, con lo cual el Imoam anticipa un valor de 112.3 puntos en el nivel del indicador del sector manufacturero. De acuerdo con dicho indicador, la industria manufacturera, la mayor generadora de empleo formal y la rama industria de mayor aportación al Producto Interno Bruto (PIB), anticipa que la industria continuó su reactivación pero a un menor ritmo. (Vía La Jornada)
Garantizan operación de Centro de Conciliación Laboral en octubre
Zona Franca
Guanajuato, Gto. Al igual que los juzgados laborales, el Centro de Conciliación Laboral del Estado comenzará a operar el próximo primero octubre, informó la secretaria de Gobierno del Estado, Libia Denisse García.
La funcionaria recordó que las juntas de Conciliación y Arbitraje de la entidad desaparecerán, pero entrará en funciones el centro de conciliación, el cual dijo será un órgano descentralizado.
Indicó que dicho organismo, tendrá una personalidad jurídica y patrimonio propios, además de que contará con plena autonomía técnica, operativas presupuestarias, de decisión y gestión. Los municipios donde tendrá sedes, serán la capital del Estado, León, Irapuato y Celaya.
De acuerdo con la ley se fija un límite de 45 días naturales para concluir la etapa de conciliación y el centro de conciliación laboral tiene la obligación de proporcionar asesoría y orientación legal gratuita a las personas que lo soliciten, sobre el conflicto laboral en que se encuentren, además de que se le puede brindar la información necesaria para elaborar su petición.
Cabe señalar que dicha instancia solamente podrán recurrir los trabajadores en caso de no llegar a un arreglo en la etapa previa de conciliación y que todos los conflictos laborales que se presenten hasta el 30 de septiembre, serán atendidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje hasta su conclusión. De no solucionarse por la vía de la conciliación, entonces los asuntos se atenderán en los juzgados laborales que a partir de octubre estarán a cargo del Poder Judicial.
De acuerdo a lo aprobado por diputados, en la nueva Reforma Laboral, uno de los puntos consiste en la impartición de justicia laboral expedita, con el objetivo de generar juicios laborales más ágiles en presencia de un juez, donde se privilegian los principios procesales de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad.
Si se requiere mayor información, la página http://sg.guanajuato.gob.mx/sstps podrá proporcionar datos o bien, al teléfono 800-8213600.
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Beneficio de Toyota acelera más de 460% impulsado por recuperación de las ventas
El Economista
El beneficio neto de Toyota se disparó más de un 460% en el primer trimestre, impulsado por la recuperación de las ventas por la mejora de la crisis sanitaria por Covid-19, anunció este miércoles el fabricante de automóviles.
El líder mundial en ventas de autos registró un beneficio neto de 897,800 millones de yenes (unos 8,200 millones de dólares) en el primer trimestre, que inició en abril, un récord para este periodo y un aumento respecto a los 158,800 millones de yenes del mismo intervalo del año anterior.
Sin embargo, la compañía mantuvo su previsión de beneficio neto para todo el año en 2.3 billones de yenes, alegando “incertidumbres durante y después del segundo trimestre”.
Toyota se ha recuperado del impacto de la pandemia de Covid-19 más rápidamente que sus competidores y la semana pasada dijo que las ventas mundiales alcanzaron un récord en los seis meses hasta junio, gracias a la demanda de sus modelos Highlander y Camry en Estados Unidos y de las marcas Corolla y Lexus en China.
Los resultados del primer trimestre fueron el resultado de que mantuvimos (…) unas ventas y un suministro estables, a pesar de la escasez de semiconductores y la propagación del Covid-19″, dijo la compañía en un comunicado.
El gigante japonés ha logrado superar hasta ahora la escasez mundial de semiconductores, que ha obligado a sus rivales a recortar objetivos de producción, pero ahora se enfrenta a algunos problemas.
En junio, Toyota suspendió temporalmente las operaciones en dos plantas nacionales por la escasez de chips e interrumpió brevemente la actividad en otra fábrica.
“Se espera que el suministro de semiconductores siga siendo escaso al menos hasta el año que viene porqué la recuperación económica mundial tras la pandemia de coronavirus debería impulsar la demanda de chips en muchos sectores”, dijo Yasuo Imanaka, analista jefe de Rakuten Securities.
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¿Te pueden obligar a hacerte la prueba de Covid-19 en tu trabajo y pagarla tú?
El Economista
Sin más rodeos: “Las empresas no están facultadas o autorizadas para exigir que un trabajador o trabajadora pague el costo de la prueba covid-19”, dice categórica Sara Morgan Hermida, titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. Sin embargo, podrían existir justificaciones para hacerlo, pondera.
El retorno a las oficinas y centros de trabajo, permitido de manera parcial en la mayor parte del país, trae dudas y en ellas pueden colarse decisiones arbitrarias que vulneren los derechos humanos de las personas trabajadoras. Y no sólo en México, en diferentes países el manejo de la pandemia en el ámbito laboral está generando debates.
En Estados Unidos, el hospital Houston Methodist fue una de las primeras empresas en exigir la vacunación a su plantilla laboral. Joe Biden, presidente de ese país, emitió un mandato por el que la burocracia federal debe demostrar que recibió la vacuna. De lo contrario, tendrá que someterse a pruebas incluso dos veces por semana y quedará fuera de los viajes oficiales.
La medida abarca a 4 millones de trabajadoras y trabajadores federales. Sin embargo, el mandatario no está seguro de restringirlo sólo a su personal: “La cuestión es si el gobierno federal puede ordenarlo a todo el país. Aún no lo sé”, dijo en conferencia de prensa.
Pero si el costo de las pruebas no debe cargarse al personal, tampoco pueden exigirle que se vacune, coincide la procuradora Sara Morgan con Bettina Scheller, presidenta de la Confederación Mundial de Empleo (WEC, por sus siglas en inglés).
“En las democracias el derecho a la privacidad y la libertad de decidir sobre su propio cuerpo” son fundamentales, señaló en entrevista para El Economista la líder de la WEC.
Pruebas obligatorias, ¿en qué casos?
“Es obligación del empleador tener un ambiente libre de contagios”, señala Sara Morgan, quien también ha sido consultora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Sin embargo, será una obligación también de los y las trabajadoras el hecho fundamental de cuidarse”.
En especial, si la empresa ha asumido el costo de la prueba de covid-19 y ha tenido los cuidados y protocolos necesarios para evitar la propagación del virus, agrega.
Por lo tanto, si los centros de trabajo están tomando las medidas correctas “y de pronto se conoce, ya sea por redes sociales o de alguna otra manera, que un trabajador o una trabajadora no tiene las precauciones necesarias para no padecer el virus, la empresa podría exigir que se realice una prueba por sus medios”, apunta.
Pero para ello deberá acreditar los hechos, es decir, que esté poniéndose en riesgo y, con ello, al resto del personal quien labora.
Según la fracción X del artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), es obligación del personal “someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable.
En estos casos si la empresa se encuentra realizando pruebas covid-19, los trabajadores y trabajadoras sí tienen la obligación de someterse a dichas pruebas”. Pero “no te pueden despedir si dio positivo, sólo te deben indicar que vayas por tu incapacidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, explica Sara Morgan.
De no hacer ese trámite, “sería sometido a un despido justificado conforme al artículo 47 (de la LFT), el cual indica que son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, más de tres faltas en un mes sin permiso del patrón o sin causa justificada”.
Por otro lado, la fracción XI del artículo 134 de la LFT indica que una de las obligaciones de las y los trabajadores es avisar si tiene una enfermedad contagiosa tan pronto lo sepa.
“Ésta es otra de las obligaciones no solo jurídicas, sino morales y éticas dentro de la pandemia, pues muchas personas sabiéndose asintomáticas acuden a los lugares de trabajo para no asistir por su incapacidad al IMSS y ponen en riesgo a sus compañeros y compañeras”, subraya Sara Morgan.
Por otro lado, continúa, según el artículo 42 de la LFT en caso de una enfermedad contagiosa podría haber una suspensión temporal de las obligaciones de los trabajadores y trabajadoras de prestar su servicio, y de las empresas de pagar el salario.
No a todas les alcanza
A mediados de marzo de 2020, la empresa Atento activó su Comité de Crisis. “Al tener una plantilla de 17,500 personas tuvimos que actuar pronto y comunicar las acciones de manera rápida y contundente”, afirma en entrevista Francisco Estrada, el “zar anticovid” de la multinacional en México.
Esa compañía proporciona servicios de atención al cliente, gestión de ventas, cobros, así como soporte técnico. Al inicio, más de 5,000 personas de su plantilla pudieron teletrabajar.
Con el resto implementaron el protocolo básico: toma de temperatura, uso de gel antibacterial y cubrebocas, sana distancia, preguntar sobre sus síntomas y, si presentaban alguno, “hacer un cerco sanitario”.
Luego, “fuimos mejorando e implementamos más medidas preventivas, como las pruebas de diagnóstico”. Éstas han sido de gran ayuda, asegura, “porque hemos tenido casos asintomáticos que, sin quererlo y sin saberlo, podrían haber propagado la enfermedad. Esto nos ayudó a aislarles”.
La compañía estima que ha invertido 9.7 millones de pesos para atender los protocolos en sus 15 centros en el país. Esto incluye la instalación de cámaras termográficas, mamparas, aumento de personal de seguridad, cubrebocas, cloro, gel sanitizante y pruebas covid-19.
Del total de las empresas en México, el 99.8 % son micro, pequeños y medianos establecimientos (mipymes), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con la tercera edición de la Encuesta sobre el Impacto Generado por la covid-19 en las Empresas, publicada a finales de mayo, de 1 millón 873, 564 comercios, el 85.5% tuvo afectaciones por la pandemia.
“No todas las empresas pueden hacer la inversión que nosotros”, expresa Francisco Estrada. De hecho, “nosotros empezamos con pruebas PCR, que son más caras, y hasta que el gobierno dio el aval a las de antígeno las cambiamos”, comenta.
“No estamos pidiendo pruebas de covid-19 al personal”, informa en entrevista Gerardo Nevarez, el mayor franquiciatario de la cadena de restaurantes de comida rápida Carl’s Jr. “Tenemos filtro sanitario y les pedimos que respondan un cuestionario sobre sus síntomas y contactos”, explica el dueño de 75 sucursales. “Cuando alguien presenta un síntoma le remitimos al médico”.
Al igual que Atento, en su grupo de franquicias formaron un comité para vigilar todo lo relacionado con la covid-19. “Nos reunimos semanalmente y hemos estado evaluando la aplicación de la vacuna”. Sus restaurantes se encuentran en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit y Jalisco.
Ha sido una ventaja que en los estados de la frontera con Estados Unidos la población a partir de los 18 años de edad ya recibió la primera dosis de la vacuna, y la mayor parte de su personal es joven. En otras partes de México apenas comienza la vacunación para mayores de edad. “Todavía estamos analizando si solicitamos la prueba” que, de tener un costo, correría por la cuenta de la empresa, asegura.
Por el momento, “hemos aprovechado los cursos de la plataforma del IMSS (CLIMSS) sobre el retorno seguro a los centros de trabajo”.
Combate a las fake news
Como lo señala Francisco Estrada, no todas las compañías pueden sufragar el gasto de las pruebas de covid-19. Pero esto no es pretexto para que se las cobren a su plantilla laboral.
El Gobierno de la Ciudad de México ha instalado varios quioscos o estaciones en las que cualquier persona puede acceder a la prueba rápida de manera gratuita, recuerda la procuradora del Trabajo capitalina, Sara Morgan. Otras entidades del país han hecho lo mismo.
En el mercado existen diferentes precios. El costo de la prueba PCR, un método para determinar la presencia del virus SARS-CoV-2, va de los 2,700 a los 3,400 pesos. La de antígenos, o la prueba rápida, vale entre 260 y 950 pesos, según el laboratorio. La de anticuerpos, utilizada para después de haber padecido la enfermedad, tiene un costo de 800 pesos.
El problema de “acreditar que un empleador está exigiendo la prueba” desalienta la denuncia de los trabajadores y las trabajadoras “para que, por medio de una inspección, se revisen las practicas indebidas de dichas empresas”, comenta. Sin embargo, ello no debe desanimarles, añade.
De acuerdo con Gerardo Nevarez, de Carl’s Jr, y Francisco Estrada, de Atento, sus centros laborales han recibido constantes visitas del IMSS e inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Esas revisiones son otra oportunidad para que el personal realice una denuncia, o directamente en las procuradurías de defensa laborales locales. En estas instancias también pueden acudir en caso de un despido por no tener la vacuna o no tener el cuadro completo.
“No podemos obligar a la gente a vacunarse”, dice Francisco Estrada, de Atento. “Pero lo que sí estamos haciendo es promoverla, le damos información a la gente sobre las ventajas de hacerlo”.
Desde el año pasado, asegura, crearon una iniciativa contra las noticias falsas acerca de la covid-19. “Les mostramos que las fuentes que citan no son confiables y les decimos cómo detectarlo”. Con esta medida ayudan a descartar que las fake news sean un motivo para no vacunarse.
En Carl’s Jr están echando mano de los cursos de CLIMSS para alentar a la vacunación de su plantilla laboral. “Con esa información estamos dando capacitación. Siempre será mejor que primero conozcamos nuestra responsabilidad antes de recurrir a una imposición”, detalla Gerardo Nevarez.
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‘Regalito’ a Ramírez de la O: pensiones requerirían 1.1 billones en 2022
El Financiero
El pasivo pensionario ya llegó como problema, debido a que en el Presupuesto de Egresos de 2022 se deberá asignar a este rubro un monto de 1.1 billones de pesos, de un gasto total que rondará los 6.3 billones de pesos, estimó Pedro Vázquez Colmenares.
El especialista en el tema de pensiones y autor del libro Pensiones en México, la próxima crisis, advirtió en entrevista que la expectativa es que la tasa de crecimiento de las pensiones actuales seguirá aumentando a un ritmo mayor que el gasto público, hasta aproximadamente el año 2032 o 2035, debido a que el gasto aumenta en función de lo que se puede recaudar y del crecimiento del PIB.
“En los últimos años, ningún rubro de gasto creció más que pensiones, con excepción de las obras emblemáticas de esta administración como la refinería, el Tren Maya y algún proyecto en particular”, abundó.
Vázquez Colmenares apuntó que concretar una reforma al sistema de pensiones tiene un costo político, pero la alternativa de no enfrentar el problema es peor.
“Solo hay una solución al problema: primero definir los beneficios que deben tener todos los pensionados, y cuando haya un consenso político de ampliar la seguridad social a toda la población entonces se justificará una buena reforma fiscal que vaya etiquetada a la protección pensionaria universal”, enfatizó.
‘Chequera de obligaciones’
La sociedad no está enterada del pasivo pensionario actual, resaltó, el cual es una chequera de obligaciones pensionarias con nombre y apellido, debido a que los pensionados tienen un cheque cada mes de por vida y esa chequera no tiene el saldo suficiente, hay que estar tomando recursos de los impuestos federales para pagar esas nóminas.
El problema es que cada vez se agregan más compromisos de pensiones a esa chequera y le llegan menos fondos.
Vázquez agregó que el segundo problema se ubica en las pensiones de los servidores públicos a nivel estatal, municipal y de empresas del estado como es Pemex y CFE, porque la mayoría de estos sistemas son deficitarios y ofrecen más de lo que pueden pagar.
“Hay más de 100 sistemas con serios problemas de déficit pensionario y cada uno de esos sistemas deben resolver su problema y no lo han hecho porque las autoridades han ‘pateado el bote’, es decir lo han diferido hacia delante”, refirió.
“Al final del día todos los contribuyentes, incluidos los informales que pagan IVA, estamos pagando las pensiones de todos los sistemas sin que siquiera estemos registrados en Pemex o CFE”, advirtió.
El especialista lamentó que en la presente administración no se haya hecho ninguna iniciativa de reforma al sistema de pensiones.
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Aumentó 18.3% venta de autos en enero-julio: Inegi
La Jornada
Ciudad de México. En los primeros siete meses del año se vendieron 602 mil 681 vehículos ligeros en México, lo que representó un aumento de 18.3 por ciento con respecto al mismo periodo de 2020, pero una caída de 6.8 por ciento al cierre de julio de 2019.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el avance de las ventas al público en el mercado interno según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (Raiavl)), en julio del presente año.
Así, la industria automotriz registró la venta al público de 82 mil 157 vehículos ligeros en julio 2021, nivel de comercialización más bajo desde enero del presente año, aunque se compara favorablemente con las ventas del séptimo mes de 2020 de 72 mil 921 unidades (un crecimiento de 12.7 por ciento) y con 106 mil 104 vehículos ligeros en julio 2019 (una caída de 22.6 por ciento).
La información proviene de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA), Giant Motors Latinoamérica y Autos Orientales Picacho.
En julio se vendieron al público en el mercado interno 82 mil 157 unidades. Por su parte, en el periodo enero-julio de 2021 se comercializaron 602 mil 681 vehículos ligeros.
La venta de vehículos mostró una importante desaceleración en julio.
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Manufactura creció 16.2% en junio, reporta Inegi
La Jornada
Ciudad de México. El Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (Imoam) estimó anticipadamente que la industria mostró una variación positiva de 16.16 por ciento en junio, respecto al mismo mes de 2020.
Las estimaciones consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza a 95 por ciento, con lo cual el Imoam anticipa un valor de 112.3 puntos en el nivel del indicador del sector manufacturero.
De acuerdo con dicho indicador, la industria manufacturera, la mayor generadora de empleo formal y la rama industria de mayor aportación al Producto Interno Bruto (PIB), anticipa que la industria continuó su reactivación pero a un menor ritmo.
Tan sólo el dato de mayo registró un avance anual de 48.7 por ciento, el cual fue su segundo mayor incremento en 28 años, con lo que dicho sector superó el nivel prepandemia. Aunque dicho incremento tuvo una base de comparación baja por el desplome de la actividad en mayo por el cierre de la economía que provocaron las medidas de distanciamiento social por la pandemia.
El Imoam es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de 40 días después de terminado el mes de referencia, y ofrece información macroeconómica relevante para la toma de decisiones concernientes a la evolución de la economía nacional.
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