Foto del día: México fue el país más impactado por la pandemia del Covid-19 por la pérdida de empleos o la reducción de horas de trabajo, mostró el estudio Decodificando el Talento Global 2021, realizado entre OCCMundial, Boston Consulting Group y The Network. El estudio, basado en las opiniones de 208 mil profesionistas en 190 países, mostró que México fue el país con mayor impacto en reducción de horas de trabajo o desempleo durante la crisis sanitaria, de acuerdo con 66% de los encuestados; le siguieron República Democrática del Congo, con 61%; Reino Unido, 55%, e Indonesia, 52%. (Vía El Universal)
Trabajadores de GM Silao denuncian presiones para favorecer a sindicato
El Heraldo
Guanajuato. Los miembros del sindicato Miguel Trujillo, en General Motors Silao, han continuado con el hostigamiento e intimidaciones a los trabajadores para que den su voto a favor del contrato colectivo de trabajo.
Las presiones han ido escalando, pues en las últimas semanas los han invitado a capacitaciones, donde les preguntan sus nombres y los inducen a dar el “sí” para la legitimación del contrato colectivo, según denunció Israel Cervantes Córdova, representante de la organización obrera Generando Movimiento.
“La gente ha denunciado que el delegado Juan Sánchez, del área de pintura, ha estado yendo a las líneas de producción y le pregunta al líder del equipo el nombre de todos los trabajadores, porque supuestamente los quiere meter como votos seguros por el sí.
Ahora se los están llevando a un curso donde uno de los abogados del sindicato sigue metiendo miedo diciéndole a los trabajadores, diciéndoles que si votan por él, ellos se van a ir y la empresa se hace cargo del contrato colectivo y les quitan las prestaciones y cosas así, son cosas que han reportado los compañeros”.
Cervantes Córdova explicó que se los integrantes del sindicato se están valiendo de medios de comunicación que son desconocidos o afines a ellos, para difamar al movimiento. Incluso, los han ligado a actores políticos que no conocen.
“Nosotros somos una organización independiente y no tenemos contacto con ningún contacto político. Sino que sigue las causas de los trabajadores”, subrayó.
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Empleados del Sector Automotriz tendrán que adecuarse en componentes de vehículos eléctricos
El Sol de León
León, Gto.- Ante la proyección de incrementar la producción de unidades eléctricas a 35 millones en los próximos 10 años, el delegado del Sindicato de la Industria Automotriz de Autopartes (STIA ), Juan José Almanza, comentó que es indispensable adecuar la mano de obra en la elaboración de componentes para este segmento de autos.
“Se tienen que ajustar a los componentes, de igual forma, probablemente sí haya una pérdida, pero pues cuando los proveedores ya tengan el convenio con las armadoras, pues ya se tienen que ajustar a lo que es el componente para los autos eléctricos”, comentó.
Pese a que existen muy pocas armadoras que están haciendo autos eléctricos, la producción se proyecta con un alcance de 35 millones de unidades para el 2030, pues en 2020 se tendrá una producción de 3 millones, lo que hace que el sector automotriz tenga una reconversión completa y urgente.
“Muy pocas armadoras ahorita están haciendo carros eléctricos, pues es la novedad ahorita, yo creo que es un proyecto a mediano plazo, no lo veo a muy corto plazo, lo veo como un proyecto a mediano plazo, que va a ser paulatino, que llevará su tiempo para adecuación de las líneas de producción de las armadoras y también para los productores”, mencionó el líder sindical.
De acuerdo con analistas del sector automotriz, la industria podría perder hasta tres cuartas partes de colaboradores, debido a que serán menos los componentes que se necesitarán para la producción de los nuevos automóviles.
Por lo anterior el líder sindical agregó que todavía no se ha visto una producción masiva de este tipo de automóviles en México, por lo que es difícil calcular cuánto sería el impacto en el sector, pero sí están conscientes que sus clientes solicitarán la demanda y que se deben adaptar a las nuevas tecnologías y cumplir con la demanda.
“Como todavía no hay una producción masiva, es difícil de calcular todavía ahorita el impacto que pudiera tener. Las plantas de componentes obviamente no quieren perder a sus clientes, entonces también los proveedores de autopartes también deben de modificar su sistema y todo para poder darle el servicio a sus armadoras y sus clientes, para no perder empleos y proyectos principalmente”, mencionó.
Juan José Almanza indicó que todavía no se pueden ver los impactos, pero que tampoco se vería una solución masiva, pues quizá habrá empresas que nos logren adecuar a las nuevas necesidades de sus clientes y es ahí donde se verán afectadas algunas plantas de producción.
“Las empresas de componentes pues se adecuan a las necesidades de las armadoras, obviamente pudiera haber una que otra empresa que no pudiera adecuarse, ahorita todavía no podemos analizar los impactos, no hay una solución masiva”, explicó.
Por lo pronto los empleos no se han perdido en el sector, pero tampoco se han incrementado como lo fue al inicio de año, que el sector de autopartes había recuperado el 30 por ciento de los empleos perdidos en 2020, es decir 15 mil plazas.
Por el momento lo que se buscará será mantener el tiempo necesario a los colaboradores, para seguir manteniendo las producciones y ver después la manera de cómo capacitarlos o adecuarlos a las nuevas necesidades que requieran las armadoras.
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Pilba solo entrega la mitad de escrituras a ejidatarios en León
Correo
León.- Fueron únicamente 25 de 50 copias de escrituras que empresarios del parque industrial Pilba entregaron a los ejidatarios de Capellanía de Loera, Santa Ana del Conde y El Cuije, luego de varios años de que les debían este documento que los acredita como propietarios; todavía falta que hagan la entrega del resto de las copias de las escrituras y los documentos originales, así como los pagos a los intermediarios y servicios básicos de luz y agua.
Autoridades municipales, notarios públicos y representantes de las empresas constructoras Artha Capital, Banterra S.A. de C.V., y del parque industrial Pilba se comprometieron a hacer la entrega de las copias de las escrituras el miércoles 2 de junio, y así fue, luego de varios largos meses de espera y de compromisos que habían incumplido con las fechas de entrega, así lo dio a conocer Librado Escalante, comisionado rural de Santa Ana del Conde.
“Dijeron que iba a entregar 25 copias, porque fue hasta el notario y fueron funcionarios municipales y estatales ahí de Economía, si es por la empresa hasta formaditos, pero si es por la lucha para que nos paguen junto a los ingenieros para nosotros no, pero como ahí es política, les hacen su rueda”, dijo Librado.
Tras una manifestación en el mes de diciembre, en donde cerraron el parque industrial Puilba, el pasado 20 de enero se había llegado a un acuerdo entre las empresas constructoras Artha Capital, Banterra S.A. de C.V., y Pilba con los ejidatarios de Capellanía de Loera, El Cuije y Santa Ana del Conde para hacer la entrega de escrituras, luego de que vendieran sus tierras en el 2015 para que se llevar a cabo el proyecto de Parque Industrial Pilba, sin embargo el plazo de entrega se había alargado más de cuatro meses.
El 20 de marzo año se habían comprometido a hacer la entrega de poco más de 35 escrituras de las casi 50 que tienen en adeudo, sin embargo, tampoco se realizó esto y pidieron alargar el plazo para el 17 de abril, fecha en que tampoco se respetó el acuerdo. Fue hasta este día que la mitad de ejidatarios recibieron las copias de escritura que les debían.
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Exige Enrique Alba a gobernador atender falta de escrituras del Parque Industrial PILBA en León
Correo
Guanajuato.- A 8 años de que comenzó la construcción del Parque Industrial PILBA en León, y a 2 años de que fue inaugurado por el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, más de 40 propietarios de tierras aún no reciben las escrituras ni los servicios que les prometió la empresa Banterra S.A de C.V por haber cambiado sus terrenos, por lo que han quedado en el desamparo, afirmó el diputado de Morena, Enrique Alba Martínez.
Así lo señaló durante la presentación de un punto de acuerdo para exhortar al gobernador del Estado a que dé respuesta a las personas afectadas en la construcción de dicho parque industrial; aunque la pretensión era que la propuesta se resolviera en la misma sesión del pleno celebrada este jueves, por mayoría se rechazó la obvia resolución, por lo que se determinó enviar la propuesta a la Comisión de Desarrollo Económico y Social en donde será analizada.
Alba Martínez expuso en la sesión del Congreso local, que durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez en el 2012, con el aval del ex mandatario estatal, la empresa Banterra S.A de C.V inició platicas con propietarios de alrededor de 435 hectáreas para la construcción de dicho parque industrial y se establecieron varios compromisos entre estos: que el desarrollo industrial no causaría afectaciones, que el gobierno estatal garantizaría que la empresas que invirtieran en dicho parque cumplirían con las obligaciones pactadas; además que mediante servicios públicos de mejor calidad se promovería el desarrollo de cada uno de las comunidades y que al interior del parque industrial se construiría un centro de capacitación para los trabajadores de las empresas a través del Instituto Estatal de Capacitación.
Señaló que en el 2018 la empresa Banterra firmó un contrato de fideicomiso con Grupo Financiero Scotiabank al que después se adhirieron los propietarios de los terrenos para poder comprar permutar sus tierras, esto bajo la condición que la empresa prometió pagar cada una de las escrituras de las tierras cambiadas y la reconexión de servicios públicos en sus nuevos predios.
Sin embargo, Banterra cedió los derechos de dicho fideicomiso a una filial de Artha Capital propiedad de Germán Ahumada, evadiendo los compromisos establecidos.
Alba señaló que a esta problemática se suma que a los habitantes de la comunidad Rancho el Cuije, aledaña al Parque Industrial PILBA se les privó del servicio de agua potable para el funcionamiento de las empresas que ahí se instalaron, pues dijo que el poblado recibía agua de un pozo donado. Sin embargo, con la apropiación de los terrenos el suministro fue interrumpido.
“Desde el Grupo Parlamentario de Morena, consideramos que es importante exhortar al Gobernador del Estado para que ponga el interés del pueblo de Guanajuato por delante de las grandes empresas trasnacionales que despojan a la ciudadanía de sus medios de vida, orillándolos a la pauperización”, refirió.
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El ABC del aspecto fiscal de la reforma en materia de outsourcing
El Sol de México
A partir del 1 de agosto de este año inicia su vigencia en el aspecto fiscal, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en materia de subcontratación de personal- lo que se conoce como outsourcing- y dejarán de producir efectos fiscales de deducción y acreditación para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado, respectivamente, salvo los servicios especializados de ejecución de obras especializadas.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), informa que para generar certeza jurídica a los pagadores de impuestos, resulta importante distinguir, los conceptos de la subcontratación de personal, de servicios especializados y de los servicios independientes.
Así, el Ombudsperson Fiscal explica que la subcontratación de personal es cuando una persona física o moral denominada ‘contratista’, proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra conocida como ‘contratante’.
Precisa que para la existencia de la subcontratación de personal se requieren 4 elementos esenciales: La persona que cuenta con trabajadores propios (contratista); los trabajadores propios; la persona que se beneficia de los trabajadores (contratante) y que el contratista proporcione o ponga a su disposición a sus trabajadores.
Y como ejemplo señala que una persona moral (contratista) que se dedica a prestar servicios de instalaciones eléctricas, pone a disposición de otra persona moral (contratante) que instala equipo de iluminación, 15 trabajadores para realizar funciones de mantenimiento eléctrico bajo la dependencia de esta última.
Sobre los servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, detalla que son aquellas que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña el contratista, que aportan valor agregado al beneficiario.
Y al no ser la actividad de su objeto social ni de su actividad económica preponderante, en cuyo caso, se requiere contar con estos elementos:
Trabajadores dependientes del contratista; éste deberá de proporcionar o poner a disposición trabajadores que se encuentren bajo su dependencia a favor del beneficiario o contratante. Además, la contratista deberá contar con el registro del Padrón público ante la STPS.
Y deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar así como el número aproximado de trabajadores que estarán involucrados.
Para acreditar el carácter especializado, dependiendo del servicio u obra, el contratista deberá contar con información y documentación relacionada con la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia en el servicio.
Precisa el ombudsperson fiscal que se consideran servicios o ejecución de obras especializadas, los que se realicen con trabajadores del contratista en las instalaciones del beneficiario.
En cuanto a los servicios independientes, refiere que son las actividades que una persona física o moral se obliga a realizar en favor de otra, ya sea por sí misma o por conducto de sus trabajadores, la cual requiere de dos componentes esenciales:
La realización de las actividades propias del servicio ofrecido por el contratista y elementos adicionales al capital humano, tales como materiales y herramientas de trabajo, sin que del recurso humano se desprenda una dependencia al contratante.
Cita un ejemplo: una persona moral que vende equipos electrónicos, contrata los servicios profesionales de una persona física para que elabore un dictamen de estados financieros, incluso cuando las actividades se realicen con personal del prestador de servicios.
En conclusión: la distinción entre la contratación de un servicio independiente y la subcontratación de servicios especializados, será la dependencia de los trabajadores que comparta el contratista con el beneficiario a través del acto de proporcionar o poner a disposición a los trabajadores.
Y esto dependerá de las obligaciones contractuales que se establezcan para proporcionar el servicio o la ejecución de la obra.
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Nayarit y Sinaloa registran los mayores avances en calidad laboral
El Economista
Nayarit y Sinaloa fueron las entidades del país que registraron los mayores avances en las condiciones de calidad y competencia del mercado laboral durante el primer trimestre del 2021, tras la merma que ocasionó la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con el Índice de Calidad y Competencia de la Ocupación Estatal de El Economista, en relación con el primer trimestre del 2020, 15 entidades mostraron crecimientos (mejora laboral respecto a los otros estados) y 17, disminuciones.
Los mayores ascensos fueron en Nayarit (pasó de 31.3 a 59.0 puntos, de un máximo de 100, +27.7 puntos) y Sinaloa (de 66.8 a 82.8, +16.0 puntos), mientras las caídas más pronunciadas, en Quintana Roo (de 67.6 a 37.9, -29.7 puntos), Ciudad de México (de 43.4 a 32.8, -10.5 puntos) y Yucatán (de 46.9 a 37.9, -9.0 puntos); en las tres entidades el Covid-19 impactó con mayor fuerza a las actividades terciarias, particularmente en el turismo, sector de mayor relevancia en estos territorios.
El avance de Nayarit se debió a sus caídas en las tasas de desocupación, presión general, ocupación parcial y desocupación, ocupación en el sector informal e informalidad laboral, así como al crecimiento en trabajo asalariado (mejoró en seis de las ocho tasas).
Sinaloa disminuyó en desocupación, presión general, ocupación parcial y desocupación, subocupación, condiciones críticas de ocupación e informalidad laboral, y aumentó en trabajo asalariado (a pesar de que mejoró en siete de las ocho tasas, quedó en segundo lugar en avance del índice porque los cambios en Nayarit fueron mayores).
Los otros avances en el índice fueron en Durango (+10.2 puntos), Michoacán (+8.6), Sonora (+8.2), Tamaulipas (+8.2), Veracruz (+6.3), Aguascalientes (+3.9), Oaxaca (+3.1), Chihuahua (+2.7), Colima (+2.7), Baja California (+2.3), Nuevo León (+2.0), Coahuila (+1.6) y Guerrero (+1.2 puntos).
Por niveles (alto, medio alto, medio bajo y bajo) se dieron nueve cambios: Hidalgo, Estado de México, Campeche y Ciudad de México pasaron de medio bajo (semáforo naranja) a bajo (rojo); Sinaloa de medio alto (amarillo) a alto (verde); Quintana Roo de medio alto a medio bajo; Nayarit de bajo a medio alto; Michoacán de medio bajo a medio alto, y Querétaro de alto a medio alto.
El Índice de Calidad y Competencia de la Ocupación Estatal revela que Baja California fue primer lugar nacional con 88.3 puntos de 100 posibles; le siguieron Aguascalientes (84.8) y Sinaloa (82.8). Las tres entidades fueron las únicas en colocarse en el nivel alto.
En tanto, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Jalisco obtuvieron más de 70 puntos, por lo que sus posibilidades de subir al siguiente nivel son elevadas. Colima, Coahuila, Morelos, Sonora, Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí completaron el nivel medio alto.
En el nivel medio bajo estuvieron Tamaulipas, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas.
Mientras las calificaciones más bajas, con las peores condiciones laborales y con mayor impacto por la pandemia, se dieron en Chiapas (33.6 puntos), Ciudad de México (32.8), Hidalgo (32.4), Estado de México (29.7), Campeche (28.5), Oaxaca (27.7), Tabasco (20.3) y Tlaxcala (15.6), todos éstos en semáforo rojo.
El objetivo
El objetivo del Índice de Calidad y Competencia de la Ocupación Estatal es saber cómo se encuentran las 32 entidades del país en materia laboral, principalmente en acceso al trabajo y calidad de la ocupación, y a su vez realizar un ranking de competencia entre los gobiernos locales.
El índice se hizo mediante ocho tasas complementarias de ocupación y desocupación, obtenidas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi: desocupación, ocupación parcial y desocupación, presión general, trabajo asalariado, subocupación, condiciones críticas de ocupación, informalidad laboral y ocupación en el sector informal.
En cada tasa se realizó un ranking estatal para asignar un valor. Si el estado, por ejemplo, se ubicaba en último lugar de desocupación (Oaxaca, con 1.53% de su población económicamente activa —PEA—), se le daba la mayor cantidad de puntos por ostentar la mejor posición en calidad laboral (32 puntos), en relación con las otras entidades, y viceversa para aquellas que se encontraron en los primeros escalones (Quintana Roo obtuvo una desocupación de 8.21% de la PEA, la más elevada de México, por lo que consiguió sólo 1 punto).
Este ejercicio se hizo con cada uno de los estados, al cierre de los primeros trimestres del 2020 y del 2021, logrando un índice general con ocho tasas, con el mismo peso cada una, cuyo resultado se convirtió en un indicador con escala de 0 a 100 puntos, donde la entidad más cercana a 100 manifiesta una mejor calidad de la ocupación.
Por el tipo de metodología, el total de puntos siempre dará 1,650 puntos divididos entre las 32 entidades, por lo que, al presentar los mejores resultados, tendrán más puntos. Se pueda dar un escenario donde todos los estados empeoren en sus indicadores, pero los que tengan caídas menos pronunciadas, saldrán mejor posicionados en el índice.
El índice se dividió en cuatro niveles: alto (mayor a 80 puntos), medio alto (menor a 80 y mayor a 55), medio bajo (menor a 55 y mayor a 35) y bajo (menor a 35).
La función de este indicador es premiar a los estados con mayor constancia en acceso al empleo y calidad laboral (tener las menores tasas, a excepción del trabajo asalariado); también, se puede dar el caso de que aumenten algunas variables en la mayoría de los estados, por lo que el valor del índice será mayor para aquellos con un incremento moderado (competencia estatal).
PRIMER LUGAR
Baja California quedó en primera posición del índice por su constancia en las tasas complementarias durante los primeros tres meses del año en curso.
Sus resultados fueron los siguientes: primer lugar en subocupación (6.67% de la PEA, la menor tasa en el país); segundo en ocupación parcial y desocupación (6.13% de la PEA) y ocupación en el sector informal (18.04% de los ocupados); tercero en informalidad laboral (35.79% de los ocupados) y presión general (4.09% de la PEA); sexto en desocupación (2.55% de la PEA); escalón 16 en condiciones críticas de ocupación (25.19% de los ocupados), y fue la quinta entidad con el mayor porcentaje de trabajo asalariado (73.72% de los ocupados).
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Reforma de outsourcing elevará 25% el costo de operación para las empresas
El Economista
Las nuevas reglas en materia de subcontratación incrementarán en 25% el costo para la operación de las empresas que recurran a este esquema, informó el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Éste es el monto, aclaró, que las compañías habían estado evadiendo a la hacienda pública en perjuicio también de las trabajadoras y los trabajadores a través de esta figura y que ya no podrán evitar.
“Es que es lo que debían pagar”, dijo. El funcionario fue invitado por el Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impartir la conferencia magistral Implementación de las reformas de outsourcing.
Vía remota, explicó que la práctica ilegal de transferir personal de una a otra empresa para evadir el pago de cuotas patronales e impuestos les permitía ahorrarse una cantidad superior a los 270,000 millones de pesos. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las compañías bajo este esquema dejaban de pagar al año más de 21,000 millones de pesos. Y el “agujero fiscal” que dejaban por evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR) ascendía a 250,000 millones de pesos.
“Esto fue maléfico, perverso”, porque lo que provoca es que ese grupo de personas trabajadoras “no puedan tener una pensión digna, pues siempre van a cotizar con el salario mínimo”. Tampoco una vivienda propia o, si acaso pudieran acceder a un crédito, esa casa sería “precaria”.
Antes de la reforma, cerca de 4 millones 600,000 personas laboraban de manera subcontratada en más 15,000 empresas, informó. Pero de esas organizaciones, sólo 900 estaban registradas en el Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). De estas últimas, sólo 100 tenían registro ante el IMSS y, de esas, sólo 40 pagaban impuestos.
Es por eso que, “si los obligas a que paguen lo que les corresponde, obviamente van a subir 25% sus costos, pero es lo que debían pagar”.
Subcontratación legal para elevar la recaudación
La subcontratación ha sido una forma de empleo polémica, apuntó. En el debate público por la reforma había dos posturas que chocaban: “Una era la que señalaba que debía desaparecer del sistema jurídico por haberse utilizado para defraudar la ley en perjuicio de los trabajadores”. La otra, que debía dejarse en los mismos términos, pues de lo contrario afectaría competitividad de las empresas y, por ende, de la economía.
Sin embargo, sostuvo, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador optó por prohibir las formas ilegales y abusivas, y dar alternativas al permitir la subcontratación de servicios u obras especializadas, siempre y cuando éstas no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria.
“Algo valioso que hizo el presidente fue abrir el diálogo entre el sector obrero, gubernamental y empresarial para llegar a un consenso”. De esa manera se logró un acuerdo y el pasado 23 de abril fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Pero para llegar a este punto, además de debates, reuniones, cabildeos y propuestas, el gobierno federal realizó un diagnóstico. En México, “históricamente la recaudación fiscal ha sido baja”, a pesar de varias reformas a las leyes tributarias. Y ante crisis económicas o tributarias las anteriores administraciones federales han tomado diversos caminos.
Por ejemplo, en el sexenio de Ernesto Zedillo, se optó por aumentar el IVA de 10 a 15%, o incluso crear el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Esto le ha dejado al país una deuda, que sigue pagando, de más de 900,000 millones de pesos.
“En la crisis económica de 2009 la recaudación se vio sumamente afectada”, puntualizó. La caída en los ingresos tributarios fue de 350,000 millones de pesos, lo que llevó al gobierno del presidente Felipe Calderón a crear el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo consumo (IDE) “para aumentar la recaudación”. Y por esta misma situación, en 2010 se justificó elevar los impuestos al consumo.
Por el contrario, en 2020, pese a la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, sin la creación de nuevos impuestos o el aumento a los existentes, las autoridades hacendarias “recaudaron 170,000 millones de pesos arriba de lo que se cobró en 2019”. La estrategia ha sido, dijo el funcionario, el “combate a empresas fantasma, es decir, aquellas personas físicas o morales que facturan operaciones inexistentes” en beneficio de otros contribuyentes.
Y por otro lado, perseguir “con mano firme los esquemas de defraudación fiscal a gran escala”, así como a empresas que simulan la subcontratación laboral.
Ante cualquier duda, con la autoridad
En total, mediante diversas formas de evasión, se dejaba de percibir una cifra de 340,000 millones de pesos anualmente. “Con eso hubiéramos podido construir 221 hospitales; comprado 472,000 ambulancias, 663 patrullas, construido 77 segundos pisos como el de Periférico o 295 desniveles como el construido en el Mixcoac-Insurgentes, 118 estadios de beisbol”.
En la discusión de la reforma, confió, algunas empresas trasnacionales amenazaron con retirarse de México si se aprobaban estos cambios. Si por pagar “sueldos de hambre” y dejar de evadir impuesto se van a ir, “te abrimos la puerta”, les respondió el funcionario. “Era, básicamente, un esquema de esclavitud moderna y no lo tenemos que permitir”, subrayó.
El pasado 24 de mayo la STPS habilitó la plataforma para el registro de empresas dedicadas a la subcontratación, el cual quedará bajo el mando de la Unidad de Trabajo Digno, encabezada por Alejandro Salafranca. Estar inscritas en ese padrón es un requisito fundamental para poder operar, recordó.
Las subcontratistas deberán identificar a todo su personal, para que no haya duda de cuál es la empresa responsable laboralmente de cada trabajador o trabajadora. También se le otorgará un folio específico para el tipo de actividad u obra especializada que ofrezca.
Advirtió que las empresas que contraten los servicios de subcontratistas deben verificar que ese folio esté vigente. De no estarlo, podrían también estar cayendo en una actividad ilegal, por lo que los pagos que hagan no serán deducibles y el IVA no sería acreditable. El funcionario recomendó acercarse a las autoridades laborales y fiscales para resolver todas las dudas y pedir las respuestas por escrito.
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Pandemia dejó a 13 millones de personas desempleadas; mujeres, las más afectadas
Animal Político
La pandemia de COVID en México dejó a 13 millones de personas como “disponibles”, es decir, que están desempleados, y la pérdida de ingreso fue subsanado con préstamos, empeño y venta de bienes o uso de tarjetas de crédito. El saldo de esto podría ser brutal en el país, pues según prevé el Coneval, la pandemia habría dejado 12 millones de personas más en pobreza de ingreso.
De acuerdo con especialistas que participaron en el seminario web “Pobreza en México: perspectivas del impacto de la COVID-19”, para afrontar este panorama se requiere de la conformación de un sistema de protección universal que asegure el acceso a derechos.
“Lo que estamos viviendo no sólo nos lleva al mal estadio que estábamos antes, sino nos lleva a uno peor, con más exclusión de mujeres y jóvenes. Necesitamos una recuperación incluyente y para eso se requerirían de políticas públicas”, explicó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza.
Lee: Se crearon más de 251 mil empleos en primer trimestre de 2021; la cifra más baja de los últimos 5 años
La pandemia evidenció, que, por ejemplo, el acceso a salud es una prioridad y no debería estar ligada al tipo de contratación en los empleos, porque como se vio durante el confinamiento, aun cuando la gente tenga trabajo, las personas no ganan lo suficiente para solventar necesidades ni tienen acceso a seguridad social.
Incluso se debe considerar que “la informalidad no es una decisión de personas que no quieren pagar impuestos cuando en realidad es la exclusión de derechos laborales de personas que trabajan”, dijo Hermosillo.
Ante esa desprotección, cuando un integrante de la familia enfermó de COVID significó una tragedia con la ausencia de seguridad social y peor aún con la pérdida de empleo, pues 45% de quienes tuvieron a un familiar contagiado, gastó 5 mil pesos para el tratamiento, mientras que 28% gastó entre 10 mil y hasta 50 mil pesos, lo que representa un gasto altísimo en las familias y en ocasiones perder patrimonio, explicó Graciela Teruel, de EQUIDE Ibero.
De acuerdo con la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19) realizada por EQUIDE Ibero, en la que analizó las medidas de “alivio” económico entre las familias ante la pandemia, detectó que 75% no recibe programas sociales, mientras que 10.76% reciben la Pensión para adultos mayores y 7.5% recibe becas Benito Juárez.
Pero ante la pregunta de qué hacen ante la falta de dinero, los encuestados respondieron que pidieron prestado a familiares o amigos (24%), dejaron de pagar deudas (17.74%), dejaron de pagar renta o servicios (16.90), empeñaron o vendieron objetos de valor (11.28%), vendieron o realizaron otras actividades (7.87%) y 4.2% usaron tarjetas de crédito o pidieron a prestamistas.
Mayor exclusión de mujeres
Aún antes de la pandemia, las mujeres tenían una menor tasa de participación económica con 40.5% contra 73% de participación entre hombres, lo que ubica a México como el penúltimo lugar en participación femenina en América Latina y el Caribe.
Además, siempre ha existido una “penalización del mercado laboral contra las madres”, pues la mitad dejan su empleo cuando tiene un hijo, le disminuyen el salario y se incrementa hasta en 20 horas el tiempo que dedican a trabajos no remunerados, contra 5 horas que le dedican los hombres.
Tras la pandemia, el impacto en el trabajo y los cuidados también fue mayor entre las mujeres, pues perdieron el empleo o aún teniéndolo, incrementaron el tiempo para cuidados en casa.
Por ello la política social deberá instituir un sistema nacional de cuidados y establecer la ruta para lograr la seguridad social universal que no dependa del régimen laboral, dijo Hermosillo.
“La fragmentación actual del sistema de seguridad social y esté ligado al factor de ocupación de las personas actúa como un factor de reproducción de las desigualdades y exclusión, además favorece la negación de derechos”, explicó Annabelle Sulmont, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Pero para lograr su instrumentación se requiere “mejorar las tasas de recaudación, asegurar la suficiencia presupuestaria e incrementar el gasto público en salud”, consideró Sulmont.
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México, el mayor afectado en empleo por pandemia
El Universal
México fue el país más impactado por la pandemia del Covid-19 por la pérdida de empleos o la reducción de horas de trabajo, mostró el estudio Decodificando el Talento Global 2021, realizado entre OCCMundial, Boston Consulting Group y The Network.
El estudio, basado en las opiniones de 208 mil profesionistas en 190 países, mostró que México fue el país con mayor impacto en reducción de horas de trabajo o desempleo durante la crisis sanitaria, de acuerdo con 66% de los encuestados; le siguieron República Democrática del Congo, con 61%; Reino Unido, 55%, e Indonesia, 52%.
Países asiáticos como China y Singapur manejaron mejor la primera ola de Covid-19 y por tanto no hubo gran impacto, pues sólo 23% y 21% declaró haber sido afectado por desempleo y reducción de horas de trabajo, respectivamente. De igual forma no fue tan perjudicial para la mayoría de los trabajadores de Europa, con excepción de Reino Unido, que tuvo un impacto de 55%.
“En México, la mayor parte de la gente que respondió esta pregunta más bien lo hacía pensando en temas de desempleo más que en la reducción de las horas de trabajo, es decir, hubo mucho mayor gente impactada que perdió su trabajo y que después logró recuperarlo, que en otros países en donde sí se logró mantener, pero hubo reducción de horas de trabajo”, comentó David Centeno, gerente de planeación estratégica en OCCMundial, al presentar los resultados del estudio.
Movilidad mundial
El estudio abordó algunas tendencias laborales que han cambiado a raíz de la pandemia, incluyendo el impacto en las actitudes de las personas con respecto al trabajo en el extranjero, reduciendo su interés en general e inclinándose hacia países que han hecho el mejor trabajo para contener el coronavirus.
El estudio arroja que 67% de los mexicanos se mantienen motivados con la idea de trabajar en el extranjero, 10 puntos porcentuales menos con respecto a las cifras de 2018 (77%) y 19 puntos menos que en 2014 (86%).
De acuerdo con las preferencias del talento global, cinco de cada 10 personas en el mundo desean movilidad laboral a otro país, este dato es menor que el nivel de disposición de 64% en 2014 y de 57% en 2018.
Los encuestados en casi todos los países del mundo expresaron la menor disposición a reubicarse. Con respecto al país al que los profesionistas extranjeros les gustaría moverse para laborar, Canadá se ubicó en primer lugar por primera vez desde hace ocho años, por arriba de Estados Unidos y Australia.
Además de ser naciones de habla inglesa, estos tres países son percibidos como seguros, con mejores sistemas sociales y en particular el país de la hoja de maple, con un mejor manejo de Covid-19 y por recibir inmigrantes.
Para los mexicanos, las preferencias no han cambiado con respecto a 2018, en el top cinco de países más deseables para trabajar, Canadá está a la cabeza, seguido por Estados Unidos, España, Alemania y Australia.
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