Foto del día: La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregará este lunes a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica el T-MEC, informó el sindicato. La petición de la AFL-CIO, que fue compartida con Reuters, establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado. (Vía El Economista)
Lorena Alfaro se compromete a apoyar con estancias infantiles a mamás de Irapuato
Correo
Irapuato.- La candidata por el PANa la presidencia municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, se comprometió a crear más ‘Casas de Cuidado’ para que las madres irapuatenses tengan mejores oportunidades laborales, educativas y tengan la seguridad que sus hijos están en buenas manos.
“Las mamás de Irapuato son la fuerza que tiene esta sociedad, les quiero externar mi reconocimiento a cada una de ellas. Nuestra labor es muy importante en el cuidado, el crecimiento de nuestras hijas e hijos, en inculcar con el ejemplo los valores, el trabajo… generar amor, respeto y hacer ciudadanas y ciudadanos de bien”, señaló.
Lorena Alfaro se reunió con mamás y líderes de estancias infantiles que se vieron afectadas por los recortes del Gobierno federal, en donde muchas de ellas, emprendedoras, tuvieron que cerrar sus puertas.
“Mi admiración a ellas, que a pesar que la Federación les quitara ese programa, se unieron y resurgieron con el proyecto de las Casas de Cuidado, el cual se puede fortalecer para tener más espacios. Vamos a retomar ese apoyo para que las niñas y niños tengan atención, pero vamos a ir más allá, acercándonos a empresas, a pedirles que, si tienen lugar, habiliten espacios en donde sus trabajadoras puedan dejarlos. Esto impacta en menos rotación de personal y la tranquilidad de tener un lugar seguro para sus hijas e hijos”, dijo la candidata.
Meses difíciles
Las mujeres y líderes trabajadoras, dedicadas al cuidado de la niñez, le dieron a conocer que han sido meses difíciles, en los que han perdido sus empleos y, sobre todo, visto como mamás solteras han tenido que salirse de sus trabajos para poder dedicarse al cuidado de sus pequeños.
“Podemos renunciar a todo, menos a ser mamás. Esto no han traído muchas dificultades económicas, hemos tenido que cerrar y muchas mamás han dejado de ir a sus empleos”, mencionó una la maestra Carmen, afectada.
La candidata del PAN dijo que al tener la confianza de los ciudadanos el próximo 6 de junio, por lo que anunció que su gobierno estará encaminado en el bienestar social, en donde las mamás de Irapuato tienen un papel fundamental por su aporte en la educación y el cuidado diario de sus hijas e hijos.
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Recupera industria maquiladora y manufacturera empleos perdidos el año pasado
El Sol de Irapuato
Jorge Ortega Pulido, director del Comité de Responsabilidad Social del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) en Guanajuato, expresó que durante junio que fue uno de los meses más críticos de la pandemia empresas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX) tuvieron una caída del 5.78% en empleos, ya que 10 mil 291 personas se quedaron sin trabajo, sin embargo, dijo que ya fueron recuperados.
Dio a conocer que en enero de 2020 había un total de 177 mil 862 trabajadores en el IMSS en Guanajuato y que durante la parte más complicada de la pandemia en junio del año pasado los empleos bajaron a 167 mil 571.
“Tuvimos complicaciones durante junio por la pandemia, hubo una pérdida muy importante de empleos pero afortunadamente después de eso empezamos a recuperarnos y hasta ahorita estamos prácticamente en los mismos niveles de empleo que enero del 2020”.
Sin embargo, señaló que después de la etapa más crítica comenzó la recuperación económica, pues hasta enero del 2021 registraban una recuperación importante al contar con 178 mil 658 empleos que representan un porcentaje del 0.44 % más que el 2020.
Asimismo dio a conocer que a nivel nacional las empresas IMMEX a nivel nacional representan el 57 % de empleos del sector manufactura y exportan el 75.8 % de las manufacturas de todo el país.
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Difundirán reforma a Ley del Outsourcing
El Sol de Irapuato
Arturo Aldaco Samano, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Irapuato , informó que darán a conocer la nueva reforma a la Ley del Outsourcing a la ciudadanía con la finalidad de evitar abusos y violación de los derechos de los trabajadores, además de la evasión de reparto de utilidades e impuestos por parte de empresarios.
Destacó que desde abril pasado en el país está prohibido el outsourcing o subcontratación laboral, por lo que dicha información la harán llegar a los trabajadores de la ciudad.
Manifestó que de igual manera se sumarán a la difusión del tema el Colegio de Arquitectos de Irapuato, Colegio de Valuadores y Colegio de Notarios con quienes han sostenido pláticas para establecer la forma en la que estarán dando a conocer el tema a la sociedad.
Manifestó que el objetivo de que se erradique la subcontratación que anteriormente realizaban las empresas y que ahora se realice manera regular, dijo que se tiene menos de 90 días para implementar todo lo que implica esa regulación.
“En el tema de la contratación laboral quiero ser muy insistente porque la Ley Outsourcing viene a regular esa subcontratación que hacían las empresas de forma irregular y ahora van a tener que hacerlo de forma regular, tenemos 90 días o menos porque el plazo empezó a partir del 21 de abril y tenemos menos de 90 días para implementar todo lo que trae esta regulación”.
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Central obrera más grande de EU presentará primera queja laboral contra México bajo el T-MEC
El Economista
La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregará este lunes a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica el T-MEC, informó el sindicato.
La petición de la AFL-CIO, que fue compartida con Reuters, establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado.
Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, que contaba con pocas herramientas para hacer cumplir las normas laborales, los salarios en México se estancaron y ahora se ubican como los más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El T-MEC fue diseñado para cambiar eso al dar más poder a los trabajadores para exigir mejores salarios, lo que también está destinado a evitar que los bajos costos laborales reduzcan más puestos de trabajo en Estados Unidos.
Reuters informó la semana pasada que cientos de trabajadores han buscado desde 2019 ser representados por una nueva organización sindical liderada por la activista y abogada Susana Prieto. Sin embargo, funcionarios laborales estatales nunca han sometido su solicitud a votación.
Prieto dijo que alrededor de 600 de sus adeptos en Tridonex fueron despedidos el año pasado, en lo que algunos trabajadores describieron como represalia por sus esfuerzos para cambiar de sindicato.
La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, con sede en Filadelfia, controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.
Bajo el “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida” del T-MEC, las empresas en México y Estados Unidos pueden enfrentar aranceles y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación.
La petición de la AFL-CIO marca la primera vez que es puesto en práctica el componente para hacer valer las condiciones laborales dentro del tratado comercial T-MEC. Empresas y activistas estarán muy atentos.
“Esto sienta un precedente”, dijo Catherine Feingold, directora del departamento internacional de la AFL-CIO, que presionó por mejores disposiciones sobre los derechos laborales en el T-MEC. “Va a ser una prueba para este nuevo sistema”.
La AFL-CIO enviará su petición a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de Estados Unidos, que tiene 30 días para revisar el reclamo y determinar si debe llevar el caso al gobierno mexicano para una revisión adicional.
Funcionarios laborales mexicanos trabajarían luego con sus contrapartes estadounidenses para acordar los términos para corregir la situación. Todo el proceso, incluida una etapa final para determinar posibles sanciones y multas, debe resolverse en un plazo de cinco meses.
La mayor parte de esto podría solucionarse con bastante rapidez si existe la voluntad política”, dijo Benjamin Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers, parte de AFL-CIO.
El presidente Andrés Manuel López Obrador quien promulgó una reforma laboral en 2019, prometió eliminar los contratos de protección de México que, según los críticos, anteponen los intereses de las empresas a los derechos de los trabajadores, lo que también es una prioridad del T-MEC.
Sin embargo, la nueva ley se está implementando gradualmente en todo México y los cambios no comenzarán a llegar al estado Tamaulipas, donde se localiza Matamoros, hasta 2022.
La petición también fue respaldada por la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU por sus siglas en inglés), que representa a los empleados de Cardone en Estados Unidos, junto con la Public Citizen’s Global Trade Watch, una organización sin fines de lucro estadounidense, y el sindicato de Prieto, llamado SNITIS.
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Padrón de outsourcing será un gran catálogo de servicios especializados
El Economista
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya tiene listos los lineamientos del registro nacional de empresas de subcontratación que nacerá como resultado de la reforma de outsourcing. Éste no será sólo un listado de compañías, sino un gran catálogo de servicios especializados, ya que cada interesado deberá registrar una por una las actividades que ofrecerá en el mercado.
Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, explicó que las empresas deberán indicar con precisión el servicio que ofrecerán o la obra que ejecutarán. Se podrá elegir más una actividad y se asignará un folio por cada una.
“Por cada una de dichas actividades deberán acreditar, bajo protesta de decir verdad, el carácter especializado de las mismas y describir los elementos o factores que dan sustento a este carácter excepcional”, detalló la STPS.
La inscripción se hará a través de una plataforma informática y el registro deberá renovarse cada tres años. El padrón de empresas será de consulta pública, de acuerdo con el anteproyecto en revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
“Resulta indispensable contar con un acervo vigente, estadístico y de control, que permita identificar, registrar y regular a las personas físicas o morales que presten los mencionados servicios especializados a través de un padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas”, subrayó la secretaria del Trabajo.
La reforma de subcontratación reguló la figura, prohibiendo el outsourcing basado en suministro de personal y permitiendo la tercerización de servicios especializados que no formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de la contratante.
Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, detalló que el registro de empresas partirá de la buena fe, similar a un mecanismo de autorregulación; es decir, la dependencia confiará en que la información proporcionada por las compañías es real.
“El registro se pide para actividades, no es que se registre la empresa en sí. Tú te registras y dices para qué quieres el registro; por ejemplo, para actividades de carpintería en general. Cuando tú te apuntes en el registro, me tienes que decir con claridad para qué actividad te quieres registrar porque quien te vaya a contratar no puede hacer lo mismo”, detalló.
En el listado de actividades que tendrá la plataforma, el suministro de personal no será una opción elegible para las empresas.
Salafranca destacó que el concepto de autorregulación detrás del registro no será garantía para no recibir inspecciones. La STPS continuará con visitas a empresas de subcontratación, éstas serán aleatorias o por denuncias.
La reforma establece multas de entre 179,240 y 4 millones 481,000 pesos (de 2,000 a 50,000 UMAs) para quienes presten servicios especializados sin registro.
Una avalancha de registros
Alejandro Salafranca no descartó que en los primeros días de operación del padrón de empresas —el cual debe estar en operaciones a más tardar el 24 de mayo— la dependencia reciba una “avalancha” de registros, por las dudas que puedan tener los empleadores y la búsqueda de certeza jurídica.
En caso de que una empresa haga el tramite, pero realmente no tenía la obligación de hacerlo, el funcionario aclaró que esto no tendrá repercusiones.
“Si me registro y no lo necesitaba, no pasa nada, no pierdo nada. El problema es si no me registro y sí lo necesitaba, porque toda mi actividad contractual va a quedar en cuestión y las facturas no serán deducibles a partir de agosto”, comentó.
Salafranca Vázquez consideró la posibilidad de que las empresas soliciten más de un registro para ofrecer más de un servicio especializado, pero recomendó tener precaución porque “mientras en más actividades te registres, más difícil será encontrar contrapartes que no la tengan y te contraten”.
Una vez que la empresa entregue la información, la STPS tendrá 20 días para pronunciarse. Si esto no ocurre en dicho plazo, el empleador podrá requerir que se dicte un resolución, para lo que la dependencia tiene tres días. Si tampoco hay respuesta, se considerará como una afirmativa ficta y se tendrá por efectuado el registro para todos los efectos legales, según el nuevo artículo 15 de la LFT.
Las empresas tendrán 90 días para registrarse después de que comience a operar el padrón.
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¿Cuándo un accidente en trayecto de ida o de vuelta del trabajo es un riesgo laboral?
El Economista
Si una persona trabajadora sufre un accidente en el trayecto al centro laboral o de regreso a casa tiene derecho a una incapacidad. Dicha prestación puede ser por unos días, con el 100% de su salario, o permanente si ya no está en condiciones de volver a su empleo. El gran problema es que la mayoría pertenece al sector informal y sin seguridad social difícilmente podrán tener garantía de estos derechos.
El artículo 42 de la Ley del Seguro Social (LSS) indica que un accidente laboral es también el que “se produzca al trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél”. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cada año en promedio se registran cerca de 138,000 casos de este tipo.
En la tragedia ocurrida el 3 de mayo en la parte elevada de la Línea 12 del Metro fallecieron y resultaron heridas decenas de personas que volvían de su empleo. Pero no todas estaban afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como don Melitón Velasco, un albañil de 56 años de edad.
En marzo de este 2021, el 56.8% de las personas que tenía un trabajo remunerado lo hacía en la informalidad, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Es decir, más de 30.6 millones de trabajadoras y trabajadores.
Una gran parte de esa población no cotiza para una pensión. Si enferman o se accidentan, no tendrán una incapacidad pagada o no gozarán de una renta vitalicia si ese accidente le deja secuelas por las que ya no pueden trabajar. Y si mueren y tenían dependientes económicos, muy probablemente se quedarán desamparados.
Pensión total o parcial
Para que “el asegurado que sufra algún accidente o enfermedad de trabajo” pueda obtener las prestaciones económicas “deberá someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine” el IMSS.
De acuerdo con el artículo 50 de la LSS, el instituto avisará “al patrón cuando califique de profesional algún accidente o enfermedad, o en caso de recaída con motivo de éstos”. En caso del fallecimiento de la persona trabajadora, su familia debe “denunciar inmediatamente al instituto el accidente” que haya sufrido.
Según el numeral I del artículo 58, si el accidente le impide trabajar de manera temporal recibirá “el cien por ciento del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo”. Este monto le será entregado en tanto se recupere o mientras se le sea declarada la incapacidad permanente parcial o total.
El trámite que resuelva si puede o no volver al trabajo “deberá realizarse dentro del término de 152 semanas que dure la atención médica como consecuencia del accidente”.
El IMSS otorga dos tipos de incapacidades permanentes: parcial y total. Ambas ameritan una pensión vitalicia. En el caso de que considere que la persona trabajadora quedó completamente imposibilitada para trabajar, la pensión mensual definitiva será del 70% del salario que cotizaba al momento de ocurrir el riesgo.
En cambio, si la incapacidad declarada es permanente pero parcial, la pensión se calculará con base en la tabla de valuación de incapacidad de la Ley Federal de Trabajo (LFT). Dicha tabla está dirigida al personal médico del IMSS, “quienes determinarán el porcentaje que el patrón debe dar al empleado, según la enfermedad”, indica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Una vez que el IMSS emite la resolución de la incapacidad permanente, sea parcial o total, se abre un plazo de dos años en el que la persona trabajadora puede solicitar una revisión. Transcurrido ese “período de adaptación, se otorgará la pensión definitiva”.
Pensión por fallecimiento
Si la persona trabajadora falleciera a causa del accidente de trabajo sus beneficiarios tendrán derecho a una pensión, según el artículo 64 de la LSS. Los porcentajes, según esa ley quedan así:
- Por viudez. Pensión vitalicia equivalente al 40% de la pensión que le hubiere correspondido al trabajador o la trabajadora por incapacidad permanente total. Si se vuelve a casar, perderá el derecho y se le otorgará un finiquito de tres anualidades del monto de la pensión.
- Por orfandad. El importe será de sólo el 20% de la pensión por incapacidad permanente total. Si acaso hubieran muerto ambos padres o madres en el accidente laboral, la pensión será del 30 por ciento. Se les otorgará hasta los 16 años de edad, o hasta los 25 si continúan estudiando. Si comienzan a trabajar y a cotizar al IMSS, perderán el derecho. Al término de la pensión de orfandad se entregará un pago adicional de tres mensualidades de la pensión.
- De ascendencia. Si la persona trabajadora que falleció en un accidente laboral no había contraído matrimonio y tampoco tenía hijas o hijos, sus ascendientes pueden reclamar una pensión vitalicia. Ésta corresponderá al 20% de la pensión por incapacidad permanente total a cada persona que compruebe dependencia económica, quizá su mamá, su papá o incluso abuelos.
En tanto, el artículo 276 de la LFT establece que “el patrón bajo cuya autoridad se prestó el trabajo, será responsable de los accidentes de trabajo”. Por lo cual tendrá la obligación de pagar una indemnización.
Según el artículo 58 del LSS, si el IMSS determina que la persona fue afectada en 25% de su capacidad para laborar no le otorgará una pensión. En cambio, le pagará una “indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido”.
Las personas trabajadoras pensionadas recibirán aguinaldo equivalente a quince días del importe de la pensión que perciban.
Si la persona trabajadora fue dada de alta, pero posteriormente sufre una recaída, tendrá derecho a otros días de incapacidad. De igual manera en este nuevo periodo de recuperación recibiá el 100% de su salario.
En caso de fallecimiento de la trabajadora o trabajador, la familia tiene derecho a recibir un ayuda para gastos funerarios. El monto es de 60 días del salario mínimo vigente en la Ciudad de México.
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¿Qué son las utilidades, cuándo se pagan y a quién le tocan?
El Financiero
La reforma que regula el outsourcing busca que los trabajadores subcontratados o en insourcing participen en las utilidades de las empresas, sin embargo, será hasta 2022 cuando se podrían ver ‘los frutos’ de este cambio.
De acuerdo con el Gobierno federal, si los trabajadores son contratados de forma directa por las empresas y no vía outsourcing, más personas tendrían acceso a las utilidades que durante años no han recibido porque una buena cantidad de patrones recurrieron a esquemas de subcontratación ilegales.
Contadores consultados explicaron que para reducir las cargas fiscales y no pagar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), las compañías contratan los servicios de empresas de outsourcing para administrar el personal, lo que trae como resultado que los trabajadores reciban hasta 90 por ciento menos de utilidades que les corresponden.
Pero con la reforma se pretende terminar con esas prácticas y, además, se incluyó una nueva fórmula para repartir las utilidades.
El cambio adicionó al Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) la Fracción VIII que establece que el monto de la PTU tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
No obstante, tras la entrada en vigor de la reforma el pasado 24 de abril, una de las principales dudas entre empresas, sindicatos y trabajadores es si la reforma en materia de subcontratación se aplicará ya para el pago de utilidades que se realizará en este mismo mes.
La respuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a esa duda es firme: “no, porque la reforma no es retroactiva”.
En una reunión con empresarios de Guanajuato realizada el pasado viernes, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, aclaró que la reforma no aplicará al Reparto de Utilidades que se pague en mayo.
Puntualizó que las empresas deberán pagar en este mes las utilidades del ejercicio fiscal 2020 conforme la Ley Federal del Trabajo (LFT) vigente en ese año, toda vez que la reforma no tiene carácter retroactivo.
“Lo que se va a repartir en este mes de mayo es la PTU de 2020 y por tanto para el PTU de 2020 estaba vigente la Ley anterior. Por lo tanto, la reforma no aplicará para el Reparto de Utilidades de este mes de mayo”, respondió ante las dudas.
Indicó que en mayo de 2022 será cuando se repartirán las utilidades de 2021 y por una sola vez ocurrirá un pago de utilidades que reconocerá la regularización de los trabajadores, pues estos pasarán de haber estado subcontratados a contratados de forma directa por las empresas principales.
Por lo tanto, si a partir del 1 de agosto de 2021 una empresa regulariza su plantilla y pasa a los trabajadores subcontratados a la empresa principal, el PTU que se pagará a esos trabajadores regularizados en 2022 deberá considerar las utilidades de la empresa ‘outsourcera’ o ‘insourcera’ de enero a julio de 2021 y las utilidades de la empresa principal de agosto a diciembre de 2021.
Entonces, ¿qué pasa en mayo de 2021 con respecto al Reparto de Utilidades de 2020?
“Nada porque la ley no tiene cobertura en esa fecha (en 2020)”, sostiene Salafranca y agrega que para este mes de mayo de 2021, las reglas para el pago de PTU no cambian y se tendrán que pagar conforme en años anteriores.
Una vez que la STPS aclaró cómo quedan las utilidades con la reforma que regula el outsourcing, te compartimos algunas respuestas a dudas relacionadas con esta prestación laboral.
¿Qué son las utilidades?
Son un derecho constitucional de los empleados, que proporcionan un trabajo personal subordinado a una persona física o moral a cambio de un salario, por lo que tiene derecho a participar de las ganancias obtenidas por el patrón o la empresa, siempre y cuando estas se generen.
¿Cuándo se deben pagar?
A más tardar el 30 de mayo en el caso de las y los trabajadores que laboran para una persona moral (empresa), mientras que las personas que trabajan para una persona física (patrón), deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio.
¿Cuáles son las y los trabajadores que tienen derecho a esta prestación?
A quienes hayan laborado por lo menos 60 días en empresas cuyas utilidades netas fueron de 300 mil pesos o más, según su declaración fiscal 2020, y que tengan más de un año en funcionamiento. Bajo estas condiciones, tendrán derecho al reparto de utilidades, independientemente de que ya no laboren en la empresa en cuestión o tenían contrato por obra determinada.
¿Para quiénes no aplica el Reparto de Utilidades?
Para trabajadoras y trabajadores domésticos; directoras y directores; administradoras y administradores; gerentes generales; profesionistas, artesanas y artesanos, técnicos y otros que, mediante el pago de honorarios, presten sus servicios sin existir una relación de trabajo subordinado con el patrón.
Asimismo, se exenta de dicho reparto a empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento; al Instituto Mexicano del Seguro Social e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales; asistenciales o de beneficencia; a empresas cuyo capital sea menor al que fija la STPS por ramas de la industria, y a instituciones de asistencia privada que realicen acciones con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios.
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EL trabajo en México: impugnación de la subcontratación
SDP Noticias
Por: Vladimir Ricardo Landero Aramburu
Por fin llegó la reforma a la subcontratación, los valientes fiscalistas aseguraban que esta reforma violaba derechos, entre ellos el 5° Constitucional, que era un gran problema para el empleo, que de inmediato mandaría a millones a las calles. ¿Veremos una defensa sobre el tema como sucedió con la reforma energética, o las empresas qué hacían subcontratación se quedarán tranquilos con el tema tratando de mutar hacia las nuevas disposiciones?.
Ya nos enteraremos con el tiempo, pero la cuestión no será tan sencilla como la planteaban los sesudos especialistas, pues para recurrir a la impugnación tienen un gran problema: deben acreditar y afirmar que hacían subcontratación de forma legal, lo que ninguna empresa ha aceptado hasta este momento, es decir, no han aceptado hacer subcontratación conforme a los artículos 15 derogados, por lo que el tema del interés jurídico para la procedencia del amparo será una traba para intentarlos. Tampoco encontrarán clientes que se presten a desnudar su subcontratación ante las autoridades, para aventurarse en la ocurrencia de sus amparos. De esta forma, es muy probable que todas esas amenazas hayan sido solo de saliva.
En materia de empleo tampoco se ha reflejado el tema, será por que todas las empresas ya estaban trabajando con lo mínimo de lo mínimo en su nómina por motivos de la pandemia, de tal suerte que no se pueden reducir mucho en su plantilla sin poner en riesgo la producción, así que los despidos masivos también fue el petate del muerto.
Lo cierto es que, todo el pataleo en los parlamentos abiertos, en la prensa por parte de las cámaras empresariales no traía fondo, no defenderían con todo una figura que ya dio lo que tenía que dar, una riqueza inmensa para algunos y la pauperización del salario a millones.
Los empresarios le temen más a que se tomen medidas como lo hizo Joe Biden en EU, aumentando el salario general de forma sustancial, que a la implementación de la subcontratación, pues al final el trabajador mexicano sigue siendo el de los salarios mas bajos en la región del TMEC, el gran atractivo para quienes ven su ganancia en explotar hasta la miseria al ser humano, en lugar de buscarla en la innovación productiva, en el servicio.
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Sindicatos de EU presentan primera queja laboral contra México bajo T-MEC
Forbes
Reuters.- La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregará este lunes a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, T-MEC, informó el sindicato.
La petición de la AFL-CIO, que fue compartida con Reuters, establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, ciudad en la frontera con Texas, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado.
Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, que contaba con pocas herramientas para hacer cumplir las normas laborales, los salarios en México se estancaron y ahora se ubican como los más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue diseñado para cambiar eso al dar más poder a los trabajadores para exigir mejores salarios, lo que también está destinado a evitar que los bajos costos laborales reduzcan más puestos de trabajo en Estados Unidos.
Reuters informó la semana pasada que cientos de trabajadores han buscado desde 2019 ser representados por una nueva organización sindical liderada por la activista y abogada Susana Prieto. Sin embargo, funcionarios laborales estatales nunca han sometido su solicitud a votación.
Prieto dijo que alrededor de 600 de sus adeptos en Tridonex fueron despedidos el año pasado, en lo que algunos trabajadores describieron como represalia por sus esfuerzos para cambiar de sindicato.
La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, con sede en Filadelfia, controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.
Bajo el “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida” del T-MEC, las empresas en México y Estados Unidos pueden enfrentar aranceles y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación.
La petición de la AFL-CIO marca la primera vez que es puesto en práctica el componente para hacer valer las condiciones laborales dentro del T-MEC. Empresas y activistas estarán muy atentos.
“Esto sienta un precedente”, dijo Catherine Feingold, directora del departamento internacional de la AFL-CIO, que presionó por mejores disposiciones sobre los derechos laborales en el T-MEC. “Va a ser una prueba para este nuevo sistema”.
La AFL-CIO enviará su petición a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de Estados Unidos, que tiene 30 días para revisar el reclamo y determinar si debe llevar el caso al gobierno mexicano para una revisión adicional.
Funcionarios laborales mexicanos trabajarían luego con sus contrapartes estadounidenses para acordar los términos para corregir la situación. Todo el proceso, incluida una etapa final para determinar posibles sanciones y multas, debe resolverse en un plazo de 5 meses.
“La mayor parte de esto podría solucionarse con bastante rapidez si existe la voluntad política”, dijo Benjamin Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers, parte de AFL-CIO.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien promulgó una reforma laboral en 2019, prometió eliminar los contratos de protección de México que, según los críticos, anteponen los intereses de las empresas a los derechos de los trabajadores, lo que también es una prioridad del T-MEC.
Sin embargo, la nueva ley se está implementando gradualmente en todo México y los cambios no comenzarán a llegar al estado Tamaulipas, donde se localiza Matamoros, hasta 2022.
La petición también fue respaldada por la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU por sus siglas en inglés), que representa a los empleados de Cardone en Estados Unidos, junto con la Public Citizen’s Global Trade Watch, una organización sin fines de lucro estadounidense, y el sindicato de Prieto, llamado SNITIS.
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