Foto del día: El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (Sitimm), Alejandro Rangel Segovia, señaló que pese a las complicaciones económicas que han tenido las empresas por la crisis económica, han aumentado entre 5 y 7% los salarios de los trabajadores y hasta 14 % prestaciones como fondos de ahorro, vales de despensa y aguinaldos. (Vía El Sol de Irapuato)
Mejoran empresas condiciones laborales pese a pandemia
El Sol de Irapuato
El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (Sitimm), Alejandro Rangel Segovia, señaló que pese a las complicaciones económicas que han tenido las empresas por la crisis económica, han aumentado entre 5 y 7% los salarios de los trabajadores y hasta 14 % prestaciones como fondos de ahorro, vales de despensa y aguinaldos.
Señaló que cada año Sitimm negocia con 157 empresas de las cuales actualmente han concretado acuerdos con 19 para que se mejoren las prestaciones laborales para los trabajadores entre los que destaca aumento salarial de entre 5 y 7 %.
Dijo que a pesar de las dificultades que han presentado durante los últimos años las empresas, Sitimm continúa trabajando para dignificar las condiciones del personal sindicalizado.
“Nosotros cómo Sitiim tenemos la responsabilidad de negociar cada año con 157 empresas de las cuales llevamos ahora mismo 19 ya revisadas entre los meses de noviembre y diciembre y las semanas que llevamos de enero ya para efectos de la negociación del 2021 y traemos un tranco de arreglos el normal está entre el 5 y el 6.5 % de aumentos”.
Expresó que incluso hay empresas relativamente jóvenes donde se ha aumentado de 10 a 14% a las prestaciones laborales del personal con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Dijo que a pesar de las dificultades que han presentado durante los últimos años las empresas, Sitimm continúa trabajando para dignificar las condiciones del personal sindicalizado.
“Hay algunos picos que traemos de algunas empresas que incluso estamos teniendo 10 y 14 % porque le están abonando mucho a prestaciones, son empresas relativamente Jóvenes que tienen poco que se instalaron, no están dejando de mejorar prestaciones para sus trabajadores por la pandemia”.
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Reforma del outsourcing, la gran apuesta para el cierre de la LXIV legislatura
El Economista
El último periodo ordinario la LXIV legislatura inició este lunes. En el anterior, el Congreso saldó temas urgentes para la nueva normalidad laboral, como el teletrabajo, y apresuró la aprobación de la reforma pensionaria. Pero el gran lastre sigue siendo la subcontratación, aunque todo parece que esta vez sí lo logrará.
Además, está obligado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a volver a discutir el tope a los salarios de funcionarios y funcionarias de alto rango. Y tendrá que concluir al menos dos asuntos avanzados: los salarios mínimos por encima de la inflación y la obligatoriedad del seguro social para trabajadoras del hogar.
La LXIV legislatura se despide al cumplirse un año de la pandemia de covid-19 en México, aunque es muy probable que en la LXV sigamos viendo las mismas caras. En el Senado, a las legisladoras y legisladores les restan tres años; en la Cámara de Diputados, aunque sus inquilinos concluyen su encargo en agosto, la gran mayoría busca reelegirse.
La Comisión del Trabajo y Previsión Social, junto con la de Hacienda y Crédito Público, de San Lázaro, se alistan a dictaminar la reforma del gobierno federal en materia de subcontratación. La iniciativa es de carácter preferente, prohíbe el outsourcing de personas y lo permite para las actividades secundarias.
En diciembre representantes empresariales, que se oponen a la propuesta, lograron pausarla. Luego de varios encuentros con el presidente Andrés Manuel López Obrador, acordaron posponer su discusión hasta este mes.
En tanto, el sector patronal se comprometió a no despedir personal subcontratado, una práctica a la que muchas empresas recurrían a finales de año. El gobierno federal, por su parte, abrió mesas de diálogo para tratar un tema que no había contemplado, pero que es clave en la negociación: el reparto de utilidades.
Mínimos para unos, máximos para otros
Ya instalado en la nueva normalidad, una que no permite sesionar de manera presencial, el Senado discutirá la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Será la tercer vez que se aborde el tema.
También es una propuesta por el gobierno federal, que pretende fijar un tope en las remuneraciones de los altos cargos para que nadie gane más que el Presidente de la República.
Ha sido aprobada y luego impugnada, la SCJN se ha pronunciado y se ha vuelto a discutir. En septiembre del 2020 la Cámara de Diputados le hizo los últimos cambios y concedió que la burocracia reciba recompensas, bonos, reconocimientos o estímulos económicos.
En diciembre, el Senado solicitó a la Corte una prórroga para cumplir con la sentencia que le obliga a modificar esa ley, creada en 2018. El plazo vencía el 15 de diciembre y el dictamen está listo. Pero no ha sido llevado al pleno porque no ha habido “consensos políticos”, según le explicó esa Cámara a la SCJN.
Mientras el Senado sigue discutiendo esa reforma, en San Lázaro revisarán otra aprobada por las senadoras y los senadores: la del salario mínimo. La minuta modifica el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que los aumentos anuales tendrán que ser siempre mayores a la inflación.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año deberá considerar que el incremento del salario mínimo deberá ser 2 puntos porcentuales mayor al encarecimiento general de los precios. Además, “siempre deberá ser superior al último valor mensual de la Línea de bienestar” de ingresos urbanos.
Trabajadoras del hogar y los congelados
En abril de 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició la primera etapa del programa piloto para afiliar alas trabajadoras del hogar, en cumplimiento de una sentencia de la Corte. En mayo de 2019 el Congreso modificó la LFT y reconoció varios derechos laborales de este sector.
Quedaron pendientes los cambios a la Ley del Seguro Social para establecer la obligación de quienes las contratan a registrarlas en el IMSS. El acuerdo fue esperar a los resultados del programa piloto para también legislar un modelo de inscripción acorde con las necesidades de esta población.
En noviembre de 2020 el IMSS por fin remitió al Senado el informe sobre la primera etapa de implementación. En el documento, le sugiere al Congreso que sean las personas empleadoras las responsables de hacer el trámite de inscripción. También propone que el salario para poder cotizar deberá ser de al menos el salario mínimo vigente por día.
Otro tema, aprobado ya por la Cámara de Diputados, que analizará el Senado es la creación del sistema nacional de cuidados. La falta de una red que atienda a niños y niñas, personas con discapacidad y adultas mayores ha impedido que miles de mujeres ingresen al mercado laboral. O quienes lo logran, realizan dobles o triples jornadas de trabajo y sólo una es remunerada.
Estas reformas llevan un avance del 50% con la aprobación de al menos una de las Cámaras, pero existen más de una veintena de iniciativas propuestas a partir de la experiencia de esta pandemia que no han sido discutidas.
Algunas buscan garantizar los derechos laborales en épocas de emergencia sanitaria. Prohíben los despidos y establen el pago de al menos un salario mínimo por un mes para quienes no puedan seguir trabajando. Definen a la población vulnerable o pretenden crear un seguro de desempleo.
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EU y Canadá impulsan inclusión de Acuerdo de París en el T-MEC
El Economista
Legisladores de Estados Unidos y el gobierno de Canadá se pronunciaron a favor de incluir el Acuerdo de París como parte de los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En una carta firmada el 19 de enero pasado, 122 demócratas de la Cámara de Representantes pidieron al presidente Joe Biden impulsar la incorporación del Acuerdo de París en el T-MEC.
“Una acción de este tipo ayudaría a restablecer el papel de Estados Unidos como líder en el tratamiento de la crisis climática y demostraría cómo se pueden utilizar los acuerdos comerciales para promover los objetivos climáticos.
“Además, el TLCAN renegociado brinda una oportunidad única para que Estados Unidos, Canadá y México fortalezcan la cooperación y la priorización de América del Norte para abordar los daños ambientales y garantizar que todas las partes rindan cuentas por las promesas hechas en virtud del Acuerdo de París”, dijeron los legisladores en la misiva.
El 12 de diciembre de 2015, la comunidad internacional alcanzó un acuerdo climático global histórico para combatir el cambio climático.
“Tomar medidas para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático es una de las principales prioridades del gobierno canadiense”, dijo un portavoz de la Embajada de Canadá al medio estadounidense Inside U.S. Trade en respuesta a si respaldaría la idea de los legisladores demócratas.
“Canadá espera trabajar en estrecha colaboración con la nueva administración de los Estados Unidos en esta prioridad compartida, ya sea bilateral, trilateral o plurilateral”, añadió el portavoz, cuyo nombre no se mencionó.
El Acuerdo de París tiene como objetivo orientar a la comunidad internacional sobre la intensificación de las inversiones necesarias para mantener un aumento de la temperatura global muy por debajo de los dos grados Celsius (por encima de los niveles preindustriales) y continuar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura aún más, a 1.5 grados Celsius. Este acuerdo es una fuerte respuesta global a la amenaza del cambio climático que reconocen todos sus suscriptores.
Aprobadas en diciembre de 2019, Estados Unidos logró endurecer las disposiciones ambientales en las adendas del T-MEC, con la obligación, entre otras medidas, de cumplir más acuerdos multilaterales.
Para abordar algunas preocupaciones del Congreso estadounidense sobre la aplicabilidad de las disposiciones en este ámbito, las enmiendas al nuevo acuerdo comercial revisaron el capítulo sobre medio ambiente a fin de ampliar la cobertura, la aplicación y las funciones de supervisión del acuerdo.
Algunas de las enmiendas al T-MEC son análogas a las del capítulo laboral. Por ejemplo, en el texto revisado se establece la presunción de que una disputa ambiental o laboral afecta el comercio y la inversión a menos que una parte demandada pueda probar lo contrario.
Con las adendas, las revisiones requieren que cada Parte adopte, mantenga e implemente leyes, reglamentos y otras medidas para cumplir con siete Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAM) de los cuales es parte.
Estos AAM son: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres (CITES, por su sigla en inglés); Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono; Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL); Convención de Ramsar sobre humedales; Convención sobre los recursos vivos marinos antárticos; Convención Ballenera Internacional, y Convención Interamericana del Atún Tropical.
El T-MEC, como se firmó originalmente, solo hizo referencia explícita a CITES, MARPOL y el Protocolo de Montreal.
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Sindicatos defienden el reparto de utilidades; proponen acuerdos individuales
El Economista
Las organizaciones sindicales del Congreso del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México, Sindicato Minero, Sindicato de Volkswagen, del Sindicato de Nissan, de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), de la Federación Sindical del sector Asegurador, que han participado en los foros convocados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para conocer “las distorsiones” en el pago de utilidades, han manifestado que es un derecho laboral consagrado en la Constitución que debe mantenerse, y en todo caso, sólo tomar acuerdos con las empresas a la hora de establecer el pago anual.
Durante su participación expusieron que “en la CTM está claro que lo queremos es llegar acuerdos, firmar tripartitamente, como lo hicimos las semanas pasadas; creo que lo que viene es lo fundamental, sobre todo porque por la pandemia sabemos que muchas empresas no tendrán utilidades”, dijo Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la CTM y del Congreso del Trabajo.
Por su parte el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, apuntó que los trabajadores deben mantener el pago de utilidades; además, de evitar que exista subcontratación.
El también diputado del PRI dijo que “vamos a apoyar la iniciativa del Ejecutivo”, se trata de una iniciativa que contempla varias reformas, “y ahí armoniza todas estas leyes para evitar que se sigan perjudicando los derechos de los trabajadores y también incumpliendo con los derechos al fisco”.
Dijo que esta iniciativa es importante y “no le deja espacio para que se siga violando los derechos de los trabajadores, pero también está armonizada con los convenios de la OIT, también ahí esta iniciativa viene a fortalecer la LFT, vamos a cumplir con lo que establecen los convenios de la OIT y vamos a cumplir con lo que viene establecido en el TMEC”.
En materia del reparto de utilidades, es un derecho de los trabajadores y como tal se debe respetar, “estamos de acuerdo de que el reparto de utilidades siga como está en la Constitución”, explicó el legislador.
Los sindicatos de todas las corrientes (CTM; CROM, CROC, UNT, CT) se manifestaron por:
- Fijar un piso y no un máximo para determinar el pago de PTU.
- Mantenerlo como un derecho plasmado en la Constitución.
- Eliminar la subcontratación (outsourcing) que reduce los derechos laborales.
- Apoyo total a la iniciativa de reforma del Ejecutivo.
Sólo las organizaciones sindicales: FENASIB (Federación Nacional de Sindicatos Bancarios); FNSI ( Federación Nacional de Sindicatos Independientes); FTSA (Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos) se manifestaron a favor de tomar acuerdos sobre los montos que se deben pagar sobre PTU y permitir la subcontratación, respetando los derechos laborales.
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México, de los países que más tardarán en recuperar empleos perdidos: PAN
W Radio
La falta de apoyo del gobierno morenista al sector productivo es tan grave, que provocó la peor crisis que las últimas dos generaciones tengan memoria, por lo que es inaplazable echar a andar de inmediato un Plan de Emergencia Económica con apoyos directos a las y los trabajadores que perdieron su empleo e incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas que aún sobreviven, con el fin de reanimar la actividad productiva, generar nuevos empleos y volver a crecer, demandó el Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza.
Tras conocerse que el año pasado se registró un retroceso de -8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el peor desde 1932, y que el gobierno federal ya utilizó el 73 por ciento de los tres fondos de emergencia que tiene el país, Cortés Mendoza en su acostumbrado comunicado dominical, advirtió que si en solo dos años de este gobierno se llegó a tal grado de regresión económica y sangría de los recursos para contingencias, si seguimos sin hacer nada en lo que resta del sexenio, México se nos puede ir de las manos y será de los países en el mundo que más tardará en recuperar los empleos perdidos y la confianza en los inversionistas.
“Por eso, es urgente echar a andar un Plan de Emergencia Económica, en donde lo primero que se tiene que hacer es apoyar a las y los trabajadores que perdieron su empleo. Otorgar incentivos fiscales y créditos con tasas mínimas a las pequeñas y medianas empresas. Destinar recursos extraordinarios a estados y municipios para enfrentar la pandemia, y apoyar a todos los sectores productivos.Sólo de esa manera podremos volver a dinamizar la economía, generar nuevos empleos y evitar que esta crisis se vuelva más catastrófica, como está ocurriendo con la pandemia”, sostuvo.
Cortés Mendoza agregó que para salvar miles de vidas y evitar una catástrofe económica aún mayor, se debe implementar urgentemente un programa masivo de vacunación como el que ya se está realizando en los Estados Unidos, que genere tranquilidad a la población y permita su reactivación.
El dicho del Presidente López Obrador al inicio de la pandemia de que “quiebren las empresas, que tengan que quebrar” se tradujo en que “pierda su empleo, el que lo tenga que perder”. Lamentablemente, ahora conocemos las verdaderas dimensiones del mal manejo de la economía. El gobierno abandonó a su suerte a los 5 millones de trabajadoras y trabajadores que el año pasado perdieron su empleo.
En ese sentido, expresó que el mal manejo de la pandemia y la falta de vacunas seguirán afectando negativamente a la economía y por ello se requiere que el gobierno replantee junto con la sociedad, especialistas, académicos, trabajadores y sectores productivos, las políticas económicas para dar certeza a la inversión, confianza en el país y opciones de empleos dignos para las mexicanas y mexicanos, sin depender de la ayuda gubernamental para sobrevivir.
Esto implica, planteó el dirigente, “que el gobierno morenista modifique la actual política económica por una que ofrezca garantías a la propiedad privada, sea progresiva, promueva la igualdad de oportunidades, genere confianza, atracción a la inversión, estímulos fiscales y reactive a los sectores productivos a través del gasto público.
Adicionalmente, indicó el Presidente del PAN, como medida de emergencia nacional se debe crear de manera inmediata el Ingreso Básico
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Inicia débil el nuevo modelo laboral en México
Mi Bolsillo
Ciudad de México (Verónica Gascón) – El nuevo modelo para solucionar los conflictos laborales comenzó a operar, pero con fallas. El pasado 18 de noviembre entró en vigor la primera fase de la reforma laboral en ocho entidades del País, lo que significa que los Centros de Conciliación locales iniciaron operaciones en lugar de las Juntas Locales.
Los Centros recibirán los casos y tratarán de conciliar entre patrón y empleado en un término de 45 días. Pero los primeros casos que han llegado a los Centros locales se han topado con fallas que obstaculizan acuerdos entre patrones y trabajadores y los casos no se están resolviendo como se esperaría, advirtieron abogados laborales.
“Tengo asuntos en Centro de Conciliación estatal del Estado de México y los veo muy entorpecidos. Todos son novatos, hay un desorden administrativo”. “He tenido siete asuntos que llegan a la solicitud de conciliación a través del Centro, de éstos cuatro decidieron no arreglarse”, comentó Diego García Saucedo, abogado laboral e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Esto contrasta con la afirmación de la Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, de que 80 por ciento de los casos se están resolviendo a través de los Centros de Conciliación.
Luis Adrián Rosas, experto del área laboral de la firma Hogan Lovells, recalcó que es notoria la falta de capacitación del personal para mediar entre las partes en conflicto.
“Todavía no arranca en forma contundente el esquema y hay fallas donde los funcionarios no están suficientemente capacitados, son conciliadores a quienes no se les ha capacitado o no se les han dado técnicas de negociación para que patrón y trabajador lleguen a un acuerdo y no a una instancia judicial”, comentó.
Si no se capacita a los conciliadores, advirtió el especialista, habrá un cuello de botella en resolución de proceso, que justamente es lo que se pretende evitar con la Reforma Laboral.
Las entidades federativas donde iniciaron los Centros de Conciliación locales son Durango, San Luis Potosí, Chiapas, Zacatecas, Hidalgo (sólo en la parte federal), Estado de México, Campeche y Tabasco.
Jorge Sales, abogado laboral de la firma Sales Boyoli, consideró que hay un funcionamiento desigual entre los Centros de Conciliación locales.
“La preparación de los funcionarios conciliadores es muy desigual, hay estados de la República donde se ve que la inversión en preparar a los funcionarios fue más profunda que en otras entidades. Hay funcionarios con buena voluntad pero que no están familiarizados con el derecho laboral”, manifestó. Puso como ejemplo que uno de los funcionarios conciliadores no supo hacer el cálculo correcto y completo de la liquidación de un trabajador.
“La misión del Centro de Conciliación era abatir por lo menos 60 por ciento de las demandas que llegaran para que los tribunales no se saturaran, como sucede actualmente en las Juntas de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, los funcionarios conciliadores que nos han atendido no han hecho algo diferente a lo que ya sabíamos que era el modelo anterior.
“De continuar esta situación, se provocará que los Tribunales se saturen y que el nuevo modelo no pueda funcionar como está pensado, porque vamos a tener tribunales llenos de demandas”, consideró Héctor de la Cruz, abogado del despacho De la Vega y Martínez.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) expuso que el primero de octubre de este año arrancará la segunda fase de la aplicación de la reforma laboral en Baja California, Baja California Sur, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.
Esto implicará que se abrirán los Centros de Conciliación locales y las Juntas dejarán de recibir casos nuevos y sólo abatirán el rezago de expedientes.
Jorge Sales, de Sales Boyoli, opinó que el reto para esos estados será contar con el presupuesto suficiente para cumplir con el calendario propuesto por la STPS.
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Desaparecer outsourcing: jaque al T-MEC, mate a México
El Economista
Por: Elias MichaElias Micha
Las relaciones entre México y Estados Unidos se verán modificadas con la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, quien buscará privilegiar la compra de productos estadounidenses por parte de la Administración Federal (la política Made in America), revitalizar la industria, ofrecer más apoyos económicos ante la pandemia y fortalecer los derechos laborales.
Asimismo, Biden tiene la intención de hacer crecer la región de América del Norte de cara al ascenso económico de China y a la reconfiguración de los mercados y de las cadenas productivas ocasionada por el coronavirus. En este orden de ideas, para Estados Unidos se vuelve muy importante hacer cumplir de manera estricta los acuerdos firmados en el T-MEC.
Dada la cercanía de ambas naciones, es muy importante que nuestro país estreche sus lazos con Estados Unidos y que luche por armonizar los intereses comunes. De lo contrario, atravesaríamos problemas de toda índole, desde económicos y comerciales hasta migratorios y de seguridad nacional. No podemos darnos el lujo innecesario de promover conflictos de esta clase.
La tarea no es sencilla. El T-MEC contiene apartados que nos obligan a erradicar a la brevedad vicios de raíz de nuestra estructura económica y laboral. El mejor ejemplo de ello es la falta de democracia sindical. Se trata de un tema pendiente que encabeza la lista de prioridades de las autoridades estadounidenses y que para México supone un reto enorme.
En este contexto, resultaría suicida que las autoridades nacionales insistieran en desaparecer y criminalizar el outsourcing, una actividad que, no sólo es legal y genera empleos formales en nuestro país, sino que es utilizada con muchísima intensidad en la región de Norteamérica.
De hecho, el 92% de las empresas estadounidenses que operan en México recurren a la subcontratación como un esquema para poder conseguir de manera legal y expedita personal mexicano capacitado, lo cual permite que desarrollen sus actividades. Con la prohibición del outsourcing se afectaría muy negativamente a estas empresas, cosa que atenta contra el espíritu del T-MEC y que obra en perjuicio del nuevo proyecto que Joe Biden está intentando poner en marcha en beneficio de toda la región.
A corto plazo, puede haber conflictos legales que lleguen a las instancias internacionales fijadas en el T-MEC. Sin embargo, tal vez el peor costo a largo plazo será el desgaste político que se generará con el enfrentamiento entre México y Estados Unidos. Paradójicamente, el objetivo del acuerdo era unificar a la región, no dividirla.
Otra consecuencia de la eventual eliminación del outsourcing sería que empresas estadounidenses (y de todo el mundo) dejarían de invertir dinero en nuestro país, ya que muchas de ellas no tienen los conocimientos necesarios para operar sin la ayuda profesional de una subcontratadora. Esto también resulta trágicamente paradójico, pues uno de los objetivos del T-MEC era fomentar la inversión para que nuestro país se desarrollara
Por otra parte, existen resultados indirectos si prospera la iniciativa prohibicionista. El aumento del desempleo y del trabajo informal derivaría en un aumento de los flujos migratorios de México hacia el norte del Río Bravo. Uno de los principales fines de la colaboración entre nuestro país y el que ahora es gobernado por Biden es, precisamente, fomentar el crecimiento para contener la migración forzada, que tanto daña a ambas naciones.
Por otra parte, en caso de que la iniciativa que prohíbe la subcontratación sea aprobada sin cambios sustantivos de forma preferente por el Poder Legislativo en el primer trimestre de 2021, no habrá tiempo de que empresas nacionales y extranjeras hagan los ajustes que se requieren para seguir trabajando. Muchos presupuestos y proyectos son anuales, de tal suerte que sería imposible adecuarse a las nuevas circunstancias. Esto agravaría la crisis y los cierres de negocios que ya de por sí generó la pandemia.
Por todo lo anterior, TallentiaMX considera que diputados y senadores deben regular mas no desaparecer el outsourcing. No podemos ignorar la agenda común y los intereses conjuntos que nos unen con Estados Unidos. Menos ahora que atravesamos una crisis terrible y que Joe Biden ha demostrado querer acercarse y trabajar a favor de la relación entre México y Estados Unidos.
*Elias Micha es director general de TallentiaMX.
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