Los más afectados serán los empresarios, que tendrán que valorar si trasladan o no los aumentos de costos a los consumidores finales
Por: Mario Maldonado / @MarioMal
La reforma eléctrica que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de representar una estrategia para mejorar los costos de la energía y hacer más eficiente su distribución, tiene el objetivo de sacudir a los grupos empresariales y a sus dueños, los hombres y mujeres más poderos@s del país.
Así como sucedió durante la transición, con la cancelación del aeropuerto de Texcoco a través de la cual AMLO dio un golpe de autoridad a empresarios y políticos involucrados, ahora el Presidente busca reformar el sector eléctrico, en el que también confluyen los intereses de funcionarios y exfuncionarios con los de los principales multimillonarios mexicanos y los grandes corporativos extranjeros.
Los grandes beneficiados con la reforma eléctrica que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron los grandes empresarios nacionales y extranjeros, tal cual lo dice el Presidente. En esta lista, además del primerísimo lugar que detenta Iberdrola, están los de los hombres y mujeres más ricos de México.
Apunte entre los grandes beneficiados de los contratos de autoabastecimiento a Carlos Slim con sus empresas América Móvil y Grupo Carso; Ricardo Salinas Pliego, con TV Azteca, Banco Azteca y Elektra; Germán Larrea, con su Grupo México; Alberto Baillères, con Peñoles y Grupo BAL; Claudio X. González, con Kimberly Clark; los Servitje, con Grupo Bimbo; los herederos de Eugenio Garza Lagüera, con FEMSA, y los del Grupo de los 10 de Monterrey: Cemex, Alfa, Vitro, Deacero, Alestra, Autlán, Cuauhtémoc Moctezuma, Sigma, Soriana y muchas más.
En esta lista también están gigantes extranjeros: Walmart, Pepsico, Coca-Cola, BBVA, CitiBanamex; las automotrices GM, Nissan y Ford; grandes cadenas comerciales como Chedraui, La Comer, Liverpool, El Palacio de Hierro; cadenas de cine, como Cinépolis y Cinemex, y las tecnológicas como KIO Networks, de María Asunción Aramburuzala.
Todas estas compañías son autoabastecedoras de energía o forman parte de sociedades que producen electricidad. El principal socio de algunos de estos es Iberdrola.
Otro modelo de generación de energía es el de los productores independientes, del que Iberdrola también concentra a la mayoría, los cuales tienen contratos de largo plazo con la CFE —algunos hasta 2040— para venderle electricidad de forma exclusiva; la empresa estatal corre con la mayoría de los gastos y riesgos de operación. Este esquema es similar al de los contratos con las empresas de gasoductos que se renegociaron el año pasado.
Estos dos esquemas son los que tienen a Manuel Bartlett y al Presidente más que dispuestos a poner de cabeza la inversión privada, pues los consideran los verdugos de la CFE y los responsables de sus pérdidas multimillonarias. Si Bartlett tuviera la decisión expropiaría todos los activos privados, tal como lo sugirió a AMLO cuando se negociaban los contratos de gasoductos.
Este el verdadero trasfondo de la reforma, toda vez que los cambios no significarán mejores servicios ni menores tarifas. En todo caso, los más afectados serán los empresarios, que tendrán que valorar si trasladan o no los aumentos de costos a los consumidores finales.
¿Las pequeñas y medianas empresas, así como los hogares de consumo alto o medio también van a pagar más por la electricidad que deberán comprar únicamente a la CFE? Seguramente sí, pero qué importa: son la clase media ‘aspiracionista’.
A los que sí va a subsidiar el gobierno son a los más pobres; a los beneficiaros de los programas sociales; a la base electoral de la 4T.
Los ricos y clasemedieros que se jodan.
mario.maldonado.padilla@gmail.com
Tomada de El Universal.
