Por: Juan Miguel Ramírez Sánchez / @juanmiguel_ofic*
En México, la crisis sanitaria se convirtió rápidamente en una crisis económica, social y política sin precedentes, golpeando más a los más vulnerables. En los hogares de menores ingresos van desde la pérdida de empleo e ingresos hasta la falta de información sobre la propia enfermedad. El Covid-19 ha derrumbado la actividad económica y los indicadores sociales de los mexicanos. El virus ha cimbrado a todos los sectores económicos, y deja al descubierto las desigualdades de nuestra sociedad.
Los más pobres son los que están sufriendo más, ya que enfrentan la pandemia desde una posición más débil que la del resto de la población. No disponen de ahorros para hacer frente a la pérdida repentina de ingresos, tienen niveles educativos relativamente bajos y viven, muchas veces hacinados y con poco acceso a servicios públicos de calidad.
Los costos económicos, no son los mismos para todos, sobre todo para el 60% que vive en la pobreza o pobreza extrema. Esta pandemia nos deja la mayor recesión económica y social que hemos vivido, que ya es comparada a la de 1995, la más severa de la historia moderna de México.
Si las economías grandes sufrirán considerables pérdidas en su Producto Interno Bruto (PIB), en nuestro país, el impacto socioeconómico que viene tras la pandemia va a ser gigante, los daños serán, principalmente en el proceso educativo, en la alimentación y en alejamiento a la escuela, por ejemplo, de niños que intentarán sobrevivir en el trabajo infantil para apoyar a la familia.
La pobreza y la situación económica condiciona el derecho a la educación en condiciones dignas a los habitantes de México, de Guanajuato, y sobre todo de Celaya, por lo que es necesario plantear propuestas inclusivas y equitativas, no solo para el tiempo de la crisis del coronavirus, sino también para después.
