La Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado de Guanajuato llevó a cabo mesas de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato.
Seguridad patrimonial para mujeres
La primera propuesta busca dar seguridad patrimonial a las mujeres víctimas de violencia para que en caso de que sufran agresiones por parte de su pareja puedan permanecer en la vivienda que habita la familia, sin preocuparse por los gastos que derivan de la manutención del hogar.
Al hacer uso de la voz, Roberto Ávila García, magistrado del Poder Judicial del Estado, manifestó que la finalidad de la iniciativa es congruente con el estándar de tutela al derecho fundamental a vivir en un entorno libre de violencia, sin embargo precisó que no sería indispensable debido a que las autoridades ya pueden utilizar todos los insumos para establecer este tipo de medidas.
En su intervención, Jorge Luis García Gómez, de la Fiscalía General del Estado, indicó que no era necesario la inserción de la orden de protección proyectada en la iniciativa ya que actualmente se cuenta con el marco jurídico para llevar a cabo lo pretendido, además de que bajo determinadas circunstancias es probable que dicha orden no resulte ser la idónea para la protección de la víctima.
Por su parte, Luis Alberto Estrella Ortega, integrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, señaló estar a favor de toda propuesta que priorice la protección de las mujeres en la entidad, pero que la norma en mención contempla como medida de protección la desocupación por la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble.
Asimismo, Viviana Cifuentes Adón, directora jurídica del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, precisó que existen supuestos no contemplados en la iniciativa como los son cuando los agresores viven en el mismo lugar que las mujeres y estos no trabajan; los casos donde el agresor deja de pagar un crédito hipotecario y se obligue a la víctima a desocupar el inmueble por incumplimiento de pago; así como el supuesto de que la víctima sea agredida por otra mujer.
Al emitir opinión, Vicente Vázquez Bustos y Carlos Torres Yáñez, representantes de la Coordinación General Jurídica, expresaron que la finalidad de la iniciativa es loable pero que varios de los alcances que se pretenden ya están contenidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que sería indispensable regular la propuesta acorde a la norma general o reforzar los ordenamientos que aplican para el estado de Guanajuato y las entidades federativas.
Al hacer uso de la voz, la diputada Martha Guadalupe Hernández Camarena externó que la propuesta de manera técnica rompe con la sistematización de la ley toda vez que la iniciativa sobrepone un artículo a uno derogado, lo cual impide conocer el texto anterior a la derogación. También comentó que se está dejando de observar la reforma en materia de órdenes de protección que se publicó en junio del 2022.
En su intervención, la legisladora Katya Cristina Soto Escamilla calificó como inviable la iniciativa por exceder el ámbito de competencia, al pretender incluir una medida de protección adicional cuya naturaleza no se encuentra armónica con la normativa general y se estaría sobre regulando de protección no provisional, ya que la iniciante no considera la existencia en el Código Nacional de Procedimientos Penales de las medidas de protección.
Finalmente, la congresista Yulma Rocha Aguilar dijo que la propuesta es efectiva para darle mayor visibilidad a la problemática planteada, pero que en todo caso se tendrían que enunciar las más de 30 órdenes de protección que se contemplan en la ley general, al no estar actuando de manera sistemática con el resto de la norma, sumado a que las órdenes de protección tienen que ser de carácter integral.
Violencia laboral
La segunda iniciativa analizada pretende perfeccionar el concepto de violencia laboral, con el objetivo de proteger a la mujer de acciones que vulneren su integridad y libre desarrollo como persona humana.
En su intervención, Juana Haydeé Escobar Porras, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, propuso el aumentar los supuestos de violencia laboral e incluir aspectos como daño psicológico, hostigamiento y acosos sexual. Agregó que la discriminación en el ámbito laboral no sólo abarca a mujeres embarazadas, debido a que esta puede darse de forma general.
Por su parte, Luis Alberto Ortega Estrella, de la PRODHEG, manifestó que la discriminación y violencia en el ámbito laboral hacia las mujeres, trastocan distintos ámbitos del desarrollo y del núcleo esencial de su integridad moral y dignidad, por lo que reforzar el marco jurídico de defensa y protección de los derechos de las mujeres para evitar la violencia laboral por motivos de embarazo, fortalece la efectividad de su derecho a trabajar y a vivir una vida libre de violencia.
Al hacer uso de la voz, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco, representante de la Coordinación General Jurídica, mencionó que las leyes locales deben contar con fundamentos sólidos en los que se observen ciertas formas de violencia diferenciada en las mujeres. Complementó que en la violencia laboral pueden presentarse otros eventos de violencia que refuerzan la exclusión de las mujeres en el espacio profesional, afecta negativamente sus posibilidades de obtener recursos por cuenta propia y se limita su capacidad de decisión autónoma.
La diputada Katya Cristina Soto Escamilla dijo que la iniciativa es inviable por generar incertidumbre al no señalarse en qué situación la mujer embarazada puede abandonar su trabajo, además de que existen disposiciones que no se armonizan con la normativa general en la materia.
Finalmente, la legisladora Yulma Rocha Aguilar calificó la iniciativa como atinada por traducirse las condiciones biológicas a condiciones de desigualdad y de discriminación por eso en periodo de embarazo o lactancia, pero propuso armonizar la iniciativa con la norma general que tiene como objetivo ampliar la protección de las mujeres en lo laboral.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Yulma Rocha Aguilar (presidenta), Noemí Márquez Márquez, Martha Guadalupe Hernández Camarena y Katya Cristina Soto Escamilla.
Todas acompañados por representantes del Poder Judicial del Estado; de la Fiscalía General del Estado; de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses; de la Coordinación General Jurídica del Estado; y del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato.
