Las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables sesionaron este día para dar trámite a diversos asuntos de su competencia.
En primer lugar, acordaron las metodologías de análisis de diez iniciativas:
La primera, busca reformar la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato para que durante el procedimiento de investigación de presuntas violaciones a derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos esté en posibilidad de solicitar a las autoridades competentes la o las medidas precautorias o cautelares, con el objeto de conservar, hacer cesar o restituir a la persona en el goce de sus derechos humanos, sin esperar hasta que se emita la recomendación correspondiente.
Para su estudio se remitirá a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, quien tendrá hasta el 26 de agosto para enviar sus observaciones y se habilitará una liga en el portal de internet del Congreso por el mismo periodo. Además, se solicitará al Instituto de Investigaciones Legislativas su opinión y se integrará un grupo de trabajo.
La segunda, sexta, séptima, octava y novena plantean modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para introducir la conducta de violencia vicaria, con el propósito de erradicar la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en la entidad, incluir varias conductas en el marco jurídico estatal entre las que se encuentra la violencia a través de interpósita persona, a fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres; reconocer, prevenir, atender y sancionar la violencia vicaria; establecer mecanismos institucionales que aseguren la igualdad sustantiva entre los niños, niñas y adolescentes y garantizar el derecho a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para los niños, niñas y adolescentes.
Todas se enviarán a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Sistema de Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Coordinación General Jurídica y a organizaciones de la sociedad civil. De igual manera, se celebrarán reuniones con organizaciones que compartan su visión en el tema.
La tercera, propone reformas a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado para que las organizaciones civiles puedan acudir a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PRODHEG) a denunciar violaciones en la materia, iniciativa que se enviará a la PRODHEG.
La cuarta, busca modificar la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato que pretende garantizar que todo establecimiento mercantil y toda oficina pública en el Estado de Guanajuato cuenten con señalética visible que prohíba expresamente la discriminación por cualquier motivo. Ésta se remitirá a los 46 ayuntamientos del Estado, a la presidencia del Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a la Coordinación General Jurídica; y se celebrarán mesas de trabajo con universidades, organizaciones y colectivos para conocer su opinión, conforme al formato que se apruebe en su momento.
La quinta para reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, con la finalidad de ampliar el espectro de protección jurídica de las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas en la entidad, la cual se remitirá al Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, a periodistas y defensores de derechos humanos que integran el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a la Coordinación General Jurídica.
También se llevarán a cabo reuniones con periodistas y organizaciones que compartan su visión en el tema de la propuesta.
La última, propone modificaciones a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad para garantizar a las personas con discapacidad el derecho a recibir un apoyo económico permanente a fin de garantizar su inclusión efectiva, y se remitirá a los 46 ayuntamientos, al Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a la Coordinación General Jurídica. Además, se realizaría un foro de consulta de la iniciativa.
Todos los entes consultados contarán hasta el 26 de agosto para enviar sus comentarios, mismo tiempo que estará habilitada la liga en el portal de internet para cada una de las iniciativas. Además, se solicitará para todas las propuestas al Instituto de Investigaciones Legislativas su opinión, y se llevarán a cabo reuniones de análisis.
La diputada Briseida Anabel Magdaleno González solicitó que de la segunda a la décima iniciativas se revise en paralelo la consistencia legal de las propuestas, previo a las mesas de trabajo, y después del 26 de agosto se determine el siguiente paso de análisis. La propuesta fue aprobada por mayoría.
Por su parte, el diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes indicó que se estarían tomando criterios distintos y que entrarían a un terreno ilegal porque no se analizarán igual.
Aprueban dictámenes
Como parte del orden del día se aprobaron los dictámenes de tres propuestas de punto de acuerdo en los cuales se ordena su archivo definitivo, los cuales buscaban exhortar al gobierno estatal, así como al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a emprender las tareas requeridas para la creación del Registro Estatal sobre Orfandad a causa del COVID-19; así como para que se presentara un informe detallado sobre los avances del Programa Unidos GTO Apoyo por Covid-19; solicitar al titular del Poder Ejecutivo estatal que se diseñen, implementen, ejecuten y evalúen políticas públicas efectivas de no discriminación.
De igual manera, pedir al titular del Poder Ejecutivo y a los 46 ayuntamientos del estado de Guanajuato que diseñaran, implementaran, ejecutaran y evaluaran un programa de capacitación con perspectiva de diversidad sexual a todos sus servidores públicos, así como a toda la población del Estado.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Katya Cristina Soto Escamilla, Briseida Anabel Magdaleno González y Janet Melanie Murillo Chávez; así como los diputados David Martínez Mendizábal (presidente) y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.
