Con el objetivo de profundizar sobre el tercer informe de actividades presentado por el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, y conocer el estatus que guarda la procuración de justicia en la entidad, se llevó a cabo una mesa de trabajo.
El diputado Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que ejercicios como este abonaban a la comprensión colectiva del contexto, favorecían el acercamiento permanente entre las autoridades y la población y facilitaban el involucramiento y supervisión social en la toma de decisiones públicas.
Agregó que estaban seguros de que la transparencia y el acceso a la información, juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas gubernamentales y, por lo tanto, una mejor rendición de cuentas.
Con base en la mecánica aprobada, Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general, realizó una presentación donde destacó que se disminuyeron las recomendaciones emitidas a la institución; en materia de personas desaparecidas, comentó que se llevaron a cabo reuniones con colectivos y familiares, para escuchar sus reclamos; habló sobre las acciones en materia de derechos humanos; la sustentabilidad corporativa e información financiera; y los casos relevantes en procuración de justicia; entre otros temas.
Preguntas y respuestas
En la primera ronda de preguntas intervinieron las diputadas y los diputados Laura Cristina Márquez Alcalá, Ernesto Millán Soberanes, Yulma Rocha Aguilar, Martha Lourdes Ortega Roque y Dessire Ángel Rocha, quienes cuestionaron sobre qué beneficios han traído los mecanismos alternativos de solución de controversias penales; si hay afectación por el número de ministerios públicos que se tienen; las acciones para la atención integral a las familias de víctimas de personas desaparecidas; qué diagnóstico o evaluaciones han hecho sobre los procesos internos para generar las cifras delictivas y los mecanismos para mejorar la deficiencia de la fiscalía en estadística criminal.
También indagaron sobre el tema de los ministerios públicos y qué estaba sucediendo; qué estaba pasando con el fondo que manejan para víctimas; cuántas de las mujeres víctimas de feminicidio denunciaron algún tipo de violencia; cuántas redes de trata operaban en el estado; cómo se priorizaba la aplicación de los recursos; cómo lograr evaluaciones internas serias; los mecanismos de evaluación; cómo se priorizan las investigaciones; entre otras.
Violencia contra mujeres
En la segunda ronda, las preguntas versaron sobre la estrategia de justicia en los municipios con mayor incidencia delictiva; las acciones que están realizando para erradicar o disminuir la violencia feminicida; si se tiene planeado en lo futuro crear nuevas sedes del Centro de Justicia para las Mujeres; si ha incrementado la impunidad; el impacto del uso de la tortura en la judicialización de las causas; las medidas adicionales a los cursos se pueden tomar para que el índice de señalamientos de tortura disminuya; a qué se debía el descenso de Guanajuato en México Evalúa; cómo pretenden garantizar que los ejes estratégicos van a bajar la impunidad; el número de casos resueltos de trata de personas; la situación estatal en cuanto a la incidencia del citado delito, así como las acciones más relevantes que se han realizado en ese tema.
También profundizaron sobre las estrategias implementadas para la atención y seguimiento, a fin de disminuir la cifra negra de delitos que no se denuncian; la clasificación de los feminicidios; las acciones sobre los casos de masacres que señala Causa Común; las acciones que se seguirán implementando para el debido funcionamiento de la Unidad de Investigación de Inteligencia Patrimonial y Económica; cuáles eran las principales actividades delictivas de las bandas y células delictivas que se desarticularon en el año que se reportaba; las acciones que han implementado para combatir el fenómeno denominado “puerta giratoria y las llevadas a cabo para seguir creciendo en el índice de transformación digital.
Indagaron sobre si se encubrían a funcionarios corruptos; los retos que se observan en la persecución del delito; qué requiere la Fiscalía para mejorar sus procesos; las metas que se fija la Fiscalía respecto al programa de empoderamiento personal y prevención de la violencia contra las mujeres; el procedimiento para el porcentaje que sigue activo del Protocolo ALBA; la opinión del funcionario respecto a que la localización de personas desaparecidas es principalmente logro de los colectivos de búsqueda y no de las autoridades; cómo coopera la fiscalía con la Secretaría de Seguridad Pública para combatir el crimen y la violencia en labores preventivas.
Retos que enfrenta la Fiscalía
Otro de los temas que cuestionaron fueron el seguimiento que se le da a una víctima de violencia que ingresa a refugio temporal; el protocolo en los ministerios públicos en caso de que hubiera una supuesta situación de corrupción; acciones con relación al trato y atención ciudadana; los mayores retos que afronta la Fiscalía General para lograr consolidarse y abatir los altos índices delictivos; las acciones relevantes en cuanto a los delitos contra el medio ambiente; porque se centralizó el servicio médico forense en Guanajuato capital; el número de detenciones hechas por la Fiscalía y remitidas la autoridad federal; las acciones extras que hará la Fiscalía para que los colectivos sigan siendo atendidos y escuchados; por mencionar algunas.
El funcionario dio respuesta a cada uno de los cuestionamientos, entre lo que mencionó que existía ventaja con los mecanismos alternos porque un gran porcentaje tiene una respuesta positiva e inmediata; señaló que a los ministerios públicos se les fortalece con diversas acciones, como la utilización de tecnologías en la recepción de denuncias; que se brinda atención periódica a las familias de personas desaparecidas; que el 91% de los homicidios están relacionados con la delincuencia organizada; que la estadística que se formula es clara, son políticas y lineamientos de carácter federal a los cuales se ciñen 100% y no tienen ninguna observación al respecto.
Agregó que la entidad era la mejor en cuanto a registros de hechos delictivos y que se cuenta con diversos sistemas que como herramientas permiten que ninguna persona genere un dato falaz; que ninguna víctima de feminicidio denunció con antelación; que se ha denunciado el tema de redes de trata; que entre sus prioridades está el servicio que se da al ciudadano, que es la procuración de justicia; que el capítulo 1000 no se podía aumentar más del 3%; la capacitación y vigilancia de los órganos internos para disminuir los índices de tortura; y que en los casos donde ha habido más de una víctima se priorizaba su esclarecimiento.
Asimismo, señaló que las competencias de cada autoridad en materia de seguridad eran claras; que la dependencia era el segundo lugar en sentencias condenatorias; que la realización de las necropsias se está agilizando; se han detenido más de 1000 personas relacionadas a organizaciones criminales; entre otros aspectos.
El legislador Luis Ernesto Ayala Torres agradeció la disposición del fiscal general, y subrayó que el servicio público implica un compromiso con la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas.
