El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato y al Código Penal estatal con la que se pretende que la población tenga acceso a servicios en materia de agua y otorgar certeza jurídica a los actos que realicen las autoridades locales en la provisión de servicios públicos en la materia.
El diputado Miguel Ángel Salim Alle habló del marco normativo que se ha creado orientado al ordenamiento territorial, mediante el cual se han emitido diversas disposiciones legislativas y reglamentarias enfocadas en lograr el orden urbanístico y la legalidad inmobiliaria en asentamientos humanos de la entidad.
Señaló que el agua potable y el saneamiento eran indispensables para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de toda persona, ya que la falta de acceso al aguan potable y a los servicios de saneamiento tenían graves repercusiones en el derecho a la salud.
Precisó que de acuerdo con el Programa Estatal Hidráulico de Guanajuato se tiene que a nivel municipal la cobertura promedio de agua potable es de 89.4%, mientras que la de drenaje alcanza un 82.65%.
Salim Alle manifestó que se proponía una reforma en el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato a fin de que, dentro de los procesos de regularización de la tenencia de la tierra ejecutados por el gobierno del estado y los ayuntamientos, a través de las instancias constituidas para ese objeto, exista la posibilidad de realizar acciones tendientes a la ejecución de obras de infraestructura, así como la dotación de los servicios públicos de agua potable y de drenaje y en su caso, de tratamiento y disposición de aguas residuales, para los lotes en proceso de regularización.
Agregó que la reforma planteada otorgaría facultades a la Secretaría de Desarrollo Social Humano, a fin de coadyuvar con las autoridades federales y locales para la dotación de servicios públicos de agua potable y drenaje y en su caso de tratamiento y disposición de aguas residuales, a los asentamientos humanos en proceso de regularización.
Asimismo, dijo, se prevén expresamente atribuciones para los ayuntamientos y los organismos operadores a fin de que provean servicios de su competencia en asentamientos humanos sujetos a procesos de regularización.
El congresista manifestó que era necesario acompañar la iniciativa con una reforma que permita evitar generar cualquier incentivo para prácticas que motiven distorsiones en el ordenamiento territorial y que den certeza a los actos legales que se desprenden de la provisión de servicios públicos, en específico, en relativo al agua potable y drenaje.
Salim Alle subrayó que era preciso combatir de forma decidida prácticas que, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad económica de ciudadanos y de su necesidad de contar con un espacio donde construir una vivienda para el establecimiento de su hogar, han promovido la formación de asentamientos humanos sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la normatividad.
En ese sentido, apuntó que con la reforma penal se busca eliminar la ambigüedad que ha ocasionado que diversas autoridades estatales y municipales se vean limitadas en sus funciones encaminadas a atender a los asentamientos humanos que carecen de servicios públicos básicos.
La parte correspondiente al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato se remitió a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y de Desarrollo Social y Económico; mientras que lo relativo al Código Penal se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
