El investigador José Luis Velasco sostiene que la alianza entre la inteligencia de EE.UU. y el narco explica la fuerza actual de las organizaciones criminales en México.
Una alianza forjada entre la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. y los cárteles de la droga, junto con gobiernos mexicanos, hace tres décadas, provocó que el Cártel de Sinaloa se convirtiera en una organización trasnacional con el poder de desafiar al Estado mexicano, tal como ocurrió el pasado 17 de octubre en la ciudad de Culiacán, tras la captura y liberación de un hijo del narcotraficante Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.
Pero mientras las disputas territoriales entre los cárteles han provocado que México registre niveles récord de violencia, el académico José Luis Velasco Cruz, profesor del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostiene que la verdadera misión que el actual Gobierno ha encomendado a los militares no es acabar con las organizaciones del narcotráfico, sino reconstruir el Estado mexicano, tras los estragos sociales que dejó la etapa neoliberal.
Según el experto, que encabeza un proyecto para tratar de entender la violencia del narcotráfico en el país y su relación con procesos políticos, la estrategia de seguridad del Estado mexicano en las últimas décadas ha estado orientada en contener la violencia de los cárteles, en lugar de erradicarlos. Una situación que, en cualquier caso, se mantienen prácticamente intacta.
El pacto entre la CIA y narcotraficantes sinaloenses
Para Velasco, el origen de esta historia se remonta a la década de 1970, con la intervención de EE.UU. en América Latina a través de la Operación Cóndor, un plan diseñado por Henry Kissinger para apoyar a las dictaduras de derecha en la región y acabar con la “amenaza comunista”. Dicha estrategia incluyó el apoyo a los gobiernos autoritarios para acabar con opositores, lo que generó una colaboración cada vez más estrecha entre los servicios de inteligencia estadounidense y las florecientes organizaciones de narcotraficantes, que eran utilizadas en operaciones clandestinas de contrainsurgencia.
Esta relación entre la CIA y el narco se fortaleció aún más en México durante la década de 1980, cuando en un contexto de crisis económica y revoluciones sociales en Centroamérica, la CIA, el Cártel de Guadalajara y la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) de México, establecieron un pacto que explica el crecimiento y la internacionalización de los cárteles de la droga mexicanos.
“Esa colaboración entre el Cártel de Sinaloa, el Gobierno mexicano y EE.UU. para apoyar a la contra en Nicaragua y a la derecha en El Salvador y Guatemala, fue lo que le dio el enorme impulso al narcotráfico mexicano”, José Luis Velasco, investigador del IIS UNAM.
“A veces se soslaya la alianza especialmente entre el Cártel de Sinaloa y el aparato de seguridad de México y EE.UU. Sobre todo en la década de 1970 y de 1980. Los narcotraficantes sinaloenses, asentados en Guadalajara a principios de los 80 –que dejaron Sinaloa después de la Operación Cóndor de finales de los 70 y se asentaron en Guadalajara– colaboraron con la DFS de México y con la CIA en la guerra de Centroamérica, una historia bastante contada, pero cuyo impacto en el desarrollo ulterior del narcotráfico en México se olvida”, afirma Velasco en entrevista con RT.
“Esa colaboración entre el Cártel de Sinaloa, el Gobierno mexicano y EE.UU. para apoyar a la contra en Nicaragua y a la derecha en El Salvador y Guatemala, fue lo que le dio el enorme impulso al narcotráfico mexicano, permitiéndole pasar de ser un negocio local, binacional, a un negocio auténticamente trasnacional, hemisférico”, afirma el académico.
De este modo, la CIA colaboró con el Cártel de Guadalajara, encabezado por Caro Quintero, con el objetivo de utilizar parte de las ganancias del narcotráfico para financiar la contraguerrilla sandinista en Nicaragua, de acuerdo con testimonios como los de los exagentes de la DEA (la Administración para el Control de Drogas de EE.UU) Phil Jordan y Héctor Berrellez. De acuerdo con algunas versiones, la CIA incluso entrenaba a los contras nicaragüenses en el rancho El Búfalo, propiedad de Caro Quintero.
La intervención de agencias estadounidenses en el mercado ilegal de drogas también fue expuesta por el periodista Gary Webb, quien documentó la manera en que la CIA facilitó la venta de crack en California para financiar operaciones anticomunistas también en Centroamérica.
Y fue precisamente en este periodo que las autoridades estadounidenses bloquearon la ruta de la cocaína por el Caribe para abrir la llave a los cárteles mexicanos, coludidos con agencias de EE.UU.
“Mientras la ruta del Caribe florecía, los mexicanos tenían poca oportunidad de participar en ese mercado. La ruta natural de Colombia a EE.UU. es por el Caribe, pero se selló esa ruta y por otro lado se hizo una alianza con los narcotraficantes. Eso le dio a los mexicanos y particularmente a los sinaloenses, asentados en Guadalajara, la entrada como jefes al negocio de la cocaína”, apunta el académico.
Un acontecimiento que explicaría el surgimiento del Cártel de Sinaloa como una fragmentación del Cártel de Guadalajara. No pasaría mucho tiempo para que los narcotraficantes sinaloenses se convirtieran en la principal organización de tráfico de drogas a nivel global.
Expansión y guerra
En la década de 1990, el Cártel de Sinaloa continuaría su expansión territorial y operativa, mientras fortalecía su alianza con altos funcionarios del Estado mexicano, en un contexto social marcado por crisis económicas.
“Fue en un contexto de crisis económica, la década perdida. El narcotráfico fue un negocio próspero, una oportunidad económica para cientos de miles de mexicanos. Es lo que le dio fuerza al grupo de Sinaloa y lo que explica la fuerza que tiene ahora”, explica.
De ahí que el tráfico de drogas fue visto en varias regiones de México como una alternativa a la carestía económica, al igual que ocurrió con la migración a EE.UU. ante las precarias condiciones de vida que prevalecían en territorio mexicano. Dos factores que, de acuerdo con Velasco, permitirían mitigar y maquillar durante algún tiempo los estragos sociales del modelo neoliberal en México.
“El Gobierno de México lo vio como una oportunidad, equivalente a la migración a EE.UU., como una manera de quitarle tensión a la economía y la estructura social”, apunta.
“Los objetivos prácticos de las fuerzas armadas en México no fueron destruir a las organizaciones de narcotraficantes, sino solo contener su violencia, castigar a las que estaban siendo muy escandalosas”, José Luis Velasco, investigador del IIS UNAM.
Pero el problema real vino cuando el mercado de la droga se volvió muy violento, ante una caída en el consumo de cocaína en EE.UU. durante los primeros años del siglo XXI, así como una creciente competencia entre los cárteles mexicanos de la droga.
“La cocaína perdió mucho de su rentabilidad. Los sinaloenses para mantener su nivel de negocio tuvieron que atacar a sus rivales históricos del Golfo y comenzó la guerra entre narcotraficantes”, relata el experto.
El académico considera que la primera reacción del Gobierno mexicano fue “dejar que se mataran entre ellos”, hasta que la violencia llegó a niveles escandalosos en lugares como Tamaulipas, en 2005. Esto dio pie a que el presidente Felipe Calderón viera “una oportunidad para legitimarse y acentuó ese combate al crimen organizado”, tras decretar la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ después de ser acusado de cometer fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006.
“Pero los objetivos prácticos de las fuerzas armadas en México no fueron destruir a las organizaciones de narcotraficantes, sino solo contener su violencia, castigar a las que estaban siendo muy escandalosas”, sostiene el investigador.
De ahí que algunos funcionarios del Gobierno de Calderón, como el general Mario Acosta Chaparro, quien participó en la Guerra Sucia para desaparecer a opositores en la década de 1970 y estuvo encarcelado por presuntos vínculos con el narcotráfico, fuera señalado de haber sido el intermediario del Gobierno federal con los cárteles del narcotráfico, antes de ser asesinado en 2010, en medio de una intriga política.
“Esta colaboración entre narcotraficantes y gobiernos se le ve como corrupción, pero en realidad es una parte de la estrategia del Estado mexicano”, señala Velasco, quien considera que esta colaboración inconfesable podría incluso explicar casos como el de Ayotzinapa.
Todo esto debido a que, desde su perspectiva, la desaparición de los 43 estudiantes fue un ejemplo de colaboración entre el Estado y organizaciones criminales utilizadas como brazo represor de opositores políticos. Una táctica que se ha utilizado desde los años de la Guerra Sucia para acabar con grupos inconformes.
Presiones para el operativo en Culiacán
En este sentido, advierte que, más que un triunfo para el Cártel de Sinaloa, los hechos ocurridos tras la captura y liberación de Ovidio Guzmán representan una derrota para la organización criminal que a lo largo de su historia se había caracterizado por no confrontar al Estado mexicano.
“Por eso el lugar tan privilegiado del Cártel de Sinaloa dentro del sistema del crimen organizado, porque son los que han evitado más consistentemente desafiar al Estado. Porque al que desafía al Estado le va muy mal, como le pasó a Los Zetas o los Caballeros Templarios”, expresa.
Velasco explica que una característica del Cártel de Sinaloa fue su capacidad para corromper a funcionarios y militares en lugar de enfrentarlos directamente.
“Eso le ha dado a los sinaloenses una enorme ventaja en la competencia con sus rivales. Atacar al Ejército lo hacen los del Golfo, los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, no los sinaloenses”.
Sin embargo, esa postura comenzó a cambiar desde una emboscada a militares en septiembre de 2016, tras la captura del Chapo Guzmán en la que terminaría siendo extraditado a EE.UU.
Por ello, el experto señala que tanto la presión de la opinión pública por la crisis de violencia en México –con al menos 25.890 homicidios dolosos de enero a septiembre de 2019–, como la de EE.UU., fueron dos de los principales factores que explican una serie de operativos realizados por el Gobierno mexicano para tratar de presumir un triunfo en cuanto al combate al crimen, situación que resultó contraproducente en Culiacán pero también en los operativos que derivaron en la masacre de Tepochica, Guerrero, y días después en el barrio de Tepito, en Ciudad de México.
“López Obrador ha decidido no confrontar a Donald Trump porque quiere concentrar sus esfuerzos en construir y reestructurar el Estado mexicano, un proyecto más ambicioso. Y para que ese proyecto no se descarrile, López Obrador tiene que mantener contento a EE.UU. Y para mantenerlo contento, hay que continuar con el enfoque al crimen organizado como EE.UU. lo prefiere”, afirma el investigador.
La verdadera misión del Ejército: reconstruir el Estado
Sin embargo, Velasco considera que aún cuando las cifras de violencia en México se encuentran a niveles históricos, el Gobierno de López Obrador busca utilizar a los militares para un propósito más importante que el combate al crimen: reconstruir el Estado mexicano en la era posneoliberal.
“En realidad el Gobierno federal está queriendo usar a las fuerzas armadas como uno de los pilares para la reestructuración del Estado mexicano”, señala el académico.
“Uno de los medios principales para reconstruir un Estado posneoliberal es usar a las fuerzas armadas”, José Luis Velasco, investigador del IIS UNAM.
Una situación que explica la manera en que se han delegado cada vez mayores tareas civiles a las fuerzas armadas mexicanas, tales como la construcción de obra pública (como el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles), plantar árboles, atender desastres naturales y encargarse de la seguridad pública, sin un incremento en el presupuesto o número de sus tropas.
“Las fuerzas armadas en el proyecto evidente de la actual administración tienen una función más importante que combatir al crimen organizado. Esa función es ayudar a a restablecer nuevas relaciones entre un Estado más centralizado, más autoritario, y la sociedad”, añade.
De este modo, apunta Velasco, el Ejército mexicano ha quedado rebasado ante un reducido número de tropas (277.000 efectivos para un país de 125 millones de habitantes, un número inferior a los 295.000 efectivos frente a 48 millones de habitantes que tiene Colombia), situación que fue diseñada así desde el fin de la Revolución Mexicana, para acotar el poder de los mandos militares e impedir golpes militares como los que acontecieron en el resto de América Latina.
“Aunque su objetivo no es establecer una dictadura militar, uno de los medios principales para reconstruir un Estado posneoliberal, que no necesariamente significa democrático, es usar a las fuerzas armadas”, señala Velasco.
Una situación que, más allá de las preferencias ideológicas de los militares, genera tensiones al interior del Ejército, de acuerdo con el investigador.
De este modo, las relaciones de poder inmersas en la historia reciente del narcotráfico explican la magnitud del fenómeno y las dificultades que enfrenta México para contener una crisis de violencia que se fue gestando con el paso de los años, con el inconfesable apoyo de EE.UU. y los más altos funcionarios de los últimos Gobiernos mexicanos.
Tomado de RT.
Publicada en Noviembre del 2019.
