Por: Jesús Zambrano / @Jesus_ZambranoG
La iniciativa que López Obrador envió a la Cámara de Diputados con la que pretende reformar la Constitución en materia energética, contiene una serie de aristas que deben ser consideradas para decidir el sentido del voto: Las ambientales, los acuerdos internacionales, las de carácter económico, las sociales y las políticas.
La iniciativa describe muy “bonito” una transición energética que permitiría reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero y que sería la CFE el organismo responsable de su ejecución.
No obstante, el inciso H del Segundo transitorio establece la cancelación de los Certificados de Energía Limpia, que hasta ahora han sido el incentivo más poderoso para la generación de energía renovable.
De esta forma, y contrario a una transición energética, el gobierno priorizaría el uso de diésel, combustóleo y carbón para la generación de energía, afectando el derecho a la salud y a un medio ambiente sano para todos los mexicanos.
Así, esta reforma sería un retroceso y haría inviable que México cumpla con su compromiso de generar 35 por ciento de su energía a partir de fuentes limpias para 2024, plasmado en el Acuerdo de París.
También se vería afectado el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. El inciso A del Segundo artículo transitorio del decreto cancela los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, lo cual viola el principio de no retroactividad de las leyes, afectará las relaciones de México y nos expondría a un reclamo de indemnizaciones y arbitrajes internacionales.
La iniciativa plantea que la CFE generará al menos el 54 por ciento de la energía eléctrica que requiera el país y el sector privado podrá participar hasta en el 46 por ciento restante. Inmediatamente después señala que el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la CFE. Es decir, los privados podrán generar energía eléctrica pero solo podrán vendérsela a CFE y por lo tanto, dicha iniciativa otorga a la CFE el monopolio del proceso de provisión de electricidad.
López Obrador asegura que con ello bajarán los precios de la electricidad. Ello es falso ya que eliminar la competencia nunca ha traído resultados positivos para los consumidores. Para muestra basta con revisar los costos de generación de energía proporcionados por la CRE: En 2020, la generación de energía producida por la CFE tuvo un costo promedio de 1 mil 413 pesos por megawatt-hora, mientras que la de los privados a partir de energías renovables fue de 401 pesos por megawatt-hora.
La pregunta obligada es ¿cómo van a bajar los precios de la electricidad si la energía que genera actualmente la CFE es hasta 252 por ciento más cara que la de los privados? La única opción será subsidiando los precios de la electricidad, con lo que los principales afectados seremos todos los mexicanos al terminar pagando esos subsidios.
También es importante señalar que, aparte de tener un rol monopólico, la CFE será jugador y árbitro a la vez, ya que el Tercer transitorio del decreto elimina a los Órganos Reguladores.
Las anteriores son algunas de las aristas que atañen propiamente a sus contenidos expresos. Detrás de ellos se encuentra la vieja concepción de un nacionalismo trasnochado que confunde rectoría del Estado y bienes propiedad de la nación con estatismo económico y monopolios de Estado.
Es verdad que la reforma energética de Peña Nieto no propició que los precios al consumidor bajaran, y que se castigó a la CFE con cláusulas que sangran su economía, pero sí generó incentivos para la generación de energías limpias que están en marcha. Deben hacerse ajustes y correcciones para bajar los precios de la electricidad, pero esta reforma obradorista no es el camino.
Otra arista de la iniciativa presidencial es la propiamente política. Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere mayoría calificada que sólo con votos de la oposición (aunque sea una parte) se puede lograr. AMLO se ha propuesto obtenerlos principalmente del PRI, y ya les colocó en la mesa la manzana envenenada: “abandonen el salinismo —les dijo— y abracen el cardenismo”, sabedor de que hay un sector del PRI que anhela el viejo estatismo.
Contrario a lo que AMLO y sus aliados buscan, la coalición legislativa Va por México no se va a dividir en este punto. No daremos un cheque en blanco a Morena y López Obrador para caminar impunes rumbo al 2024 sabiendo que el electorado desencantado de haber votado por ellos aumenta. Una regresión no sucederá.
*Presidente Nacional del PRD
Tomada de El Universal.
