Síntesis Obrera

Foto del día: En la industria manufacturera en los estados del país, entre ellos Guanajuato, aumentó 0.4% el personal ocupado durante el tercer mes del presente año, respecto al mes precedente, informó el INEGI. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), durante el primer trimestre, las horas trabajadas aumentaron 1.1% y las remuneraciones reales pagadas ascendieron 0.8% en marzo de 2021, en relación a febrero pasado, con cifras desestacionalizadas. Por tipo de contratación, el número de obreros subió 0.4% y el de los empleados 0.1% a tasa mensual, arrojó como resultado dicha encuesta mensual. (Vía El Heraldo de León)

 

Consulta sindical en GM Silao bajo la lupa: STPS aplicará protocolo legal

 Correo

Silao.- A partir de hoy, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) vigilará con mayor detalle y marcaje personal los procesos de legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) que sindicatos laborales sostienen con empresas en toda la República Mexicana.

Se acordó la modificación y adiciones al Acuerdo por el que la titularidad de la Unidad de Enlace para la reforma al Sistema de Justicia Laboral de la STPS obtiene facultades y atribuciones para que, entre otros puntos, verifique el cumplimiento de los requisitos previstos en el Protocolo de Legitimación de CCT existentes antes, durante y después del desarrollo de una consulta, independientemente de si el sindicato que lo promueve pidió o no el acompañamiento de un fedatario público.

Lo anterior, en el marco de la suspensión del proceso de consulta del contrato que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana ‘Miguel Trujillo López’ sostiene con la armadora automotriz General Motors en su complejo Silao, luego de detectarse la alteración de urnas y destrucción de boletas con votos ya emitidos a finales de abril pasado.

 

Garantizar el proceso

La Unidad de Enlace también podrá declarar la nulidad de los procedimientos de consulta para la legitimación ­—con los que se busca que los empleados decidan si están de acuerdo o no con el contenido de los CCT—, si es que existieran inconsistencias en el proceso.

El Protocolo para la Legitimación de los CCT se publicó el 31 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En tanto, el último acuerdo en mención se publicó el 17 de mayo de este año.

De esta manera y de aceptarse la solicitud de la Unifor por participar como observador, la próxima votación de los trabajadores en la GM Silao contaría con al menos dos ojos vigilantes externos que garantizarían un proceso libre y justo.

¿Qué está pasando en GM?

Lunes 19 a miércoles 21 de abril

Se lleva a cabo la votación con la que se busca legitimar el contrato colectivo de trabajo, entre la representación sindical y la trasnacional automotriz GM en Silao. Los obreros pretendían alcanzar un sindicato libre e independiente.

Miércoles 22 de abril

La destrucción ilegal de boletas obligó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a la suspensión del proceso de votación que se realizaba en el Complejo Silao, con el que se pretendía la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Ver nota: Suspenden consulta del contrato colectivo en GM Silao; acusan fraude sindical

Jueves 6 mayo

Unifor, el sindicato general más grande del sector privado en Canadá, mostró indignación ante la alteración de votos con la que el mes pasado se decidiría la legitimación del contrato colectivo de trabajo, entre el sindicato cetemista ‘Miguel Trujillo López’ y GM de Silao.

Martes de 11 mayo

Tres legisladores de alto rango del congreso estadounidense pidieron a GM que respondiera algunas preguntas sobre las denuncias de supuestas violaciones a los derechos laborales en su planta de Silao, a través de una carta dirigida a la presidenta de la automotriz, Mary Barra.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social decidió anular la votación y ordenó al sindicato de trabajadores de la planta de GM en Silao reponer el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo, en un plazo de 30 días naturales, sin prórroga.

Miércoles 12 de mayo

El gobierno del presidente Joe Biden pidió al gobierno de México que examine presuntas violaciones de derechos laborales en una fábrica de camionetas de GM Silao, una medida que podría derivar en aranceles sobre algunos de los autos más rentables de la automotriz estadounidense bajo el nuevo acuerdo comercial T-MEC.

General Motors se deslindó de la intromisión de la vida sindical de sus trabajadores en su planta de Silao y contrató a un consultor externo para una revisión exhaustiva.

Jueves 13 de mayo

A través de redes sociales, la Confederación de Trabajadores de México emitió un posicionamiento en el que hizo un llamado urgente a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana ‘Miguel Trujillo López’, para que “atienda y colabore con una investigación a fondo en el proceso de legitimación del CCT”.

De igual manera buscó dejar en claro que el Comité Nacional de la CTM con aproximadamente 4.5 millones de trabajadores afiliados -a través de seis mil 176 sindicatos adheridos y 162 federaciones locales y 34 regionales- “no quiere imponer nada que esté contra la ley, ni contra los intereses de la clase trabajadora”.

Lunes 17 de mayo

El sindicato general más grande del sector privado en Canadá, Unifor, solicitó fungir como observador en la segunda votación sindical de la General Motors Silao (GM) y asegurar una contienda “libre y justa” para los trabajadores que buscan un nuevo convenio colectivo que propicie mejores condiciones de trabajo y salarios más justos.

Asimismo, organizaciones sindicales que representan en Brasil a trabajadores metalúrgicos y a la industria mostraron su apoyo y solidaridad a los trabajadores del Complejo Silao de la armadora automotriz General Motors, en su lucha por los derechos sindicales y la democracia.

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Aumentan los indicadores de actividad económica en el estado según el INEGI

El Heraldo

En la industria manufacturera en los estados del país, entre ellos Guanajuato, aumentó 0.4% el personal ocupado durante el tercer mes del presente año, respecto al mes precedente, informó el INEGI.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), durante el primer trimestre, las horas trabajadas aumentaron 1.1% y las remuneraciones reales pagadas ascendieron 0.8% en marzo de 2021, en relación a febrero pasado, con cifras desestacionalizadas.

Por tipo de contratación, el número de obreros subió 0.4% y el de los empleados 0.1% a tasa mensual, arrojó como resultado dicha encuesta mensual.

Refirió el INEGI que, a tasa anual, el personal total ocupado registró un alza de 0.3%, lo que significa que las horas trabajadas fueron mayores y las remuneraciones reales subieron 3.3% en el mes de referencia.

Precisó que, al eliminar el factor estacional, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector manufacturero aumentaron 0.8% en el tercer mes del año en curso respecto al mes precedente.

Detalló que, de manera desagregada, los salarios pagados a obreros se incrementaron 2.3% y las prestaciones sociales 0.3%, en tanto que los sueldos pagados a empleados descendieron 0.1% a tasa mensual.

La planta de la industria manufacturera de curtidos acabados, de cuero piel y fabricación de productos y materiales sucedáneos opera a nivel nacional al 68.5% este año, mientras que el año pasado operaba al 69.5%, con una variación de menos 1.1%, apuntó.

EL INEGI informó que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), estima anticipadamente una variación positiva 20.6 del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) para abril del 2021 contra igual mes del 2020.

Las series consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Considerando los principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, se tiene que para las actividades secundarias se calcula un incremento anual de 34.5% en abril pasado y para el sector terciario un avance anual de 16.4%.

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México alista su primera planta de producción de baterías para autos eléctricos: Clouthier

El Economista

 

México alista su primer proyecto para producir baterías para autos eléctricos, informó Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

“Si las cosas salen bien, en unos meses estaremos poniendo la primera piedra para una empresa que se instalaría para la producción de baterías”, dijo en el marco de su participación en la reunión de la Comisión de Comercio Internacional del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Clouthier afirmó que la Secretaría de Economía y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) han mantenido reuniones de trabajo para abordar la prospectiva y las acciones que fortalezcan las cadenas de suministro de la industria automotriz en México.

La Secretaría de Economía ha enfatizado que el yacimiento de litio de la empresa británica Bacanora Lithium en Sonora y el T-MEC incentivan la producción de vehículos eléctricos en México.

“Algo que se está revisando internamente es alinear ciertas políticas con el tema del yacimiento de litio que se encontró en el norte del país y que es el insumo principal para las baterías de este tipo de mercancías”, dijo la dependencia a mediados de 2020.

La batería de litio es uno de los siete componentes esenciales que deben acreditar 75% de contenido en América del Norte para gozar de las preferencias arancelarias, según las reglas de origen del T-MEC, un requisito que debe cumplirse en tres años y que inició con una tasa de 66 por ciento.

Sobre el T-MEC, Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, comentó que hay una diferencia entre México y Canadá, por un lado, y Estados Unidos, por el otro, respecto a cómo se aplica la metodología en el sector automotriz para cumplir con las reglas de origen en los periodos de transición.

Este es un tema que discutieron anteriormente, fue de interés destacado en la reunión de la Comisión de Comercio Internacional y se le dará seguimiento en subsiguientes encuentros para poder llegar a un acuerdo.

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EU pide a sus socios blindar al T-MEC de “oportunistas”

El Economista

 

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no debe tener free-riders (gorrones) afirmó Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos.

“Hemos pasado de ver los acuerdos comerciales exclusivamente como un camino hacia la liberalización, a reestructurar las reglas en un esfuerzo por reequilibrar los impactos del acuerdo; para asegurarse de que quienes se benefician del acuerdo sean las partes del acuerdo, no terceros free-riders; y crear mecanismos de rendición de cuentas para los actores económicos que más se han beneficiado de la integración de nuestras economías”, dijo Tai en la primera reunión de la Comisión de Comercio Internacional de T-MEC.

En la declaración trilateral de esa reunión, los países expresaron que el T-MEC brinda la oportunidad de liderar la lucha contra el trabajo forzoso a nivel mundial.

“Hoy, Estados Unidos, México y Canadá discutieron nuestra obligación compartida de garantizar la prohibición del Acuerdo de la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso y volvieron a comprometerse a trabajar en estrecha colaboración para promover un sistema de comercio internacional justo y basado en reglas donde los productos elaborados con trabajo forzoso no ingresen al sistema comercial”, dijeron en el documento.

“Quiero aprovechar este momento para reconocer que nuestros tres países acordaron, en el T-MEC, prohibir las importaciones de bienes fabricados en su totalidad, o en parte, con trabajo forzoso”, dijo Tai.

Las aduanas de Estados Unidos han bloqueado importaciones de productos de China y otros países asiáticos principalmente por producir esos bienes mediante trabajo forzoso, sancionando a empresas en específico.

“Durante demasiado tiempo, la atención se ha centrado en las cadenas de valor globales, como un sustituto para maximizar la eficiencia. Esa eficiencia ha demostrado ser perjudicialmente cara”, comentó Tai.

“No solo hemos descubierto la fragilidad de nuestras cadenas de suministro, sino que acabamos de empezar a apreciar el grado en que van en contra de nuestros objetivos colectivos de garantizar que los trabajadores dentro y fuera de América del Norte reciban un salario justo, en un lugar de trabajo seguro”, añadió.

La Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, refirió que abordó con Tai  preocupaciones de México por las investigaciones en curso de Estados Unidos en ciertos productos agrícolas; la interpretación de ese país a las reglas de origen para el sector automotriz, y la posición asumida por Estados Unidos en materia de autotransporte.

Por parte de Estados Unidos, Tai externó, entre sus preocupaciones, el tema de energía, los problemas para la importación de productos biogenéticos y el tema laboral.

“Subrayé que el presidente Andrés Manuel López Obrador entiende muy bien el tema, y por eso ha estado muy pendiente del estado de las discusiones en torno a los compromisos laborales bajo este nuevo Acuerdo, y no dudó en apoyar este ambicioso conjunto de disciplinas laborales”, dijo Clouthier.

Por otra parte, Clouthier y Mary Ng, ministra de la Pequeña Empresa, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, acordaron la creación de Grupo de Trabajo de Alto Nivel presidido por ambas e integrado por representantes del sector privado para fortalecer la relación económica bilateral e impulsar mayores oportunidades comerciales y de inversión para los sectores productivos.

NG expuso que dado que el T-MEC incluye capítulos progresivos sobre el medio ambiente, los países deben hacer más para abordar el cambio climático, razón por la cual Canadá se ha comprometido a presentar nuevas medidas para superar su meta de 2030 y alcanzar emisiones netas cero para 2050.

“También reconocemos la necesidad de una acción común para abordar algunos de los desafíos mundiales apremiantes en estos tiempos, como abordar el cambio climático y los problemas ambientales”, dijo.

Acuerdos en el marco del T-MEC

  • El Comité de Asuntos PyMEs convocará el primer Diálogo de PyMEs del T-MEC del 13 al 14 de octubre, en San Antonio, Texas.
  • Los comités explorarán nuevos enfoques para interactuar mejor con las comunidades sub-representadas en cuestiones comerciales.
  • Las partes afirman su deseo de defender políticas comerciales que apoyen buenos empleos que estén protegidos por leyes laborales sólidas y plenamente implementadas.
  • México, Estados Unidos y Canadá discutieron sobre su obligación compartida de asegurar la prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso contenida en el Tratado.
  • Las Partes discutieron formas de abordar los asuntos ambientales e intercambiaron puntos de vista sobre la exploración de posibles áreas de cooperación, incluyendo medidas comerciales relativas al cambio climático.
  • Las Partes firmaron la segunda Decisión de la Comisión de Libre Comercio bajo el T-MEC. La decisión adopta las versiones en español y francés de las Reglas de Procedimientos y el Código de Conducta aplicables a los procedimientos de solución de controversias en virtud del Acuerdo.
  • Las Partes han acordado continuar celebrando reuniones de vinculación con comunidades desatendidas y realizar una reunión de Viceministros Comerciales y Representante Comercial Adjunto, antes de fines de este año, para evaluar el avance en las áreas destacadas hoy e identificar oportunidades continuas para nuestro trabajo futuro.

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Desafíos laborales en los 15 estados que renuevan gubernaturas en 2021

El Economista

 

A un año de la pandemia, la recuperación del empleo ha avanzado a distinto ritmo entre las regiones del país y aún hay puestos de trabajo pendientes por generar en la mayor parte del territorio. Al primer trimestre de 2021, sólo en ocho entidades se había restituido el nivel de ocupación previo a la pandemia, aunque la recuperación estuvo encabezada por el empleo informal. La reconstrucción de las condiciones previas a la pandemia en los mercados laborales es un requisito mínimo para evitar que más mexicanos caigan en la pobreza. Pero, ¿qué necesidades tienen las entidades en materia laboral y cómo abordarlas?.

En el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revisamos cómo se encuentra el empleo y las condiciones laborales en los 15 estados donde se renovarán gubernaturas. Para ello, observamos el cambio en dos variables clave: la tasa de desempleo y la tasa de informalidad, desde el primer trimestre del 2020 hasta el mismo periodo del 2021. Encontramos tres problemas principales, para los cuales hacemos propuestas de política pública:

  1. Pérdida de empleos generalizada

En siete de los 15 estados considerados, el aumento del desempleo afectó tanto a trabajadores formales como informales (San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Michoacán y Guerrero). Los casos más graves fueron San Luis Potosí y Tlaxcala, donde entre dos y tres personas de cada cincuenta en edad de trabajar se encontraban desempleadas a principios del 2021.

En estas entidades es imperante revertir el desempleo, para lo cual se pueden implementar programas de autoempleo y ocupación temporal, o bien otorgar recursos a proyectos que surjan desde el sector privado para dar oportunidad a las personas desempleadas de generar ingresos. Se requiere también proteger a los grupos más vulnerables, a partir de la generación de incentivos para la contratación de mujeres, jóvenes, adultos mayores y trabajadores de bajos ingresos, mediante la realización de transferencias monetarias condicionadas a las empresas, por ejemplo.

  1. Desempleo y precarización

Querétaro, Baja California Sur, Zacatecas, Campeche y Colima registraron pérdida de empleos acompañada del aumento en los niveles de informalidad. En Querétaro casi dos de cada veinticinco personas económicamente activas se encontraban desempleadas a principios de este año. En Campeche seis de cada diez personas empleadas eran informales en el mismo periodo.

En estos estados es necesario implementar programas locales de apoyo al empleo, que tengan como objetivo la vinculación laboral y la capacitación de los trabajadores. Ante el recorte de recursos federales al Programa de Apoyo al Empleo, los gobiernos estatales deberán buscar mecanismos de vinculación y capacitación costeables y efectivos. También serán indispensables medidas para reducir los costos laborales formales, a fin de generar empleos de calidad e incrementar los ingresos. Permitir la parcialización del pago del impuesto sobre nómina es una opción viable, la cual se deberá conceder principalmente a las pequeñas empresas que han tenido que parar su actividad.

  1. Recuperación de empleos y formalización

En Nayarit, Sinaloa y Sonora se ha ido recuperando el nivel de empleo previo a la pandemia y también ha disminuido la informalidad laboral. Sin embargo, la proporción de trabajadores que laboran en condición de informalidad aún es elevada en estos estados; por ejemplo, en Nayarit cinco de cada diez trabajadores eran informales en el primer trimestre del 2021.

En estos casos todavía se requiere mejorar las condiciones laborales. Una opción disponible es consolidar el presupuesto estatal de salud para otorgar la seguridad social obligatoria en el empleo. Destinar los recursos recabados por impuestos específicos, como el de nómina, para el pago de las cuotas de seguridad social, crearía incentivos para la afiliación a la seguridad social. Asimismo, estados y municipios deberán coordinar el cobro de impuestos específicos para salud a los trabajadores informales, buscando su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social a través de las asociaciones que los representan.

Durante el proceso de reactivación económica, las políticas públicas para la creación de empleo de calidad serán instrumentales en el fortalecimiento de las capacidades de la economía mexicana para generar, atraer y retener talento en la fuerza productiva. Conoce cómo le va a tu estado en el estudio “El mercado laboral mexicano a un año del covid-19”.

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Un año en pandemia: Más de 5 millones de personas se sumaron a la pobreza laboral

El Economista

 

México cerró el primer trimestre del año con 5 millones más de personas en pobreza laboral respecto al mismo periodo de 2020. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el arranque del 2021 este indicador llegó a un nivel de 39.4%, un incremento anual de 3.8 puntos porcentuales, espacio en el que pasamos de ver a la covid-19 en las noticias internacionales a vivirla en nuestras casas.

Este martes, el Coneval dio a conocer los resultados del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) para el periodo enero-marzo de 2021. De acuerdo con esta información, la población cuyos ingresos no le permiten cubrir el costo de una canasta básica alimentaria aumentó de 45.1 a 50.1 millones de personas en un año. La tercera parte de quienes se sumaron a esta condición viven en la Ciudad de México.

En su reporte señala que la brecha en la distribución del ingreso también se amplió, y con ello la desigualdad. Las personas con menores percepciones son ahora más pobres. Las mujeres y las personas jóvenes e indígenas son las más afectadas. En cambio, quienes tienen los mejores ingresos en el país se han visto mínimamente afectados.

Para efectos de esta medición, la población está dividida en cinco grupos o quintiles según sus ingresos laborales. La población en el primero de ellos percibía apenas 156.46 pesos en el primer trimestre de 2020. Pero para este trimestre sus ganancias bajaron 40% y llegaron a 92.69 pesos en promedio. Esa cifra ni siquiera equivale a un salario mínimo actual, que es de 141.7 pesos diarios.

En el otro extremo, la población que más gana, y que se ubica en el quinto quintil, tuvo una reducción de 1.5% respecto a lo que obtenía a inicios del año pasado.

Más trabajo, pero precario

Estos datos confirman tres cosas, dice en entrevista Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del Observatorio del Trabajo Digno (OTD). Que la pandemia ha golpeado, sobre todo, la economía de quienes ganaban menos; que el empleo generado en estos meses es sumamente precario “y, tercero, aunque aún no lo sabemos pero esto nos hace prever, habrá un aumento en la pobreza en general de 10%”.

La pandemia es la principal explicación de este aumento en la precariedad laboral, según el Coneval. En ello coincide Rogelio Gómez, pero para el exconsultor del Banco Mundial (BM), la reacción del gobierno federal también tiene gran relevancia en estos resultados.

Como lo muestra el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “México se ubica entre los países que menos invirtió para reducir el impacto de la crisis en los más pobres”, señala. En su opinión, la actuación del gobierno ha sido “devastadora”.

“Quien trabaja no debe ser pobre”, subraya. Claro que el país padecía “una deformidad estructural muy seria, acumulada por décadas”, que la pandemia agudizó. Pero el gobierno rechazó demandas como el ingreso vital, una especie de renta temporal para quienes se quedaron dejaron de ganar dinero debido al confinamiento.

El país ha recuperado más de 10 millones de empleos de los 12 millones que perdió en el momento más álgido de la pandemia. Sin embargo, “es trabajo de menor calidad, con bajos salarios, sin contrato y seguridad social”, apunta.

Los estados más afectados

En su informe previo, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2020, el Coneval señaló que 40.7% de la población se encontraba en pobreza laboral. Es decir, si comparamos la situación de finales del año pasado con el primer trimestre de éste, la proporción de personas con ingresos ínfimos se redujo 1.3 puntos.

El nuevo reporte del Consejo detalla que en 26 de las 32 entidades federativas aumentó la pobreza laboral. Sólo Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas y Campeche quedaron fuera de los números rojos. De hecho, reportaron que en este primer trimestre del año tienen a menos personas en esta condición que las que tenían a inicios de 2020.

En contraparte, entre las entidades que más resultaron afectadas destaca principalmente la Ciudad de México. La capital del país tuvo un incremento de 14.9 puntos en su población que trabaja, invierte esfuerzo e incluso dinero y arriesga su salud en un momento como éste de pandemia, pero que lo que obtiene a cambio no le alcanza ni para lo más básico. En esta entidad la población en pobreza laboral aumentó de 28.3 a 43.2 por ciento.

En segundo lugar está Quintana Roo, que vive básicamente del turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia. En dicho estado la población en precariedad por ingreso pasó de 27.2 a 37.3 por ciento.

Mientras que el tercer sitio lo ocupa Baja California Sur, el segundo estado menos poblado del país, donde se observó un aumento de 8 puntos en este indicador, el cual avanzó de 16.2 a 24.6% en términos anuales.

Ciudades más pobres

En los primeros meses de este año el ingreso laboral real fue de 2,039 pesos a nivel nacional. A la par que los ingresos de las personas tuvieron una disminución anual de 4.8%, los precios de los artículos que componen una canasta alimentaria aumentaron, señala el Coneval.

Lo anterior tuvo efectos diferentes en las zonas rurales y urbanas. Y fue en las ciudades donde aumentó más el porcentaje de personas cuyo ingreso no alcanza para comprar los alimentos básicos. En el primer trimestre de 2020, el 31.7% de la población ocupada en una urbe estaba en pobreza laboral. Para enero-marzo de este 2021 ya eran 36.4 por ciento. Es decir, el incremento fue de 4.8 puntos.

Había muchas más personas pobres por ingreso en las zonas rurales antes de la pandemia, y las sigue habiendo. Sin embargo, a inicios del año pasado el 48% de la población estaba en esa situación y ahora lo está el 48.9%, un aumento fue de 0.9 puntos.

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Empresarios inician batalla legal contra la reforma de outsourcing

 El Economista

 

Frente a las reformas que le cerraron la puerta a la subcontratación basada en el suministro de personal, algunas empresas han comenzado a promover amparos contra el paquete de modificaciones a ocho ordenamientos legales que entró en vigor el pasado 24 de abril y que busca regular la tercerización de obras y servicios especializados.

El plazo para ampararse ante la reforma de outsourcing vence el 24 de mayo. Las empresas que han optado para esta defensa legal han argumentado la inconstitucionalidad de algunos cambios legales y el incumplimiento de acuerdos internacionales.

La reforma estableció una nueva regulación para la contratación de servicios u obras especializadas, incluyendo un padrón de contratistas. Sin embargo, prohibió la actividad de suministro de personal; es decir, cuando una empresa pone a sus trabajadores a disposición de otra para su beneficio.

De acuerdo con especialistas, existen criterios para impugnar ante tribunales el nuevo régimen de subcontratación, por prohibir una actividad económica y limitar la competitividad en el país.

Ricardo Martínez Rojas, socio de la firma D&M Abogados, opinó que prohibir la subcontratación de personal va en contra de diversos preceptos constitucionales, en especial el derecho a dedicarse a cualquier actividad, siempre y cuando sea lícita.

Además, expuso que la nueva regulación viola la obligación constitucional del Estado para establecer las bases para la competitividad del país y cuidar de los sectores social, privado y público.

“Sí hay graves violaciones, sobre todo para las empresas dedicadas a la tercerización; son las más dañadas”, subrayó el abogado laborista.

En esa misma línea, Martínez Rojas consideró que la cancelación de contratos de suministro de personal, un proceso que tendrán que realizar algunas empresas para regularizarse, le da un efecto retroactivo a la reforma, lo cual está prohibido en la Constitución.

Los amparos contra la reforma han estado en el debate desde antes que se promulgara la reforma. Aunque las modificaciones al régimen de subcontratación fueron producto de un acuerdo entre gobierno, líderes empresariales y representantes de trabajadores, la defensa legal es un derecho que tienen las organizaciones.

“Sabemos que los amparos se van a presentar individualmente por las empresas, por lo que el hecho de que empresarios y sindicatos hubieran estado de acuerdo con la reforma, eso no limita o coarta el derecho de las compañías de impugnar los términos de la reforma”, indicó Luis Ruiz, socio de Hogan Lovells.

Para Carlos Ferrán, director de la firma Ferrán Martínez Abogados, la impugnación de algunos términos de la reforma es un debate vivo entre la comunidad académica y podría profundizarse en ello.

“Hay una discusión académica interesante por el pacto de San José, el convenio 88 de la OIT y ciertos artículos constitucionales, tales como el 25 que impone la obligación al Estado de proteger y alentar la actividad económica y, además, tomando en cuenta que las prácticas nocivas no son exclusivas de la subcontratación, por ahí va la discusión académica”, expuso el también Coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Comisión Nacional de Compliance (Canacom).

Apuntó que la discusión por impugnaciones gira sobre tratados internacionales, algunos artículos constitucionales y sentidos de inconvencionalidad en la exposición de motivos de la reforma.

 

¿Qué dice la Constitución? 

Entre los puntos planteados por las defensas legales en contra de la reforma de subcontratación se encuentra la posible violación a los artículos 5, 14 y 25 de la Constitución. Éstos plantean:

  • El artículo 5 se refiere a la libertad que tiene toda persona de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que mejor le acomode, siempre que sea lícito. El ejercicio de esta libertad sólo podrá limitarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros.
  • El artículo 14 establece que a “ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
  • El artículo 25 le impone al Estado la obligación de conducir el desarrollo nacional, fortaleciendo la soberanía y la democracia, y mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico, el empleo y una distribución justa de los ingresos y la riqueza, garantizar el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas.

 

Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), reconoció que las modificaciones legales en la materia plantean un giro total para las empresas dedicadas a la tercerización. Y aunque los amparos son una alternativa, no resolverían de fondo los cambios en materia fiscal, lo que complicaría la operación de las compañías que consigan una suspensión definitiva.

“El tema del amparo puede hacerlo tanto el proveedor de outsourcing como el cliente. Pero el asunto es que las facturas van a dejar de ser deducibles a partir del primero de agosto, lo que para una empresa es definitivamente un problema. No podrías quedarte con esa situación de que no sea deducible”, dijo durante un foro de Holmes HR.

En ese tenor, el representante de empresas de tercerización consideró que lo ideal es adaptarse a la nueva legislación, entendiendo que la subcontratación de personal quedó prohibida y que existen formas para transitar al nuevo régimen. “Mi recomendación es siempre cumplir con la ley, y más porque no es una situación que sea imposible”, afirmó.

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Horas laboradas en manufacturas vuelven al nivel prepandemia

 La Jornada

Ciudad de México. El uso de la capacidad instalada en la industria manufacturera, actividad que aporta una cuarta parte del valor de la economía, registró en marzo el mejor nivel desde octubre de 2018. Mientras, las horas trabajadas regresaron al punto previo a los cierres orillados por las medidas para enfrentar la pandemia, de acuerdo con cifras oficiales.

Aunque aún está por debajo de los niveles máximos observados durante el primer semestre del 2019, el personal ocupado en la industria manufacturera de México se incrementó en marzo 0.4 por ciento, en comparación con febrero, mientras las horas trabajadas repuntaron 1.1 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El instituto reveló este martes los resultados de su Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) para el tercer mes de 2021, documento que muestra el comportamiento en personal ocupado, remuneraciones y prestaciones, horas trabajadas, tipo de trabajo y sectores relacionados a la manufactura.

La industria manufacturera, registró en marzo un incremento de 0.4 por ciento mensual en personal ocupado e hiló 10 meses de incrementos.

Asimismo, las horas trabajadas recuperaron el nivel previo a la pandemia, al ubicarse el índice en cifras similares a febrero de 2020. La capacidad de planta utilizada en la industria manufacturera en México se ubicó en 81.8 por ciento en marzo, su mayor nivel desde octubre del 2018, lo que refleja un mayor dinamismo del sector, revelaron los resultados de la EMIM.

En su comparación anual, el personal ocupado del sector manufacturero creció 0.3 por ciento en marzo; las horas trabajadas aumentaron 1.9 por ciento y las remuneraciones medias reales crecieron 3.3 por ciento, también con cifras desestacionalizadas.

“En marzo continuó el avance de la industria manufacturera, aunque el personal ocupado en la industria está por debajo de los niveles máximos registrados durante enero-junio de 2020”, destacó Julio Santaella, presidente del Inegi.

El personal ocupado en la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, y la fabricación de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios eléctricos aumentó 11.2 y 8 por ciento anual, respectivamente, frente a marzo del año anterior, lo que ha sido clave para la recuperación del empleo total.

Ante el aumento de personas que realizan teletrabajo, el uso de aparatos electrónicos para actividades de educación, trabajo y ocio tienen mayor demanda.

En cambio, el personal de fabricación de prendas de vestir y el de curtido y acabado de cuero y piel se desplomó 14.2 y 10.9 por ciento, en ese orden.

La actividad económica que transforma gran diversidad de materias primas en diferentes artículos para el consumo tiene una participación en el producto interno bruto de México de alrededor de 17.2 por ciento.

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