Foto del día: La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que con la reforma al outsourcing, las utilidades que reparten las empresas a trabajadores aumentarán en 100 mil millones de pesos, lo que equivale a un alza de 180 por ciento. «En materia de reparto de utilidades, que es un derecho constitucional, en la práctica este derecho de había venido extinguiendo por figuras de outsourcing e insourcing, había empresas hermanas que simplemente transferían los trabajadores, por lo que no se repartían las ganancias», expuso en conferencia mañanera del presidente. Agregó que las empresas tendrán tres meses para regularizar la contratación de sus empleados. (NTR Zacatecas)
Economía y Sociedad
Charritos en Silao
Correo 23/4/2021
Héctor Andrade Chacón
En menudo problema se ha metido el sindicalismo charro que anida en la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Pasándose por el arco del triunfo la nueva legislación laboral y los apartados laborales del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y proveedores de autopartes en general, de la energía, sus derivados y similares de la República Mexicana “Miguel Trujillo López” se les ocurrió destruir boletas de una votación de los trabajadores de la Planta de General Motors para legitimar el contrato colectivo de trabajo. No sólo eso, no permitieron que autoridades laborales recogieran la documentación a salvo de la votación.
Pero vayamos por partes, no ha sido la representación sindicar de CTM en Guanajuato la involucrada en el desafortunado hecho que por disposición de Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya cuenta con denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, sino un sindicato que responde al senador priista Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Federación de Trabajadores de Coahuila. No hay que olvidar que GM tiene una planta armadora en el municipio de Ramos Arizpe Coahuila.
En Guanajuato, es curioso, Héctor Hugo Varela Flores, dirigente estatal de la CTM, que no detenta el contrato colectivo de trabajo con General Motors, ha sido impulsor de reformas en la entidad para que la justicia laboral esté armonizada a tiempo con las reformas nacionales y ha puntualizado que todos los sindicatos deben estar alineados en el cumplimiento del T-MEC, donde puede haber inspecciones de las naciones asociadas, no solamente la mexicana.
En General Motors, los dirigentes del sindicato “Miguel Trujillo López” obstruyeron la actuación de 16 inspectores del trabajo y 7 observadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en un proceso donde debían votar 6 mil 494 trabajadores, apenas acudieron a sufragar 3 mil 435, pues se encontraron boletas destruidas y las que estaban a salvo no fueron entregadas.
A todo este sainete, se precisa entre las autoridades laborales, amén de la acción judicial que se ha solicitado y las repercusiones que habrá de carácter administrativo, se tendrá que poner luz al fondo del asunto, el famoso contrato colectivo de trabajo, el cual tendría una fuerte oposición entre los trabajadores, que acudieron a emitir su aprobación o negativa en voto secreto, por vez primera, pues parece ser que lo negociado por los liderazgos con la empresa no tuvo eco.
Se espera también la posición de GM.
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General Motors Silao: Destruye boletas de votación para el contrato colectivo
AM
Silao, Guanajuato – Tras dos días de votaciones; fue suspendida la consulta entre lo trabajadores de la planta General Motors, de Silao, que se llevaba a cabo para ratificar o no la firma de su Contrato Colectivo de Trabajo con la empresa porque aparecieron las boletas destruidas.
Las boletas justo fueron destruidas en el tercer día de votación, razón por la cual la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado para que deslinde responsabilidades.
Así lo informó la dependencia federal en un comunicado de prensa emitido hoy en la Ciudad de México
En él relató que el 23 de marzo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica-, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedores de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana “Miguel Trujillo López” registró ante la Secretaría del Trabajo la consulta que llevaría a cabo para la legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo que tiene firmado con la empresa General Motors de México, en la planta de Silao, a realizarse los días 20, 21 y 22 de abril.
Convocaron a casi 6 mil 500 trabajadores
Para este procedimiento, el comunicado oficial afirma que el sindicato convocó a 6 mil 494 trabajadores agremiados para que, a través del voto personal, libre, directo y secreto, manifestaran si estaban de acuerdo o no con su contrato colectivo.
En razón del elevado número de participantes, la STPS; en colaboración con la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guanajuato, dispuso la presencia de 16 inspectores del trabajo, así como de siete observadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la propia dependencia federal, para que verificaran el adecuado desarrollo de la consulta.
Dicha consulta inició el 20 de abril de las 10:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde y de las 10:00 de la noche a las 3:00 de la mañana del 21 de abril, misma que se desarrolló con normalidad y sin incidentes con la participación de 3 mil 435 trabajadores.
“Sin embargo, al día siguiente, al acudir los inspectores para continuar con la verificación de la consulta, se percataron que en el local, donde el propio sindicato tenía bajo resguardo el material electoral, las boletas para dar continuidad a la consulta estaban destruidas, por lo cual no era posible continuar con la votación”, reseñó el comunicado de prensa.
Se niega sindicato a entregar votos emitidos
Agrega que los inspectores del trabajo solicitaron a los representantes sindicales la entrega de la documentación de las votaciones ya realizadas para salvaguardar los votos emitidos, a lo que el sindicato se opuso; lo cual fue asentado en actas.
Con estos hechos, la Secretaría del Trabajo consideró que representan “una grave vulneración al derecho de las y los trabajadores a decidir libremente si respaldan o no contenido de sus contratos colectivos, conforme a las nuevas reglas de democracia sindical que establece la reforma laboral.
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Suspenden firma de contrato colectivo de trabajo en General Motors
La Jornada
Ciudad de México. El proceso de votación con el que se buscaba legitimar el contrato colectivo de trabajo, entre la representación sindical y la trasnacional automotriz General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, fue cancelado.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseveró que la consulta se suspendió, debido a que los inspectores de la dependencia detectaron boletas “destruidas en el local sindical”, donde estaba bajo resguardo el material electoral.
Por lo anterior, los inspectores solicitaron a los representantes del gremio “Miguel Trujillo López”, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la entrega de la documentación de las votaciones ya realizadas “para salvaguardar los votos emitidos, a lo que el Sindicato se opuso, lo cual fue asentado en las actas”.
Ante estos hechos, la STPS interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del estado para deslindar responsabilidades.
La dependencia detalló que el pasado 23 de marzo la representación sindical registró la consulta que llevaría a cabo los días 20, 21 y 22 y de abril, y convocó a 6 mil 494 trabajadores. Para ello, se dispuso de 16 inspectores de la STPS y siete observadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para verificar el adecuado desarrollo de la consulta.
La autoridad laboral refirió que durante los primeros días, la consulta se desarrolló con “normalidad y sin incidentes” con la participación de 3 mil 435 empleados. Sin embargo, este jueves los inspectores determinaron que no era posible continuar con la votación al percatarse de las boletas destruidas.
Trabajadores de la planta que solicitaron el anonimato para evitar represalias, comentaron a La Jornada que pasada la una de la mañana de este jueves observadores de la Secretaría del Trabajo cancelaron la votación debido a que el sindicato cetemista “trató de alterar las urnas para meter votos a favor” del contrato colectivo vigente.
Por su parte, Tereso Medina, secretario general del sindicato “Miguel Trujillo López”, afirmó que el proceso de legitimación “se reprogramó para asegurar” que la mayoría del padrón de 7 mil trabajadores de la planta participaran, ya que sólo lo hicieron alrededor de 3 mil y en dos días “no fue posible agotar los votos”.
Indicó que la misma autoridad laboral determinó cancelar la votación “por la misma razón que no había condiciones y vamos a esperar den otra fecha. Estamos acatando las disposiciones legales para brindar una mejor organización electoral” y garantizara los trabajadores el “derecho al voto libre, directo y secreto a todo aquel que desee emitirlo”.
La noche de este jueves, a través de un comunicado, el Comité Ejecutivo del Sindicato informó la noche de este jueves que si bien la consulta se desarrollo de manera regular en el primer día, al día siguiente la consulta no se pudo concretar debido a que la autoridad laboral “al no tener garantizadas las condiciones de certeza y seguridad suspendió la consulta”.
A través de su apoderado legal, el Sindicato “Miguel Trujillo López” presentó una denuncia de hechos sobre lo ocurrido” y se abrió la carpeta de investigación 40780/2021.
El pasado 20 y 21 de abril, dicha representación sindical convocó a una consulta en las instalaciones de la planta automotriz, a fin de cumplir con el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo.
Desde el primer día de la jornada, trabajadores activos y despedidos de la armadora denunciaron la injerencia del gremio en las votaciones para asegurar su permanencia. En entrevista, señalaron que entre las irregularidades, el “sindicato charro” los envió a cursos, bajo la amenaza de que si no votaban por la continuidad del contrato colectivo vigente perderían sus prestaciones y derechos.
Al respecto Héctor de la Cueva, asesor de los trabajadores de la automotriz y coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), hizo notar que el protocolo de legitimación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social “mantiene a salvo sus derechos e intactos”.
En el proceso de aplicación de la nueva reforma laboral, la STPS ha insistido en que si en el procedimiento de legitimación de un contrato colectivo la mayoría de los trabajadores deciden que no están de acuerdo con su contenido, éste deja de tener “vida jurídica, pero todos los derechos que se tienen se respetarán a través de contratos individuales”.
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Empresarios advierten que eliminación del outsourcing sólo abonará al desempleo
Correo
Irapuato.- Líderes empresariales irapuatenses coincidieron en que la eliminación del outsourcing sólo abonará al desempleo y ahuyentará la atracción de inversiones.
“Entrará en el peor momento porque no hemos visto reflejado los beneficios económicos de la reactivación”, dijo Rafael Lamadrid Berrueta, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, (CCEI).
Para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex) Antonio Rivera García, la ley anti outsourcing provocará que no se instalen o crezcan las empresas que ya operan en el país.
Javier Lagunas, presidente de la Canacintra, insistió que la eliminación de este esquema de contratación laboral abonará al desempleo. Héctor Carlo León Ramírez, presidente de la Canaco Servytur, comentó que por una parte beneficiarán a los trabajadores porque tendrán que pagarles un sueldo justo.
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El 20% de empresas exportadoras de Guanajuato ya cumplen con lineamiento para el T MEC
Zona Franca
Guanajuato. En Guanajuato alrededor de 220 empresas exportadoras ya cumplen con los lineamientos que demanda el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T MEC), de no cumplir esto sería una barrera.
El titular de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce), Luis Ernesto Rojas Ávila señaló que las nuevas exigencias son en materia sociolaboral y buscan que las mil 100 exportadoras a Canadá y Estados Unidos que hay en Guanajuato cumplan adecuadamente.
“Las nuevas exigencias en materia sociolaboral para seguir exportando o haciendo negocios, implica regulaciones adaptaciones, no seguir contratando a menores de edad, cumplir con normas establecidas, todo este marco hay que darlo a conocer a todas las industrias para evitar que sea una barrera no arancelaria o impedimento para continuar con las exportaciones”, señaló el titular.
Actualmente los sectores que ya cumplen con estos nuevos lineamientos son moda, agroalimentos, decoración, construcción y algunas del sector plástico y químico.
“Vamos a acelerar el ir certificando a todas las empresas, hay muchas que ya tienen la certificación pero tenemos que hacerlo de una manera rápida y sobre todo transversal”, añadió Rojas.
La Secretaría de Gobierno incluso firmó un convenio con COFOCE para promover el fomento a la cultura laboral en el comercio internacional, a través de la “Certificación de Empresas con Responsabilidad Sociolaboral del Estado de Guanajuato”.
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Avanza recuperación del empleo… en precariedad
El Economista
El mercado laboral reflejó por segundo mes consecutivo las mejores condiciones de la economía tras un año de pandemia y registró un nuevo aumento entre la población ocupada. Sin embargo, el avance se dio a costa de la calidad del empleo y todos los trabajos generados en marzo se dieron en la economía informal.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada tuvo un incremento de 761,866 personas en el tercer mes del año, para alcanzar un total de 53.8 millones. Este incremento redujo la tasa de desocupación a 3.89%, después de haberse ubicado en 4.37% en febrero, el nivel más bajo en lo que va del año, pero un punto más de lo reportado hace un año.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó también que de los 12.5 millones personas que salieron de la fuerza laboral hace un año por el cierre de actividades económicas no esenciales ante la pandemia, 10.6 millones ya han retornado a una ocupación. Los datos de la ocupación en marzo reflejan un avance, pero también en la precariedad laboral. El empleo informal fue el único renglón que tuvo un aumento. En el mes pasado, 1.2 millones de personas se sumaron a esta condición, mientras que el empleo formal vio la salida de 354,498 trabajadores. Esta combinación llevó la tasa de informalidad a 56.8%, el nivel más alto desde febrero de 2019.
El contraste entre ambas tasas, muestra que la informalidad no sólo fue el destino de los empleos que se crearon en marzo, también algunas personas que laboraban en la formalidad pasaron a este rubro de la ocupación. Si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en marzo se crearon 88,771 plazas, el déficit del empleo formal reportado por el Inegi en el tercer mes del año podría ser un indicador de una reducción de la planta laboral en las dependencias gubernamentales, expuso Juan Carlos Alderete, director de Análisis Económico de Banorte.
Por otra parte, la tasa de subocupación, otro indicador de precariedad, tuvo una reducción de 13.9 a 13.2%, aunque representa un avance en comparación con los meses críticos de pandemia, cuando llegó a abarcar al 25.4% de la población ocupada, se encuentra aún lejos a los niveles previos a la crisis, con 9.1 por ciento.
“Se espera que la situación laboral regrese a los niveles de empleo pre-crisis por la mitad del año, en términos absolutos. No obstante, esto será con algunos cambios estructurales en el mercado laboral, especialmente un aumento en la informalidad y subocupación, menor participación laboral de la población en edad para trabajar y una menor participación de las mujeres”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.
La especialista advirtió que, en abril la comparación anual de los indicadores con el mismo mes del 2020 reflejará una mejoría, puesto que fue uno de los periodos más críticos de la pandemia.
Ganadores y perdedores
El aumento de la población ocupada no fue generalizado si se observa el comportamiento por actividad económica. El sector que más ganó, fue el primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) con un aumento de 758,000 trabajadores, casi la misma proporción del incremento de las personas ocupadas. El sector terciario o también conocido como sector de servicios, reportó un aumento de 526,000 empleos, la mitad de estos en las actividades restauranteras y de alojamiento. Esta dinámica compensó la pérdida de 552,911 puestos de trabajo en el sector industrial (secundario).
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Recuperación del empleo anotó nuevo avance, pero sólo en la economía informal
El Economista
El mercado laboral reflejó por segundo mes consecutivo las mejores condiciones de la economía tras un año de pandemia y registró un nuevo aumento entre la población ocupada. Sin embargo, el avance se dio a costa de la calidad del empleo y todos los trabajos generados en marzo se dieron en la economía informal.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada tuvo un incremento de 761,866 personas en el tercer mes del año, para alcanzar un total de 53.8 millones. Este incremento redujo la tasa de desocupación a 3.89%, después de haberse ubicado en 4.37% en febrero, el nivel más bajo en lo que va del año, pero un punto más de lo reportado hace un año.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó también que de los 12.5 millones personas que salieron de la fuerza laboral hace un año por el cierre de actividades económicas no esenciales ante la pandemia, 10.6 millones ya han retornado a una ocupación.
Los datos de la ocupación en marzo reflejan un avance, pero también en la precariedad laboral. El empleo informal fue el único renglón que tuvo un aumento. En el mes pasado, 1.2 millones de personas se sumaron a esta condición, mientras que el empleo formal vio la salida de 354,498 trabajadores. Esta combinación llevó la tasa de informalidad a 56.8%, el nivel más alto desde febrero de 2019.
El contraste entre ambas tasas muestra que la informalidad no sólo fue el destino de los empleos que se crearon en marzo, también algunas personas que laboraban en la formalidad pasaron a este rubro de la ocupación.
Si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en marzo se crearon 88,771 plazas, el déficit del empleo formal reportado por el Inegi en el tercer mes del año podría ser un indicador de una reducción de la planta laboral en las dependencias gubernamentales, expuso Juan Carlos Alderete, director de Análisis Económico de Banorte.
Por otra parte, la tasa de subocupación, otro indicador de precariedad, tuvo una reducción de 13.9 a 13.2%, esto representa un avance en comparación con los meses críticos de pandemia, cuando llegó a abarcar al 25.4% de la población ocupada. Aunque todavía se encuentra lejos de los niveles previos a la crisis, cuando este indicador estaba en un nivel de 9.1 por ciento.
“Se espera que la situación laboral regrese a los niveles de empleo pre-crisis por la mitad del año, en términos absolutos. No obstante, esto será con algunos cambios estructurales en el mercado laboral, especialmente un aumento en la informalidad y subocupación, menor participación laboral de la población en edad para trabajar y una menor participación de las mujeres”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.
La especialista advirtió que en abril la comparación anual de los indicadores con el mismo mes del 2020 reflejará una mejoría, puesto que fue uno de los periodos más críticos de la pandemia. Por ello, para el análisis del impacto de la crisis sanitaria deberán tomarse como referencia las cifras de marzo del año pasado.
Ganadores y perdedores
El aumento de la población ocupada no fue generalizado si se observa el comportamiento por actividad económica. El sector que más ganó, fue el primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) con un aumento de 758,000 trabajadores, casi la misma proporción del incremento de las personas ocupadas.
“Aunque la tendencia del empleo sigue siendo de recuperación, la mejora de marzo se debe esencialmente a efectos estacionales, pues el mes marca el inicio de la temporada de siembra”, subrayó Marcos Arias Novelo, economista en jefe de Grupo Financiero Monex.
En tanto, el sector servicios reportó un aumento de 526,000 empleos, la mitad de estos en las actividades restauranteras y de alojamiento. Esta dinámica compensó la pérdida de 552,911 puestos de trabajo en el sector industrial (secundario), principalmente en la manufactura y la construcción.
“Creemos que las primeras (manufactura) podrían haber sido afectadas por problemas de suministro y tras el impacto por las heladas en febrero”, indicó Juan Carlos Alderete.
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SCJN blinda a trabajadores en casos de demandas por accidentes laborales
El Economista
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó precedentes para casos en los que las empresas oculten información sobre accidentes laborales y sean demandadas por daño moral. Las normas establecen que quien demande debe comprobar el daño, pero si la familia del trabajador o de la trabajadora inicia el juicio y no tiene forma de acreditarlo, entonces las empresas están obligadas a demostrar su inocencia. Si no lo hacen, deben pagar una indemnización.
El pasado 16 de abril, la Primera Sala de la Corte amparó a la familia de una mujer, quien falleció en la fábrica donde laboraba. Esa empresa ocultó y retrasó información sobre el accidente de trabajo, por lo que ahora su hijo deberá recibir una indemnización.
El proyecto de sentencia fue presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat. En sesión remota, dicha sala discutió el amparo directo en revisión 5505/2019 y, por unanimidad de votos, apoyó la sentencia de la jueza.
La muerte de la trabajadora ocurrió en septiembre de 2013. Laboraba en el turno nocturno, pasaba de la media noche y el dolor que sentía en la garganta se había agudizado. Le dijo a un par de compañeros que iría al baño, tal vez refrescándose un poco o haciendo una pausa lograría terminar su jornada.
Pasaron 15 minutos y no volvía. Sus compañeros se preocuparon y fueron a buscarla, pero no estaba en el sanitario. Intentaron en otros lugares de la fábrica y nada. A la 01:15 de la madrugada le avisaron al supervisor, pero éste no puso mayor empeño en encontrarla.
A las 4 de la mañana la hallaron, dentro de la empresa, sin vida. Según la versión pública del proyecto de sentencia, hasta las 9 de la mañana la compañía se comunicó con el hijo de la trabajadora para avisarle, sin más detalles, que su madre había tenido un “accidente de trabajo”.
Las faltas de la empresa
De inmediato, el hijo de la trabajadora y otros familiares se trasladaron a la empresa, pero seguían sin darles información sobre el accidente y tampoco les permitieron verla. Luego de tres horas de espera, les pidieron acudir al Ministerio Público, pues hasta ese momento, a las 11:30 de la mañana, la fábrica dio aviso a las autoridades.
Los primeros resultados de los peritos indicaron que la señora pudo haber sido atropellada por un montacargas de la empresa. El dictamen final concluyó que le cayeron varias tarimas. Además, su cuerpo fue movido del lugar del accidente.
El hijo de esta mujer demandó a la empresa el pago de una indemnización por daño moral. Argumentó que la muerte de su madre le ocasionó un daño en lo afectivo. Pero también que la empresa incurrió en negligencia y dolo debido a las siguientes circunstancias:
- No le proveyó a su madre la seguridad adecuada en el trabajo
- El retraso injustificado de su personal en la búsqueda y localización oportuna de la víctima
- Tardó en dar aviso a las autoridades
- Incertidumbre sobre las verdaderas circunstancias, motivos y lugar del fallecimiento
- Falta de atención, apoyo e información a la familia.
En 2016 el Juzgado Cuarto en Materia Civil de Primera Instancia le dio parcialmente la razón al demandante y a la empresa. Dio como válidos los argumentos de la defensa de la fábrica, la cual señaló que la familia de la trabajadora no comprobó que la empresa incurrió en algún delito. De esa manera, la jueza condenó a la compañía a pagar una pequeña indemnización.
La excepción a la regla
Ambas partes, el hijo de la trabajadora y la empresa, recurrieron a diferentes instancias durante estos años. En 2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, le concedió un amparo a la fábrica.
Quienes integran ese tribunal señalaron el artículo 7.156 del Código Civil para el Estado de México. Éste apunta que “quien demande la reparación del daño moral deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que se produjo”.
La familia de la trabajadora fallecida en la fábrica tramitó otro amparo, el cual llegó a la Corte. Al tomar el caso, la Primera Sala de la SCJN se pronunció sobre dos temas: la interpretación del artículo 7.156 del Código Civil para el Estado de México y la interpretación sobre quién debe probar los asuntos de esta naturaleza.
Lo que señala el artículo 7.156 es “enunciativo, no limitativo”, propuso la ministra Margarita Ríos Farján. “Por lo que los familiares tienen derecho a recibir una indemnización por daño moral”. Y la reparación económica de ese daño debe tomar en cuenta “el sufrimiento causado por la muerte de un familiar, porque se probó que la empresa no tuvo los cuidados necesarios”.
Ahora, sobre que quien demande la reparación del daño moral debe probar que sucedió, no es una regla absoluta, resolvió la Corte, “sino que admite excepciones”.
Ante casos similares a éste, “en los que se demande a una empresa por el fallecimiento de una de sus personas trabajadoras, corresponde a la parte demandada probar que actuó con legalidad, debido a que es quien tiene facilidad para obtener las pruebas”.
Según la SCJN, la empresa debe garantizar la seguridad de su personal. Y es “complejo” que la familia señale en un juicio exactamente de qué manera la empresa incumplió sus obligaciones. “A diferencia de la parte patronal, que cuenta con mayor disponibilidad para acceder a tales medios de convicción”.
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8 puntos para entender los cambios de la reforma en materia de subcontratación, según Alcalde
El Financiero
Esta semana, el Senado aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos legales en materia de subcontratación o outsourcing en el sector privado y en el público federal.
El proyecto de ley se enviará al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para su promulgación tras haber sido aprobado por la Cámara baja la semana pasada.
Pero, ¿cuáles son los cambios sustanciales de esta reforma? Así lo explicó Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
- Se prohíbe la subcontratación de personal.
” Al prohibir esta subcontratación de personal, las empresas deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a todos aquellos y aquellas que realizan las actividades principales relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante” explicó la funcionaria en la ‘mañanera’.
- Se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.
En ese sentido, Alcalde señaló que aquellas empresas que deseen prestar estos servicios especializados, deberán estar en un registro obligatorio y detalló que este padrón, a cargo de la secretaría de Trabajo.
“Este registro será público y transparente, en caso de ubicar incumplimientos se perderá el derecho de estar en este registro de empresas de subcontratación de servicios especializados”, puntualizó.
- Las empresas que reciben los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento.
- Para evitar la simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR y la del IVA con la Ley Federal del Trabajo.
- Se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento.
- Plazos de la reforma.
Los plazos para la implementación de esta reforma, ahora que ya fue aprobada por ambas Cámaras y será publicada por el presidente, es de un mes, tiempo en el que la Secretaría del Trabajo deberá emitir los lineamientos que regularán el registro.
-Se cuenta con 90 días, es decir tres meses, para que las empresas puedan regularizarse.
“Este proceso ya inició incluso antes de que se aprobara, hay más de 300 mil trabajadores que ya han sido transferidos y reconocidos como trabajadores propios”, sostuvo Luisa María Alcalde.
Por otro lado, destacó que estos registros tienen incrementos en los salarios que van desde el 15 al 32 por ciento porque ya se están registrando con los salarios reales.
-Cada 3 años las empresas tendrán que actualizar sus registros ante la STPS.
- Se reforma la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el Gobierno federal ya no exista la subcontratación de personal.
Se iniciará un proceso de diagnóstico en las dependencias de la Administración Pública para regularizar al personal subcontratado.
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Se va a recaudar más al eliminar subcontratación simulada: Luisa María Alcalde
El Financiero
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, aseguró que la reforma en materia de subcontratación ayudará a recaudar más ante la eliminación del outsourcing simulado, ya que en los próximos meses las empresas tendrán que dar de alta a los trabajadores en el Seguro Social y deberán pagar al fisco los impuestos evadidos.
“Lamentablemente había empresas que evadían impuestos a través de estos esquemas, se evadían responsabilidades no solo laborales, sino también fiscales y ante los institutos de seguridad social. Entonces, ¿se va a recaudar más?, sí, sí lo creo porque se obliga al cumplimiento que debieron haber realizado desde el primer día de la existencia de la empresa”, sostuvo.
En entrevista con El Financiero Bloomberg, afirmó que la prohibición de la subcontratación y la regulación de la subcontratación de servicios especializados provocarán que las empresas ya no puedan deducir gastos usando outsourcing “abusivo”, pues el objetivo es que ya no exista ese tipo de evasión.
Adelantó que, si bien habrá un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la reforma para que la STPS emita los lineamientos del registro en el que deberán anotarse las empresas de subcontratación, se prevé que sea antes cuando se libere dicho registro. “Esperamos emitir los lineamientos más o menos a mediados de mayo y poder contar ya con las reglas y con el portal de registro”, proyectó Alcalde.
Regulación de personal
A partir de la liberación del registro −apuntó− correrán 90 días para que las empresas que deseen proveer servicios especializados se den de alta ante la STPS y para que, de forma simultánea, las compañías regularicen al personal que estaba contratado vía outsourcing, lo que incluye inscribirlos al Seguro Social con sus salarios reales.
En este sentido, la funcionaria indicó que, aun sin ser aprobada la reforma, el Seguro Social registra que desde noviembre de 2020, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de reforma, se han regularizado 300 mil trabajadores y ha habido aumentos salariales que van del 15 al 38 por ciento de incremento.
“Se nota este incremento porque los patrones están registrando a los trabajadores con los salarios que perciben”, subrayó.
La funcionaria estimó que entre 4 y 6 millones de personas están subcontratadas, sin embargo, declinó mencionar cuántas personas podrían ser regularizadas; en el caso del Gobierno, tampoco refirió cuántas personas serían contratadas de forma directa por las dependencias, pero señaló que a partir de mayo se iniciará el diagnóstico y su regularización.
Alcalde rechazó los señalamientos de la iniciativa privada y abogados en cuanto a que la reforma tiene “vacíos legales” que complican su implementación. “Respeto las opiniones, pero no las comparto, al contrario, es una iniciativa que cierra precisamente esos vacíos y los huecos que tenía la ley”.
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AMLO y la IP abordan en la mañanera reformas sobre subcontratación
La Jornada
Ciudad de México. Una decena de funcionarios y representantes del sector empresarial acudieron a la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional para abordar las reformas a la subcontratación.
“El día de hoy vamos a ver los logros relacionados con la eliminación de la subcontratación que afectaba a los trabajadores”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También se tocó el tema del reparto de utilidades.
“Acordamos dar a conocer en qué consistieron las modificaciones a ocho leyes para dar fin al abuso de la subcontratación”, añadió el mandatario.
Recordó que los cambios -alcanzados este mes- son reglas para no afectar a los trabajadores, sus prestaciones, y en el caso del reparto de utilidades, establecer normas que no existían.
Destacó la participación de los sectores obrero y empresarial para la aprobación de esta reforma.
“Es esta reforma producto del diálogo, de acuerdos.
Yo comentaba que se envió iniciativa original a la Cámara de Diputados y como no se tenía consenso entre las partes se decidió aplazar su discusión y en su caso aprobación, y se abrió un proceso de consulta hasta que se llegó un buen acuerdo”, señaló el Presidente.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional se encuentran, entre otros, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar; el director del IMSS, Zoé Robledo, y la directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro.
Al inicio de la conferencia se dijo que los representantes del sector obrero se incorporarían más tarde.
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En marzo, México recupera 10.6 millones de empleos de los 12 millones perdidos por COVID: Inegi
Animal Político
De las 12.5 millones de personas que perdieron su empleo de marzo a abril de 2020, 10.6 millones volvieron a emplearse en el tercer mes de 2021, así lo mostraron los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con cierre a marzo del presente año, realizada por el INEGI.
En marzo del año presente, se registraron 53.8 millones de personas ocupadas, a comparación de las 55.8 millones que eran en el mismo periodo del año anterior. Esto significa que, dentro de los empleos recuperados, aún quedan 2 millones pendientes por regularizar.
En el mismo mes, la población ocupada – es decir, con trabajo – fue de 53.8 millones, lo cual significó 2 millones de personas menos a comparación de marzo de 2020.
De esta población, aquellos con jornadas de más de 48 horas semanales disminuyeron en 1.5 millones de personas, mientras que los micronegocios se redujeron en 877 mil personas.
Por otro lado, la población desocupada en marzo de 2021 fue de 2.2 millones de personas, lo cual significó 493 mil más que el mismo mes del año previo. La tasa de desocupación fue de 3.9%.
Por otro lado, la ENOE señaló que la población subocupada – o sea, de personas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda – fue de 7.1 millones de personas en marzo de 2021, mientras que un año antes eran 5.1 millones.
El INEGI registró que de un total de 7.1 millones de personas están subocupadas en marzo del año presente, 2 millones más que el año anterior. Esto significa que la tasa de subocupación ascendió a 13.2%.
La población ocupada en el sector secundario disminuyó 315 mil personas a comparación del tercer mes del 2020, mientras que en el sector terciario este descenso fue de 2.4 millones de personas.
La fuerza laboral de la población económicamente activa fue de 56 millones de personas, 1.5 millones menos que en marzo de 2020. La tasa de participación en este sentido fue de 57.2% de la población mayor a 15 años, el porcentaje más alto desde octubre del año pasado.
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Aumentará 100 mil mdp utilidades con reforma a outsourcing
NTR Zacatecas
CIUDAD DE MÉXICO. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que con la reforma al outsourcing, las utilidades que reparten las empresas a trabajadores aumentarán en 100 mil millones de pesos, lo que equivale a un alza de 180 por ciento.
«En materia de reparto de utilidades, que es un derecho constitucional, en la práctica este derecho de había venido extinguiendo por figuras de outsourcing e insourcing, había empresas hermanas que simplemente transferían los trabajadores, por lo que no se repartían las ganancias», expuso en conferencia mañanera del presidente.
«Por utilidades las empresas habían repartido 56 mil millones de pesos, con la propuesta a la reforma se repartirán 157 mil millones de pesos, se incrementarán 100 mil millones de pesos».
Con la nueva reforma, publicados los lineamientos, las empresas tendrán 3 meses para regularizarse y transferir a sus trabajadores reconociéndolos como propios, precisó Alcalde.
Por su lado, los titulares del CCE, Carlos Salazar y de la CTM, Fernando Salgado, respaldaron la reforma en beneficio de los empleados.
«Eso nos traerá al País más productividad, que la injusticia que tienen los trabajadores, que no tienen a nadie que los proteja, ahora pueden trabajar y desarrollarse y desarrollar su función y con la protección que les dan estas leyes», comentó Salazar.
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