Foto del día: La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, acordó exhortar al Presidente de la República instrumentar una política nacional que impulse la investigación y el desarrollo de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. Destacaron que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, estima que 55 por ciento de los empleos en el mundo podrían ser susceptibles a la automatización en la próxima década; en México, aproximadamente entre 19 y 53 por ciento de los empleos serán impactados por la Inteligencia Artificial. (Vía Capital México)
Acusan simulación en legitimación de contrato de GM en Guanajuato
El Economista
La planta de General Motors en Silao, Guanajuato, inició con el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo bajo la modalidad de voto libre, secreto y directo de los trabajadores; no obstante, se han denunciado diversas irregularidades de parte del Sindicato Miguel Trujillo López, de la CTM.
En entrevista con El Economista, Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), y asesor de los trabajadores de la armadora, dijo que todo el proceso de legitimación ha sido una simulación, no permitieron observadores laborales, y desconocemos si la autoridad laboral está presente para avalar el proceso. Agregó que “desde hace varios días el sindicato se encargó de llamar a grupos de trabajadores para inducir el voto”. Sin embargo, Juan Carlos Felix, secretario de trabajo del Sindicato Nacional “Miguel Trujillo López” de la CTM, comentó que “es un proceso muy vigilado”, y que sí hay presencia de inspectores.
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Pese a dudas y amenazas, obreros de General Motors Silao se animan y votan por el No en la primera jornada de consulta
Pop Lab
Julio, un obrero del área de Ensamble persiste en sus dudas a las afueras de la Puerta 02 de acceso a la planta de General Motors, el día de las elecciones. Hace unos días les dijeron del sindicato cetemista que si votaban por el NO, “se iba a congelar el contrato y perderíamos nuestros derechos”.
Diez mil trabajadores como Julio serán los que definan, por medio de su voto, si el sindicato Miguel Trujillo López, adscrito a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, seguirá representándolos con el contrato colectivo de trabajo vigente ante la transnacional estadounidense instalada en el municipio de Silao desde 1995.
Escucha a Julio y a Israel
—”Cuando yo voté, yo le puse que no. Quisieron lavarnos el coco con las juntas de información. Pero era solo para que ellos se quedaran. Yo no estoy de acuerdo”, agregó Julio, quien junto a una compañera de planta guardaba sus pertenencias en la maletera bajo el asiento de su motoneta.
El Complejo Silao es la planta automotriz más antigua del estado de Guanajuato, cuya inversión inicial de 400 millones de dólares y mil 800 empleos generados han ido en incremento con los años. Al día de hoy la cifra de trabajadores en las diferentes áreas de la empresa se ha multiplicado en poco más de 5.5 veces, pero sus derechos laborales han caído en picada.
Media hora antes del inicio de la consulta POPLab ya estaba allí junto con Israel Cervantes de Generando Movimiento, Willy Gómez y Jaime Flores Durán, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) A.C. Pero nadie más a la espera de ingresar o atestiguar un suceso en el que se disputa un nuevo arreglo laboral en la planta automotriz más emblemática del panismo estatal. No hubo tampoco presencia de autoridades locales o nacionales en materia de trabajo que presenciaran las votaciones.
La inversión en el ramo automotriz es uno de de los ejes de política económica más promocionados por los gobiernos de Guanajuato durante los últimos sexenios. Una fórmula para el crecimiento económico de la entidad —sostienen—, entre ellos el actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo: inversión extranjera directa + empleos = bienestar.
Sobre la producción de General Motors Silao se ha dicho orgulloso de que se termine una “nueva camioneta Silverado o GMC Sierra cada 58 segundos”, pero sin mención alguna sobre la falta de derechos laborales básicos para sus trabajadores.
La historia es otra para quienes fabrican con sus manos automóviles de lujo en menos de un minuto. Con más de 10 años representados sindicalmente por “el Miguel Trujillo López”, obreros en funciones y fuera de la planta —los cuales han sido despedidos injustificadamente— no desean que permanezca dicho sindicato y están en búsqueda de una oportunidad para conformar una nueva organización sindical.
Como la humedad: llegaron y se metieron
El sigilo invadía la entrada y salida de trabajadores. Ninguno hablaba más de lo necesario con el personal de seguridad tras su paso por los detectores de metal y el registro. Allí mismo, un letrero dice: “No se permite el ingreso de cámaras ni de celulares con cámara”. El blindaje es completo: no sale información.
Aunque la Ley Federal del Trabajo es clara cuando estipula en su Artículo 394 que un nuevo “contrato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento”, los delegados sindicales tienen semanas difundiendo la información contraria para asegurar su permanencia, amedrentando a los trabajadores y hostigándolos en cada intento de asociación independiente.
—”Si voy a manifestarme de algo que no estoy de acuerdo, enseguida me señalan como alborotador y te cuestionan. Te identifican y te amenazan de correrte. Hay compañeros a quienes sí los han corrido”, dice Hernán, empleado del área de Estampado con ansias de un cambio de representación laboral.
El sindicato Miguel Trujillo dejó una ventana de apenas 15 horas para que 10 millares de trabajadores voten. Durante nuestra visita se cerró la primera, entre las 10:00 am y las 3:00 pm del 20 de abril, las otras dos fueron convocadas entre las 10:00 pm y las 3:00 am del 20 de abril y 21 de abril, respectivamente.
“Es para los turnos mixto y nocturno”, explica Israel, extrabajador de GM, despedido con un antidoping falso por conformar Generando Movimiento junto con compañeros de planta —la organización que aspira a representar a los trabajadores una vez que puedan expulsar al “Miguel Trujillo de Tereso Medina Ramírez”, actual senador de Coahuila por el Partido de la Revolución Institucional y secretario general del sindicato.
Pero también la noche es buena aliada de la opacidad. “Una votación de noche es una artimaña”, dice Israel. El sindicato Miguel Trujillo López no ha celebrado ni una sola asamblea o consulta desde que suplió al Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz Similares y Conexos de la República Mexicana (SITIMM).
—”Hace 11 o 12 años llegó el Miguel Trujillo López. Ellos llegaron de repente: ‘Ya no somos SITIMM, ya somos Miguel Trujillo López’ —’¿Y a quién le pidieron opinión?’ Así nada más fue el cambio, como la humedad: llegaron y se metieron”.
Nadie entra
En el primer acceso se nos solicitó nombre, contacto interno y motivo de visita. Israel, Jaime y Willy habían sido acreditados como visores externos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero ni el salvoconducto los salvó. La acreditación se la otorgaron los funcionarios Héctor Pedro Martínez López,Alejandro Salas Frank y Esteban Martínez de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con quienes habían intercambiado correos oficiales un día antes. El acceso se les negó por completo.
En el lobby, ya dentro de las instalaciones de la planta, el pacto del silencio era más denso. No veo, no oigo, no sé; fue más-menos la respuesta de los trabajadores administrativos en un mostrador.
—”Si quieren hablar con comunicación social hay que hacerlo por la página web” —dijo uno.
En razón de 10 minutos un guardia de seguridad nos escoltó de regreso.
—No pueden sacar celulares, ¡guárdenlos! —ordenó en nuestro largo peregrinar a la salida de la planta.
No había rastro alguno de la Secretaría del Trabajo, tal y como se establece en el protocolo de legitimación de contratos que deriva del T-MEC y la nueva reforma laboral entrada en vigor el 1 de mayo de 2019, que aspira, a la letra, a cambiar la realidad de los derechos de los trabajadores en México.
Silencio y calma. La jornada se asemejaba a un día más de producción. Al finalizar el primer horario de consultas se sellaron las urnas transparentes “con supuestos funcionarios de la Secretaría del Trabajo” —dice un empleado desde el interior—, que nunca se reportaron con Israel, Jaime y Willy, a pesar de las acreditaciones.
—”Los compañeros no están de acuerdo con las condiciones, que ese sindicato se siga quedando, porque la verdad no ha hecho nada hasta ahorita. Ellos dicen que sí, pero la verdad es que no. Necesitamos quien nos represente para que nos den lo que nos corresponde. La mayoría están en que no, que no estamos de acuerdo con ese sindicato”.
—¿Luego del conteo de votos, qué harán?
—”Conociendo los resultados veremos qué hacer para sacar al sindicato que está ahorita”, dijo Julio.
Hernán también explicó que es posible que falte participación en la votación, pues “a la gente no le interesa ir porque tiene miedo”. Durante los cursos de información, el sindicato les dijo “que ya estaba todo arreglado” —y agrega—”que antes de la revisión de contrato ya tienen todo arreglado con la empresa sin tomar en cuenta a los trabajadores”.
* Se cambiaron los nombres para resguardar la identidad de los trabajadores
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Reforma al outsourcing pone en riesgo a 70% de las personas subcontratadas: IMCO
El Economista
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indicó que, según algunas proyecciones, el 70% del personal subcontratado podría no ser integrado a las nóminas de las empresas y laborará en la informalidad o perderá su empleo. Esto, debido a “los ajustes que las empresas” harán para acatar las nuevas reglas que presenta la reforma al outsourcing.
El Senado aprobó este martes la reforma en materia de subcontratación. Las nuevas disposiciones le prohíben a las empresas subcontratar personas. Lo que estará permitido es la tercerización de servicios u obras especializadas o complementarias, las cuales realizarán trabajadoras o trabajadores quienes tendrán un contrato con la organización dedicada al outsourcing.
De acuerdo con los datos de los últimos Censos Económicos del Inegi, en México poco más de 4.1 millones de trabajadores (15.2% del total) laboran bajo un esquema de subcontratación, 62% hombres y 38% mujeres. En los últimos 15 años, el personal tercerizado creció 312 por ciento.
La nueva regulación aprobada por el Congreso de la Unión “busca reducir las malas prácticas” de muchas empresas, reconoció el IMCO en un comunicado. “Tiene elementos positivos”, pero por sí sola no mejorará las condiciones laborales. Por lo tanto, sugiere considerar “el efecto que la reforma tendrá sobre las decisiones laborales de las empresas y su potencial efecto sobre el empleo”.
México necesita generar nuevos empleos formales, apunta dicha organización. Lo cual es un “reto mayúsculo”, pues aún faltan por recuperar 2.7 millones de empleos perdidos por la pandemia de covid-19. El desafío aumenta si se toma en cuenta que cada año se requieren 1.2 millones de puestos de trabajo para cubrir la demanda de quienes se incorporan al mercado laboral.
“A pesar de que la reforma busca que los trabajadores subcontratados obtengan mejores condiciones y derechos laborales que derivan de una relación directa con su patrón, el principal riesgo es la incertidumbre de sus efectos sobre el empleo formal, y también sobre los trabajadores subcontratados en el corto plazo”, advirtió la institución. Pues los ajustes que hagan las empresas pueden llevar a muchas personas a peores condiciones, “como honorarios, informalidad, o que pierdan su empleo”.
Las propuestas del IMCO
El IMCO, a cuyo consejo directivo pertenecen María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; Claudio X. González, presidente del Consejo de Kimberly-Clark de México, o el economista Luis de la Calle, hizo cuatro recomendaciones en materia de política pública para implementar a la par de la puesta en marcha de la reforma:
Ofrecer apoyos económicos temporales a quienes sean despedidos o que ya no tendrán seguridad social “derivado de los cambios en el sector de subcontratación”. Plantea también impulsar programas de apoyo al trabajo focalizados en la población afectada. “Dar seguimiento a las consecuencias inesperadas” de la reforma “y atender aquellas que sean negativas”. Lo más importante será monitorear la salida de personas del mercado laboral formal.
Reducir los costos del trabajo formal. Una opción es disminuir el impuesto sobre la renta (ISR) a las personas asalariadas que ganen menos de 10,500 pesos al mes. Esta medida “beneficiaría a 15.5 millones de trabajadores asalariados”. Y aumentaría la recaudación en más de 73,000 millones de pesos al año.
Implementar “de forma ágil y adecuada” la vigilancia de empresas de subcontratación, así como monitorear su registro. Para ello se necesitan pronto las reglamentaciones secundarias, “las cuales deberían considerar la capacidad de las autoridades para procesar y hacer cumplir las regulaciones laborales”. El objetivo de esto “debería ser evitar costos desproporcionados para las empresas por contratación de personal, a fin de incentivar la creación de empleos”.
Ampliar el plazo para su entrada en vigor. “Es probable que tres meses no sea suficiente tiempo” para que pequeñas y medianas empresas cumplan con los requisitos y las obligaciones que les ordena la reforma.
“Si el objetivo final de la reforma es fortalecer el empleo, como se menciona en las Consideraciones del Dictamen, se debe complementar con otras políticas públicas y reformas fiscales que incentiven la generación de empleos formales”, expone.
Los elementos positivos de la reforma
La institución destacó la flexibilidad de la reforma para la subcontratación de servicios e implementación de obras especializadas como algo positivo. Al permitir que personas ejecuten tareas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal de la empresa beneficiaria, se evita la “simulación y evasión fiscal”, apunta.
Las y los especialistas de ese centro de estudios aplauden la creación de un registro de empresas de subcontratación. El propio instituto lo había recomendado, recuerda, es decir, la conformación de un padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Otro elemento positivo es que contempla sanciones “en contra de patrones que no permitan la inspección y vigilancia de las autoridades laborales”. Esto eleva el costo de las simulaciones o esquemas fuera de la ley.
Aunque algunos sectores de la academia y el sindicalismo han lamentado que la versión final de la reforma haya puesto un tope al reparto de utilidades, el IMCO lo ve provechoso. La cifra que cada año recibirá el personal no podrá rebasar el equivalente a tres meses de salario o al promedio de lo que les pagaron los últimos tres años, la cantidad que sea mayor. Esta medida, destaca, “mitiga algunos de los costos de la reforma para las empresas”.
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6 de cada 10 empresas grandes del país tienen trabajadores subcontratados
El Economista
La subcontratación de personal, que pronto estará expresamente prohibida por ley, es una figura usada con frecuencia en la iniciativa privada. Al menos el 60% de las grandes empresas que operan en México tiene personal tercerizado y deberán hacer ajustes en sus estructuras para cumplir con las nuevas disposiciones.
De acuerdo con la encuesta Termómetro de Teletrabajo y Subcontratación de Mercer, del total de empresas que manifestó tener personal tercerizado, el 38% usa un esquema de insourcing; es decir, sus empleados están contratados a través de otra razón social creada por la misma organización. Mientras tanto, otro 80% recurre tanto a modelos de insourcing como al suministro de personal de una empresa de outsourcing.
“La magnitud de este esquema es muy grande”, afirma en entrevista Gerardo García Rojas, director de Consultoría en Compensaciones de Mercer México. Desde la óptica del especialista, una buena proporción del personal subcontratado continuará bajo esa modalidad porque prestan un servicio especializado a través de otra empresa y que no forma parte ni del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la organización contratante.
La reforma de subcontratación ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y se tiene previsto que el Poder Ejecutivo la promulgue el 1 de mayo. A partir del día siguiente, el outsourcing de personal, entendido como el suministro de trabajadores de una empresa a otra, será una actividad prohibida.
“Si tú tienes vendedores por teléfono y tu negocio primario es la colocación de créditos y productos financieros, y la gente que tienes en el call center lo que hace es colocar productos financieros, no los vas a poder tener por tercerización ni por insourcing. Aquí es donde las empresas van a tener que tomar decisiones bastante rápidas”, expone el especialista.
¿Puede el mercado absorber a todos los trabajadores subcontratados? Esa es quizá una de las dudas más recurrentes, hasta el momento, las organizaciones manifiestan que será posible contratar de manera directa a una proporción elevada. Cerca del 85% de las empresas con estos esquemas reportó que podrá absorber todos los puestos de trabajo subcontratados.
“Las empresas ya han empezado a hacer su trabajo, lo han estado haciendo muy detallado, haciendo análisis de costos para saber cuánto costará armonizar prestaciones, entre otros aspectos”, apunta García Rojas.
En el 15% restante de las organizaciones se encuentran las empresas que no podrán contratar directamente a los trabajadores subcontratados y optarán por la liquidación. En ese sentido, el ejecutivo de Mercer opina que la postura de las compañías ha cambiado después de hacer análisis profundos, dejando atrás el panorama de despidos masivos al momento de entrar en vigor las modificaciones al régimen de tercerización.
Reducción de beneficios
La absorción del personal subcontratado implicará modificaciones internas, en especial en los paquetes de compensaciones de todos los trabajadores. La encuesta de Mercer identificó que el 24% de las empresas reducirá los incrementos salariales y los bonos como medidas para mitigar el impacto financiero que representará la absorción de la plantilla tercerizada.
El impacto financiero será una realidad, puesto que el principal beneficio reportado por las empresas para tener algún esquema de outsourcing es la reducción de costos, así lo indicó el 51% de las compañías, específicamente en prestaciones superiores a las de Ley.
“La razón principal de tener gente tercerizada es porque la contratante sólo se hace cargo del costo del salario base mensual y paga adicionalmente una comisión a las empresas subcontratistas. En cambio, a los empleados directos se les cubren tanto prestaciones de Ley como superiores, que pueden ser esquemas de pagos variables, bonos a corto plazo o incentivos a largo plazo, y beneficios, como cobertura de gastos médicos mayores, seguros de vida, programas flexibles, vales de despensa o incluso un beneficio de automóvil”, explica Gerardo García.
Es por ello que, la absorción de los trabajadores tercerizados tendrá un impacto financiero en las organizaciones e implica evaluar el nuevo modelo de costos.
Para finalizar, el especialista subraya que las compañías no deben perder de vista el resto de las regulaciones laborales que ya se encuentran en vigor, como la reforma de teletrabajo y la de pensiones, y considerar en sus planes de mediano plazo la propuesta legislativa para garantizar pago igualitario entre hombres y mujeres.
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Industria minera pide al gobierno federal reactivar concesiones para incrementar inversiones
El Economista
La industria minera de México pidió al gobierno federal reactivar el otorgamiento de concesiones mineras para incrementar las inversiones en el sector.
En el país no se abrieron nuevas concesiones mineras desde 2019 y los efectos de esto se reflejaron en una menor Inversión Extranjera Directa en el sector.
Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que las nuevas concesiones estarán en suspenso durante su administración (2018 a 2024).
En un foro organizado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex) indicó que hay proyectos mineros frenados lamentablemente por dos razones principales.
“Se ha detenido la obtención de concesiones, todo mundo lo hemos escuchado de Ejecutivo, de que no hay nuevas concesiones mineras en el país, lo cual ha desincentivado la inversión.
“Pero quizás algo que está sucediendo también: hay varios manifiestos de impacto ambiental que están detenidos en la Secretaría del Medio Ambiente”, dijo Alanís.
Las empresas afiliadas a la Camimex tienen 125 operaciones de minería en México, que abarcan 90% de esa actividad del país, sin incluir subsectores que no requieren concesiones.
“Es importante el pedirles a nuestras autoridades ambientales que podamos sentarnos a tener un diálogo para entender exactamente las razones o cómo podemos trabajar en conjunto para expeditar los permisos”, añadió Alanís.
México alcanzó un máximo de concesiones mineras de 27,022 en 2011 y esa cantidad se redujo a 24,066 en 2019, último dato disponible.
“Hay un caso muy sonado recientemente, que lo hemos visto todos en los medios, que es El Boleo en Baja California Sur. Pero hay otra serie de proyectos que también se encuentran en condiciones similares”, concluyó Alanís.
Cuestionado en el mismo foro al respecto, José Rafael Jabalera, director general de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía, replicó: “Proyectos frenados sí hay. Hay proyectos en proceso por diferentes razones, unos por falta de inversiones: otros por retos técnicos; otros por retos de metalurgia; algunos otros, como dices (Alanís) de tramitología, permisos que no han salido en tiempo o han tenido algún retraso u oposición de las comunidades”.
En el evento, Alfonso Martínez, director de Exploración de Grupo México, dijo que a veces se cree falsamente que una concesión minera es una “canonjía empresarial”.
Martínez expuso que para dar certeza a los inversionistas en la etapa de exploración, se utiliza la figura de concesión minera. Esta concesión se confiere a los inversionistas el permiso para realizar obras y trabajos de exploración y disponer de los productos minerales que obtengan dentro de los lotes que amparan durante la vigencia de los mismos.
Como contraprestación, el concesionario se obliga a pagar derechos superficiales y a comprobar una inversión mínima anual.
“Estamos trabajando de la mano de algunos de ellos (proyectos) y a nosotros lo que nos interesa es que las concesiones estén trabajando (sic)”, comentó Jabalera.
Al final, Sergio Almazán, presidente de la AIMMGM, destacó que México tiene una industria minera madura, pero que se requiere el apoyo para que alcance un “nivel de excelencia”, entre otras razones, porque el país tiene una población creciente que requiere mejores condiciones de vida.
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Salarios contractuales superan la inflación por 29 meses al hilo
La Jornada
Ciudad de México. El poder adquisitivo de los trabajadores continuó su mejoría en marzo y acumuló 29 meses consecutivos en que las revisiones salariales se han saldado con incrementos arriba de la inflación, de acuerdo con estadísticas oficiales.
Pese al alivio, aún se encuentra lejos de los incrementos observados en meses anteriores cuando se ubicaban por arriba de uno por ciento.
En marzo, los salarios contractuales que fueron renegociados en la jurisdicción federal aumentaron en promedio 5.5 por ciento, cifra que al descontar el efecto de la inflación, resultó en un avance de 0.81 por ciento real, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Los incrementos, también en términos reales, fueron de 0.21 y 0.52 por ciento para los meses de enero y febrero de este año, según la estadística oficial.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante el tercer mes del año la inflación fue de 4.67 por ciento a tasa anual.
El incremento nominal, es decir, antes de inflación, del tercer mes de 2021 fue de 5.5 por ciento, el mejor avance en lo que va del año, pues en meses anteriores el crecimiento fue menor: de 3.8 y 4.3 por ciento, para enero y febrero, respectivamente. Incluso se ubicó en niveles similares a los observados previos a la pandemia de Covid-19.
El poder adquisitivo de los trabajadores no muestra un deterioro en el inicio del año, cuando la inflación ha sido mayor a la prevista, según los datos oficiales. En diciembre de 2020, cerró con un crecimiento de 2.34 por ciento real para ese mes.
Entre noviembre de 2018 y septiembre de 2020, el poder adquisitivo de los trabajadores mejoró luego de que durante 2017 observó un deterioro provocado por la liberalización del precio de las gasolinas realizado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La última ocasión en que los salarios contractuales tuvieron un incremento menor a la inflación fue en octubre de 2018, cuando resintieron una contracción, en términos reales, de 1.04 por ciento.
César Salazar, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, comentó que todavía falta mucho por resarcir, pues la política de recuperación del poder adquisitivo aplicada para el salario mínimo –que aumentó 15 por ciento para 2021– no se refleja en el resto de la estructura salarial.
Apuntó que en los dos primeros meses del año, por la cuesta de enero, las condiciones no son tan buenas, lo cual explica que los incrementos reales no fueran tan altos a diferencia de marzo, donde la inflación no permitió un mejor desempeño a pesar de un crecimiento nominal mayor.
En marzo se realizaron 618 revisiones contractuales, de las cuales 609 corresponden a empresas privadas, lo cual benefició a 173 mil 550 trabajadores. Las nueve revisiones ocurridas en el sector público impactaron en 8 mil 686 trabajadores.
El incremento nominal para los trabajadores de empresas públicas fue de 3.4 por ciento, dato que al descontar el efecto de la inflación se ubicó en un retroceso de 1.23 por ciento.
El alza salarial para el personal del sector privado fue de 5.6 por ciento, pero en términos reales se ubicó en 0.91 por ciento, la cifra más alta en lo que va del año.
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Entre 19 y 53% de los empleos serán impactados en México por la inteligencia artificial
Capital México
La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, acordó exhortar al Presidente de la República instrumentar una política nacional que impulse la investigación y el desarrollo de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial.
En el dictamen, los legisladores explicaron que la inteligencia artificial es la rama de las ciencias computacionales que se encarga del diseño y construcción de sistemas capaces de realizar tareas asociadas con la creatividad, sensibilidad, aprendizaje, entendimiento, percepción del ambiente y uso del lenguaje.
Los integrantes de la citada Comisión que preside la senadora Sylvana Beltrones Sánchez destacaron que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, estima que 55 por ciento de los empleos en el mundo podrían ser susceptibles a la automatización en la próxima década; en México, aproximadamente entre 19 y 53 por ciento de los empleos serán impactados por la Inteligencia Artificial.
Los legisladores consideraron que “el mundo se encamina a un futuro de grandes avances tecnológicos que están cambiando los modelos educativos y de negocios, por lo que resulta fundamental que México se suba a esa ola tecnológica o correrá el riesgo de quedarse atrás y ser dominado por las potencias económicas que sí lo hicieron”.
Por ello, la Comisión determinó que es necesaria una política de Estado que promueva la investigación y el desarrollo de las tecnologías asociadas a esta materia, para generar crecimiento económico y social.
En la misma reunión de trabajo, que se llevó a cabo a distancia, fue avalado un dictamen para exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y a las autoridades de educación a promover y aumentar la participación de las mujeres y niñas en la investigación e innovación científica.
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