La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Guanajuato, emitió la convocatoria para la integración del Consejo Estatal Ciudadano contemplado en la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato.
Así lo informó, el presidente de la Junta de Gobierno, Jesús Oviedo Herrara, quien se limitó a señalar que la propuesta de convocatoria fue discutida y se le hicieron algunos ajustes.
La emisión de la convocatoria se da luego de que colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles, a través de una carta, exigieron al Congreso local que se convocara a la brevedad y que para la integración del Consejo Estatal Ciudadano se lleve a cabo una consulta pública con dichos colectivos y demás organizaciones.
Las postulaciones y los aspirantes a integrar el Consejo Estatal Ciudadano se recibirán del 19 de febrero al 5 de marzo en la Secretaría General del Congreso físicamente en papel con todas las hojas firmadas al margen derecho y en versión electrónica escaneada en USB.
Una vez que se reciban todos los documentos la Secretaría General integrará los expedientes de cada aspirante y los pondrá a disposición de la mesa directiva, que a su vez los turnará a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su dictamen.
Bases de la convocatoria
El documento aprobado por la Junta de Gobierno, convoca a las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, organizaciones defensoras de los derechos humanos, grupos organizados de víctimas y expertos en la materia para consultarlas en la integración del Consejo Estatal de acuerdo con las bases que se determinaron para ello.
Los aspirantes a integrar el Consejo deberán cumplir con ciertos requisitos entre los que se incluye ser familiar de alguna persona desaparecida, ser especialista con experiencia en la defensa de derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o en investigación y persecución de delitos relacionados con desaparición forzada, o especialista en materia forense.
Pertenecer a alguna organización de la sociedad civil especializada en derechos humanos; además deberá presentar una serie de documentos como una carta de familiares de personas, organización o grupo de familiares, defensores de derechos humanos o del grupo de víctimas y expertos en la materia; así como la documental certificada del acta constitutiva de la organización no gubernamental que realiza la propuesta que contenga el objeto social y la personalidad del representante legal o autorizado que realiza la postulación, por mencionar algunos.
La convocatoria contiene otra serie de “candados” como el que, en el caso de presentar credencial para votar, la vigencia será conforme a los criterios del INE; carta firmada en donde manifieste su voluntad de participar en el proceso, carta de antecedentes penales, carta bajo protesta de decir verdad en que el aspirante manifieste que no se encuentre suspendido o privado en el ejercicio de sus derechos civiles o políticos.
Además de una carta de no haber sido servidor público tres antes años de la expedición de la convocatoria con excepción de la docencia; y de no haberse desempeñado como dirigente de partido o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal o candidato a un puesto de elección popular, entre otros requisitos más.
El dictamen emitido por dichas Comisiones Unidas se subirá al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y votación en la sesión ordinaria que corresponda, aunque no se precisa una fecha para ello.
Con información de Periódico Correo
