Síntesis Obrera

Foto del día: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) iniciará un diálogo con cámaras empresariales y sindicatos a partir del 20 de enero para analizar el porcentaje actual que pagan los empleadores por concepto de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU). Hasta el momento, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha planteado que el reparto de utilidades tenga un tope de 30 días de salario por año, el gobierno propone que el límite sea de 60 días de sueldo al año. (Vía El Economista)

Amafore registra récord en plusvalías, pese al Covid

El Sol de México

Pese a la crisis por la pandemia, el Sistema de Ahorro para el Retiro en el país registró plusvalías por 552 mil 646 millones de pesos al cierre de 2020, lo que significó una cifra récord para el sector, indicó la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).

“Los activos crecieron 18 por ciento en 2020, y dos terceras partes de ese incremento se dio gracias a rendimientos otorgados por los trabajadores. Las plusvalías de 2020 tuvieron un aumento anual de 14 por ciento”, dijo Bernardo González, presidente del organismo, en conferencia de prensa virtual.

González destacó que el Sistema de Ahorro para el Retiro en México probó ser útil en momentos de crisis.

Destacó que en el contexto de la pandemia, que provocó que al cierre del año pasado más de 647 mil mexicanos perdieran el empleo formal, los retiros parciales por desempleo en las cuentas de las Afore junto con los envíos de remesas al país rompieron récords el año pasado y fueron apoyos importantes para las familias.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el año pasado 1.7 millones de mexicanos retiraron parte de la cuenta para su pensión, sumando casi 20 mil millones de pesos, la cifra más alta desde que hay registro y un crecimiento de 66 por ciento respecto a 2019.

“A pesar del año atípico que se vivió en 2020 por la pandemia de Covid-19, los retiros por desempleo de las Afore y las remesas ayudaron a los mexicanos a sortear la crisis”, comentó González.

Pese a ello, el directivo destacó que el monto total de ahorro en el Sistema de Ahorro para el Retiro alcanzó 4.7 billones de pesos al cierre del año, lo que significó una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB).

El saldo promedio de la cuenta individual de los trabajadores del país alcanzó los 79 mil pesos en promedio al cierre de año, una cifra nunca antes vista.

El presidente de la Amafore añadió que a la fecha 100 trabajadores han realizado su solicitud de pensión, esto luego de la reforma que se aprobó en diciembre pasado al Sistema de Ahorro para el Retiro, con lo que se convertirán en la primera generación Afore.

“Este número irá creciendo en el tiempo. El dato que conocemos es que para finales de 2024 serán hasta 300 mil personas las que podrían solicitar su pensión a través de las Afores”, indicó.

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AUMENTAN los precios de canasta básica en Guanajuato

Correo

Salamanca.- La cuesta de enero aunado a la pandemia y a la alza constante del precio de la gasolina que ya rebasó los 20 pesos, trajo para los primeros días de este año 2021 incremento de los productos de la canasta básica y de primera necesidad, aseguró el presidente de la Canaco, Francisco Javier González Mijes.

De entrada se incrementó el precio de la tortilla que pasó de 16 a 18 pesos, los productos cárnicos como el pollo que pasó de 60 a 63 pesos el kilo, otros productos que se han incrementado son las hortalizas y verduras que han impactado severamente, como es el caso de la calabacita que se comercializa a 26 pesos el kilo, igual pasa con el jitomate que ya está a 25 pesos kilo y cómo estos pega en la economía de las familias.

El incremento también es debido al clima que incide en la elevación de los precios. “Pero también el incremento constante del precio de la gasolina eso afecta en casi todos los productos, por ello los tortilleros, los comerciantes de semillas como frijol y otros no han tenido más remedio que ir subiendo los precios de los productos que comercializan.

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Reclamo de EU a la 4T en energía podría escalar a panel bajo el T-MEC

El Economista

México corre el riesgo de enfrentar un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC debido al bloqueo regulatorio que afecta a empresas estadounidenses del sector energético, sobre todo si el nuevo gobierno estadounidense de Joe Biden ratifica el reclamo que la administración Trump hizo al gobierno mexicano por ese motivo hace unos días, afirmaron miembros del sector empresarial mexicano.

“Si se ratifica habría que llevar a solución de diferencias en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), en donde se podrá revisar si realmente no estamos cumpliendo y México qué ofrece para ver cómo salimos del reclamo y en qué parte no es correcto”, explicó Fernando Ruiz, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

En una carta fechada el 11 de enero dirigida a Marcelo Ebrard, Rocío Nahle y Tatiana Clouthier, titulares de Relaciones Exteriores, Energía y Economía, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y los secretarios de Energía y de Comercio, Dan Broulliette y Wilbur Ross, expresaron que las “recientes acciones regulatorias del gobierno mexicano han creado incertidumbre significativa acerca de los procesos regulatorios en México, especialmente en lo que concierne al sector energético y han dañado el clima de inversión en el país”.

Durante la primera conferencia de prensa virtual que realiza el Consejo Coordinador Empresarial, su presidente de la Comisión de Energía, Roger González Lau, dijo que la carta enviada por funcionarios de Estados Unidos “es muy clara”, y que expresa una situación que el sector privado mexicano ha externado sobre el cambio continúo a las regulaciones y las reglas del juego.

Abundó que existe una cartera total de más de 200 proyectos de infraestructura dentro del sector de energía, “que de alguna manera han estado en pausa por la inestabilidad regulatoria a la que se refería la carta de Estados Unidos, y por la falta de permisos, y agilidad administrativa dentro de este gobierno”.

En su misiva, los funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación por el contenido de un memorándum que el gobierno de López Obrador envió el año pasado a funcionarios de los órganos reguladores del sector energético, en donde les instruye a bloquear permisos para llevar a cabo distintas actividades del sector energético, con la intención de favorecer a Petróleos Mexicanos y la CFE.

Ventanilla cerrada

En tanto, Marcial Díaz, experto en energía de Lexoil Consultores, explicó que el nuevo acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía para suspender actividades como otorgamiento de permisos del 13 de enero hasta que concluya la situación de emergencia en semáforo rojo de la Ciudad de México llega en el peor momento posible para un sector ya de por sí paralizado en muchos sentidos.

Según Díaz, sin haber cambiado una sola coma a la legislación vigente en materia energética, la actual administración ha paralizado los procedimientos de 26,247 regulados en todas las actividades del sector después de la exploración y producción de hidrocarburos, es decir, desde la transformación y almacenamiento hasta la entrega al usuario final de todo lo relativo a los hidrocarburos y la electricidad en el país.

“Y estamos hablando sólo de los que ya tienen un permiso, de los que ya operan, que no pueden hacer ningún cambio a sus actividades, que cualquier necesidad que tengan frente a las autoridades se coloca en espera, en un sector económico que es considerado prioritario y no se detiene”, dijo, “esto va a detener un poco el sector, que es un sector dinámico, que siempre está creciendo, es un golpe a la economía y un golpe muy fuerte al sector energético”.

Marcial Díaz detalló que basta ejemplificar que el área más dinámica de otorgamiento de permisos, que son los de expendio de gasolinas, cerró el 2020 con un total de 175 permisos otorgado únicamente para estaciones de servicio, cuando el año anterior éstos llegaron a 407, lo que implicó una reducción de 57% de un año a otro.

Lo anterior debido a la falta de sesiones de la CRE durante el año pasado, que a partir de abril cumplió con el mínimo legal de sesiones del órgano de gobierno, sesionando una vez al mes con algunas excepciones en que las sesiones extraordinarias fueron para otorgar cambios en los permisos de Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad.

Por ahora, y hasta nuevo aviso, la CRE tiene cerrada su ventanilla de atención, que es digital y cuyo diseño mediante oficialía de partes electrónica fue creada para atención remota.

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Reactivan discusión sobre el monto del reparto de utilidades, ¿cuánto es lo justo?

El Economista

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) iniciará un diálogo con cámaras empresariales y sindicatos a partir del 20 de enero para analizar el porcentaje actual que pagan los empleadores por concepto de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU).

La discusión sobre el reparto de utilidades es uno de los acuerdos que firmó el gobierno con la iniciativa privada y representantes de los trabajadores a finales del año pasado, cuando se pospuso la discusión de la reforma para regular la subcontratación impulsada por el Ejecutivo.

“El acuerdo es que tengamos un diálogo entre las partes, que se amplíe el plazo de diálogo para llegar a un acuerdo tanto el sector obrero como el sector patronal sobre este tema, porque está relacionado lo de la subcontratación con el reparto de utilidades”, dijo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El sector empresarial pidió al gobierno incorporar el análisis de porcentaje actual de PTU en el marco de la discusión de la reforma de subcontratación.

El PTU es un derecho establecido en el artículo 123 de la Constitución. Actualmente, las empresas deben otorgar un reparto de utilidades equivalente al 10% de las ganancias obtenidas durante el año. El valor de esta prestación no ha variado en 30 años y ese mismo monto fue ratificado en septiembre pasado por la comisión tripartita integrada para su revisión.

Hasta el momento, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha planteado que el reparto de utilidades tenga un tope de 30 días de salario por año, el gobierno propone que el límite sea de 60 días de sueldo al año.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, expresó que la intención es que esta prestación laboral realmente beneficie a los trabajadores de menores ingresos, además de que debe ser acotada “a su debida dimensión”.

“El día de hoy se mandó una invitación tanto al sector privado como al sector de los trabajadores para convocarnos a una serie de mesas que iniciarán a partir del miércoles y durarán cinco días, en la discusión sobre el PTU (reparto de utilidades).

En diversas ocasiones, las autoridades han manifestado que la subcontratación ilegal ha sido una herramienta que han utilizado algunos patrones para evadir responsabilidades laborales, como el reparto de utilidades.

¿Por qué el reparto de utilidades?

Desde la óptica de Óscar de la Vega, socio de la firma De la Vega & Martínez Rojas Abogados, fijar un tope al PTU crearía las condiciones para que el sector patronal acepte la reforma de subcontratación del gobierno.

El especialista afirma que la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) impulsada por el presidente, obedece en buena medida al insourcing,es decir, prestadoras de servicios creadas por las propias empresas para suministrarse capital humano. “Era la forma en la que se mantenía una balanza en relación a este tema de costos. En México el ISR de las empresas es de 30%, más un 10% de PTU y un 5% de dividendos”.

Esta figura, reconoce el abogado, fue usada por algunas empresas para “mantener un control sobre el PTU”, pues el valor actual del reparto de utilidades, sumado al impuesto corporativo, ha hecho perder competitividad a los empleadores.

“Técnicamente hablando, este porcentaje debe ajustarse a las necesidades del país; la situación económica de hace 30 años es diferente a la actual. La solución ortodoxa era haber ajustado ese porcentaje el año pasado. La sexta comisión mantuvo el porcentaje sin realmente hacer un análisis de fondo si el valor correspondía a las mismas condiciones”, comenta.

Para Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, el PTU es una “moneda de cambio” ante la reforma del outsourcing y no debe estar sometido a negociación.

“Es una confesión desvergonzada de los empleadores el decir que recurren a la subcontratación para reducir el reparto de utilidades. Están confesando su fraudulencia, arranquemos de ahí. El arreglo que se lleve a efecto del reparto de utilidades no tiene por qué estar vinculado a la subcontratación. Esta figura, para aquellos casos en los que se justifica, adelante, pero no para aquellos casos en los que no se justifica y sólo es una defraudación laboral”, opina.

En ese sentido, el especialista subraya que la situación económica es crítica, sin embargo, la actitud de evitar pagar contribuciones no es ajena en el sector patronal y el tema del PTU responde a esto, considera Alfonso Bouzas.

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Hasta de 50%, la brecha salarial en México por trabajo a distancia: OIT

La Jornada

A nivel global, el trabajo a distancia ha ocasionado una gran brecha salarial que en México llega a ser hasta de 50 por ciento con relación a quienes laboran de manera presencial, indica un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Antes de la pandemia del Covid-19 había en el mundo 260 millones de personas que laboraban desde sus casas, lo que representa el 7.9 por ciento del empleo global. En México, 417 mil 173 trabajadores ya lo hacían bajo esta modalidad, refiere el documento El trabajo a domicilio: De la invisibilidad al trabajo decente.

Y apunta: “El aumento sustancial del teletrabajo a raíz de la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto las deficientes condiciones laborales”.

A lo largo de los primeros meses de la crisis sanitaria, uno de cada cinco trabajadores realizó su labor en domicilio, y “se prevé que las cifras totales para 2020, una vez que estén disponibles, pongan de relieve un aumento sustancial con respecto al año anterior”.

En el Reino Unido, las personas que laboran a distancia ganan 13 por ciento menos que las que laboran en su oficina; en Estados Unidos, 22 por ciento, y en Sudáfrica, 25. En el caso de Argentina, India y México, les pegan alrededor de la mitad de su salario.

La información de la OIT destaca que en 2019, las mujeres representaban el 56 por ciento del total de trabajadores en el mundo que se emplea en casa, equivalente a 147 millones.

“Las mujeres de todo el mundo siguen soportando la carga del trabajo de cuidados no remunerado y algunas recurren al trabajo a domicilio como forma de combinar las responsabilidades de cuidados con las oportunidades de obtener ingresos remunerados”, subraya.

De acuerdo con el organismo, la reglamentación del trabajo a domicilio es deficiente y el cumplimiento de la legislación vigente resulta complejo. Precisa que sólo 10 países miembros de la OIT han ratificado el Convenio 177, a través del cual se promueve la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y entre quienes acuden al centro laboral.

México no ha suscrito el convenio, sin embargo con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada sobre la regulación del teletrabajo se atienden algunas obligaciones patronales recomendadas por la OIT. Entre ellas destacan que la parte patronal debe asumir los costos derivados del teletrabajo y proporcionar los equipos necesarios para desarrollarlo; igualdad salarial, garantizar la seguridad social, derecho a la libertad sindical y respetar el derecho a la desconexión la seguridad social.

El documento de a OIT refiere que para las personas empleadas en el trabajo a distancia, la “principal preocupación es el desdibujamiento de las líneas divisorias entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal y familiar”.

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