La Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado de Guanajuato realizó dos mesas de trabajo para el análisis de dos puntos de acuerdo en materia del derecho humano al agua.
Primera mesa de trabajo
El primero de ellos va dirigida a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, a la Secretaría de Salud y a los ayuntamientos de los municipios de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Comonfort, Tierra Blanca, San Miguel de Allende y Xichú a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones necesarias tendientes a garantizar el derecho humano consistente en agua salubre para los usuarios de agua potable de los pozos.
Los asistentes comentaron que se emitieron recomendaciones técnicas para mitigar riesgos a la salud basadas en estudios de calidad del agua realizados en conjunto con la Secretaría de Salud, buscan garantizar que el acceso al recurso para consumo personal y doméstico se dé en condiciones salubres; se destacaron la realización de reuniones y capacitaciones dirigidas a las autoridades municipales para difundir los requerimientos normativos aplicables en la prestación del servicio de agua potable.
Asimismo, se coincidió en la urgencia de garantizar el vital líquido en una región con una hidrología compleja, donde la profundidad de extracción dificulta la accesibilidad; se precisó que, a través de la Dirección de Riesgos Sanitarios, se mantiene un monitoreo constante para prevenir enfermedades hídricas, lo que permite implementar medidas específicas como la mejora en los procesos de cloración, la optimización de la distribución y el asesoramiento sobre el manejo adecuado de almacenamiento en zonas que carecen de tomas domiciliarias.
Se advirtió sobre la problemática operativa en los municipios donde los comités de agua comunitarios trabajan de manera autónoma, señalando que la falta de interés por colaborar con los organismos operadores limita el impacto de las acciones institucionales; en casos específicos como Tierra Blanca, se alertó que el principal desafío reside en la presencia de metales pesados en las aguas subterráneas, más allá de los riesgos por microorganismos, por lo que se ha priorizado el acercamiento y la capacitación técnica con dichos comités para mejorar sus procesos.
Finalmente, se sugirió la creación de una agenda de trabajo para estandarizar los puntos básicos del servicio en zonas con escasez y enfatizaron que los municipios deben canalizar sus solicitudes de financiamiento para obras ante la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente; se hizo mención que la Federación suele rechazar peticiones directas de los comités, por lo que deben acercarse a los ayuntamientos, organismos operadores o la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, para que más allá de la creación de nueva infraestructura, se logre asegurar la operación y mantenimiento adecuados de los nuevos proyectos a largo plazo.
Al hacer uso de la voz, la diputada Plásida Calzada Velázquez manifestó que la propuesta surge de la apremiante necesidad en diversas comunidades que carecen de acceso al agua potable y que el objetivo es conocer el alcance de las acciones emprendidas por los municipios y las secretarías estatales para garantizar este servicio a todas las personas, con especial atención en las zonas que albergan comunidades indígenas dentro de estas demarcaciones.
En su intervención, el legislador Antonio Chaurand Sorzano precisó que, si bien el análisis del tema podría plantear retos respecto al impacto presupuestal de la propuesta, debe prevalecer la premisa de que el acceso al agua es un derecho vital, donde independientemente de los costos derivados, el Estado tiene la responsabilidad fundamental de facilitar el suministro de agua potable a toda la ciudadanía.
Por su parte, la congresista Luz Itzel Mendo González mencionó que las aportaciones de los participantes evidencian una problemática de gran magnitud que requiere la intervención coordinada de los tres niveles de gobierno, además de reconocer los desafíos existentes en materia de presupuesto e infraestructura, pero enfatizó que, mediante la colaboración interinstitucional y el uso de herramientas tecnológicas y legales, es posible generar un cambio real en la situación que enfrentan estas comunidades.
El diputado David Martínez Mendizabal coincidió que los tres niveles de gobierno comparten responsabilidades, pero el liderazgo para garantizar el derecho humano al agua recae fundamentalmente en el Gobierno Estatal a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. También comentó que el acceso al vital líquido no debe verse como una mercancía, sino como un derecho constitucional y convencional exigible que obliga al Estado a establecer políticas públicas y programas concretos que se traduzcan en acciones que lleven agua potable a quienes actualmente carecen de ella.
El legislador Roberto Carlos Terán Ramos indicó que la problemática de los pozos se debe a factores como la profundidad y la presencia de metales pesados, existen acciones vigentes de monitoreo y capacitación que demuestran una atención activa por parte de las instancias estatales y municipales, junto a que el desafío principal radica en fortalecer la coordinación entre los órdenes de gobierno y los comités comunitarios, dejando de lado los colores partidistas para mejorar la capacidad institucional y asegurar los recursos necesarios que garanticen el acceso efectivo al agua segura en todas las comunidades.
Finalmente, la congresista María Isabel Ortiz Mantilla señaló que la complejidad del problema radica en la dispersión de atribuciones entre las autoridades federales, estatales y municipales, así como en la intersección de materias como salud y medio ambiente, por lo que instó a evitar la repartición de culpas y centrarse en coordinar los esfuerzos que cada instancia ya realiza. También asumió el compromiso legislativo de armonizar el marco legal estatal con las disposiciones federales y destacó que solo a través de la gobernanza, la participación comunitaria y la unión institucional se podrá garantizar de manera real y sostenible el acceso al agua para toda la población.
Segunda mesa de trabajo
El otro punto es el que busca exhortar a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, para que realice las acciones necesarias tendientes a garantizar el derecho humano a los habitantes de la comunidad indígena Tierra Blanca de Abajo del municipio de San Miguel de Allende, consistente en disfrutar de un medio ambiente sano.
Se habló sobre el riesgo sanitario en la comunidad de Tierra Blanca de Abajo, San Miguel de Allende, debido a la presencia de Erionita, un mineral carcinógeno que se dispersa a través del polvo en calles no pavimentadas y materiales de construcción locales como el adobe. Para mitigar la exposición, se propuso una intervención integral que incluye la pavimentación de vialidades, el sellado de muros en viviendas y la posible instalación de estaciones de monitoreo ambiental, acciones que requieren una coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno.
Asimismo, se precisó que, aunque la autoridad ambiental supervisa el impacto de las obras y la calidad del aire, la mitigación del riesgo sanitario y la regulación de materiales corresponden a las áreas de salud y desarrollo urbano municipal, mientras que la protección de cuerpos de agua es de competencia federal; y que la estrategia institucional se centra en articular esfuerzos con el Ayuntamiento de San Miguel de Allende para implementar medidas de prevención y restauración ambiental que reduzcan de manera efectiva la inhalación de fibras y protejan la salud de los habitantes.
Al hacer uso de la voz, la diputada Plásida Calzada Velázquez agradeció la disposición de la comisión para llevar a cabo una reunión de trabajo que trate la problemática de la comunidad indígena Tierra Blanca de Abajo que se relaciona con aspectos de salud, donde los comentarios vertidos puedan ayudar a generar acciones que den una respuesta positiva a las personas habitantes de la comunidad.
Finalmente, la legisladora María Isabel Ortiz Mantilla destacó que las problemáticas de agua, emisiones de fuentes fijas y móviles, así como el manejo de residuos sólidos, especiales o peligrosos, corresponden a atribuciones distintas, por ello enfatizó que establecer procesos de coordinación institucional resulta indispensable y valioso para atender de manera integral la complejidad ambiental de la entidad.
En la reunión estuvieron presentes la diputada María Isabel Ortiz Mantilla (presidenta), Plásida Calzada Velázquez y Luz Itzel Mendo González; así como los diputados David Martínez Mendizábal, Roberto Carlos Terán Ramos y Antonio Chaurand Sorzano.
Todos ellos acompañados por representantes de la Secretaría de Salud; Secretaría de Agua y Medio Ambiente; de los municipios de Comonfort y Tierra Blanca; de organismos operadores de San Miguel de Allende, Comonfort, Tierra Blanca y Dolores Hidalgo; de la Comisión Nacional del Agua; asesores de diferentes grupos parlamentarios; y personal de diferentes áreas del Congreso del Estado.
