La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de petición a las autoridades, mediante el uso de redes sociales, como Twitter.
La propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la cual fue avalada por sus colegas, señala que las “peticiones formuladas a una autoridad a partir de la plataforma Twitter, sí encuentran protección en el artículo 8º constitucional; siempre y cuando, exista confirmación de que: (a) la respectiva autoridad es titular de la cuenta a partir de la cual se formulan dichas peticiones; y de que (b) a partir de la misma, realiza actos de interacción con la ciudadanía”.
“La justicia de la unión ampara y protege a la parte quejosa en contra de los actos omisivos atribuidos al ayuntamiento de Guadalajara, para los efectos precisados en la presente ejecutoria”, determinaron los ministros por unanimidad de votos.
El proyecto de amparo propuesto por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y avalado por los ministros de la Primera Sala de la SCJN, señala que existe una tendencia gubernamental creciente para utilizar Twitter como medio para difundir de mejor forma información al público, pero también para captar opiniones sobre cuestiones de política pública.
Por lo que, “si una autoridad habilita una vía electrónica -una red social inclusive-, a partir de la cual es posible recibir y responder solicitudes de información, denuncias o cualquier tipo de planteamientos, nada, en principio, debería impedirle atender aquellas peticiones que fueren de su conocimiento por dicha vía”.
Lo anterior, se detalla en el amparo en revisión 245/2022, “salvo que, efectivamente, la autoridad competente legislara o reglamentara el uso de las respectivas plataformas en una forma que resultara compatible con el texto constitucional; lo que podría ocurrir, por ejemplo, si por razones de disponibilidad de personal, de contingencias o cuestiones técnicas, no fuera posible dar respuesta a las respectivas peticiones; pero aun así, las respectivas restricciones tendrían que desarrollarse de forma objetiva y ser eventualmente sujetas al respectivo escrutinio constitucional”.
Esto deriva de una serie de peticiones que hizo en 2021 el ciudadano Joaquín Rivera Espinosa al Ayuntamiento de Guadalajara mediante la cuenta oficial de Twitter de este gobierno municipal; en estos mensajes solicitó información sobre el gasto público municipal; sin embargo, la cuenta nunca respondió.
Por ello, el ciudadano interpuso un amparo, el cual llegó hasta la SCJN, donde fue analizado y resuelto.
Ahora, el Ayuntamiento de Guadalajara, encabezado por Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano (MC), deberá responder por Twitter las tres peticiones que envió Joaquín Rivera Espinosa, pues los ministros aprobaron que sí es posible ejercer el derecho de petición vía redes sociales.
Vía: El Universal y TresPM.
