Con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública el gobierno planea prevenir delitos e incorporar información de inteligencia a las investigaciones de crímenes ya cometidos.
El texto que se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados señala que el objetivo de la ley es desarrollar un sistema nacional de investigación e inteligencia cuyo objetivo es disminuir la cantidad de delitos, en especial los de alto impacto, neutralizar a los generadores de violencia y redes criminales.
Otra de las propuestas incluidas en la iniciativa es que permitirá la Secretaría de Seguridad Ciudadana obtener datos biométricos, telefónicos, de registros vehiculares y de placas, de armas de fuego, de comercio y de inmuebles. También de prestadores de servicios de seguridad privada, de padrones de personas detenidas y sentenciadas y aquellos de donde se puedan extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones, bajo la justificación del combate al crimen organizado.
Las disposiciones de la ley permitirán alcanzar la coordinación entre diversas instancias de distintos niveles, prevé por su parte el abogado César Gutiérrez. Eso se sumará a las facultades de investigación que fueron aprobadas a fines del año pasado para la SSPC, añade el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Explica que tener bancos de datos es una ventaja para que se pueda tener esta información, sin vulnerar los derechos humanos ni el debido proceso. Es una gran ventaja porque las autoridades pueden hacer las solicitudes directas a un juzgado, ya sea del fuero común o federal para una orden de aprehensión, de cateo o una solicitud de intercepción de llamadas.
“Se entendió por fin y asumiendo el costo político, porque es una realidad que ante un problema tan grave de inseguridad que estamos teniendo por los grupos criminales y ante la amenaza del gobierno de los Estados Unidos que tenemos encima, el gobierno de México da respuesta para que incluso el marco legal sea acorde a lo que estamos necesitando”, enfatiza Gutiérrez.
Superpoderes para la Secretaría de Seguridad
En la exposición de motivos de la iniciativa se indica que el sistema se formará a partir de la interconexión de los sistemas de investigación e inteligencia en seguridad pública que tienen la propia Secretaría de Seguridad; la Defensa Nacional a través de la Guardia Nacional; la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las fiscalías estatales y las secretarías de seguridad pública de los estados, así como los centros penitenciarios federales.
De acuerdo con el especialista en seguridad, David Saucedo, esa propuesta de ley podría reactivar la figura del superpolicía que sólo rendía cuentas al presidente.
La iniciativa enviada por la presidenta el 11 de febrero al Congreso de la Unión propone que la SSPC coordine a dependencias federales, estatales y municipales e incluso instituciones privadas para combatir a la delincuencia.
Similar a otras iniciativas
Para el director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas, de entrada la iniciativa remite a la plataforma México 2.0 -propuesta por el gobierno de Felipe Calderón, que buscaba integrar todas las bases de datos y sistemas de información para la prevención y combate del delito- y al registro de celulares 2.0.
“Se intentó con Calderón, con Enrique Peña Nieto y nunca se logró por una serie de factores relacionados con la realidad de nuestro país y con los tenedores de celulares. Al final siempre buscaron la solución más sencilla y nunca pasó nada con dichos registros”, compara Rivas.
Pero hay una diferencia y es algo que sí le preocupa al analista en seguridad y justicia. “Uno, que quieran seguir sin aprender nada de lo que ya se hizo y dos que si no funcionó lo del registro de celulares cuando todavía teníamos un ente de la información personal, el INAI, mi preocupación principal es qué va a pasar ahora cuando ya no lo tenemos” remarca Rivas.
Adecuación a la realidad: Gutiérrez
Para César Gutiérrez, la presencia del crimen organizado y sus acciones representan un problema para el cual el marco jurídico era limitado. Por eso es necesario adecuarlo a las realidades que se están viviendo. Porque ahora las personas más que realizar llamadas vía telefónica envían un mensaje de WhatsApp. Por eso hay que tener esas herramientas para utilizarlas, como las bases de datos de los sistemas de monitoreo como los C2 y C4 o los aparatos de geolocalización.
“Estas herramientas que sirven para poder utilizar un malware de forma legal en donde tú estés espiando a los grupos criminales. Las herramientas jurídicas no te daban la oportunidad de utilizarlo. Es adecuar exactamente con las pruebas y con la investigación para poder dar seguimiento”, continúa el también experto en derecho militar.
En México no había cruce de datos, entonces cuando los delincuentes cometían un delito de alto impacto, se iniciaba una carpeta de investigación y después ya no se le daba seguimiento. Pero la iniciativa propone tener la capacidad de recuperar toda esa información de todas las entidades y dependencias, meterla en una base de datos y depurarla, añade.
“Lo que buscan es que la coordinación entre diferentes dependencias del Estado de resultados, como lo hacen los grupos criminales, que son antagónicos en unas zonas y socios en otras”.
Preocupa acceso a datos personales
Saucedo dijo que le preocupa la posible violación de la privacidad, al darle facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para tener datos biométricos, información bancaria, acceso a las redes sociales y conversaciones telefónicas.
Precisa que actualmente se tiene que hacer con un mandato judicial, pero le inquieta que la reforma al Poder Judicial termine en la cooptación de este por el Ejecutivo.
“Aun cuando el gobierno esté intentando esta modificación silenciosa de su esquema de combate al narcotráfico, tampoco va a ser tan fácil que lo puedan aplicar. Va a estar interesante. Nada más sanear el sistema penitenciario le llevaría varios años y un presupuesto enorme”, plantea Saucedo.
Precisamente el tema del presupuesto es algo que le llama la atención a Francisco Rivas, ya que la SSPC sufrió un recorte presupuestal de 33% en 2025. La intención es buena, dice, pero cómo van a solventar las deficiencias presupuestales que no solo se dieron el sexenio pasado, sino que se mantienen actualmente.
El zar de la seguridad
Desde el año pasado, cuando se aprobó en el Congreso de la Unión la ley para otorgar facultades de investigación a la SSPC, ya se le estaba dando a Omar García Harfuch un metapoder, pero sin un metacontrol, como una figura del “zar de seguridad”, Pero en la iniciativa no hay esquemas de fiscalización eficaces, no hay monitoreo, control ciudadano, ni supervisión de parte de entes externos, advierte Saucedo.
Saucedo prevé que la iniciativa pueda tener algunas modificaciones en la elaboración del dictamen, ya que la Sedena y la Marina tienen diputados afines y con los cuales tienen un canal de comunicación. Entonces querrán modificar algunos artículos con el objeto de atenuar este control que iría a la SSPC.
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Leyes de Seguridad e Inteligencia crean una infraestructura tecnológica autoritaria que amenaza los derechos humanos: Artículo 19
19 de febrero de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó, el jueves 13 de febrero de 2025, dos iniciativas legislativas en materia de seguridad pública, investigación e inteligencia: la “Ley General del Sistema de Seguridad Pública” y la “Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública”.
A pesar de haber sido anunciadas como “herramientas para combatir la inseguridad”, las leyes propuestas establecen diversas medidas que amenazan gravemente la privacidad, la seguridad y los derechos de la población.
La creación de una “plataforma digital de usuarios de telefonía móvil”
En las leyes presentadas se propone nuevamente la creación de un registro de todas las personas usuarias de telefonía móvil, asociado a una identificación oficial, la CURP o el RFC en caso de personas morales. El registro se contempla como una condicionante para el acceso a la telefonía móvil e incluso plantea la cancelación de todas las líneas telefónicas vigentes que no sean registradas.
Esta “plataforma” representa una reedición del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), creado en 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón y eliminado en 2011, después de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro. Lejos de incidir en la reducción del crimen, durante la operación del RENAUT, el delito de extorsión aumentó 40 por ciento y el de secuestro, 8 por ciento.
Esta iniciativa también emula al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), aprobado en 2020 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022.
Como ha sido demostrado anteriormente y reconocido por la SCJN, no existe evidencia de que el registro obligatorio de líneas telefónicas reduzca la actividad criminal. Por el contrario, resulta inverosímil creer que la delincuencia utilice teléfonos registrados a su nombre para llevar a cabo actos delictivos.
Además, el Padrón sería eludible sin dificultad mediante las múltiples técnicas y mecanismos actualmente utilizados para la suplantación de números telefónicos, tales como la clonación y duplicación de tarjetas SIM; el uso de tarjetas SIM de otras jurisdicciones en las que no existe un registro (como Estados Unidos); la utilización de servicios de voz sobre IP (VoIP); el robo de teléfonos móviles, entre otros, por lo que podría incriminarse fácilmente a personas inocentes.
El registro masivo, obligatorio y centralizado de personas usuarias de telefonía móvil también pone a la población en un estado de riesgo frente al acceso no autorizado por vulneraciones de datos o de actos de corrupción cometidos por autoridades federales, estatales, e incluso municipales, quienes tendrán acceso al registro sin control judicial ni supervisión de una autoridad de protección de datos profesional y autónoma –tras la desaparición del INAI– y sin que se contemplen otras salvaguardas como el derecho de notificación a las personas afectadas.
Lo anterior resulta aún más grave cuando se toma en cuenta la frecuente colusión entre las autoridades municipales, estatales, e incluso federales con la propia delincuencia, la cual, de obtener acceso a la plataforma, podrá utilizar la información registrada para cometer delitos en contra de la población.
Así mismo, el condicionamiento del acceso a la telefonía móvil a la entrega de datos personales —además de constituir una violación al principio de consentimiento, según ha establecido la SCJN— vulnera el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, reconocido en la Constitución, en tanto obstaculiza de manera innecesaria el acceso a Internet, lo cual impacta particularmente a poblaciones en situación de pobreza y poblaciones rurales.
La centralización de bases de datos: una peligrosa infraestructura de vigilancia masiva
Las iniciativas en materia de seguridad e inteligencia establecen un nuevo Sistema Nacional de Información que pretende fusionar información contenida en bases de datos sobre registros vehiculares, datos biométricos, registros inmobiliarios, registros fiscales, datos y registros telefónicos, entre otros, así como cualquier otra base de datos —inclusive en posesión de entes privados— que la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) considere arbitrariamente que permita “extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones”.
La legislación propuesta inclusive contempla la posibilidad de utilizar sistemas de inteligencia artificial para procesar e interrelacionar los datos personales de toda la población y pretende conceder acceso a las bases de datos del sistema a instituciones policiales, tanto federales, como estatales, e incluso municipales.
De igual manera que el registro de usuarios de telefonía móvil, la legislación no contempla salvaguardas mínimas contra el abuso, como el control judicial. De esta manera, autoridades que frecuentemente se encuentran coludidas con la delincuencia podrán acceder a datos personales sensibles de toda la población, amenazando así la seguridad y los derechos de la población.
Este sistema centralizado de recolección, almacenamiento y procesamiento de datos personales sensibles constituye una medida de vigilancia masiva e indiscriminada de la población, propia de un Estado policial, sin controles democráticos y susceptible de ser abusada incluso por la propia delincuencia que pretende combatir.
Ante estas propuestas legislativas, las organizaciones R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 México y Centroamérica y SocialTIC denunciamos enérgicamente este intento por ampliar y consolidar una infraestructura tecnológica autoritaria en México para otorgar poderes sin control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Así mismo, hacemos un llamado a cualquier persona comprometida con los derechos humanos a resistir este grave atentado en contra de la privacidad de la población, que la cancela en la práctica y pone a las personas en un riesgo mayor ante la delincuencia que opera fuera y dentro del Estado.
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