Por: Jesús Solano Lira / @SolanoJess
SOLIDARIDAD
Hasta dónde pude llegar la intolerancia de un presidente que dice que la venganza no es su fuerte, neta, el tabasqueño está fuera de sí por las constantes investigaciones que ha hecho públicas Latinus, en las que evidencia la cada vez más corrompida administración que encabeza la familia López Beltrán y López Obrador.
Desde aquí vaya nuestra solidaridad para el periodista Carlos Loret de Mola, que un día sí y el otro también es atacado desde la mañanera, y que tuvo que asistir a los Juzgados Civiles, ubicados en Niños Héroes 132, para carearse con Pío López Obrador, hermano del presidente, quien lo demandó en 2022 por daño moral y le exige una reparación por 200 millones de pesos, vaya cinismo, el sello de la familia López Obrador.
A su llegada a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, Carlos Loret de Mola declaró: “no me van a doblar, por más presiones que quieran ejercer vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea”.
El conductor de Latinus, sentenció que “sabemos que estamos enfrentando a un sistema, sabemos todas las presiones que hay sobre el Poder Judicial, lo hemos visto desde hoy, no sé si han visto a Pío López Obrador y entrevistarlo, aparentemente ya empezaron los privilegios y a él le dieron un acceso donde no tenía que pasar por esto”.
Y como dirían en mi barrio el tal Pío López Obrador salió más chingón que bonito, porque le exige al periodista un pago por 200 millones de pesos, 200 millones más a Latinus, así como otros 200 millones a David León, quien aparece en el video en el que entrega un sobre con dinero en efectivo al hermano del presidente. Bueno que salió para la lana y la tranza el hermano del inquilino de Palacio Nacional.
QUÉ PRESUMEN
Fueron varios frentes de la administración federal y hasta legisladores los que cacaraquearon la tasa de desempleo abierto registrada en el último trimestre de 2023, que se ubicó en 2.7%, es decir 0.3% menos que mismo periodo de 2022, de acuerdo con datos del INEGI.
Y la pregunta es, qué presumen los morenistas, si de acuerdo al sitio especializado Pulso Laboral, de cada 10 empleos que se generaron en el país en 2023, siete fueron en un micro-negocio, es decir, en un “changarro”, de los cuales, casi la mitad no tiene establecimiento fijo para operar.
Al cierre del cuarto trimestre del 2022, 23.43 millones de personas trabajaban en empleo de este tipo. Un año después, en el cuarto trimestre del 2023, la cifra subió a 24.22 millones, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Esto implica que en los “changarros” se generaron 779 mil 85 vacantes, 70 por ciento del total, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), qué tal.
LEJOS DE DINAMARCA
Una vez más queda demostrado que el sueño guajiro del presidente López Obrador de tener un servicio de salud mejor que el de Dinamarca, está muyyyyy, pero muyyyyy lejos de lograrse. Vaya ni la atención mejora en los Hospitales Generales de Zona, ni en las Unidades de Medicina Familiar y mucho menos en las áreas de urgencias, donde la situación es deplorable.
Nos llega una denuncia de familiares de dos adultos mayores, uno de ellos, con demencia senil, que fueron tratados con la punta del pie por la responsable de control del consultorio 21 de la Unidad de Medicina Familiar 93, ubicada en Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Y ahí le va más de lo que es reflejo en el país en las instalaciones del IMSS, aunque los responsables del sector salud nos quieran dorar la píldora. Quien denuncia comenta que llegó puntual con sus padres a su cita a las 10:00 horas del martes, peroooo la finísima y educadísima responsable del módulo, les quería negar el servicio médico, bajo el argumento de que llegaron tarde.
Tras unas horas, finalmente se les brindo el servicio médico, y lo que enchila es que el presidente presume que hay prioridad para los adultos mayores, pero al parecer en el IMSS NO PASA… NADA, ni ocurren situaciones como la vivida por está familias mexiquense, cuya mamá sufrió una crisis emocional por el altercado de su hija, que exigía un servicio que por derecho le corresponde a sus padres, y la empleada del Seguro Social que se negaba a brindarlo.
