Por: Héctor Andrade Chacón / @hectorandrade70
La última sesión ordinaria de la sexagésima quinta legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato de este jueves resultó, posiblemente, la más movida, en el fondo de los temas, de las tenidas desde el 15 de febrero cuando arrancó el período final de su tercer año de ejercicio constitucional, año nublado por las campañas electorales para renovación de gubernatura, legislatura y los 46 ayuntamientos.
Por un lado, Morena se ha lanzado de frente contra dos temas de alta polémica por decisiones inopinadas en los estertores del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo: la auto asignación de una grosera pensión para el responsable de la procuración de justicia en Guanajuato en los últimos 15 años, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, y además la cesión al sector privado, por vía de una concesión licitada de la autopista Silao-Guanajuato, carretera que reporta más de 200 millones de pesos anuales de ingresos a las arcas estatales, como un “bombón” de regalo por 30 años de la Secretaría de Finanzas, Administración e Inversión, a cargo de Héctor Salgado Banda, a la empresa que se quede con la concesión de la autopista Guanajuato-San Miguel de Allende.
Cabe decir que la autopista hecha por gobernador Rafael Corrales Ayala, último mandatario priista, a inicios de los años noventa del siglo pasado, ha redituado una gran cantidad de recursos al gobierno del estado desde entonces, a pesar de que bien podía haber sido liberada al tráfico pleno de los guanajuatenses (una demanda que jamás concedió el PAN), dada su longitud, comparada por ejemplo, con el libramiento León-Purísima o el bulevar ecológico de León-San Francisco, de mayor kilometraje y más tráfico diario, siempre de libre circulación y cuidado estatal.
Por otro lado, el exhorto hecho por el PAN y avalado por mayoría en la sesión plenaria, para pedir que la Secretaría de Finanzas, la misma a cargo de Salgado Banda, extinga el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG), instrumento que utiliza recursos provenientes del estatal impuesto a la nómina y que se ha convertido en fondo para proyectos sociales (dudosos en algunos casos) de un grupo de empresarios y familiares de políticos, como en su momento denunció Morena en tribuna. El diputado Miguel Salim Alle salió a defender la propuesta.
De hecho, existe una denuncia de orden penal ante la fiscalía especializada anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato presentada por los diputados del Grupo Parlamentario de Morena contra beneficiarios y funcionarios en torno al manejo del fideicomiso. David Martínez Mendizábal, coordinador de la bancada morenista, en junio 23 del año pasado, tras la denuncia, dijo al respecto: “Esta denuncia la estamos presentando porque suponemos dos delitos: el primero es abuso de autoridad y el segundo, tiene que ver con peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Tiene que ver con que hay casi 200 millones de pesos que faltan y no sabemos dónde están. Tiene que ver también con un documento importante que se debió haber presentado para la constitución del fideicomiso y no se presentó, y la tercera, tiene que ver con obras para las cuales se pidieron dinero y no está comprobado”.
La denuncia implica a Héctor Salgado Banda; a Jesús Oviedo Herrera, que siendo secretario de Desarrollo Social y Humano entregó recursos presuntamente de forma irregular, siendo uno de los beneficiarios uno de sus hermanos; también al coordinador de la bancada panista en el Congreso Local, Luis Ernesto Ayala Torres, dado que siendo secretario de Gobierno se conformó el fideicomiso “sin cumplir con todos los requisitos legales”, según la denuncia de los legisladores del partido rojo marrón.
En este escenario, un año después de la denuncia, de lento avance en la fiscalía estatal, es que el PAN determinó pedir en el Congreso su extinción vía exhorto al Ejecutivo estatal, una petición que puede encontrar eco o pasar como los “llamados a misa” que usualmente son los exhortos. La petición ha resultado misteriosa, poco diáfana para los propios legisladores de otras fuerzas políticas y sobre todo para muchos de los beneficiarios de esos recursos, un pequeño grupo de empresarios desde organizaciones camerales que ni representan a todo el sector privado ni son transparentes sobre su relación de interés con las autoridades, que habitualmente se acomodan en consejos y otras instancias dadas a la “sociedad civil” pero donde habitualmente no entran otros grupos sociales, porque hasta los reglamentos municipales y estatales están hechos para que así sea. No entienden por qué los dejan sin esa jugosa bolsa.
Bajo esta circunstancia en Las Enredaderas corrió la versión de que hay de dos sopas: se extingue un instrumento de uso discrecional y oscuro, que realmente podría dar sorpresas cuando en la próxima legislatura pudiera hacerse una fiscalización lejos del control albiazul sobre cómo se opera y ejerce el fideicomiso o se ha legitimado, dada la votación en contra del propio Morena contra la extinción, al fideicomiso y, con colmillo, los panistas dan paso a que en el Ejecutivo se “revuelque” el instrumento para que siga abasteciendo de recursos a proyectos sociales, pero “limpio de pecados” de origen, bajo nuevo formato. Se podría ofrecer una nueva vía que le “guste” más a los empresarios y sea carta nueva para una oposición que como sabueso sigue el dinero.
En todo caso, en estas presentaciones en el Congreso del Estado subyace algo que voces desde el sector privado, muy cercanos al PAN, manifiestan como un hecho y además observan como preocupación, de cara a la integración del gabinete de Libia Dennise García Muñoz Ledo: hay una serie de intereses dentro de la Secretaría de Finanzas, con su titular Héctor Salgado Banda, como eje, donde proyectos y recursos se orientan para favorecer a ciertos grupos económicos; cáncer que seguiría dentro de la administración estatal si Libia Dennise lo sostiene como su secretario de Finanzas, desde la perspectiva de quienes creen que en la dependencia no sólo se administra el erario, sino se hacen negocios.
Una cosa buena de todo esto, paradójicamente, dicha por el gobernador Diego Sinhue ante las protestas de organismos de la IP: los empresarios no son voz de la sociedad, nadie los ha elegido. Tiene mucha razón, pero en el estado de Guanajuato, por treinta años, el PAN ha sido el caldo de cultivo para que este sector se asuma como tal a partir de que lo ha metido en todas las decisiones “ciudadanas”.
En esta última sesión del Congreso, de paso sea dicho, se aprobó que la esposa del fiscal Carlos Zamarripa, Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, con 25 votos a favor y 10 en contra, como magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Administrativa; así como la de Eduardo López Mares, expresidente del PAN estatal, como consejero del Poder Judicial del Estado, ambas postulaciones llenas de polémica, hechas por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Entre las buenas nuevas del Congreso, de este jueves, hay que reconocer la aprobación de reformas a la Ley para la Protección Animal del Estado de Guanajuato “con las que se complementa el marco normativo que actualmente regula la protección animal de especies domésticas en la entidad, a través del fortalecimiento de las políticas públicas en materia de protección animal, privilegiando la coordinación entre las autoridades estatales y municipales en todas aquellas acciones gubernamentales que tiendan a evitar el maltrato animal”. Entre los grandes beneficios, la necesaria creación de clínicas veterinarias públicas en los municipios y el reforzamiento a la responsabilidad de gobierno y sociedad de cuidar a los animales.
Tras el cierre del periodo ordinario, el último de esta legislatura, que ya sólo le quedaría atender asuntos urgentes en algún periodo extraordinario, los trabajos cotidianos estarán bajo la mesa directiva de la Diputación Permanente que estará presidida por el diputado Bricio Balderas, del PAN; la vicepresidencia de Cuauhtémoc Becerra, por Morena; la secretaría del priista Adolfo Alfaro y la prosecretaría de la panista Susana Bermúdez.
PRI, reconfigurarse
En el orden nacional el Partido Revolucionario Institucional (con dos gubernaturas aún), necesitado de reestructuración si su militancia no desea diluirse en la historia en los próximos seis años, revisa lo que ha sucedido en los últimos años y perfila su Asamblea Nacional, principal órgano de decisión de los tricolores, para definir su futuro: estatutos, declaración de principios, programa de acción y código de ética pasarán a cirugía, no se sabe si mayor o estética.
En Guanajuato, donde los priistas aspiran a tener tres diputados para la próxima legislatura y tendrán el gobierno de media docena de municipios, ya han realizado su asamblea estatal, preparatoria para la nacional. En la sede de su Comité Directivo Estatal, 256 delegados electos previamente en 8 reuniones estatales determinaron los temas que propondrán en la nacional y los delegados que asistirán a la Ciudad de México.
La presidenta del CDE, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, aún en espera de que se confirme su reelección al cargo legislativo por la vía de la representación proporcional, ha puesto su enfoque en la organización de la delegación guanajuatense, reconociendo que hay una visión autocrítica muy fuerte de la militancia y que esta seguramente se hará sentir en la asamblea nacional.
Entre las propuestas que están emergiendo en varios estados de la república, y que seguramente causarán revuelo en la asamblea nacional, destaca la propuesta de cambio de nombre y logotipo del partido, existentes desde 1946; además de una severa revisión a la elección de dirigencias nacional y locales; aunque el fondo es lo que podría marcar el rumbo: el perfil ideológico y la revisión de la alianza con el PAN en el Congreso de la Unión, ahora que Morena se ha apoderado de muchas de las banderas del priismo histórico.
Alcalde en receso
En San Miguel de Allende se ha llamado a la calma tras el trascendido de que el presidente municipal, el priista Mauricio Trejo Pureco, había sido hospitalizado de emergencia.
El hecho se confirmó, sí, Mauricio Trejo fue hospitalizado y pasado a sala de cirugía, pero todo bajo control. Tuvo problema con su apéndice y ha sido intervenido a tiempo.
Bajo esta circunstancia, se asegura que el edil está estable y permanecerá bajo observación médica en lo que alcanza plena recuperación tras la cirugía, algo que se cree será en breve, dada la fortaleza física que tiene y el buen trabajo médico.
Por ahora las tareas estarán en manos tanto de la Secretaría del Ayuntamiento y de quien coordina el Gabinete. Eso sí, desde su casa Trejo Pureco tendrá un ojo al gato y otro al garabato.
Apenas esta semana el alcalde había sido notificado de que gracias a las políticas de su gobierno en materia turística había sido premiado con la presea «Mejor Municipio en México con Acciones a favor del Turismo», actividad, refirió Mauricio Trejo en sus redes sociales, genera 85 por ciento, de forma directa e indirecta, de los ingresos de los sanmiguelenses.
Tomada de Paralelo X.
