Por: Héctor Andrade Chacón / @hectorandrade70
A tres semanas del inicio de las campañas, el Consejo General del INE se reunió para discutir los gastos de campaña que se autorizarían a los candidatos que contenderán para los diversos cargos del espectro judicial. En dicha sesión, se pusieron sobre la mesa no solo varios argumentos, sino también las cifras correspondientes. En este terreno, destacó la intervención de la Consejera Presidente, Guadalupe Taddei, quien, haciendo gala de un pragmatismo evidente, propuso que, dadas las particularidades del proceso electoral, los topes del gasto deberían adaptarse a las necesidades específicas de cada elección, es decir a mayor rango más recursos para la campaña. En otras palabras, intentó borrar de un plumazo el principio de equidad en la contienda, proponiendo que los recursos fueran según la investidura a la que aspiran los candidatos, entre otras justificaciones.
Por supuesto, la mayoría de los consejeros replicaron en contra de esa propuesta, anteponiendo el principio de igualdad entre los contendientes. Y así, se acordó un máximo de $220,326.20 para cada candidato. Las razones de esta postura fueron claras: aumentar los topes de gasto beneficia a quienes cuentan con más recursos, en particular a aquellos que hoy ocupan cargos públicos con salarios fijos y elevados. En este escenario, las candidaturas con menos recursos quedarían en desventaja. Así mismo, si el tope se reduce, las posibilidades de promocionarse también disminuyen. Recordemos que una de las razones es que las campañas privilegien el uso de redes sociales y nuevas tecnologías, permitiendo a los aspirantes llegar a la ciudadanía sin depender exclusivamente de grandes recursos económicos.
No bien celebraban en el INE la aprobación del tope para los gastos de campaña, cuando, como siguiendo una trama melodramática, uno de los aspirantes de Tlaxcala, previamente evaluado por el poder legislativo (lo que ya de por sí nos da una idea de la rigurosidad del proceso), decidió impugnar el acuerdo ante la Sala Central del Tribunal Electoral. Entre sus argumentos, destacaba que algunos aspirantes podrían tener ventajas por la “peculiar” característica de su territorio, tan pequeño que casi no parece necesario cubrirlo con campaña alguna. Pero, claro, eso de ser equitativos y justos es más complicado cuando la geografía no coopera.
El Magistrado Reyes Mondragón, fue designado para analizar el recurso, pues las campañas, como todos sabemos, ¡inician el 30 de marzo! Así que, tras casi 2 horas de debate quedó para la posteridad la reflexión de la Magistrada Otalora cuyos argumentos nos llevan replantear nuevamente cual sería la fórmula para impedir que las diferencias de recursos afecten la equidad en la contienda… porque, ¿Qué podría ser más equitativo que un par de millones de pesos en publicidad frente a los aspirantes menos favorecidos por la fortuna?
Finalmente, el órgano colegiado aprobó, por mayoría (porque la unanimidad en estos casos es tan difícil de alcanzar), la revocación del acuerdo del INE. Ahora, la burocracia del INE deberá ponerse a trabajar con total libertad técnica para redactar un nuevo acuerdo, adecuando los montos según el tipo de votación y definir las cantidades. Nada como un poco de flexibilidad cuando el tiempo apremia. Y como diría la Consejera Humprey “…se los dije…”
Este episodio, más allá de la anécdota en sí, se suma a los cada vez más frecuentes daños colaterales producto de la Reforma Judicial. Y como todo buen enredo burocrático, el tiempo sigue su marcha, indiferente a los vaivenes legales y la montaña rusa política.
Por cierto, es necesario recordar que no habrá financiamiento público ni privado para los aspirantes —ni en efectivo ni en especie— bueno, está prohibido. Así que los gastos personales, los traslados y los viáticos que los candidatos inviertan en su campaña tendrán que salir directamente de su bolsillo. Además, deberán ajustarse a las rigurosas reglas de fiscalización impuestas por la autoridad electoral. Si alguien se atreve a adentrarse en los Lineamientos, entenderá lo complejo que será para los aspirantes cumplir con todo. En este sentido chiflar y comer pinole es un juego de niños.
Mientras tanto en Guanajuato… seguimos formando parte de los quince estados que, con una elegancia digna de su historia, no han logrado armonizar su Ley estatal con la federal en materia judicial. Esto, claro, significa que nos conformaremos con votar por quienes se postulan a nivel federal, ya luego vendrá el 2027 y que lo atienda el Instituto Electoral Local (IEEG). Es probable que esa incomodidad con la armonización se deba a la extraordinaria idea de proponer una reforma judicial tan audaz que hará sonrojar al mismísimo Congreso federal. Reforma que, por supuesto, haría de las competencias y las capacidades de los aspirantes un criterio más relevante que los sorteos, esas tómbolas que, hay que admitirlo, tienen un encanto único. O mejor aún, podrían evitarse esas designaciones “a modo” que, más que premiar el mérito, parecen recompensar a las familias más fieles al partido azul. Es tiempo de poner los ojos en el estado actual de las cosas en Guanajuato, y tal vez, solo tal vez, empezar a imaginar mejoras sustanciales en la administración de la justicia, porque ya es hora de que los ciudadanos, ya sea organizados o en su más pura individualidad, dejemos de ser meros observadores de los entretenidos monólogos de los diputados.
Tomada de Paralelo X.
