Por: Miguel Allende Foulques
Se anunció con bombo y platillos un ejercicio inédito: De hecho, ya dio inicio la gran consulta para la reforma electoral. Pablo Gómez, titular de la Comisión correspondiente, pinta un cuadro idílico: foros abiertos, discusión sin cortapisas, confrontación de ideas. Suena bien, ¿verdad? Casi democrático. Hasta que uno lee la letra chiquita y descubre el truco: lo que llaman “debate” es, en realidad, un monólogo colectivo.
La mecánica la percibimos impecable. Un micrositio digital para inscripciones, un calendario de audiencias presenciales, foros temáticos sobre jóvenes, indígenas y el voto en el extranjero. Todo muy bonito, muy ordenado. Hasta la temática de 10 puntos sobre los cuales se tejerá en los foros. Se recogerán opiniones, diagnósticos y propuestas, se podrá consultar el repositorio documental. Incluso se prometen transmisiones en directo. Pero hay un detalle que resalta con la elegancia de guajolote en pasarela de modas: no hay enfrentamiento de ideas. No es un debate; es una sucesión de discursos. Es como invitar a la gente para que se aliste para el drama y toparse con puro silencio y té de tila.
La esencia de un debate –ese ejercicio molesto que implica réplica, contraargumentación y refutación– brilla por su ausencia a pesar del discurso. Se “presentarán” puntos de vista, se “escucharán” todas las voces. Muy loable. Pero en un verdadero debate, las ideas se someten a estrés, se contrastan, se pulen o se rompen. Aquí, parece que lo único que se romperá será otro récord de participación en un ejercicio afín a lo que se quiere. El ciudadano opina, el gobierno recoge, y la “confrontación” quedará como un fantasma en el acta.
No podemos negar que asistimos a un espectáculo curioso: se pide la participación de la ciudadanía y de los partidos políticos para el “diseño de las reglas del juego democrático”, pero se elimina la parte más democrática del proceso, la discusión abierta, las ideas que se comparen y se contrasten. Se busca calidad en la participación del pueblo, pero se ofrece un formato de calidad inferior, donde las ideas no chocan, simplemente coexistirán en un repositorio digital, donde su destino es ser tan inofensivas como estériles.
Al final, todo queda muy sobrio, muy institucional. Un ejercicio que, con una dosis de sarcasmo, podríamos calificar de brillante estrategia para suponer la inclusión ciudadana sin el riesgo de que surjan y proliferen ideas realmente incómodas. Porque, ¿para qué debatir si puedes simplemente escuchar? Es más tranquilo. Y más conveniente.
Tal vez —y sólo tal vez, y sugerirlo ya parece un exceso— convendría que los ilustres miembros de la Comisión se detuvieran un instante en ese arte casi extinto llamado “historia”. Descubrirían, con asombro fingido o genuino que, en el siglo pasado, allá por 1993, en los pliegues del tiempo guanajuatense, existió un organismo llamado CORPEG, creado nada menos que para reconstruir la política del estado. En sus mesas no se repartían souvenirs ni se tomaban selfies: se discutía. Con argumentos. Con respeto. Con la participación, casi milagrosa, de ciudadanos y actores políticos que —según los testigos de la época, que aún caminan entre nosotros— creían que dialogar era mejor que posar.
De aquellas discusiones emergieron resultados que hoy los vemos en el ámbito normativo y político. Un proceso acaso imperfecto, pero legítimo en su intención de pensar antes de aplaudir. Muy distinto, en su génesis, de las excursiones coreografiadas por la Comisión presidencial, donde el debate parece haber sido sustituido por itinerarios turísticos y frases cuidadosamente desprovistas de contenido.
Mientras tanto en CDMX… el concepto de debate tampoco goza de buena salud. En el INE, la consejera Dania Ravel y varios consejeros y exconsejeros mas, enfrentan un proceso que castiga decisiones colegiadas. Con la contundencia seca que da el haber visto y vivido de cerca las transiciones de poder, Dania Ravel, consejera del INE, define el proceso administrativo en su contra como un “precedente gravísimo”. La razón: sancionar la decisión colegiada, la tomó el Consejo General del INE, de posponer en 2021 la consulta de revocación de mandato por falta de presupuesto. Lo grave, más allá de la anécdota, es el tajo en ciernes a la independencia del árbitro electoral. La Corte y el Tribunal Electoral avalaron entonces la legalidad del acto, señalando que el riesgo lo generó la Cámara de Diputados al recortar recursos. Sin embargo, el Órgano de Control Interno del INE, cuyo titular fue designado por esa misma Cámara, abre ahora un procedimiento con aroma a… ¿vendetta política?, ¿a castigo por una valoración jurídica que no gustó en su momento a la 4T? Ante este espectáculo, uno no puede evitar una pregunta incómoda: Luego de las diatribas de la elección judicial ¿De qué autonomía podemos hablar hoy en el INE?
Tomada de Paralelo X.
Gráfico El País.
