Por: Héctor Andrade Chacón / @hectorandrade70
La aparición del informe preliminar de la Misión de Observación Electoral (MOE/OEA), sobre las elecciones judiciales en México de la Organización de los Estados Americanos, organismo supranacional, fue como lanzar un elefante a paso firme en medio del frágil decorado del relato oficial: imposible de disimular, y demasiado incómodo para ignorar. Con hallazgos que equilibran reconocimientos y advertencias, el documento —disponible desde el 6 de junio en la página electrónica de la OEA— obliga a actores clave a tomar posición. Mientras el INE responde con cautela, los partidos filtran el informe privilegiando sus agendas.
A pesar del discurso triunfalista, los datos, los hechos y la percepción nacional e internacional pintan una realidad completamente distinta: México acaba de protagonizar uno de los experimentos más fallidos y costosos de su historia reciente, si de mejorar la justicia se trataba.
El único éxito que puede exhibir el gobierno es la concentración del poder del Estado en el Ejecutivo Federal, aunque más bien parece un éxito administrativo más que político, ya que al no volcarse “el pueblo” a las urnas, desnuda su ilegitimidad. El resultado fue una jornada marcada por el desinterés, la confusión y la opacidad. La participación ciudadana no superó el 13%, un dato demoledor que, lejos de validar el proceso, lo evidencia como un fracaso. La mayoría del electorado no sabía de qué se trataba, cuáles eran los cargos en disputa, ni conocía a los candidatos, ni mucho menos entendía cómo influiría su voto en la impartición de justicia en el país.
A esta falta de legitimidad se suman prácticas preocupantes. La aparición masiva de “acordeones”, esas pequeñas guías con los nombres preseleccionados de candidatos, repartidas en colonias, centros de trabajo, oficinas públicas y plazas comerciales, sugiere la existencia de redes de movilización no registradas, campañas paralelas y financiamiento opaco. No
hay registros oficiales de cuánto costó esta operación ni de su origen, pero fue evidente que algunos aspirantes judiciales, en particular los propuestos por el Poder Ejecutivo, recibieron apoyos organizados, dirigidos y muy probablemente públicos, que indujeron el sentido del voto.
Ejercicios de esta naturaleza alejan a la ciudadanía de la política e incrementan su incredulidad sobre lo que realmente la democracia significa y el poderoso instrumento que es, siempre y cuando esté en manos de los electores.
¿Para qué se usó, en cambio? Para montar una elección que fue ignorada por las mayorías, incluidas las bases de apoyo del bloque dominante y por las diversas disidencias. La falta de participación, la complejidad de las boletas y la indiferencia social mostraron que este experimento no era una exigencia ciudadana, sino una decisión vertical, impuesta desde el poder.
La justicia no se administra por simpatía, ni por aplausos, ni mucho menos por lealtades ideológicas. La imparcialidad judicial exige conocimientos técnicos, experiencia y autonomía. Cuando a los aspirantes se le somete al juicio del voto popular, se corre el riesgo de que actúen buscando popularidad, no justicia y que su carrera dependa de quien los apoya políticamente, no de su competencia legal.
La democracia, una vez más lo repetimos, no es solo salir a votar. Es también fortalecer instituciones, garantizar contrapesos y proteger la independencia de quienes deben vigilar al poder. Por eso, no podemos callar ante este fracaso que no es una buena señal para el Estado de derecho al que se aspira. Debemos señalarlo con firmeza, evaluarlo con seriedad y cerrarle el paso antes de que forme parte de la cotidianidad.
“La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial. Las lecciones aprendidas en este proceso resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que se busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo. Dicho lo anterior, la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región.” (Pag 37. Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral (MOE/OEA), sobre las elecciones judiciales en México.El subrayado es propio).
Tomado de Paralelo X.
