La reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya no es rumor de pasillo: los documentos de la Comisión Presidencial delinean un rediseño profundo del sistema político-electoral mexicano. Y entre líneas —y números— se dibuja un objetivo claro: consolidar el dominio institucional de Morena en los próximos años.
No es una reforma menor. Es una cirugía estructural.
La propuesta contempla que la Cámara de Diputados quede integrada por 508 curules. Se mantienen los 200 diputados plurinominales, pero con una fórmula distinta:
100 por primera minoría (los mejores segundos lugares).
100 por lista nacional de partido.
8 nuevos espacios por el principio de “diáspora mexicana”, electos también por lista partidista.
El reconocimiento constitucional a la diáspora —definida como mexicanos por nacimiento que residen permanentemente en el extranjero— suena incluyente, pero el mecanismo de representación refuerza el control partidista, no la representación directa de comunidades migrantes.
En el Senado de la República, el cambio es aún más significativo: se reduce de 128 a 96 escaños. Desaparece la lista nacional y cada estado tendría tres senadores: dos por mayoría y uno por primera minoría. Además, se baja la edad mínima para ser senador de 25 a 18 años, lo que atenta contra el principio de que esta cámara debe tener gente con mayor experiencia, por su calidad de revisora de lo que haga la de diputados.
En el discurso, simplificación. En la práctica, concentración territorial del poder.
El otro eje es el rediseño del Instituto Nacional Electoral (INE).
Se plantea reducir sus consejerías de 11 a 9. Ocho deberán respetar paridad estricta y la novena será quien presida el Consejo General. Pero más delicado es el ajuste presupuestal: recorte de hasta 42% en años sin elección federal y reducción trianual de hasta 21%.
A esto se suma:
- Eliminación de las juntas distritales permanentes.
- Reducción de rondas de capacitación electoral.
- Desaparición de la Unidad Técnica de Vinculación con OPLES.
- Eliminación de la Coordinación de Asuntos Internacionales.
- No es austeridad administrativa solamente; es disminución operativa del árbitro.
- El control de los OPLES
Quizá el punto más sensible está en los organismos públicos locales electorales. Los OPLES (como el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato) se integrarían por un máximo de cinco personas, designadas por el Senado por mayoría calificada, por siete años.
El Senado emitiría convocatoria y nombraría un Comité Técnico de Evaluación integrado por cinco personas: tres designadas por senadores y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si no hay acuerdo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizaría la designación. ¿Dónde queda el interés de los ciudadanos en sus entidades federativas?, dependerán de una decisión del centro.
La entrada en vigor está prevista para septiembre de 2027.
El problema no es sólo quién nombra, sino desde dónde se nombra. El Senado, dominado por Morena y sus aliados hasta 2030, concentraría la llave de los árbitros estatales. La jugada también llama a sospecha de que el morenismo piensa que esta vez no podrá arrasar en las intermedias en lo que toca a las diputaciones federales.
En Guanajuato, el impacto sería directo sobre el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Su integración quedaría sujeta a una lógica federal centralizada, sin margen de decisión local.
Para un estado con tradición de alternancia y competencia intensa, la eventual captura indirecta del órgano electoral desde la mayoría federal no es asunto técnico, es político. Significa que el árbitro podría responder a equilibrios definidos en la capital federal y no a dinámicas estatales.
Y en medio de este escenario, hoy el Congreso del Estado de Guanajuato discutirá una iniciativa para enviar al Congreso de la Unión una propuesta que obligue, vía reforma al artículo 72 de la Carta Magna, a consultar formalmente a las entidades federativas antes de aprobar reformas constitucionales federales, otorgando hasta 30 días para emitir consideraciones.
Actualmente, los congresos locales sólo aprueban o rechazan reformas ya decididas. La propuesta busca que opinen antes, no después.
No es un detalle procedimental. Es defensa del pacto federal.
La propuesta emana de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que preside el morenista Luis Ricardo Ferro, pero formulada básicamente entre el panista Jorge Espadas, el priista Alejandro Arias y el verde Sergio Contreras. Se sabe que no cayó la idea muy bien entre algunos morenistas, aunque se reconoce el rol de Ricardo Ferro para avanza en el tema. La iniciativa tiene buena intención, pero a como están las cosas, no dude que la propuesta reposará en los salones de San Lázaro, la mayoría morenista lo que menos quiere es que el federalismo se desarrolle.
¿Reforma o blindaje?
Se habla de consensos, pero la arquitectura revela disciplina interna más que diálogo plural. Los aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México han sido contenidos con concesiones —como mantener plurinominales—, mientras la oposición queda fuera del diseño.
Una reforma electoral que nace sin acuerdo amplio, que reduce capacidades del árbitro, que concentra nombramientos en una mayoría legislativa alineada con el Ejecutivo y que centraliza atribuciones estatales no fortalece la competencia: la condiciona.
Si el propósito fuera ampliar libertades y equidad, la discusión sería abierta, incluyente y federalista. Pero lo que hoy se perfila es otra cosa: un rediseño institucional que asegura gobernabilidad al partido dominante más allá del sexenio.
La historia democrática mexicana avanzó cuando se separó el poder del árbitro. Retrocede cuando el árbitro depende del poder. Queda claro que el discurso democrático del morenismo es charlatanería, no desean la pluralidad. Los actuales casos de corrupción y torpe manejo de la administración federal, han podido ser controlados y apagados gracias a su dominio, a no contar con oposición que les limite su accionar desde las cámaras. Al PRI le explotó esa olla express en los sesentas y tuvo que abrir el sistema en los setentas del siglo pasado, veremos qué pasará en el futuro ante este retorno.
En este escenario, la pregunta no es si la reforma pasará. La pregunta es qué quedará del equilibrio federal cuando lo haga.
