Por: Héctor Andrade Chacón / @hectorandrade70
Las políticas públicas son esenciales para el desarrollo social y la restauración del tejido social en cualquier entidad. En Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ha emprendido importantes iniciativas con este propósito, como la entrega de las “Tarjetas Rosas” y el programa “Caravana CONMIGOBERNADORA.”
Es necesario entender, antes que nada, que las “Tarjetas Rosas” son una iniciativa de Libia para el “Empoderamiento de la Mujer”, término que implica la dotación de instrumentos para que este sector de la población adquiera posibilidades para su autonomía económica y no ser rehenes, en muchos de los casos, de una praxis de dominación masculina a partir del control del dinero. Por ende, la entrega de las “Tarjetas Rosas” busca beneficiar a una población de mujeres en la entidad con recursos económicos.
Sin embargo, el primer día de entrega se vio afectado por la desorganización, lo que impidió que miles de mujeres pudieran recoger su tarjeta. Esta experiencia debe servir de lección para la gobernadora y la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, demostrando que la planeación, preparación y ejecución de programas sociales de gran envergadura requieren un análisis más profundo y contar con personal capacitado para ofrecer el mejor servicio posible. La gobernadora ha hecho acuse de los errores, aceptándolos y señalando que también es partícipe de los yerros y que no habrá repetición de las circunstancias. Sin embargo, ha podido advertir que no se tuvo capacidad de respuesta adecuada ante las protestas y conatos entre sus funcionarios.
Pasando la hoja, la gobernadora ha lanzado su programa “Caravana CONMIGOBERNADORA”, que busca acercar la gestión directa de diversas secretarías del gobierno estatal a los ciudadanos de los 46 municipios de Guanajuato. El gobierno local va a ellos, una innovación plena en la administración del estado, al menos en el tamaño de su ejecución, frente a otras prácticas del pasado. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que las políticas públicas lleguen a cada rincón del estado, promoviendo la inclusión y el bienestar social.
El caos del primer día de entrega de la “Tarjeta Rosa” se asemeja al desorden que se vivió durante la aplicación inicial de las vacunas contra COVID-19, donde la falta de experiencia de los “Servidores de la Nación”, determinada por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, contra el sentido común, al desplazar al personal calificado del sector salud, con amplia experiencia en las campañas de vacunación; todo por fines de orden electoral. Es esencial que la gobernadora y su equipo aprendan de estos errores para mejorar la operatividad y asegurar que los programas sociales no fracasen.
La entrega de la “Tarjeta Rosa” también representa una puerta abierta para que personas oportunistas se aprovechen y perjudiquen a las beneficiarias con prácticas fraudulentas. Por ello, es crucial fortalecer la logística y la vigilancia para evitar que esto suceda.
Las políticas públicas, cuando se implementan de manera adecuada, son herramientas poderosas para el desarrollo social y la restauración del tejido social,peor meras buenas intenciones no bastan; se hace necesario un duro trabajo de planificación para implentarlas, pues el trecho entre la mesa de decisiones y la ventanilla de servicio es larga.
En Guanajuato, las iniciativas de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo tienen el potencial de generar un impacto positivo, siempre y cuando se lleven a cabo con una planificación y ejecución eficientes. Según se dijo en los corrillos de Paseo de la Presa, la pifia causó hondo enojo en la mandataria estatal, que no esperaba un arranque tan accidentado para uno de sus principales programas de gobierno, que ya es causa hasta de memes y videos satíricos en redes sociales en el orden nacional. Quiere resultados, buena atención a la gente y quien no atienda la instrucción, que prepare su despedida.
Anoche seguía contestando quejas ciudadanas en sus redes sociales sobre la entrega de las “Tarjetas Rosas”.
Orden entre empresas de seguridad privada
Uno de los temas que debe estar en el radar de la sociedad guanajuatense y sus autoridades, en medio de la crisis de inseguridad que se vive, es la fiscalización del Estado sobre la conformación y operación de las empresas de seguridad privada. de gran demanda entre la sociedad civil y hasta en dependencias públicas, quienes no encuentran satisfacción a sus necesidades de vigilancia y seguridad en los agentes de la policía, ya sea por ineficiencia o porque no se dan abasto ante tanto problema en las calles.
Así, al paso de los años se ha ido regulando más y más a estas empresas,que deben tener permiso estatal y conformidades municipales para operar, pero que al paso del tiempo también han mostrado deficiencias y vicios, muchas de las veces ligándose algunos de sus integrantes a la propia delincuencia. Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado pusieron luz al asunto y por medio de la diputada y presidenta del tricolor en la entidad, Ruth Tiscareño Agoitia, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Guanajuato para establecer las causas de revocación de la autorización de quienes presten servicios de seguridad privada sin cumplir con sus contratantes y la sociedad.
La diputada Tiscareño indicó que si bien se ha tratado de regular dicha función, se ha puesto énfasis normativo en las reglas para su instalación, otorgamiento de autorizaciones, requisitos de funcionamiento, de su personal y prohibiciones legales, así como un sistema de sanciones, en el cual si bien existe la sanción de revocación de la autorización, no se establecen las causas.
Así, plantea incorporar las causas para revocar la autorización, entre ellas en los casos en que se le haya impuesto más de una suspensión de actividades; incorporar personal sin la aprobación previa del examen de control de confianza por la autoridad competente; se acredite que, para la obtención de la autorización, en el trámite y en las revisiones otorgue a la autoridad documentación o información falsa; negativa a la práctica de la revisión debidamente notificada; se utilicen los vehículos, personal y demás recursos materiales con insignias, escudos, colores o cromática de instituciones oficiales de seguridad pública o para la comisión de delito.
La ruta legislativa ha implicado pedir opiniones a los gobiernos municipales y a las propias empresas de seguridad. Por un lado, el informe de respuesta a esta solicitud por parte de los Ayuntamientos, muestra el poco interés que le ponen los ediles para atender temas que en los hechos, por pequeños que puedan parecerles, son de gran importancia. Sólo los municipios de Moroleón, Doctor Mora, San Diego de la Unión, Irapuato, San Miguel de Allende,Tarimoro, Coroneo y León respondieron dentro del término dado para la consulta, y, aunque extemporaneos, enviaron sus comentarios desde los cabildos de Santiago Maravatío, Romita y Salamanca.
Vaya, pareciera que al resto no les importó y sobre todo, llama la atención que en el municipio de Celaya, donde gobierna el morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez, y la inseguridad es crítica, según consta en el registro del expediente legislativo, no atendieron el requerimiento. Se preguntan en Las Enredaderas qué tanto a David Martínez Mendizabal, coordinador de Morena, le hacen caso en la capital mundial de la Cajeta, cuando de colaborar con el Congreso Local se trata.
Entre las empresas de seguridad, ante la iniciativa, por cierto, han lanzado un dardo que debe calar en la Secretaría de Seguridad y Paz que maneja Juan Mauro González Martínez, dicen que dado que la iniciativa plantea que una de las causas de revocación es por tener personal sin el examen de control y confianza, esto en parte es `porque en la dependencia estatal tardan mucho en darles cita para que cumplan con el trámite sus trabajadores. Verdad o ficción, pero como se dice en lenguaje de moda, es un nicho de oportunidad para la SSP.
Entre los hallazgos sobre los municipios, también se ha detectado que muchos carecen de reglamentos para atender el funcionamiento de estas empresas de seguridad en sus territorios. Y como se ha dicho desde las oficinas de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledò, todos deben jalar parejo: Federación, estado y municipios; así que en este tema todos deben hacer su parte.
En la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, que preside el panista José Erandi Bermúdez Méndez, el tema les ha permitido calibrar que no todos caminan a la misma velocidad y hasta en dirección diferente.
Tomado de Paralelo X.
