Por: Luis Miguel Rionda / @riondal
El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el miércoles pasado su dictamen final (https://t.ly/GUbok) sobre el proceso para renovar la presidencia de la república, y emitió la declaratoria de validez, luego de resolver negativamente los 240 juicios de inconformidad que entregaron partidos y ciudadanos para combatir diferentes aspectos del proceso. Dice el dictamen que la elección “fue libre, auténtica y periódica, además, que cumple con los principios que rigen la función estatal de organizar las elecciones: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.”
Llama la atención que se afirme que “los actos previos al inicio del proceso electoral, los preparatorios de la elección y la jornada electoral, se realizaron bajo los principios constitucionales mencionados”. Particularmente si recordamos que la ley fue violentada con total flagrancia cuando la precampaña presidencial del partido oficial comenzó al menos doce meses antes del inicio formal del periodo de precampañas el 20 de noviembre de 2023. Recordamos con claridad cómo las “corcholatas” destapadas por el elector de palacio cubrieron el territorio nacional a lo largo del año 2023 con miles de pintas de bardas, cientos de espectaculares, propaganda disfrazada de “presentaciones de libros”, entrevistas ante los medios, etcétera. En julio de 2023, el Frente Amplio por México se uniría a este quebranto de las normas electorales, intentando que el oficialismo no corriera solo y terminara de acaparar la atención pública.
Por otra parte, fue abierta y cínica la intervención casi cotidiana del presidente de la república en los procesos previos y posteriores al inicio del proceso electoral. Bajo el dicho de que su pecho “no es bodega” y de que su libertad de expresión no estaba limitada ni siquiera por el artículo 134 constitucional, disertó alegremente sobre propios y extraños. Los medios de comunicación proyectaron sus intervenciones y les dio potencia, transformándolas en elementos de propaganda ilícita.
La magistrada electoral Janine Otálora, haciendo gala de valentía y buen juicio, afirmó que hubo, al menos, estas irregularidades a lo largo del proceso: 1) fraude a la ley y procesos políticos adelantados, 2) indebida intervención del presidente de la República, 3) violencia e injerencia del crimen organizado y 4) las instituciones electorales se han degradado (https://t.ly/G7c9n).
Sobre el primer punto señaló que “fue especialmente grave que los partidos políticos, quienes se supone deben ser institutos que abonen a la defensa del interés público, diseñaron mecanismos cuidadosamente pensados para evadir el cumplimiento de la ley.”
Sobre el segundo punto afirmó que “Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar a una candidata y apoyar a otra y esta intervención se materializó […] en cerca de 50 conferencias matutinas…” (https://t.ly/w1Qf0). La magistrada destacó que los partidos y actores políticos ejercieron sistemáticamente fraudes a la ley, que afectaron la calidad del proceso electoral.
Continuaré cavilando sobre nuestra degradación democrática la próxima semana…
Tomada de Milenio.
