En sesión ordinaria, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa de reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a fin de regular la instalación de casetas de vigilancia y controles de acceso en vialidades públicas por particulares.
Al hacer uso de la tribuna para exponer los motivos de la propuesta, la congresista Martha Lourdes Ortega Roque comentó que actualmente era común observar casetas de vigilancia con plumas para controlar el tráfico, enmallados o portones en calles de acceso principal a fraccionamientos y/o colonias, sin embargo, dijo, el uso, disfrute de la libertad de tránsito de las calles o vialidades se veía mermado.
Afirmó que, la colocación de esos controles de acceso en los fraccionamientos o incluso solamente en una calle se llevaba a cabo de manera más frecuente y de forma desmedida por asociaciones de colonos o fraccionares, sin que medie ningún tipo de evaluación de la viabilidad de su instalación y operación.
Argumentó que eso se debía a que actualmente no existe fundamentación específica que regule las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones en el municipio con relación a los controles de acceso y tránsito de las vialidades públicas.
Ortega Roque señaló que, a través de disposiciones emitidas por los Ayuntamientos, se llevan a cabo las autorizaciones de construcción de esos elementos pero que eran ilegales y contravenían lo dispuesto en el Código Territorial porque su colocación obstaculiza la garantía de accesibilidad universal y movilidad, es decir el libre tránsito
“Se debe garantizar que los enrejados en las vías públicas no sean un obstáculo para el ejercicio de este derecho, sino más bien una limitación razonable y proporcionada en función del bien jurídico que se pretende proteger”, enfatizó la legisladora.
Agregó que la propuesta fija las bases para el otorgamiento de licencias para la construcción e instalación de casetas de vigilancia y controles de acceso en vías públicas, de conformidad con los reglamentos que los municipios expidan, y se establece que será la unidad administrativa municipal en materia de administración sustentable del territorio quien tendrá la atribución de emitir los permisos para su instalación y operación.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su estudio y dictamen.
