La Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado de Guanajuato desarrolló una mesa de trabajo para abordar tres propuestas de iniciativa enfocadas en el presupuesto con perspectiva de género y dirigido a pueblos y comunidades indígenas.
Presupuesto público con perspectiva de género
En primer lugar, se atendió la iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con el fin de incorporar un Anexo Transversal de Género que permita identificar, clasificar y dar seguimiento a los recursos públicos destinados a promover la igualdad entre mujeres y hombres.
En comentarios generales, se destacó que el sistema presupuestario vigente del estado de Guanajuato ya incorpora mecanismos relacionados con la igualdad sustantiva, la identificación presupuestaria, los indicadores de desempeño y las acciones institucionales en materia de mujeres y prevención de la violencia.
Se señaló que incorporar la perspectiva de género desde el diseño institucional permite evitar que esta se limite a un planteamiento declarativo. En ese sentido, consideraron que la reforma representa un avance para fortalecer el marco jurídico presupuestario estatal, al establecer herramientas que permitan identificar y dar seguimiento al gasto público destinado a la igualdad, bajo criterios de transparencia y evaluación de resultados.
No obstante, advirtieron que la propuesta no contempla montos mínimos ni porcentajes obligatorios de asignación presupuestal para el Anexo Transversal de Género, lo que podría generar discrecionalidad en su incorporación a los anteproyectos de presupuesto de egresos.
Asimismo, consideraron que las iniciativas no representan un conflicto con las atribuciones del Instituto Electoral, conforme a lo establecido en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
Por su parte, la Procuraduría señaló que los anexos transversales constituyen herramientas que permiten identificar e integrar información sobre los recursos destinados a programas, estrategias y acciones gubernamentales orientadas a atender prioridades específicas. Destacó que su incorporación representa una oportunidad para fortalecer los enfoques transversales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como mejorar la coordinación interinstitucional en áreas estratégicas.
Asimismo, reconoció que el marco jurídico estatal ya contempla los elementos mínimos de la estructura programática del presupuesto de egresos, incluido lo relativo al Anexo Transversal de Género. Sin embargo, consideró pertinente valorar las propuestas de la iniciativa, en ejercicio de la libertad configurativa del Estado, tomando en cuenta que estos instrumentos han evolucionado para responder a nuevas realidades sociales y a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Por su parte, el Tribunal Electoral consideró que la iniciativa se encuentra alineada con el marco constitucional vigente y con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, señaló que la propuesta respeta el ámbito de competencias de las entidades federativas y contribuye a garantizar la congruencia, coherencia y armonía del marco normativo.
No obstante, sugirió enriquecer el diseño normativo desde una perspectiva integral, a fin de fortalecer su implementación, precisar las competencias institucionales y asegurar una adecuada articulación con los procesos presupuestarios y los mecanismos de control vigentes, elementos que consideró fundamentales para garantizar su eficacia.
Educación indígena
La segunda propuesta corresponde a una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que busca fortalecer los procesos de educación indígena en los niveles de educación básica, mediante la orientación y asesoría a docentes en lengua originaria e interculturalidad, para mejorar los aprendizajes de niñas y niños indígenas en distintas regiones del estado.
Presupuesto para pueblos y comunidades indígenas
Finalmente, la tercera propuesta busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a fin de contemplar el destino de recursos para pueblos y comunidades indígenas.
La diputada Plásida Calzada Velázquez, promovente de la iniciativa señaló que, pese a la reforma al artículo 2º de la Constitución federal, que establece la obligación de garantizar asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas, administradas directamente por estos, dicha disposición aún no se ha materializado en Guanajuato.
Indicó que, desde el inicio de la Legislatura, ha impulsado, con el respaldo de su grupo parlamentario, diversas iniciativas y exhortos para hacer efectivo este derecho. Asimismo, refirió que durante la consulta realizada el pasado 3 de noviembre en el municipio de Victoria, personas de pueblos indígenas y afromexicanas expresaron ante el Poder Legislativo la falta de asignaciones presupuestales específicas para sus comunidades.
La legisladora sostuvo que este derecho no puede seguir postergándose, pues permitiría a las comunidades disponer y administrar directamente recursos públicos para atender sus necesidades y contribuir a su bienestar.
En el análisis de la propuesta se reconoció que su objeto fortalece y garantiza los derechos de las personas indígenas; no obstante, se señaló que aún está pendiente la expedición de la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, por lo que se consideró necesario valorar que, una vez emitida dicha legislación, podría requerirse un nuevo ajuste al marco normativo estatal.
En la sesión estuvieron presentes las personas diputadas Víctor Manuel Zanella Huerta, presidente de la Comisión; María del Pilar Gómez Enríquez, Plásida Calzada Velázquez y Yesenia Rojas Ávila.
También participaron representantes del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, del Tribunal Estatal Electoral, de la Consejería General Jurídica, de la Secretaría de Gobierno, del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Procuraduría.
