Guanajuato, Gto. – Convocada por la Comisión de Justicia, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma al Código Penal estatal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General para crear el Registro de Personas Agresoras Sexuales y constituir un sistema de información de carácter público que contenga los registros de quien reciba sentencia ejecutoria por un juez penal por la comisión de delitos de carácter sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La diputada María Eugenia García Oliveros comentó que son iniciativas importantes para la protección de las mujeres que han sido violentadas tanto dentro como fuera de su hogar, ya que en el contexto social donde se ha incrementado la violencia contra las mujeres es esencial que se lleven a cabo reformas que protejan su vida.
Agregó que deben sumar esfuerzos con la gobernadora del estado y la presidenta de México para lograr que las mujeres dejen de ser violentadas. Resaltó que eso solo se logrará con un marco jurídico que homologue normas y las fortalezca.
Alejandro Sierra, consejero jurídico de la gobernadora, comentó que las iniciativas atienden una problemática que se vive en la entidad y una agenda nacional; que el registro de personas agresoras no era un tema novedoso, que ya existe en otros estados, que han analizado las acciones de inconstitucional y, con base en ello, se presentó la propuesta que puede sortear esas acciones.
Indicó que el interés superior del menor debe estar por encima de los datos personales, por lo que el derecho colectivo es superior al derecho particular y con esta propuesta no se protege a una sola persona sino a todas.
De manera general, los participantes comentaron que coincidían con el fin de la propuesta; que se debe revisar la duración de la publicidad del registro; que la propuesta legislativa persigue una finalidad constitucionalmente válida,al tratarse de una medida que pretende cumplir con la obligación del Estado respecto de los deberes reforzados con niñas, niños, adolescentes y mujeres en materia del derecho humano a vivir una vida libre de violencias.
La diputada Susana Bermúdez Cano indicó que sí veía una necesidad de contar con esta iniciativa, al señalar que cuando un docente violenta y solo lo cambian de lugar; cuando una mujer enfrenta un abuso y su agresor sale libre, se debería considerar y entender a quienes han sufrido el abuso.
Remarcó que el tema no solo es importante sino necesario, porque se está buscando la mayor protección de la víctima, de una manera más amplia; que además se trata de prevenir nuevos delitos y que se tiene que reforzar la propuesta con algunas observaciones.
En los trabajos de la mesa participaron las diputadas María Eugenia García Oliveros y Susana Bermúdez Cano. Además, asistieron Elizabeth Durán y Jonathan Moreno de la Fiscalía General; Alejandro Sierra Lugo, Karla Cruz Vega y Vicente Vázquez de la Consejería Jurídica; Luis Alberto Estrella Ortega de la Procuraduría de los Derechos Humanos; y personas asesoras parlamentarias.
