En el Congreso del Estado de Guanajuato se realizó el último foro de consulta sobre violencia digital contra las mujeres, adolescentes y niñas en razón de género, con el objeto de generar un espacio de diálogo, reflexión y participación entre autoridades, personas especialistas, instituciones y sociedad civil, a fin de analizar los principales desafíos en la materia, intercambiar experiencias y formular propuestas que contribuyan a la prevención, atención integral y eliminación de este tipo de violencia.
En su mensaje de bienvenida, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, presidente de la Comisión de Justicia, manifestó que la violencia digital es un problema grave que les preocupa y ocupa como legisladores.
Apuntó que ya se han escuchado en otros foros argumentos sobre la necesidad de trabajar y legislar en este tema, principalmente por las afectaciones que genera en niñas, adolescentes y mujeres.
Remarcó que las recientes herramientas tecnológicas han abierto un espacio lleno de posibilidades para comunicarse, trabajar y desarrollar nuevas ideas; sin embargo, ese universo digital que ha acercado y conectado a las personas también, desafortunadamente, se ha convertido en un lugar inseguro, desde el cual niñas, adolescentes y mujeres han sido víctimas de violencia digital.
Ramos Sotomayor argumentó que actualmente la violencia digital también vive dentro de una pantalla y, aunque no se vea, está presente en un chat, en una fotografía que nunca se autorizó o en un perfil falso que amenaza sin dar la cara; no hace ruido ni deja marcas visibles, pero sí provoca daños muy severos en quienes la reciben.
Finalmente, comentó que se tiene que dar una respuesta clara desde la ley, por lo que el derecho debe caminar al ritmo de la realidad que se vive.
Al presentar la iniciativa, la diputada Susana Bermúdez Cano, presidenta del Congreso del Estado, precisó que esta surge del contacto con personas que han expuesto diversas situaciones y señaló que, si bien ya existe protección a través de la denominada Ley Olimpia, también hay ocasiones en que esas imágenes son modificadas y difundidas con situaciones que nunca ocurrieron.
Afirmó que no puede existir únicamente la Ley Olimpia, sino que era necesario impulsar otra reforma que busque sancionar a aquellas personas que consideran que, por utilizar la tecnología o la inteligencia artificial, no deben pedir permiso para generar o difundir contenidos que afectan a otras personas.
Remarcó que, con el avance de la tecnología, se ha llegado al grado de poner a las personas en situaciones complejas. Indicó que 10.6 millones de personas en México, entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, han sido afectadas por este tipo de violencia, principalmente en temas de carácter sexual y erótico.
Bermúdez Cano apuntó que las personas que sufren este tipo de violencia pueden llegar incluso al suicidio, y señaló que la reforma se ha enriquecido con la participación de especialistas, ya que se están abordando artículos relacionados con temas como el acecho y la tentativa.
Resaltó que debe existir una regulación en la materia que no se limite únicamente a definir el concepto de violencia digital, sino que también permita atenderla penalmente, porque las conductas que dañan a otra persona, particularmente a niñas, niños y adolescentes, deben ser sancionadas de manera ejemplar.
Nancy Navarrete Arias y Juan Manuel Álvarez González expusieron diversos aspectos relacionados con la iniciativa. Se habló de cómo la realidad cambia más rápido que el derecho, pues ahora no es necesario entrar a una casa para intimidar, sino que puede bastar una conversación, un fragmento de información fuera de contexto, una fotografía o un dato para dañar la reputación de una persona.
Se señaló que la velocidad con la que se transmite la información lo cambia todo; que se reconocen conductas que ya existen, pero se fortalecen las sanciones; que la violencia no debe quedar impune porque los derechos no desaparecen cuando se entra al ámbito digital; y que, en el caso del acecho, la conducta sea perseguida por querella, mientras que cuando las víctimas sean menores de edad se persiga de oficio, entre otros aspectos.
Dentro de las conclusiones, Elizabeth Madera, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres por Razones de Género, manifestó que la iniciativa viene a coadyuvar con el trabajo que se realiza en la Fiscalía General, ya que el Código Penal requería modificaciones, sobre todo ante las innovaciones tecnológicas.
Explicó que con estas reformas se actualiza la regulación de conductas que transgreden la dignidad de niñas, niños y adolescentes, debido a que la norma penal, en sus términos actuales, no permite encuadrarlas adecuadamente en un tipo penal.
La congresista Susana Bermúdez Cano remarcó que, con todos los comentarios vertidos durante los tres foros, se enriquece el análisis legislativo y que lo más importante será el efecto que puedan tener este tipo de reformas al Código Penal.
En el evento estuvieron presentes la diputada Susana Bermúdez Cano, presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato; Carlos Abraham Ramos Sotomayor, presidente de la Comisión de Justicia; así como las personas congresistas Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Ernesto Millán Soberanes.
Además, participaron Ma. del Carmen Serrato Granados, titular de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Patricia Guadalupe Aguilar Martínez, integrante de la Policía Cibernética de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional; Erika Itzel Mendoza Lara, de la Secretaría de Educación; María Corazón Camacho Amador, representante de la rectora general de la Universidad de Guanajuato; Macarena Orozco Martínez, directora del Departamento de Estudios Sociales del Campus León de la Universidad de Guanajuato; María Fernanda Bentazos Gutiérrez, representante del rector del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato; Ricardo Narváez Ramírez, del Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón; y Elizabeth Madera, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres por Razones de Género.
