El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la Ley de Educación Superior para el Estado de Guanajuato, con el objeto de disminuir las desigualdades en cuanto a las posibilidades de acceso y calidad de la educación superior para todas las personas.
El nuevo ordenamiento local contempla que la Educación Superior en el Estado de Guanajuato tendrá dentro de sus fines propiciar la formación integral de las personas, a efecto de que cuenten con conocimientos, habilidades y competencias sólidas para el ejercicio de su profesión, junto a reconocer los aprendizajes adquiridos en la experiencia laboral, aprendizaje autónomo, en modelo no formal, a través de mecanismos que permitan su equivalencia académica, facilitar la incorporación de estudiantes a los sectores productivo y laboral, entre otros aspectos relacionado con el desarrollo de la comunidad estudiantil.
Asimismo, se estipula que las autoridades educativas deben promover y reconocer los estudios realizados en instituciones de educación superior diferentes a aquella donde se encuentre inscrito el educando; se tengan modelos educativos cortos que complementen la oferta ordinaria y den mayor posibilidad a los estudiantes de avanzar y cumplir con los créditos definidos en su programa educativo.
Se indica que las acciones que se realicen en materia de educación superior se basarán en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, respetando el principio de inclusión; la aplicación de una perspectiva de juventudes, de género, así como de interculturalidad, con especial atención a los pueblos y comunidades indígenas, a las personas afromexicanas y migrantes, a las personas con discapacidad y a los grupos en situación de vulnerabilidad.
También se menciona la implementación de un registro digital que permita dar seguimiento a los expedientes de los estudiantes y la ejecución de la movilidad de los estudiantes con otras instituciones de educación superior, para fortalecer su perfil de egreso, con la finalidad de que la calificación obtenida será registrada en el expediente educativo y reconocida por la institución educativa de origen o receptora.
Microcredenciales
En la nueva ley se enuncia que las instituciones podrán emitir microcredenciales con la finalidad de acreditar que se cuentan con habilidades específicas que les permitan adquirir competencias, habilidades, conocimientos o capacidades que son adecuadas para al ejercicio profesional y desarrollo personal.
Finalmente, se resalta que las universidades e instituciones públicas de educación superior con el apoyo de las autoridades educativas federal y del Estado, propondrán mecanismos para la transición gradual hacia la gratuidad de los servicios educativos, sin que en ningún caso se afecte el cumplimiento de sus fines, ni las finanzas institucionales.
Al hacer uso de la voz, el diputado Aldo Iván Márquez Becerra expresó que esta iniciativa permitirá a la comunidad educativa de nivel superior contar con las bases para la distribución de la función educativa del tipo superior entre la federación, estado y municipios con la corresponsabilidad económica para financiar el sistema público de educación.
El legislador externó que los diversos impactos positivos se encuentra el tener modelos flexibles para que la comunidad estudiantil pueda acreditar los programas con aprendizajes obtenidos en su proceso educativo; se contemplan esquemas ágiles para el reconocimiento a través de equivalencias, competencias y cursos auto sugestivos acreditados mediante microcredenciales; así como la preservación de las lenguas originarias de la entidad con el propósito de difundir la identidad de los pueblos y comunidades indígenas.
Finalmente, el congresista enfatizó que la garantía al derecho universal a la educación superior implica ofrecer una mejor calidad de vida con la formación de profesionales competentes, personas autónomas, colaborativas y que dentro de sus estudios aprovechen la experiencia obtenida para acceder a mejores oportunidades laborales y a su vez convirtiéndose en agentes de cambio para la ciudadanía y para el estado.
Por su parte, la diputada Irma Leticia González Sánchez manifestó que para la transformación de la vida pública es necesario contar con procesos y mecanismos que permitan un acceso a la educación de calidad, además de cumplir con la visión de refrendar que la educación superior cumpla con los aspectos público, gratuito, laico y ser universal con un enfoque de equidad, excelencia e inclusión.
La legisladora resaltó que para el análisis se celebraron cinco foros de consulta con representantes en el sector de la educación superior y la propuesta se sometió a consulta previa dirigida a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, así como a personas con discapacidad con la finalidad de garantizar su derecho a la educación.
Concluyó diciendo que es importante que después de la aprobación, el órgano encargado en hacer las consultas regrese con las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, así como con las personas con discapacidad a exponer los resultados de la propuesta con la intención de perfeccionar los marcos normativos y tener una constante mejora.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad.
