Por: Jorge Marcelino Trejo Ortiz / @JMarcelinoTrejo *
El tema de Tamaulipas trae de cabeza a todo un país y tiene acaparada en alguna medida la atención internacional. Las acusaciones en contra del actual gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, por parte de instancias federales y la posibilidad de desafuero para juzgarlo, son hoy el debate nacional.
¿Cuál es mi opinión como apasionado y amante del Derecho? Simplemente que se haga justicia, si es culpable que se le juzgue y condene y, si es inocente, que se le exonere.
De manera independiente a los conceptos filosóficos sobre el valor de la justicia, que pueden variar en algún sentido, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico nos establece su definición de: un principio constitucionalmente consagrado como valor superior del ordenamiento jurídico en el que confluyen los de razonabilidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, respeto a la legalidad y prohibición de la arbitrariedad, ya que, según los casos, la justicia se identifica con alguno de estos otros principios.
El caso Cabeza de Vaca tiene en vilo no solo al estado de Tamaulipas sino al país, porque ahí se viven dos procesos, uno electoral y otro judicial.
De aliciente para la sociedad expectante, en Tamaulipas no habrá elección de gobernador (porque Cabeza de Vaca concluiría su mandato en 2022), pero sí de 43 ayuntamientos y de la renovación de su Congreso local, además de la elección de diputados federales.
Empero, el asunto judicial es el que ha provocado hoy que la justicia esté cercada por perros de presa que buscan el posicionamiento político antes que propugnar por el Estado de derecho constitucional.
Las acusaciones no son menores, estamos hablando de que Cabeza de Vaca es señalado de delincuencia organizada, de vínculos con el Cártel de Sinaloa, de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito y anexas.
La FGR dice haber documentado que Cabeza de Vaca, con prestanombres y toda la cosa, en cuatro años ha amasado una fortuna en bienes y cuentas, de más de 900 millones de pesos, según nota de la agencia Reforma.
Presumimos que la Fiscalía General de la República tiene los elementos probatorios de imputación y por eso ha solicitado la orden de aprehensión.
Ante el tribunal que corresponda deberán presentarse las pruebas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dice haberle congelado cuentas por la presunción de origen ilegal, señalamiento que deberá fundamentar la misma Unidad de Inteligencia Financiera.
Si sus correligionarios del PAN lo defienden, y el mismo Cabeza de Vaca se defiende, con la cantada “persecución política”, tendrán que exponer las pruebas a favor.
El espectáculo deprimente es el de la Cámara de diputados que, de manera independiente a votar en mayoría por el desafuero, no tienen por qué informar si existe orden de aprehensión o no, porque no es su función ni facultad.
Como sumario del tema, diremos que el Congreso local de Tamaulipas, de mayoría panista, votó porque Cabeza de Vaca mantenga el fuero.
Se entendería que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no podría ser aprehendido en el estado de Tamaulipas, pero por la determinación del desafuero del Congreso de la Unión, podría ser detenido en cualquier otra parte del país.
Pero hasta en la SCJN se cuecen habas, si bien fue desechada la controversia constitucional “por improcedente”, la Corte, como instancia lamentó la retahíla de argumentos que expuso el ministro Juan Luis González Alcántara, en el sentido de que habló de más “por su ascendencia laboral como fiscal de Ministerio Público”.
Al final de cuentas Cabeza de Vaca mantiene el fuero, pero dónde quedan las peticiones del Instituto Nacional de Migración para que Cabeza de Vaca no pueda salir del país, ni por mar, ni por tierra.
Lo que sí sería vigente es la petición de la FGR a la Interpol de emitir ficha roja, para que Cabeza de Vaca sea detenido en otros países. La Interpol no va a estar jugando, aunque la “justicia” mexicana sí lo haga.
¿En qué puede terminar el embrollo a que está sometida la justicia por este caso? Lo que deseo y creo que quiere la mayoría del pueblo mexicano, es que se imparta la justicia per se, y no con fines nefastos de interés político en un país polarizado hasta el encono.
Si aunada a la acepción jurídica de la justicia, que expuse, retomamos también un sentido filosófico, podremos agregar que la justicia es una virtud que inicia en la consciencia y el actuar de cada persona, es una virtud cardinal, principal, que inclina los actos por el bien y la verdad. Esto en lo individual pero también deberá ser en lo colectivo, en lo social.
Al final de esta vergonzosa historia veremos que se privilegió, la Justicia, el Derecho, el tema Político/ electoral o una gran negociación
* Presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato*
