Esta tarde, dio inicio la mesa de trabajo con los funcionarios estatales que integran el eje Seguridad y Paz Social, lo anterior como parte del análisis del tercer informe de gobierno del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
Dicho eje está integrado por: Libia Denisse García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno, y Álvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública.
En una primera ronda de preguntas, las diputadas y los diputados formularon cuestionamientos sobre cómo se ha fortalecido la cohesión social y de qué manera se prioriza la seguridad de niños y niñas en la entidad; si existe una estrategia conjunta en el combate a la delincuencia entre el estado y la federación; de qué manera la secretaría de seguridad pública mide la eficacia de los programas de reinserción y reintegración social y familiar aplicados a los adolescentes en conflicto con la ley penal; cuántas acciones de búsqueda llevó a cabo la Comisión de Búsqueda, el avance en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral y si se tiene previsto el tiempo en que entren en funciones.
Además de los aspectos en los que se promueve la paz laboral, la estrategia que se ha realizado para generar la prevención social de la violencia y la delincuencia; si se han tomado medidas para separar a los presos que tienen condena de los que no y las acciones para reducir la sobrepoblación; así como la eficacia de las herramientas tecnológicas como los drones en el combate a la delincuencia, si se compraron, rentaron, el costo y si se cumplieron todos los requisitos de licitación; las causas por las que no funciona el mando único; y cómo se apoya a la Comisión Estatal de Búsqueda.
Respecto a los delitos cometidos contra las mujeres qué acciones se han realizado para prever esos casos; el procedimiento para obtener una escritura pública en los programas de regularización y los beneficiados; las licencias de uso colectivo de armamento cuántos operativos de revisión se han realizado, los municipios y las consecuencias jurídicas de dichos operativos; los principales programas de prevención de delito; por qué a pesar de todas las acciones realizadas la percepción de inseguridad seguía siendo la misma; las principales acciones en materia de fortalecimiento del tejido social y si se capacita a docentes en la materia.
En la ronda de respuestas, los funcionarios estatales expusieron que la prevención se realiza en conjunción con el resto de las dependencias del Ejecutivo estatal y el tema de niños, niñas y adolescentes tenía un rubro especial; que hay una estrategia conjunta en materia de seguridad pública donde el máximo órganos es el Consejo Estatal de Seguridad que preside el gobernador y en el que intervienen también los 46 titulares de los municipios; que se ha definido la estructura orgánica para la operación del sistema de justicia laboral en la entidad con un avance del 50%; que se han realizado 84 acciones de búsqueda de campo; la medición de los programas es a través del índice de reincidencia para conocer cuántos menores fueron tratados y cuántos vuelven a cometer algún delito y que este año que se informa el índice fue del 0% de los 1086 que se atendieron.
Asimismo, comentaron que para promover la paz laboral mediante la conciliación y el diálogo social y la capacitación permanente del sector sobre sus derechos, que se firmó el acuerdo para fortalecer paz laboral, competitividad y protección del empleo lo que ha permitido que no haya huelgas; que se cuenta con un programa público de prevención social de la violencia; afirmaron que se tomaron todas la medidas para la sobrepoblación en los 11 centros a cargo de la Secretaría de Seguridad y se hizo la separación marcada de los sentenciados y los que están en juicio.
De igual manera se indicó que los helicópteros son una patrulla más, pero en el cielo, y que su costo estaba reservado conforme a la ley, que los drones no están a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, que los mando únicos aún existen y se está insistiendo en que los municipios que cuentan con él tengan sus propias policías municipales; que Guanajuato era el primer estado que ha podido obtener recurso federal para la Comisión de Búsqueda por 12 millones de pesos; en cuanto a la desaparición de mujeres se informó que se realizan acciones de búsqueda de manera inmediata y que era importante articular medidas de manera interinstitucional con un enfoque diferenciado, así como aplicar oportunamente el protocolo ALBA.
Además, se precisó que el procedimiento para la obtención de las escrituras públicas da inicio con la integración de los expedientes en el municipio y que en 2020 se entregaron 1383 escrituras; que para la recuperación de la paz y fomentar la cultura democrática se aborda de manera integral, que se realizaron campañas de fomento a la cultura cívica, talleres, foros, programas televisivos; mientras que lo relativo a la percepción de inseguridad se apuntó que al ser percepción era subjetiva pero que el reto estaba en fortalecer a las policías municipales.
En una segunda ronda de preguntas, las y los legisladores abundaron sobre cuál era la política de atención a las familias y colectivos de personas desaparecidas, el número de los exámenes de control de confianza que se han realizado, el número de elementos dados de baja por no aprobar y el seguimiento que se les da; los programas que se tienen para la protección integral para los niños, niñas ya adolescentes en el Estado; las acciones administrativas para proporcionar certeza jurídica a las familias guanajuatenses asentadas en predios rústicos, las medidas tomadas durante la contingencia sanitaria para apoyar a niñas, niños y adolescentes y si se han generado problemas de salud mental; así como las acciones para prevenir la revictimización.
También formularon preguntas sobre los replanteamientos que realizaran para cambiar la percepción social de inseguridad; las nuevas funciones de la subsecretaría de trabajo ante la implementación del sistema de justicia laboral; las acciones promovidas para impulsar el trabajo decente en la pandemia, las medidas que tomó la subsecretaría del trabajo y previsión social, a través de la dirección general del trabajo, para garantizar el acceso a la justicia de las y los trabajadores en el marco de la contingencia sanitaria provocada por el covid-19.
De igual forma, en materia de niños, niñas y adolescentes se cuestionó sobre de qué manera refuerzan las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia en los 46 municipios del estado; cuántos derechos restituidos se generaron en el año 2020, las acciones realizadas sobre crianza positiva; los procesos realizados para la asignación de notarios auxiliares, el número de convocatorias y las solicitudes hechas; los objetivos y metas alcanzadas sobre la línea estrategia de impulso a la prevención social.
Por otra parte, qué ha hecho gobierno del estado para acercar los servicios registrales y notariales, los recursos que ha bajado el estado para la Comisión de Búsqueda, la forma en que el Registro Civil a apoyado a las familias en la pandemia y las acciones realizadas para garantizar los derechos humanos.
En ese sentido, los secretarios informaron que la política de atención para colectivos y familiares de personas desaparecidas que será un trabajo de apertura y cercanía, coordinando esfuerzos, evitando la revictimización, facilitando los procesos de búsqueda y estableciendo un diálogo permanente con los familiares; que de los 4146 hombres y mujeres que conforman las fuerzas de seguridad pública todos cuentan con su control de confianza vigente y que quien lo reprueba no puede formar parte y se han separado a un 0.3% de los elementos.
Agregaron que se tienen 67 programas que tienen como beneficiarios los programas niños, niñas y adolescentes; se promovieron programas de regularización de tenencia de la tierra, y se firmaron convenios de regularización administrativa para los predios rústicos; que para evitar la revictimización es importante que la respuesta se dé en pleno respeto a los derechos humanos y cercanía; en cuanto a la percepción de inseguridad se dijo que es una encuesta que solo se realiza en León y Guanajuato y no todos los municipios, que hay otras mediciones que hablan de la confianza de la población en las fuerzas de seguridad pública estatales.
Los funcionarios también señalaron que la política laboral en la entidad seguirá siendo la misma, que se atenderán nuevas atribuciones y que las Juntas de Conciliación y Arbitraje no desaparecerán de inmediato; sobre las acciones para fomentar el trabajo decente y las medidas tomadas para el acceso a la justicia de las y los trabajadores argumentaron que la Procuraduría de la Defensa al Trabajo implementó el servicio de asesoría laboral por vía tecnológica y se brindaron 6,955 atenciones y 15,770 asesorías telefónicas, y se puso en marcha el sistema de citas para la promoción de demandas.
Por otra parte, en materia de niños, niñas y adolescentes indicaron que se realizan acciones transversales donde el enfoque es dar atención de manera prioritaria, que se restituyeron 519 derechos de niñas, niños y adolescentes, que se brindan talleres a solicitantes de adopción o familias de acogida y que buscan que siga creciendo el programa de crianza positiva.
Agregaron que para notarios auxiliares se generó ya una convocatoria y se realizaron exámenes a 33 aspirantes y ninguno acreditó la evaluación correspondiente y que se está preparando el siguiente proceso.
También profundizaron sobre los servicios registrales y notariales que, dijeron, se han innovado para hacer los trámites más accesibles haciendo uso de los medios electrónicos y que se redujeron los trámites presenciales; que el Registro Civil eliminó el plazo de 60 días para el registro de niños recién nacidos y la solicitud de la cartilla de vacunación (ante la pandemia), se implementó un portal de citas para acreditar supervivencia, entre otros. Además, se informó que se han obtenido 14 millones de pesos de la federación para la Comisión de Búsqueda.
En la tercera ronda de preguntas las diputadas y los diputados indagaron sobre los lugares en donde se instalaron los 72 comités de seguridad vecinal, las evidencias en que apoyan su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos; por qué no se habían instalado todos los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes municipales; cuál fue la inversión para cada uno de los rubros de equipamiento policial y los temas abordados en los cursos para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal; el impacto de dignificar a los integrantes de la comisaria de fuerza, las acciones preventivas para atender la problemática de trata de personas, corrupción de menores e incursión en las filas del crimen organizado de niñas, niños y adolescentes.
También indagaron sobre el número de quejas de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a partir de la instalación del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato y cuántas órdenes de protección se han girado; el número de adolescentes privados de su libertad y por qué delito; el beneficio de la capacitación recibida por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia; el impacto del simulador de tiro en la profesionalización policial; cómo se incorporaba la perspectiva de género en los defensores de oficio; el número del personal de seguridad capacitados en derechos humanos y perspectiva de género; el costo del cambio de imagen de las patrullas y cuándo se podrá medir el impacto en la ciudadanía; qué significaba la paz laboral y el beneficio de la implementación del modelo islandés de prevención de adicciones.
En respuesta, los funcionarios indicaron que la estrategia de comités de seguridad vecinal era parte de una estrategia compartida con los gobiernos municipales en los lugares más afectados por la comisión de algunos delitos y se realizaban estructuras de ciudadanos que tengan contacto con la autoridad municipal para sus requerimientos y con la Secretaría de Seguridad; que todos los sistemas de protección de los derechos de niñas niños y adolescentes ya se encontraban operando; se realizó una inversión de 147 millones 279 mil 599 en equipo policial; que se ha realizado capacitación en temas como evaluación de daños, prevención y control de incendios forestales, diplomado de mandos, justicia cívica, policía de proximidad con perspectiva de género, medicación policial, entre otros.
Asimismo, indicaron que Guanjuato tiene la policía mejor pagada del país y se cuenta con esquemas superiores y se trabaja para mejorarlos, se cuenta con un sistema de asuntos internos que investiga cualquier situación que pueda estar fuera de los principios de la policía estatal que son sacrificio y lealtad; en cuanto a las acciones en favor de niñas, niños y adolescentes se resaltaron las acciones preventivas en la materia y las políticas públicas aplicadas; se recibieron 15 solicitudes de periodistas y 15 de personas defensoras de derechos humanos, y se giraron 10 medidas prevención y 84 de protección.
Además, precisaron que actualmente son 25 las personas adolescentes que se encuentran con medida cautelar de prisión preventiva o con prisión definitiva por delitos de homicidio en contra servidores públicos, homicidio, portación de arma, violación espuria y secuestro; que la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia ha brindado capacitación para canes e instructores, al equipo táctico, de inteligencia, entre otros; y que el simulador de tiro era complementario.
También se informó que las personas defensoras publicas incorporaban la perspectiva de género desde el primer contacto y el desarrollo de las estrategias de defensa; en derechos humanos se capacitaron 800 a lo largo del año, sin embargo indicaron que desde academia policial se les capacita en la materia, y 900 elementos en perspectiva de género, y que se está trabajando con la Procuraduría de Derechos Humanos para nuevas capacitaciones; que el cambio de imagen de las patrullas costó un poco más de 3 millones de pesos; en cuanto a la paz laboral mencionaron que no sólo significa la ausencia o solución del conflicto laboral sino uno de los baluartes del sector laboral y la base donde se cimentaba el crecimiento armónico del sector.
En la última ronda de preguntas, las y los congresistas cuestionaron sobre las acciones bajo las que se garantiza la protección y adaptabilidad de niñas niños y adolescentes posterior al juicio de adopción; las acciones implementadas para que los adolescentes que se encuentran en internamiento continúen con sus estudios; que las conductas delictivas más frecuentes eran el consumo de droga, de alcohol, robos y asaltos que a partir de qué fecha las acciones implementadas estarían mitigando esas conductas sociales; las acciones para salvaguardar los derechos humanos de los jóvenes que están recluidos en el centro de internamiento; cuántos de los centros penitenciarios cuentan con alguna certificación, si las personas privadas de la libertad, podían estudiar y trabajar estando en esa condición; y el porcentaje de personas privadas de la libertad que reinciden.
En ese sentido, los funcionarios manifestaron que posterior a la adopción cada 6 meses durante 3 años se les da seguimiento; que todos los adolescentes que estén en el Centro o afuera tienen acceso pleno a continuar con sus estudios; que se iban mitigando diferentes problemáticas en materia de seguridad pero no se podía poner una fecha porque no dependía de un sólo nivel de gobierno ni del gobierno únicamente sino también de la participación ciudadana; que el trabajo en materia de niños, niñas y adolescentes se notaba en que no había una recomendación emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos y que las personas que estaban a su cuidado estaban bien capacitadas, además de que el centro de internamiento estaba certificado por la Asociación Americana de Prisiones (ACA); se cuentan con 11 centros penitenciarios en la entidad y que todos ellos estaban certificados y eran de los pocos sistemas en el mundo que contaba con el reconocimiento más amplio que daba dicha Asociación y que durante 7 años se encontraban en los mejores lugares de calificación; que los internos tiene acceso a talleres y pueden o no tomarlos lo que le puede causar problemas para obtener libertad anticipada, la reincidencia era del 0.3%, que se ha industrializado el sistema penitenciario y actualmente había 17 industrias donde al interno se le pagaba como empleado y su familia accedía a seguridad social y quien se encuentra recluido tenía la oportunidad de crear derechos para una pensión o retiro.
Finalmente, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, agradeció la participación de los funcionarios y comentó que la interacción ciudadana fue de 10,255 por medios digitales: 22 chats, 874 por medio del portal Congreso, 805 por youtube, 1,122 vía twitter, 5,222 visitas a Facebook y 2,210 otros medios
En la mesa de trabajo participaron las diputadas María Magdalena Rosales Cruz, Celeste Gómez Fragoso, Vanessa Sánchez Cordero, Laura Cristina Márquez Alcalá, Emma Tovar Tapia, Ma. del Rocío Jiménez Chávez, Reyna Guadalupe Morales Reséndez, Katya Cristina Soto Escamilla, María de Jesús Eunices Reveles Conejo, Sandra Josefina Arrona Luna, Jéssica Cabal Ceballos, Ma. Guadalupe Guerrero Moreno y Noemí Márquez Márquez; así como los diputados J. Jesús Oviedo Herrera, José Huerta Aboytes, Miguel Ángel Salim Alle, Héctor Hugo Varela Flores, Armando Rangel Hernández, Juan Elías Chávez, Israel Cabrera Barrón, J. Guadalupe Vera Hernández, Jaime Hernández Centeno, Rolando Fortino Alcántar Rojas, Israel Cabrera Barrón, Isidoro Bazaldúa Lugo, José Luis Vázquez Cordero, Pastor García López, Raúl Humberto Márquez Albo, Víctor Manuel Zanella Huerta y Paulo Bañuelos Rosales.
Cabe mencionar que este miércoles 24 de marzo se analizarán los ejes: Educación de Calidad (de las 9 a.m. a las 1 p.m.) y Desarrollo Humano y Social (de las 4 p.m. a las 7 p.m.)
