l presidente nacional del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Fernando González Sánchez, estuvo en León para levantarle la mano al ex priista Aurelio “Chachis” Martínez Velázquez como su virtual candidato a la Presidencia Municipal. Vía: am.
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Kiosco Político
Por Fidel Ramírez Guerra
Este lunes se registran candidaturas a diputaciones federales panistas:
Justino Arriaga ya lo hizo directamente en la CEN por tratarse de la alianza “Va por México”, que incluye al PRI y al PRD.
Justino espera confiado la aceptación de su registro. Se establece en el listado panista que el distrito VIII corresponde al PAN.
En Salamanca se desató una ola de rumores de que el candidato sería el priista Agustín Robles, ex alcalde de la ciudad y poderoso ranchero agricultor, con una gran amistad con Miguel Márquez.
Por Irapuato XV distrito, va Itzel Balderas como externa. Es una posición del alcalde Ricardo Ortiz, que va de salida. Itzel, el actual diputado local que va por la reelección, Víctor Zanella y Diego Rodríguez, que pretende repetir como regidor, son los llamados “ricardistas”.
Ortiz, tres veces alcalde, está carente de un equipo político presente y para el tiempo. Hoy se está dando cuenta con el poder es pasajero y que para estar vigente necesita aliados capaces y de todas las confianzas y lealtades.
En efecto, Lorena Alfaro tiene equipo propio. Un tiempo pertenecieron ambos al Grupo La Loma, en el que se encontraban Javier Usabiaga, José Ángel Córdova Villalobos, Ricardo Sheffield y Luis Alberto Villarreal.
En Irapuato hay más grupos políticos panistas: Sixto Zetina, Jorge Estrada Palero, Lalo López Mares y la disidencia de independientes.
También existen empresarios y grupos de empresarios de línea directa con el gobernador Diego Sinhue y con el ex gobernador Miguel Márquez.
Itzel Balderas necesita alianzas, no confrontaciones. El apoyo de Ricardo Ortiz es insuficiente y requerirá hacer equipo con Lorena y con Jorge Romero, quien se registrará como candidato a diputado federal por el IX distrito que comprende Irapuato y Silao.
Balderas es una promesa para el Grupo de los Ricardistas, pero primero tendrá que ganar la elección, que de entrada no será un día de campo. Tendrá enfrenta a Morena, que ya han desplegado en estos años una competitiva estructura, además del voto duro.
El mensaje es claro: o trabajan como un solo equipo en campaña, haciendo cada cual lo que les corresponde, o van cada candidatura por su cuenta, con riesgos en sus resultados.
Pluris del PAN a federales
Ya se lo había exigido – Yo – a Vicente Fox:
Que cumple su responsabilidad histórica. Que si ya fue presidente, siga en el escenario público de manera actuante, contribuyente.
Ya Fox tuvo encuentros con Marko Cortés, y ya Fox ha comenzado a ser más mediático contra López Obrador.
Sobre las mismas pluris federales en la semana algunos medios publicaron que Juana de la Cruz y Román Cifuentes irían en la lista por Guanajuato.
De concretarse, Juanita de la Cruz dejaría un vacío en la operación política de Guanajuato y al mismo tiempo sería un pago a sus contribuciones al PANGobierno en los últimos 20 años.
De concretarse, ese vacío lo llenaría gente del mismo equipo de Diego Sinhue.
Sin delegado
A Morena se le hizo tarde y aún no resuelve sus conflictos internos, pero también anda de contrataciones.
Fue mediática la renuncia de la regidora Vanessa Montes de Oca. Deja al PRI y se va a Morena: Alma Alcaraz le da la bienvenida. Iría a una candidatura a una diputación federal.
Peor para el PRI, viene la renuncia de la ex regidora Esther Zúñiga, con todo y su estructura.
Ahora dedicará sus esfuerzos a apoyar la candidatura de Aurelio Martínez El Chachis, por Redes Sociales Progresistas.
Su hermano, José Luis Zúñiga, con línea directa con Fernando González, el dirigente nacional.
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Columna nacional recomendada
La Jornada 18/01/2021
FGR: inconsistentes e ilegales, ‘pruebas’ de la DEA contra Cienfuegos
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que son inconsistentes e ilegales las pruebas que la agencia contra las drogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) presentó en contra del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda.
En los resultados de su investigación, se menciona la entrega de 10 millones de pesos para financiar un presunto golpe de Estado, versiones que “rayan en la estupidez”, según respondió Cienfuegos en su declaración ante el Ministerio Público.
Entre las conversaciones entregadas por la DEA se encuentra una fechada el 4 de enero de 2017, que menciona la entrega del dinero, a lo que ex titular de la Sedena respondió que “un levantamiento en armas y hasta una revolución es francamente ridículo”.
La FGR afirmó que solicitó a las autoridades de Estados Unidos “todas las pruebas” de su investigación contra Cienfuegos Zepeda, pero como respuesta sólo se enviaron las 743 hojas con transcripciones de los mensajes de texto presuntamente interceptados.
El Ministerio Público indica que dichas comunicaciones fueron intervenidas ilegalmente; por lo tanto, “esa información carece del más elemental valor jurídico, está afectada de nulidad y no pueda surtir efecto alguno sobre las personas a las que se les atribuyen”.
En el expediente del caso, se afirma que las pesquisas de la DEA comenzaron en 2013, a raíz del seguimiento de las actividades de distribuidores minoristas de heroína que operaban en Las Vegas, Nevada, los cuales eran abastecidos por una organización mexicana con base en Nayarit, cártel que encabezaba Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2.
En esa investigación se encontraron mensajes de alguien identificado como El Padrino, quien supuestamente era Cienfuegos Zepeda.
Sin embargo, al cruzar el contenido de dichos mensajes con las actividades públicas del ex titular de la Sedena, la FGR encontró varias inconsistencias.
Por ejemplo, se afirma que El Padrino tuvo una reunión con uno de los cabecillas del cartel de El H2, el 9 de diciembre de 2015, en la Ciudad de México, cuando en esa fecha Cienfuegos asistió a una reunión del gabinete de seguridad en Acapulco, Guerrero.
En dicho encuentro, el representante del cártel describe a El Padrino como “un hombre chaparrito” y de tez blanca, características que no corresponden al ex titular de la Sedena.
La FGR añade que pidió a las compañías de comunicación celulares los registros de los mensajes intercambiados entre los aparatos involucrados en la investigación de la DEA, cuyos números fueron incluidos en la versión pública, pero éstas contestaron que, con base en la ley, sólo guardan dicha información durante dos años.
Agrega el Ministerio Público que en todos los mensajes de texto las personas que se comunican únicamente se refieren entre ellos mismos por sus sobrenombres, y que la DEA no estableció la identidad real de estas personas: “tampoco hubo información fidedigna que remitiera la autoridad estadunidense para identificar a las personas o relacionar personas con apodos”.
Finalmente, la FGR afirmó que revisó las declaraciones de bienes del ex titular de la Sedena, investigó algunas de sus propiedades y no detectó ninguna irregularidad.
“En resumen, al no existir prueba alguna que demuestre que se reunió, encontró o contactó o que realizó comunicaciones con integrantes del grupo delictivo ya citado que se cataloguen como ilegales o que reflejen la realización de actos al margen de la ley, ni que los haya protegido o ayudado de modo alguno, es procedente entonces establecer que jamás cometió delito alguno.”
La fiscalía también pidió a la Sedena todos los registros castrenses y académicos de Cienfuegos, de ellos sobresale que en mayo de 1999, cuando era director del Heroico Colegio Militar, fue arrestado durante ocho días “por falta de supervisión y control con los servicios interiores del cuerpo de cadetes y uso inadecuado del armamento orgánico de personal, ocasionando que un cadete se lesionara con un arma de fuego poniendo en peligro su vida”.
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Columnas Políticas
AMLO, las vacunas anti-Covid y la ONU 18/01/2021
“Frentes Políticos”, en Excélsior:
“Jorge Argüelles, coordinador del grupo parlamentario del PES en la Cámara de Diputados, se registró como precandidato del Partido Encuentro Social Morelos, para alcalde de la capital morelense, Cuernavaca. Uno de los más sólidos colaboradores de la 4T transita por su mejor momento y cuenta con el apoyo no sólo de la ciudadanía, que conoce su trayectoria, sino que cuenta con el respaldo de militantes, diputados federales, locales y alcaldes, no sólo de su partido, sino de las bases lopezobradoristas y de Morena para encabezar la alianza Juntos Haremos Historia por Morelos. Consiente de la importancia de su papel, mencionó que ‘la transformación de Cuernavaca será posible en la medida que trabajemos unidos’. El también legislador por Morelos es cercano a la gente, maneja un perfil político de alto nivel y su capacidad de diálogo lo hacen el candidato ideal para gobernar una ciudad como Cuernavaca, casi en el colapso. Es el bueno”.
“Templo Mayor”, en Reforma:
“Ahora sí el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó al extremo la realidad alterna en la que vive. Y es que el mandatario se inventó que México aceptó que Pfizer le entregara menos vacunas de las acordadas porque, según él, la ONU las pidió para los países pobres. Una de dos: o a López Obrador lo están engañando sus colaboradores; o de plano ya cree que puede engañas a todo el mundo”.
“Bajo Reserva”, en El Universal:
“Mientras en la Secretaría de Salud el doctor Hugo López-Gatell ponía todas las trabas que podía a la compra de vacunas, la doctora Miriam Esther Veras Godoy, titular del Programa de Vacunación Universal, era una aliada de aquellas entidades de gobierno, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, que buscaban cerrar de manera urgente los acuerdos con diversos laboratorios para traer el antígeno a México”.
“Trascendió” en Milenio:
“Ahora que se conocen a detalle las acusaciones de EU contra el ex titular de Sedena, Salvador Cienfuegos, y la respectiva investigación de la FGR sobre el tema, en el gobierno mexicano siguen sorprendidos de cómo la DEA abrió un caso donde no lo había. Incluso entre legisladores, juristas e integrantes del Poder Judicial crece el apoyo a la indagatoria que realizó la parte mexicana, pues en las conversaciones interceptadas los delincuentes no atinan siquiera a identificar la fisonomía del general en retiro”.
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Titulares
Descabezan programa de vacunas anti-Covid 18/01/2021
Estas son las noticias destacadas este lunes 18 de enero en los principales diarios de circulación nacional:
REFORMA
Descabezan programa de vacunas anti-Covid
Exhiben diferencias por aplicación de dosis. Omite Secretaría de Salud dar detalles de renuncia; ayudó funcionaria en capacitación
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LA JORNADA
Cederemos dosis de Pfizer a países más pobres: AMLO
México acepta pedido de la ONU para redistribuir la vacuna
Te puede interesar: Acepta México reducción de entregas de Pfizer para que países pobres tengan acceso: AMLO
EL UNIVERSAL
Fiscalía va por el primer acusado por Lozoya
Notifica al exsenador panista Jorge Luis Lavalle de una acusación en su contra realizada dentro de las indagatorias del caso Odebrecht
Te puede interesar: Exsenador Jorge Luis Lavalle comparecerá ante FGR por presuntos sobornos de Lozoya
MILENIO
Secretaría de Relaciones Exteriores ya negocia en Estados Unidos estrategia de vacunación para migrantes
La 4T mantiene pláticas con la mitad de los 50 estados y ofrece instalar en los consulados centros de inoculación masiva
EXCÉLSIOR
Pandemia provoca éxodo en oficinas
Desocupados, 2.2 millones de m2
EL FINANCIERO
Presentará Economía plan de reactivación económica
Empresarios piden priorizar apoyos ante la crisis derivada de la pandemia
EL ECONOMISTA
Diciembre marcó el retorno de capitales de inversión al país
“Futuro de Pemex y política energética, foco de riesgo”
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Resumen Político Nacional
La Jornada
- Cederemos dosis de Pfizer a países más pobres: AMLO.- México aceptó la propuesta de la Organización de Naciones Unidas a fin de que los países que anticiparon acuerdos de compra de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer cedan parte de las dosis pactadas en los contratos a fin de que ese organismo la redistribuya en naciones más pobres, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer en Juan R. Escudero, Guerrero. “Nosotros estuvimos de acuerdo, que nos bajen y luego nos repongan lo que nos corresponde.” En su último día de gira para inaugurar otro plantel de las Universidades del Bienestar Benito Juárez en Guerrero –140 a escala nacional, 30 para medicina y enfermería– destacó los avances en el plan de vacunación a personal médico que atiende a pacientes Covid-19, augurando la aplicación del total de las dosis. Fustigó la “subcultura del agandalle”, en alusión a funcionarios y políticos que se han inmunizado sin que les toque. “Nadie puede en circunstancias de salud tan delicadas actuar con prepotencia, la autoridad está obligada a dar el ejemplo.” Celebró la inauguración del plantel en Guerrero destinado a carreras ligadas a la medicina con la directriz de las Universidades del Bienestar de ubicarse en zonas marginadas para que, con independencia del origen social de los padres, todos los estudiantes tengan acceso a educación. “Estamos procurando, porque todavía no se cumple cabalmente con ese derecho que tienen los estudiantes, pero vamos hacia ese propósito, que no haya rechazados.” La referencia del gobernador Héctor Astudillo al grado de vacunación a personal médico en la entidad –99.9 por ciento– dio pauta al mandatario para tocar el plan de vacunación, subrayando que México aplicará todas las dosis adquiridas, a diferencia de países europeos, donde la retención de vacunas ha generado polémica. “Si aplicamos la vacuna vamos a tener más autoridad y derecho que los que reciben la vacuna y no la aplican, la tienen congelada, eso está pasando en algunos países europeos. Hay reclamos hasta el interior de cada país.” Sobre la solicitud de la ONU, López Obrador descartó que se altere el plan de vacunación aquí, pues ya se gestionan otras opciones con la farmaceútica china CanSino; el laboratorio ruso para la vacuna Sputnik y el acuerdo con Astra-Zeneca para el desarrollo del biológico en México. Criticó abusos de quienes se vacunaron indebidamente fuera de turno: el director de un hospital mexiquense, que derivó en su separación del cargo; un diputado de Coahuila de un partido afín a Morena, por lo que se investigará “quién fue el que se dejó sobornar o apantallar por este legislador; y el cese del director de un hospital no Covid en Tabasco. “Afortunadamente no es la regla, es la excepción, son muy pocos los que se comportan de esa manera, la mayoría de la gente entiende que hay que esperarnos hasta que nos toque. Yo voy a esperarme hasta que me toque mi turno de acuerdo con mi edad, van a vacunar al Presidente cuando estén vacunando a adultos mayores de mi edad.” La gira concluyó con el reconocimiento de Astudillo por la creación de varios planteles con enfoque especializado, además del de éste en Tierra Colorada destinado a la medicina: “en la Costa Grande, en Zacualpan, en Atoyac, ingeniería agroforestal; en La Montaña, el plantel de Metlatónoc, para formar ingenieros en procesos alimentarios; en la Costa Chica la universidad Xochistlahuaca, que ofrece ingeniería de desarrollo regional sustentable”. En un video difundido en redes sociales, López Obrador mostró un recorrido por el plantel durante el cual destacó el perfil de estas universidades destinadas a apoyar a jóvenes para que continúen sus estudios en zonas marginadas. La coordinadora de las Universidades del Bienestar, Raquel Sosa, informó de la incorporación de los mil alumnos de este plantel como voluntarios en el plan de vacunación.
- Senadoras del PT proponen incrementar pago por despido injustificado.- Las senadoras del PT, Geovanna Bañuelos y Nancy de la Sierra, presentaron una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de elevar de 12 a 24 meses el pago de salarios vencidos en caso de que un trabajador sea despedido injustificadamente. En su propuesta, las legisladoras señalan que si el juicio no ha concluido o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, proponen que también se paguen al trabajador el dos por ciento de los intereses correspondiente a 25 meses de salario. Bañuelos y de la Sierra explicaron que el objetivo de su iniciativa es garantizar los derechos laborales y el acceso a la justicia de los y las trabajadoras mexicanas. Refieren que “en 2012, el entonces presidente Felipe Calderón presentó su reforma laboral en detrimento de la clase trabajadora, la cual incluía la limitación de los salarios vencidos o caídos a los que tiene derecho un trabajador o trabajadora en caso de ser despedido injustificadamente”. Una de las justificaciones de la reforma calderonista es que se debía “establecer un límite a la generación de salarios vencidos para combatir la indebida práctica de prolongar artificialmente la duración de los procedimientos laborales”, lo que ayudaría a la disminución de los tiempos procesales para resolver los juicios. Sin embargo, acotaron las senadoras, esa situación no sólo se mantuvo igual, sino que se crearon incentivos perversos para que los patrones dilataran los procesos laborales y el empleado no pudiera acceder a su derecho a la justicia y reclamar sus salarios vencidos, así como a su indemnización constitucional. “Esta situación atenta contra los derechos laborales del trabajador e, incluso, se le niega su derecho a la justicia, porque se le impide tener acceso a una completa y absoluta reparación del daño causado por el despido injustificado”, sostienen las senadoras petistas. Bañuelos y de la Sierra propusieron que los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, pruebas, recursos y, en general, toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se les imponga una multa de 500 a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización. De la misma manera, sugirieron que, si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 180 días sin pago de salario, y en caso de reincidencia, serán destituidos o inhabilitados hasta por cinco años.
- INE censor / John M. Ackerman.- El pasado viernes, 15 de enero el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó censurar al Presidente de la República. Nueve de los once consejeros electorales votaron a favor de emitir “medidas cautelares inhibitorias” por las que “se ordena al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que en el mecanismo de comunicación gubernamental se abstenga de realizar conductas que involucren manifestaciones cuyo contenido pueden ser de naturaleza electoral” (véase: https://bit.ly/2LDVfxS). Esta misma resolución también dota a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, encabezada por el consejero Ciro Murayama y con una clara mayoría PRIANista, con facultades plenipotenciarias para intervenir directamente en los contenidos de las mañaneras y de otras expresiones públicas de López Obrador. “Para mis amigos justicia y gracia, para mis enemigos, la ley a secas”, reza el viejo dicho atribuido a Porfirio Díaz que caracteriza perfectamente al modus operandi del antiguo sistema autoritario todavía vivo dentro de nuestras instituciones electorales. En contraste con la determinación en contra del “enemigo” de los consejeros electorales López Obrador, para los “amigos” en los medios privados el INE se limitó a publicar, el 21 de agosto de 2020, una serie de “Lineamientos Generales que, sin Afectar la Libertad de Expresión y la Libre Manifestación de las Ideas ni Pretender Regular Dichas Libertades, se Recomiendan a los Noticieros, Respecto a la Información y Difusión de las Actividades de Precampaña y Campaña” (véase: https://bit.ly/38TtrOW). En esta resolución sobre los noticieros privados, el INE deja perfectamente claro que “estos Lineamientos no constituyen pautas coercitivas para los medios de comunicación, sino que deben ser entendidos como guías orientadoras que pretenden encauzar un comportamiento y de ninguna manera imponer una conducta”. En concordancia con esta afirmación, el acuerdo correspondiente no empodera a órgano alguno del INE para intervenir en la determinación de las temáticas de los noticieros. “Todos coludos o todos rabones”, reza la expresión popular. Si el INE va a determinar los contenidos aceptables para las conferencias mañaneras de López Obrador, que también fije las temáticas que pueden abordar Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker y Javier Alatorre en sus noticieros. Tanto las mañaneras como los noticieros son ejercicios de comunicación hacia la ciudadanía. El hecho de que uno de los espacios cuente con financiamiento público y el otro dependa de financiamiento privado no modifica el carácter esencialmente informativo de ambos. Pero el INE ha decidido aplicar un doble rasero al definir las conferencias de prensa de López Obrador como “propaganda” y los noticieros como “comunicación”. Indigna el evidente trato diferenciado. Los consejeros electorales “ordenan”, regulan y amenazan al Presidente pero se limitan a “encauzar” sin “imponer conductas” a los locutores privados. Ello revela un fuerte sesgo de parte del INE a favor de las fuerzas políticas de la oposición, que cuentan con un amplio financiamiento privado para sus actividades y un abrumador respaldo de parte de los medios privados. Una vez más se confirma que consejeros como Lorenzo Córdova y Murayama serían aguerridos militantes del “Bloque Opositor Amplio (BOA)”, tal y como ya hemos documentado en estas mismas páginas (véase: https://bit.ly/2Ly76xL). Ahora bien, es cierto que el séptimo párrafo del artículo 134 de la CPEUM señala que todos los servidores públicos tienen la obligación “de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos” y que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos…deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.” Nuestra larga historia de grotescas intervenciones del gobierno en la política electoral justifica la aplicación estricta de estas determinaciones normativas. Todos recordamos la burda participación del entonces Presidente Vicente Fox en la campaña electoral de Felipe Calderón de 2006 así como la canalización de miles de millones de pesos del presupuesto público hacia las campañas del PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero las opiniones expresadas por López Obrador durante conferencias de prensa sobre el acontecer nacional e internacional de ninguna manera se pueden equiparar con la movilización político-electoral del Estado en su conjunto durante el viejo régimen. El verdadero peligro para la democracia en el mundo actual es el financiamiento privado a las campañas electorales. La profunda crisis actual del corrupto sistema político estadounidense, donde vale más un dólar que un voto, constituye un claro botón de muestra (véase: https://bit.ly/3qs0DD9). Nuestro marco jurídico afortunadamente también establece controles estrictos sobre el sector privado. El apartado A del Artículo 41 de la CPEUM indica claramente que, más allá de los partidos políticos, “ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.” De la misma manera, el Apartado B del Artículo 6º de la CPEUM señala que “se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”. Sin embargo, en México se ha normalizado la presentación de propaganda política como “información periodística o noticiosa” por medio de la compra indebida de mensajes, noticias y opiniones. Antes, el principal proveedor del famoso “chayote” periodístico era el gobierno, pero ahora son los actores privados quienes principalmente se dedican a este negocio. El prejuicio generalizado de los medios privados en contra del gobierno actual no ocurre por generación espontánea sino que cuesta mucho dinero. Y las redes sociales, como Youtube, Facebook y Twitter, no son de ninguna manera una excepción. El caso del “Operativo Berlín” durante las elecciones de 2018 constituye solamente uno de los ejemplos más evidentes. Así que si el INE quiere inaugurar una nueva etapa de mayor intervención y regulación del debate político-electoral que lo haga de manera pareja, confrontando por igual al supuesto intervencionismo público y la evidente intromisión privada. La obsesión de las autoridades electorales con censurar la mañanera evidencia un preocupante sesgo político y pone en grave riesgo la imparcialidad del proceso electoral actualmente en curso.
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El Economista
- Exoneración de Cienfuegos acentúa debilidad en relaciones bilaterales: InSight.- La exoneración en México del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, es una muestra del poder que han acumulado las Fuerzas Armadas en el actual gobierno federal. Esa situación acentúa el debilitamiento de las relaciones con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, alertó InSight Crime, a quien autoridades de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) expresaron que podrían retomar las acusaciones en su país contra el mando militar mexicano. “La exoneración de Cienfuegos pone un signo de exclamación en torno a una extraña serie de acontecimientos que han agitado las relaciones bilaterales en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, y que sin duda continuarán poniéndolas a prueba durante años. (…) Desestimaron el caso justo en un momento en que las relaciones en materia de seguridad entre ambos países están mostrando signos de debilitamiento”, alertó InSight. La organización dedicada al estudio de la amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y El Caribe consideró que “la pronta exoneración de Cienfuegos Zepeda es indicio del creciente poder de las fuerzas armadas durante la administración (del presidente Andrés Manuel) López Obrador, ya que el mandatario recurre con frecuencia a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado, construir infraestructura y proteger puertos, entre otras actividades”. Estimó que también pone en tela de juicio “la capacidad de México para investigar a las Fuerzas Armadas”, y puso como ejemplo la ausencia actual de resultados en denuncias hechas por presuntas conductas indebidas por parte de las tropas militares en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya. Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a InSight Crime en un correo electrónico que Estados Unidos “se reserva el derecho de reanudar su investigación en torno a Cienfuegos si el gobierno de México no lo hace”. Los fiscales estadounidenses consultados para el análisis de InSight, firmado por Parker Asmann, manifestaron que Cienfuegos Zepeda fue liberado en EU con el fin de demostrar el “frente unido de los gobiernos mexicano y estadounidense contra toda forma de criminalidad”, pero su exoneración pone en serias dudas esa afirmación. InSight Crime resaltó que las autoridades mexicanas tardaron dos meses en absolver al funcionario de seguridad de más alto rango que haya sido acusado por Estados Unidos, mientras que los agentes de la DEA investigaron a Cienfuegos Zepeda durante seis años antes de imputar cargos en agosto del 2019, sin notificarle a las autoridades mexicanas. “(Esto) podría significar un cambio muy necesario en la estrategia de los dos países para combatir el crimen organizado, que no ha obtenido logros significativos en la última década”, apuntó la consultora internacional. “Es lamentable que la Procuraduría (Fiscalía) General exonere a Cienfuegos tan fácilmente y sin que un juez y un jurado evalúen las pruebas”, opinó Lilián Chapa Koloffon, investigadora sénior del Proyecto de Justicia Mundial, organización internacional de la sociedad civil enfocada en el Estado de derecho. Por su parte, Siria Gastélum, directora del Fondo de Resiliencia de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una organización no gubernamental internacional, dijo que “el tiempo que tomó esta supuesta investigación va a seguir planteando preguntas, y eso es inevitable. En realidad, este tipo de investigaciones requieren más tiempo y, para ser aceptadas plenamente, debe exigirse un nivel de transparencia que no se vio en absoluto”. En su análisis, InSight Crime destacó que “algunos funcionarios estadounidenses lo criticaron (la absolución penal del general mexicano), porque lo consideraron innecesario y afirmaron que puso en peligro las relaciones entre Estados Unidos y México. Otros funcionarios mexicanos, especialmente al interior de las Fuerzas Armadas, lo vieron como una afrenta a la soberanía mexicana”. La Fiscalía General de la República de México anunció en un comunicado de prensa del 14 de enero la exoneración del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien se desempeñó como secretario de la Defensa Nacional en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Presupuesto y el poder. La absolución penal del general Salvador Cienfuegos obliga al Estado mexicano a restituir el honor al Ejército y al propio militar, opinó el investigador y experto en Fuerzas Armadas, Javier Oliva Posadas, al considerar que las acusaciones que hizo la DEA fueron producto de una lucha de las agencias estadounidenses por presupuesto. Entrevistado por El Economista, el profesor de la UNAM cuestionó la investigación de la DEA contra el general, al resaltar que no era posible que fuera investigado por supuestos delitos de narcotráfico cuando el 16 de noviembre del 2018 el presidente Donald Trump ordenó que el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y el de Marina, Vidal Soberón, fueran condecorados (por el Departamento de Defensa de EU) con la Legión al Mérito en Grado de Comandante por su “excepcional” trabajo al frente de las Fuerzas Armadas mexicanas. Dicha condecoración fue entregada por el general Terrence J. O’Shaughnessy, responsable de los comandados Norte de Estados Unidos y de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. “No había ningún delito qué perseguir (…) Hay que leer el caso Cienfuegos con la clave Washington, es decir, las rivalidades que hay en las agencias de Estados Unidos por el presupuesto, y eso nadie lo ha dicho. “¿Qué tiene que ver esto con el proceso interagencias estadounidense? En el 2018, al general Cienfuegos lo estaban condecorando como un soldado ejemplar el Estado mayor conjunto de EU, la estructura táctica-operativa de las Fuerzas Armadas más importantes del mundo, ¿y al mismo tiempo lo estaba investigando la DEA? Analicemos. Veamos este asunto con clave Washington”, afirmó Oliva. —¿Nos dice que la acusación contra el general fue producto de una lucha entre agencias de seguridad estadounidenses, por qué motivos? “Por presupuesto. Cuando se da en octubre (la detención del general), justamente en ese periodo se dan las sesiones con los comités del Congreso y en función de los resultados se asignan presupuestos”, respondió. —¿La exoneración no empodera a las Fuerzas Armadas? “Si tienen poder es porque el comandante supremo (el presidente de México) se los está dando. Los militares no están tocando la puerta para que les den las funciones. Lo que ocurre es que la velocidad que trae el programa de gobierno del presidente López Obrador requiere de disciplina y de constancia. Y la burocracia no atiende a la velocidad o los requerimientos del presidente. Y las Fuerzas Armadas como están estructuradas de manera logística, por eso les está encargado las cosas”. —¿No tuvo que ver con un tema electoral? “No creo que tenga que ver. Para mí tiene que ver con el presupuesto y con un cambio de gobierno en Estados Unidos”. —¿Afectará al gobierno mexicano la relación con Joe Biden? “No, yo descarto eso porque justamente se está dando en la víspera (del cambio de gobierno en EU). Si eso hubiera pasado el 20 o 21 de enero, entonces sí, pero los funcionarios estadounidenses ya van de salida, hay puro responsable provisional y ha habido renuncias en el Consejo de Seguridad”, sostuvo Javier Oliva.
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SinEmbargo
- AMLO insiste en que la DEA fue irresponsable, sin ética y poco profesional en caso Cienfuegos.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió esta mañana en que la agencia antidrogas de Estados Unidos, conocida como DEA, fue irresponsable, poco ética, muy poco profesional en la investigación que hizo al General Salvador Cienfuegos Zepeda, y señaló que se le acusó sin sustento. AMLO dijo que “los conservadores” y los “representantes de las agencias” en México son los que critican la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar a quien fuera el Secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto (2012-2018). “Empiezan de todas maneras los conservadores, periodistas, expertos, a decir que se borraron cosas. Sí, en el expediente de la Fiscalía, porque están obligados a hacerlo por la situación legal. Pero en el caso de nosotros, no. Nada más para que la gente sepa. ¿Quieren saber cómo armó la DEA el expediente del General? Ahí está en las redes”. “No pensemos que son infalibles los encargados de esas agencias o que son perfectos en su actuación los gobiernos extranjeros y que todo lo malo tiene que ver con nosotros. Sí ha habido excesos, autoritarismo, corrupción, pero estamos en una etapa nueva”, se defendió. La Fiscalía General (FGR) publicó la noche del sábado el expediente público completo con el que determinó exonerar al general Salvador Cienfuegos, exjefe del Ejército mexicano acusado de narcotráfico en Estados Unidos. “La Fiscalía General de la República da a conocer por este medio la versión pública del expediente completo, con las salvedades que impone la ley, y que fue diligenciado en México, culminando con una determinación de no ejercicio de la acción penal”, afirmó el organismo en un comunicado. A través de su sitio web oficial, la FGR publicó el documento de más de 700 páginas, que consta de dos tomos y 12 anexos, aunque varias partes se encuentran tachadas. El archivo se publica dos días después de que la FGR exonerara a Cienfuegos, titular de la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional (Sedena) durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y detenido el 15 de octubre en Los Ángeles Estados Unidos) tras una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). En el documento puede verse la carpeta, o expediente, de investigación FED/SEIDO/UEUTA-NAY/0000821/2020, donde se indica que se investigaba al extitular de la Sedena por delitos de delincuencia organizada. Del mismo modo, se puede ver la referencia sobre los mensajes interceptados por la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cuales fueron revelados el viernes en el documento que hizo público la cancillería mexicana, aunque las conclusiones están tachadas en negro. El sábado, el Gobierno de Estados Unidos expresó su “profunda decepción” por la exoneración de Cienfuegos y acusó a México de violar un tratado al divulgar información que le había compartido de manera confidencial. Cienfuegos fue capturado el pasado octubre en Los Ángeles y posteriormente trasladado a Nueva York, donde se le acusó de haber protegido y recibido sobornos del hoy extinto cártel mexicano H-2, una escisión del grupo criminal de los Beltrán Leyva prácticamente desconocido hasta la detención del general. En noviembre, sin embargo, la Fiscalía mexicana y el Departamento de Justicia estadounidense llegaron a un extraordinario acuerdo por el que Estados Unidos retiró las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero contra Cienfuegos a cambio de que fuera investigado en México, donde finalmente fue exonerado de todos los cargos.
- Colectivos piden que Gertz Manero sea removido de la FGR; no está a la altura del país, reclaman.- Organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y activistas solicitaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador remover a Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, luego de que no ejerciera acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. “Solicitamos al Presidente que, con base en el artículo 102, apartado A, fracción IV, que remueva al Dr. Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República”, detalló en un posicionamiento difundido en redes sociales. Las organizaciones agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra acusaron que la FGR no intentó buscar pruebas sobre los posibles actos de corrupción o vínculos del General con el narcotráfico. A la par, aseguraron que la FGR no es autónoma, ya que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la que tomó la batuta sobre la difusión de información en torno al caso de Cienfuegos. “La actuación de la FGR frente a las acusaciones documentadas en Estados Unidos en el caso el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, deja en claro que en México los militares son intocables. Se pone de manifiesto, además, que el Fiscal no está defendiendo su autonomía”, detallaron. “Y, atendiendo a las instrucciones del Presidente, hizo público el expediente entregado por las autoridades de Estados Unidos y no la propia Fiscalía, que es la auténtica garante de esa información. ¿Dónde está el Fiscal?”, agregaron. Los colectivos Añadieron que Gertz Manero “ha demostrado que no ha pasado la prueba y que no se encuentra a la altura de los retos que demanda este país”. Las organizaciones civiles detallaron que con la exoneración de Cienfuegos, se cierra la posibilidad de que en México exista justicia e investigaciones contra las altas esferas del poder. “El cierre de las investigaciones del caso del General Cienfuegos es también el cierre absoluto a la posibilidad de que en México se investigue de manera efectiva y eficiente a las altas esferas del poder, cuando cometen delitos o violaciones a derechos humanos. Se cierran la posibilidad de nuestro derecho a la verdad como sociedad y del derecho a la justicia para las víctimas”, lamentaron. Por ello, solicitaron que el Senado llame al Fiscal a rendir cuentas ya que, consideraron, “no es un Fiscal que vele por los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país”. Entre los firmantes se encontraron la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM); Organización Nacional Anticorrupción (Onea); Artículo 19; Impunidad Cero; Fundar; etcétera. El pasado 14 de enero, la FGR exoneró a Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y detenido el 15 de octubre en Los Ángeles EU) tras una investigación de la Agencia Antidrogas de EU (DEA). Cienfuegos fue capturado el pasado octubre en Los Ángeles y posteriormente trasladado a Nueva York, donde se le acusó de haber protegido y recibido sobornos del hoy extinto cártel mexicano H-2, una escisión del grupo criminal de los Beltrán Leyva prácticamente desconocido hasta la detención del general. En noviembre, sin embargo, la Fiscalía mexicana y el Departamento de Justicia estadounidense llegaron a un extraordinario acuerdo por el que Estados Unidos retiró las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero contra Cienfuegos a cambio de que fuera investigado en México, donde finalmente fue exonerado de todos los cargos. El viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien gestionó la liberación de Cienfuegos en noviembre pasado, acusó a la DEA de “fabricar” los cargos contra el general y pidió publicar el expediente que Washington envió el 29 de octubre a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Este sábado, el Gobierno de Estados Unidos expresó su “profunda decepción” por la exoneración de Cienfuegos y acusó a México de violar un tratado al divulgar información que le había compartido de manera confidencial. El Departamento de Justicia estadounidense también rechazó la acusación del presidente Manuel López Obrador de que la DEA inventó delitos contra el general mexicano.
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