La 66 Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó las reformas a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, que tienen como propósito de fortalecer la igualdad sustantiva, avanzar en la erradicación de la brecha salarial de género y reforzar los mecanismos de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de violencia.
Con las modificaciones a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se incorporan los conceptos de brecha salarial de género e igualdad salarial, además de ampliar la definición de discriminación para contemplar conductas que directa o indirectamente provoquen o perpetúen las brechas de género y se establece también como obligación desarrollar acciones tendientes a erradicar la brecha salarial en la vida profesional y laboral.
Asimismo, se fortalece la obligación de las autoridades y de los sectores privado y social de promover condiciones de igualdad en el ámbito laboral; se contempla garantizar la igualdad salarial, el acceso al trabajo y el ascenso en condiciones de igualdad, así como eliminar la brecha salarial de género; y se establece que el Sistema para la Igualdad impulse acciones para que en el sector privado se respete el principio de igualdad de trato y oportunidades y se adopten medidas para erradicar esta brecha.
Además, de que se incluye en las obligaciones promover la participación económica, social y cultural de las mujeres rurales e indígenas, así como su integración a los espacios de decisión de las organizaciones municipales, comunitarias, asociativas de producción y de cualquier índole.
Por otra parte, las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia actualizan y fortalecen las disposiciones relativas a las órdenes de protección, se precisa su concepto y se incorpora el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños y se instaura la obligación de integrar, procesar y actualizar la información correspondiente.
Se indica que las órdenes de protección son actos de urgente aplicación, de carácter precautorio y cautelar, que podrán otorgarse de oficio o a petición de parte cuando exista un riesgo para la integridad, libertad o vida de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, junto a que se garantiza que las víctimas reciban información clara, sencilla y empática sobre su derecho a solicitar órdenes de protección, y se establece que el Ministerio Público deberá decretarlas cuando reciba una denuncia anónima de mujeres, adolescentes o niñas víctimas de violencia, aunado a que una sola orden podrá concentrar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de la víctima directa o indirecta.
Finalmente, los cambios contemplan una vigilancia para que la Representación Gratuita en Materia Civil se ejerza con respeto a los derechos humanos de las mujeres y se desarrollen campañas de difusión sobre los derechos que tienen las víctimas de delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexuales y de violencia familiar, así como de las instancias especializadas que atienden delitos de violencia contra las mujeres.
Más apoyos en beneficio de las mujeres
Al presentar la propuesta, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que el dictamen consolida cuatro iniciativas de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, estructuradas a partir de la armonización con las leyes marco federales.
La legisladora destacó que el dictamen se construyó mediante el consenso de las distintas fuerzas políticas de la Comisión para la Igualdad de Género, coincidiendo en la urgencia de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, erradicar la discriminación, asegurar la igualdad de oportunidades laborales y eliminar la brecha salarial, con un énfasis particular en el ámbito rural.
Señaló que estas medidas imponen obligaciones claras a los poderes públicos, ayuntamientos y organismos autónomos para consolidar la autonomía y dignidad de las mujeres y precisó que las órdenes de protección poseen distinta naturaleza según sean emitidas por autoridades administrativas, policiales, ministeriales o jurisdiccionales, al igual que se garantizó no invadir materias procesales reservadas a la Federación.
Asimismo, se dijo que se estableció la obligación de todas las autoridades competentes de alimentar y actualizar el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección, junto a que este paquete legislativo se suma a otros avances como las licencias de paternidad y los entornos laborales seguros, reafirmando que la igualdad sustantiva se viva en la cotidianidad de las mujeres.
Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la voz las diputadas Maribel Aguilar González y Sandra Alicia Pedroza Orozco.
Aguilar González indicó que el dictamen en comento tiene un significado especial porque detrás existen historias de mujeres que han tenido que enfrentar la desigualdad, la discriminación y la violencia. Afirmó que la propuesta les recuerda que su responsabilidad como legisladores no termina al reconocer esos problemas, sino que deben construir herramientas jurídicas para atenderlos y evitar que sigan repitiéndose.
Recordó que el dictamen contiene distintas iniciativas encaminadas a fortalecer la igualdad y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias, entre esas, dijo, se encontraba una propuesta que impulsó relacionada con las medidas y órdenes de protección, tema que considera fundamental porque, cuando una mujer se encuentra en peligro la respuesta de las autoridades debe marcar la diferencia entre continuar viviendo bajo amenazas o encontrar una posibilidad real de seguridad.
La legisladora puntualizó que también se contemplan aspectos relacionados con la igualdad sustantiva, la eliminación de la discriminación y la brecha salarial. Comentó que no se puede hablar de igualdad mientras las mujeres continúan enfrentando obstáculos para acceder a oportunidades laborales, recibir una remuneración justa o participar plenamente en las decisiones que afectan su vida.
Finalmente, subrayó que el dictamen representa un avance importante para las mujeres del estado y que, aunque no se puede decir que con una reforma desaparecerá la violencia, sí pueden afirmar que se están dando pasos para fortalecer las herramientas jurídicas que deben protegerlas.
En su oportunidad, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco mencionó que el dictamen incluyó una propuesta para institucionalizar el anexo transversal de género, sin embargo, lamentó que se desechara la visión integral de la iniciativa original, toda vez que el proyecto planteaba un sistema de reformas a siete ordenamientos locales.
Agregó, que lo anterior se hizo para rastrear la ruta del dinero público a lo largo de todo el ciclo presupuestal, permitiendo conocer con precisión qué dependencias, programas y recursos se destinan a la erradicación de las violencias y qué resultados concretos se obtienen, superando la simple incorporación formal de la perspectiva de género en el gasto.
Asimismo, reafirmó que su voto a favor responde a su compromiso de construir sobre coincidencias y respaldar cualquier progreso para las niñas, adolescentes y mujeres de la entidad, sin dejar de señalar las omisiones del trabajo legislativo.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos en lo general. Al ser sometido a votación en lo particular, la diputada Ana María Esquivel Arrona presentó una reserva, al comentar que obedece a la necesidad de protección vigente a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato continúe cumpliendo su función.
En ese sentido, precisó que la propuesta de reserva quedaría como sigue: se quedaría el artículo primero, que dice que el alcance del presente Decreto estará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, y se añadiría el artículo segundo en relación al registro de órdenes de protección.
“Artículo segundo, en tanto inicia la operación del Registro Nacional de Medidas de Protección de las Mujeres, adolescentes, niñas y niños que se regulan en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se emitan por la autoridad federal los respectivos lineamientos para la integración de la información en el mismo, el registro de las órdenes de protección continuará realizándose en el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres”, finalizó la legisladora.
La reserva fue avalada.
