Por: Héctor Andrade Chacón / @hectorandrade70
En tiempos en los que buena parte del país discute —con razón— la fragilidad del Estado mexicano frente al crimen, la impunidad y la simulación institucional, resulta hasta refrescante que una autoridad municipal decida hacer algo tan básico, pero tan incómodo para muchos: aplicar la ley.
Eso es, en esencia, lo que ha hecho la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, al ordenar el retiro de circulación de motocicletas que transitan por la capital del estado sin placas, sin documentos que acrediten propiedad, sin licencia o sin casco. La medida, presentada como un operativo permanente, busca inhibir delitos cometidos a bordo de motocicletas irregulares, luego de hechos recientes en la ciudad; incluso se informó que durante los primeros días habría “multas de cortesía” para permitir la regularización antes de aplicar sanciones económicas y arrastres.
La alcaldesa lo dijo con su estilo frontal: no habrá tolerancia para quienes circulen fuera de la norma. Más allá del tono —que puede gustar o incomodar—, el fondo es políticamente relevante: Guanajuato capital no puede resignarse al desorden como si fuera paisaje urbano. Menos aún una ciudad que concentra historia, turismo, poderes públicos, vida universitaria y una identidad patrimonial que no admite la ley del “cada quien haga lo que quiera”.
Por supuesto, la reacción no tardó. Como suele ocurrir cuando una autoridad toca intereses, aparecieron voces que redujeron el operativo a una supuesta medida recaudatoria. Es la coartada de siempre: antes que admitir que hay motocicletas sin placas, sin papeles o sin condiciones legales para circular, se acusa a la autoridad de abusiva. Antes que reconocer el mandato de la norma, se busca desacreditar a quien intenta aplicarla.
Ahí está el verdadero síntoma político. Porque el problema no es que se revise a quien circula en regla. El problema es que durante años se normalizó lo contrario: motos sin identificación, conductores sin documentación, unidades que pueden ser usadas para delinquir y luego desaparecer entre callejones, túneles y colonias. Si una motocicleta está en orden, la ley no la persigue; la ley la protege. Si no lo está, entonces el municipio tiene la obligación de actuar.
La crítica sesgada revela demasiado de sus autores. En algunos casos no parece indignación cívica, sino molestia porque alguien decidió cerrar la rendija por donde se colaba el desorden. Y cuando el desorden se vuelve costumbre, cualquier intento de autoridad parece provocación.
Aquí vale recordar algo elemental: el Estado de Derecho no se defiende en discursos solemnes, sino en actos concretos. Se defiende cuando se sanciona una toma clandestina, cuando se retira una moto sin placas, cuando se impide la invasión de la vía pública, cuando se cobra lo que se debe cobrar y cuando se deja claro que la ciudad no pertenece al más ruidoso, ni al más influyente, ni al más rijoso.
Por eso también importa observar quiénes se colocan del lado de la descalificación sistemática. En el caso de Guanajuato Capital, algunos críticos de la alcaldesa cargan con expedientes públicos que no los hacen precisamente campeones de la legalidad. El caso del excandidato morenista Jorge Antonio Rodríguez Medrano es ilustrativo: el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato determinó en 2025 que ejerció violencia política de género contra una regidora de Morena y ordenó su inscripción en los registros de personas sancionadas; además, medios documentaron antecedentes judiciales y civiles en su contra. O cómo olvidar que le encontraron una toma clandestina trabajadores del SIMAPAG, entre muchas rayas del tigre.
Eso no invalida por sí mismo toda crítica, pero sí obliga a leerla con contexto. Porque una cosa es vigilar a la autoridad —necesario en democracia— y otra muy distinta es usar la bandera de la ciudadanía para defender la informalidad, la irregularidad o la anarquía funcional.
La misma lógica aplica al ordenamiento del comercio en el centro histórico. Guanajuato Capital vive de su belleza, de su trazo urbano, de sus plazas, de sus callejones, de su condición patrimonial y turística. Por eso no es menor que el municipio comience a poner límites a la ocupación indebida de banquetas y espacios públicos por parte de comerciantes establecidos o informales. El debate sobre el ambulantaje y la invasión de zonas turísticas ya había sido puesto sobre la mesa por voces que advirtieron que el comercio debe regularse sin perder de vista la imagen urbana y el valor patrimonial de la ciudad.
Poner orden no significa gobernar contra la gente. Significa gobernar para todos, incluidos quienes caminan, quienes visitan, quienes cumplen, quienes pagan, quienes sí tienen documentos, quienes sí respetan reglas y quienes también tienen derecho a una ciudad transitable, segura y digna.
Samantha Smith está tocando una fibra sensible: la del viejo pacto de tolerancias, permisos informales, omisiones convenientes y gritos en redes sociales. Pero si Guanajuato capital quiere estar a la altura de su historia, no puede seguir administrando excepciones. La capital del estado debe ser, antes que postal turística o botín de grupos, un territorio bajo el imperio de la ley.
Y eso, aunque incomode, debe aplaudirse.
León: la iniciativa privada empieza a leer el nuevo mapa
Mientras en Guanajuato Capital, Samantha Smith enfrenta el costo de poner orden, en León, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos vive otro tipo de reacomodo: el de los poderes políticos y económicos que están tratando de entender qué ciudad viene después de su ruptura con el PAN.
Lo llamativo es que, pese al ruido partidista, sectores empresariales importantes han comenzado a enviar señales de respaldo institucional a la presidenta municipal. COPARMEX Zona Metropolitana de León reconoció recientemente la apertura al diálogo de la administración municipal, durante la presentación del Programa de Inversión de Obra 2026, y destacó la importancia de la participación ciudadana y empresarial en los proyectos de desarrollo.
No es un gesto menor. En una ciudad como León, donde durante décadas el vínculo entre empresariado y panismo fue casi una gramática de poder, que organismos empresariales validen el trabajo de Ale Gutiérrez tras su salida de Acción Nacional tiene lectura política. No necesariamente implica adhesión partidista, pero sí una constatación: para una parte del sector privado, la gobernabilidad de León no pasa exclusivamente por el color azul.
También APIMEX ha sostenido una relación pública de colaboración con el gobierno municipal. En la toma de protesta de su consejo directivo 2026-2027, Ale Gutiérrez destacó que León ha salido adelante gracias a la participación activa de su gente y al trabajo conjunto con los sectores productivos; el nuevo liderazgo de la asociación habló de fortalecer la cadena de valor, nuevos mercados e innovación.
Esa es la palabra clave: colaboración. Frente a un Ayuntamiento donde la fracción panista ha marcado distancia, ha advertido vigilancia política y ha dejado ver una estrategia de contención hacia la alcaldesa, el sector empresarial parece estar actuando con mayor pragmatismo. Los regidores panistas han reiterado que no seguirán a Alejandra Gutiérrez a Movimiento Ciudadano, han cuestionado su salida y hasta han reivindicado que León “sigue gobernado” por el PAN desde el Cabildo.
La imagen es elocuente: mientras una parte del PAN se atrinchera en el Ayuntamiento, algunos grupos empresariales prefieren hablar de obra, inversión, planeación, competitividad y continuidad de proyectos. La política partidista mira hacia 2027; la economía local mira hacia mañana por la mañana.
Por eso el espaldarazo empresarial a Ale Gutiérrez no puede leerse sólo como cortesía institucional. Tiene un fondo más profundo: en León hay una parte de la iniciativa privada que parece cansada de fungir como extensión automática del panismo. No rompe necesariamente con todos sus vínculos históricos, pero sí comienza a distinguir entre partido y gobierno, entre sigla y resultados, entre disciplina azul y oxigenación política.
Claro, no todo el empresariado se mueve en esa dirección. También hay señales de que otros sectores siguen cómodos en la órbita panista y ya están leyendo el tablero sucesorio. Ahí aparece el caso de CANADEVI y los gestos hacia el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Jorge Espadas Galván, quien desde enero reconoció públicamente su interés por contender por la alcaldía de León en 2027.
No hay que ser adivino para entender el mensaje: Espadas se mueve, se deja ver, mide terreno y busca interlocución con sectores que históricamente pesan en León. En política, las comidas, los saludos y las recepciones nunca son sólo eso. A veces son termómetros. A veces son destapes de baja intensidad. A veces son contratos emocionales rumbo al futuro.
León vive, entonces, una disputa por el sentido de su gobernabilidad. De un lado, una alcaldesa que salió del PAN acusando ataques y que fue presentada por Movimiento Ciudadano como nueva integrante el 29 de abril, después de más de dos décadas de militancia panista. Del otro, un panismo que intenta demostrar que conserva el control político de la ciudad, aunque ya no tenga a su figura más competitiva bajo el mismo techo partidario.
El empresariado, por su parte, está haciendo sus cuentas. Algunos ven en Ale Gutiérrez una administración funcional, con obra, diálogo y resultados. Otros prefieren apostar a la restauración azul de 2027. Ambos movimientos son legítimos, pero revelan algo mayor: León ya no se explica con una sola clave partidista.
Y quizá esa sea la verdadera novedad. La ciudad que durante años pareció políticamente inmóvil comienza a moverse. No necesariamente hacia una ruptura total, pero sí hacia una pluralidad más real. A veces la oxigenación democrática empieza así: cuando los aliados tradicionales dejan de actuar por reflejo y comienzan a preguntar quién gobierna mejor, no quién porta el escudo de siempre.
En Guanajuato Capital, Samantha Smith intenta poner orden frente al ruido. En León, Ale Gutiérrez intenta gobernar entre el respaldo social, el reconocimiento empresarial y el bloqueo político. Dos alcaldesas, dos ciudades, dos tensiones distintas. Pero una misma lección: gobernar exige valor. Y en estos tiempos, donde sobran opinadores de trinchera y faltan decisiones firmes, el valor político también se mide en la capacidad de sostener la ley, los proyectos y la ciudad por encima del griterío.
Tomada de Paralelo X.
