La Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública analizó cuatro diferentes iniciativas de reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato en materia de: servicio público de agua en condiciones de igualdad; composición de los organismos operadores de agua municipales; operación de plantas de tratamiento de aguas residuales; y coordinación entre Estado y municipios en la materia.
Servicio público de agua en condiciones de igualdad
La primera propuesta busca establecer disposiciones necesarias para la prestación del servicio público de agua sin discriminación y en condiciones de plena igualdad cuando exista escasez.
Las personas asistentes señalaron la importancia de respetar la configuración de la autonomía municipal consagrada en la Constitución Federal, la cual otorga a los ayuntamientos personalidad jurídica propia y la facultad de manejar su patrimonio conforme a las condiciones específicas que marca la ley. Destacaron la necesidad de valorar las realidades ambientales que enfrentan los 46 municipios de la entidad, especialmente en lo relativo a la gestión del agua y la implementación de mecanismos como los tandeos para limitar su dispersión.
Señalaron que, ante la diversidad de contextos locales, resulta fundamental integrar las consideraciones de los organismos operadores de agua municipales y solicitar el pronunciamiento de todos los ayuntamientos para asegurar que las soluciones legislativas no sean meramente coyunturales, sino adecuadas a las capacidades y necesidades de cada demarcación; y que existen menciones de otros derechos humanos en el ordenamiento que se busca modificar, pero que no hay nociones del derecho humano al agua.
Al hacer uso de la voz, la diputada Angélica Casillas Martínez enfatizó que la gestión del agua debe basarse en criterios estrictamente técnicos e hidrológicos y no en decisiones de carácter político; y que, aunque el artículo 115 constitucional faculta a los municipios para prestar el servicio, esto no garantiza que los ayuntamientos posean el conocimiento especializado necesario para manejar un recurso natural no renovable y complejo.
Agregó que la realidad de Guanajuato es crítica, con pozos que requieren perforaciones a profundidades de hasta 300 metros, lo que conlleva riesgos de contaminación y altos costos de operación, por lo que es necesario fortalecer a los organismos operadores, priorizando la cultura del agua, el tratamiento de aguas residuales y la tecnificación del riego.
En su intervención, el legislador David Martínez Mendizábal indicó que el acceso al agua es un derecho humano que debe ser el eje central de cualquier política pública, superando la visión puramente ingenieril del recurso. Al igual, mencionó que el Código Territorial de Guanajuato debe incorporar y desglosar explícitamente este derecho para fortalecer la justicia social, especialmente en poblaciones que enfrentan barreras naturales o falta de infraestructura.
Añadió que se tiene la necesidad de tener una visión intersecretarial e interdisciplinaria que impida que el agua sea un beneficio para unos pocos, e instó a dictaminar en sentido positivo las reformas propuestas, buscando que la gestión del agua sirva al interés de la ciudadanía y no a la defensa de intereses gubernamentales o de grupos específicos.
Finalmente, la congresista Luz Itzel Mendo González externó que es necesario realizar un análisis profundo de las propuestas legislativas para asegurar que los preceptos jurídicos sean completos y no invadan competencias federales o estatales, además de que es vital no romper con la sistemática del Código Territorial vigente y evitar reiteraciones innecesarias.
Asimismo, destacó que cada uno de los 46 municipios del estado posee características geográficas y recursos particulares, por lo que la legislación debe ser lo suficientemente flexible para permitir que cada ayuntamiento atienda el acceso al líquido vital conforme a sus capacidades específicas, garantizando siempre la certeza jurídica en el proceso.
Composición de los organismos operadores de agua municipales
La segunda mesa de trabajo discutió la iniciativa a fin de establecer en la legislación estatal la duración y composición de los organismos operadores de agua en los municipios del estado de Guanajuato, para dotar de certeza jurídica, institucionalidad y transparencia a la operación de esos entes fundamentales para la gestión del agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Los representantes comentaron que la regulación de los organismos operadores debería integrarse primordialmente en la ley que rige el Gobierno y la Administración Municipal, dado que es el instrumento que define la estructura de la administración pública local. Se destacó la importancia de dotar a los organismos de autonomía administrativa y técnica para dar continuidad a los proyectos hídricos y de desarrollo urbano; y propusieron que los periodos de gestión de los Consejos Directivos no coincidan con los de la administración municipal, por lo que se sugirió un esquema de renovación escalonada con periodos de cuatro años, permitiendo que solo la mitad de los integrantes pueda ser ratificada para un segundo periodo.
También señalaron que, para impulsar una verdadera gobernanza, la mayoría de los integrantes del Consejo, especialmente en cargos directivos como Presidencia, Secretaría y Tesorería, deben provenir de la sociedad civil organizada, cámaras empresariales y órganos colegiados. Se enfatizó la necesidad de exigir experiencia mínima comprobable y perfiles académicos específicos en materias hidráulica, jurídica, administrativa o financiera; y se recordó que corresponde exclusivamente a los Ayuntamientos la facultad de crear y reformar las normas reglamentarias que rigen a sus organismos operadores, junto a que la implementación de este nuevo modelo debería tener un esquema transitorio que iniciaría en el año 2027.
El diputado Luis Ricardo Ferro Baeza dijo que es vital dar certeza jurídica a los organismos operadores de agua para evitar que su gestión sea utilizada como un espacio de cuotas políticas tras los cambios de administración municipal, toda vez que los consejos se ven afectados por intereses partidistas que rompen la continuidad y la coordinación técnica. Asimismo, solicitó considerar el impacto en los municipios que actualmente operan bajo esquemas de tres años, buscando un equilibrio que permita la eficiencia sin desarticular la realidad de los ayuntamientos.
El legislador David Martínez Mendizábal señaló que existe un consenso sobre la importancia de perfeccionar los criterios de duración y funcionamiento de los organismos, subrayando que la visión técnica es fundamental para resolver la problemática del agua en la entidad, aunado a que la técnica debe ser un procedimiento subordinado al interés público y al desarrollo ordenado; por lo que consideró pertinente ajustar la propuesta para fortalecer el papel de los especialistas y evitar que intereses ajenos al bienestar social interfieran en la gestión del agua.
Operación de plantas de tratamiento de aguas residuales
La tercera reunión fue para analizar la propuesta que busca garantizar que las plantas de tratamiento de aguas residuales en la entidad operen de manera continua, eficiente y transparente.
Las personas asistentes calificaron como oportuna la creación de un Inventario Estatal de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, el cual sería administrado por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente; propusieron que este registro sea actualizado anualmente por los municipios para fortalecer la coordinación estatal; y sugirieron que, en casos donde un municipio carezca de capacidad técnica o financiera, el Estado pueda asumir la prestación del servicio de manera temporal para garantizar la continuidad y calidad del tratamiento en beneficio de la ciudadanía.
Precisaron que las responsabilidades deben acotarse a aquellas infraestructuras que estén a cargo de los organismos, reconociendo que la operación puede estar en manos de concesionarios o administraciones centralizadas; pidieron que se sustituya el término “georreferenciación” por el de “ubicación geográfica” para mayor claridad normativa; enfatizaron la importancia de definir con precisión qué autoridad será la encargada de validar la información técnica y de verificar el cumplimiento de metas e indicadores; y sugirieron integrar formalmente el concepto de reúso de aguas residuales tratadas, dejando la vigilancia del cumplimiento de normas federales bajo la competencia de la CONAGUA.
La diputada Luz Itzel Mendo González manifestó su pleno respaldo al sentido y alcance de la iniciativa, enfatizando que es responsabilidad del Congreso del Estado sentar las bases normativas y los mecanismos legales necesarios para robustecer a los organismos operadores del agua, tanto en su estructura institucional como en su capacidad operativa, junto a que se debe dotar a los municipios y a sus organismos de herramientas jurídicas y técnicas avanzadas que les permitan responder a los complejos desafíos que enfrenta la entidad en materia hídrica.
Coordinación entre Estado y municipios en materia de aguas residuales
Finalmente, se discutió la iniciativa para fortalecer el marco jurídico estatal al incorporar de manera expresa la concurrencia en materia de tratamiento y disposición de aguas residuales, garantizando que tanto el Ejecutivo estatal como los municipios cuenten con bases normativas claras para planear, operar y supervisar la infraestructura hidráulica.
En las observaciones se externó que la normativa no se refiera únicamente a los “sistemas”, sino específicamente a la “prestación de los servicios” de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y que una prestación adecuada de los servicios debe medirse bajo criterios de ingeniería sanitaria, tales como la continuidad de la operación y el cumplimiento de normas de calidad. Sin embargo, destacaron que para garantizar el acceso al agua a largo plazo es indispensable incorporar el concepto de equilibrio financiero.
Añadieron que el diseño normativo debe contemplar mecanismos de asistencia técnica y asociación intermunicipal para apoyar a aquellas demarcaciones con mayores rezagos estructurales; y se sugirió la creación de un Inventario Estatal de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, el cual sería administrado por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, con la finalidad de centralizar la información que se encuentra actualmente dispersa y así facilitar la toma de decisiones sobre rehabilitación de infraestructura, seguimiento operativo y verificación del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas.
A manera de conclusión, la congresista Luz Itzel Mendo González agradeció la participación de las y los representantes de las diversas instituciones e indicó que las aportaciones serán tomadas en cuenta para la dictaminación de las diferentes iniciativas.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Luz Itzel Mendo González y Angélica Casillas Martínez; así como los diputados Luis Ricardo Ferro Baeza y David Martínez Mendizábal, acompañados por representantes de la Consejería Jurídica del Estado, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, personas asesoras parlamentarias y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
