Por: Miguel Allende Foulques
Vaya espectáculo. Tres consejeros del INE designados en tiempo récord, sin voces incómodas y con la precisión de un reloj de pared que ya todos sabemos a qué hora da las campanadas. No hubo sorpresa, claro. La farsa fue tan burda que ni siquiera entretiene: aburre, como aburre ver al mismo mago sacar el mismo conejo del mismo desgastado sombrero. Lo llaman proceso; deberían llamarlo trámite de certificación de lealtades. Tanto, que hasta representantes de la silla mas alta estuvieron presentes para dar fe (o hacer manita de puerco, según el cristal…).
Por si alguien todavía no lo entendió, la lección es pedagógica y hasta cínica: “mientras menos ciudadanía, mejor”. Dicho de otro modo: la sociedad civil estorba, las organizaciones independientes dan lata, y las restricciones fiscales no son un accidente burocrático, sino un molde para asfixiar lo que no aplaude a tiempo. Así que, a mirar y callar.
Pero lo más divertido -y lo más grave- es que el oficialismo logró, vamos a decirlo así, por la puerta de atrás lo que sus propios aliados (el PT y el PVEM, dos escuderos temblorosos), le impidieron meter por la Constitución. Ocho votos de once en el Consejo General del INE. No es mayoría calificada: es mayoría blindada. ¿El resultado? Un árbitro que ya no necesita fingir imparcialidad. La equidad electoral pasa a ser un estorbo de papeleo menor. La prioridad ahora se llama lealtad al centro del poder.
Habrá que estar alertas y no ceder a los cantos de las redes sociales y los políticos, que lo más delicado no es la cúpula, sino lo que viene detrás. La estructura técnica del INE, esa que durante años se jactó de su profesionalismo, ya sintió hacia dónde sopla el viento. En la elección judicial de 2025 recordemos que, los vocales ejecutivos locales la misma noche de los resultados, salieron a corear y aplaudir a la Consejera Presidente, Guadalupe Tadei, como si fuera competencia de porristas. La sumisión se pega, y cuando los de abajo agachan la cerviz, la captura institucional se vuelve perfecta. Ya lo hicieron con el Tribunal Electoral; ya lo hicieron con las autoridades judiciales. El rompecabezas se completa pieza por pieza.
Así que bienvenidos al cierre del ciclo. Ese que comenzó después del fraude de 1988, cuando poner ciudadanos al frente del juego generó confianza. Ahora el gobierno ya no solo participa: es dueño absoluto del silbato, del cronómetro, del marcador y hasta de las cheves para el público. Y lo peor de todo: lo anuncia sin disimulo, como si fuera un derecho adquirido. La dictadura perfecta, esa que describió don Mario Vargas Llosa, no necesitaba gritos ni tanques. Solo paciencia y un INE dócil. La sociedad civil nuevamente frente al reto: participar e influir.
Mientras tanto en Guanajuato… las cosas marchan con la puntualidad de un reloj que marca la hora del oficialismo de por acá. Los señores diputados, siempre tan ocupados en parecer que legislan, han montado un sainete de lo más instructivo tras descubrirse que contrataron a un experto de fuera “con amplia experiencia electoral” para que les explique cómo copiar la ley nacional; un trámite que, como diría el propio Ibargüengoitia, es de una emoción insoportable: ya sabemos qué dirá la ley, pero qué intriga ver quién y cuanto cobrará por redactarla.
Luego de la filtración, nuestros próceres parlamentarios andan ahora muy de puntitas, no sea que entre los papeles se les cuele algún avispado “asesor” que, con tal de seguir cobrando, descubra de pronto que tiene ancestros chichimecas. Porque en estos tiempos de farsas burdas y aburridas, la autoadscripción indígena es el último refugio del burócrata creativo que busca saltarse las trancas.
¡Qué emoción, señores, a ver quién engaña a quién en este simulacro de armonización!
