Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar el mismo número de iniciativas de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato.
Derecho a la igualdad hacia la mujer, combate a la discriminación y la erradicación de la brecha salarial
En primera instancia se dialogó sobre la propuesta que busca fomentar la igualdad sustantiva de las mujeres. Los tres ejes principales son el derecho a la igualdad hacia la mujer, el combate a la discriminación y la erradicación de la brecha salarial.
De manera general, se comentó que la iniciativa se considera viable, toda vez que se trata de una homologación con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género.
También se dijo que era oportuno incluir en el glosario lo relativo a la incorporación de Medidas y Órdenes de Protección; que se consideren las viabilidades presupuestarias
El congresista Sergio Alejandro Contreras Guerrero argumentó que eran importantes las consideraciones vertidas, que la propuesta buscar armonizar el marco local incorporando con mayor claridad la igualdad y eliminar las brechas salariales de género, así como mejorar la respuesta institucional ante las violencias de género.
Por su parte, el legislador Juan Carlos Romero Hicks refirió que hay una coincidencia plena en la propuesta y que se dejaba el canal abierto por si hay algo para fortalecer.
Ampliar el apoyo para niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de desaparición
El segundo análisis correspondió a la propuesta que tiene la finalidad de reforzar las medidas de reparación integral del daño, la restitución de derechos y la atención de niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, homicidio y desaparición.
Los representantes manifestaron que la iniciativa analizada se considera viable al estar alineada con la Constitución Federal, la local y el Plan de Desarrollo GTO 2050; precisaron que los alcances de protección propuestos ya se encuentran plenamente integrados y reconocidos en el marco legal estatal vigente, por lo que no existe una omisión legislativa, al referir que tanto la Ley General como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato ya obligan a las autoridades a adoptar medidas de protección especial y a garantizar el ejercicio igualitario de sus derechos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, se subrayó que para el ejercicio fiscal 2025 se aprobaron más de 33,743 MDP bajo un enfoque transversal para atender las necesidades de salud, educación y alimentación de la niñez guanajuatense; se propuso transitar de un esquema casuístico a uno de protección extenso, donde la atención se base en la condición de vulnerabilidad del menor y no únicamente en el tipo de delito que generó el desamparo; que los apoyos contemplados son de carácter enunciativo, reconociendo que las víctimas indirectas poseen derechos inherentes que no deben limitarse a una lista cerrada; y hacer adecuaciones para que las medidas se clasifiquen correctamente como derechos de asistencia y atención, y no solo como ayuda inmediata.
En su intervención, el legislador Sergio Alejandro Contreras Guerrero enfatizó que la iniciativa responde a un reconocimiento político y jurídico ineludible ante el contexto de muertes violentas y desapariciones que dejan a la niñez en situación de orfandad, además de que el objetivo primordial es contar con una propuesta sólida y viable que se traduzca en una protección efectiva y en la verdadera restitución de derechos para quienes padecen las consecuencias de las violencias cometidas contra sus madres o cuidadoras.
Por su parte, la congresista María Eugenia García Oliveros agradeció la presencia de los asistentes y reconoció el valor de los comentarios vertidos por las instituciones, los cuales servirán como insumos fundamentales para el proceso de dictaminación.
Finalmente, el diputado Juan Carlos Romero Hicks calificó la iniciativa como una necesidad social imperante, toda vez que el país atraviesa un escenario de dolor derivado de fenómenos que no se han logrado prevenir ni atender con suficiencia, por lo que resaltó la urgencia de dar una respuesta legislativa pronta a esta problemática.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Juan Carlos Romero Hicks y Sergio Alejandro Contreras Guerrero, así como la congresista María Eugenia García Oliveros. Además, los acompañaron representantes de la Consejería Jurídica; Secretaría de las Mujeres; Secretaría de Gobierno; Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; Secretaría de Seguridad y Paz; Comisión Estatal de Búsqueda de Personas; Secretaría del Nuevo Comienzo; Fiscalía General del Estado de Guanajuato; asesores de los diferentes grupos parlamentarios; y personal de diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato
