Por: Héctor Andrade Chacón / @hectorandrade70
La política mexicana suele disfrazar las derrotas con el lenguaje de la estrategia. Y eso es exactamente lo que ocurrió esta semana en la Cámara de Diputados con la reforma electoral impulsada desde Palacio Nacional.
La iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada por Morena no alcanzó los votos necesarios para modificar la Constitución de nuestra República. La razón fue simple y brutal: sus propios aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, decidieron no acompañarla. Sin sus votos, la mayoría calificada se volvió imposible.
En apariencia, se trató de una derrota del oficialismo. Pero en política las apariencias rara vez cuentan toda la historia.
La propuesta buscaba rediseñar de manera profunda el sistema electoral mexicano. Entre otras cosas, planteaba acotar funciones al Instituto Nacional Electoral, desaparecer los organismos electorales estatales, modificar el sistema de representación proporcional en la Cámara de Diputados, eliminar una parte de las senadurías plurinominales y, de paso, intervenir directamente en la vida interna de los partidos políticos al imponer reglas para la selección de candidatos de representación proporcional.
No era una reforma menor. Era un cambio estructural en el equilibrio político del país.
Desde el discurso oficial se presentó como un intento de abaratar la democracia, combatir privilegios de la clase política y devolver el poder “al pueblo”. Sin embargo, detrás de esa narrativa se escondía una lógica distinta: la construcción de una arquitectura electoral que consolidara la hegemonía política del partido gobernante.
La historia política mexicana conoce bien ese modelo.
Durante décadas, el sistema electoral fue diseñado para asegurar mayorías estables al partido en el poder. No fue sino hasta las reformas electorales de finales del siglo XX cuando surgieron instituciones ciudadanas que funcionaron como contrapesos al gobierno: organismos autónomos, reglas de representación proporcional y autoridades electorales separadas del poder político.
Ese entramado institucional permitió la alternancia en el año 2000 y, con ella, el fin del viejo presidencialismo hegemónico.
La reforma que se intentó aprobar ahora caminaba en sentido contrario.
Morena controla hoy la Presidencia de la República, la mayoría de las gubernaturas, el Congreso de la Unión y una parte sustancial de los congresos locales. Desde esa posición de poder, la modificación del sistema electoral habría tenido un efecto previsible: reducir las posibilidades de competencia efectiva de la oposición y reforzar la capacidad del partido gobernante para conservar mayorías legislativas.
El temor político detrás de la iniciativa parece claro: el horizonte electoral de 2027.
Ese año estarán en juego nuevamente la Cámara de Diputados y un amplio número de gobiernos estatales. Morena sabe que el desgaste natural del poder, las tensiones internas y los conflictos económicos pueden traducirse en retrocesos electorales. En ese contexto, rediseñar las reglas del sistema electoral sería una forma de blindar su posición dominante.
Pero la reforma tenía un problema elemental: amenazaba también la supervivencia de sus propios aliados.
El PT y el Partido Verde han encontrado en las candidaturas plurinominales una vía segura para mantener presencia legislativa. Eliminar o reducir esos espacios significaba poner en riesgo su permanencia política. Ante esa disyuntiva, optaron por algo inusual en el oficialismo: votar junto a la oposición.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano encontraron así aliados circunstanciales.
La reforma cayó.
Sin embargo, la reacción del poder no tardó en aparecer. En redes sociales comenzó la campaña de acusaciones: “traidores”, “desleales”, “enemigos de la transformación”. Es el mismo libreto que el oficialismo ha utilizado cada vez que una reforma constitucional fracasa, como ocurrió anteriormente con la energética.
Primero se construye el enemigo. Después se negocia. De paso, ya se tiene el discurso electoral para 2027, tomándose el papel de víctimas, de “demócratas”, de celosos guardianes del interés del pueblo, mientras se inunda con el aparato del Estado el espectro con los epítetos ya dichos.
Así, anoche, al mismo tiempo que los aliados eran señalados públicamente, fueron convocados a Palacio Nacional para discutir el llamado “Plan B”: una batería de reformas a las leyes electorales que no requieren cambios constitucionales.
Esta mañana de jueves, la presidenta de México ha dicho: “sabía que no iba a ser aprobada” y que el lunes enviará al Congreso de la Unión su “Plan B”, y aquí lo curioso, indicó: “consiste en lo mismo”.
Ahí aparece la verdadera jugada política.
De acuerdo con lo que ha trascendido, el nuevo paquete legislativo busca intervenir en aspectos clave del sistema electoral desde la legislación secundaria: reducir presupuestos de organismos electorales locales, disminuir salarios de diputados estatales y, sobre todo, imponer desde el ámbito federal el número de legisladores plurinominales que deberán tener los congresos de cada estado.
Ese punto resulta particularmente delicado.
El federalismo mexicano descansa en la idea de que las entidades federativas conservan autonomía para definir su organización política interna dentro de los límites constitucionales. Que el Congreso federal pretenda fijar la estructura de representación de los congresos locales no sólo es una decisión política agresiva; también representa una intrusión directa en la soberanía de los estados. Es, en términos jurídicos, un intervencionismo difícil de justificar.
El problema es que el cálculo del régimen no termina ahí.
Incluso si estas reformas son controvertidas ante tribunales, el gobierno apuesta a un escenario favorable: una Suprema Corte de Justicia de la Nación cuya composición fue moldeada en buena medida durante los años recientes y que, en múltiples ocasiones, ha terminado avalando decisiones clave del poder federal.
La ecuación política es simple: si no se pudo reformar la Constitución, se modifican las leyes; y si las leyes generan controversia, se confía en que el máximo tribunal no se convertirá en un obstáculo real.
Mientras tanto, el ambiente político se vuelve cada vez más inquietante.
Desde el poder federal se han impulsado iniciativas y acuerdos orientados a regular el contenido que circula en redes sociales bajo el argumento de combatir la desinformación. El riesgo es evidente: que esas medidas se transformen en mecanismos de control sobre la libertad de expresión de los ciudadanos.
Prejuzgar publicaciones sin intervención judicial no es regulación democrática. Es censura.
Por eso la derrota legislativa de esta semana, más que cerrar un capítulo, abre otro.
La reforma constitucional cayó, sí. Pero el proyecto político que la inspiró sigue en pie.
Y en política, como en la historia, los intentos de concentración del poder rara vez se abandonan después del primer revés.
San Miguel de Allende, ofrece aliento
La conmemoración de los 200 años de su elevación al reconocimiento de ciudad para San Miguel de Allende, el día de ayer, con sesión solemne del Congreso del Estado de Guanajuato y presencia de los tres Poderes de la entidad, se significó como un acto republicano, con ejemplo de respeto a la pluralidad política y con llamado a la tolerancia y el respeto entre distintos en el orden político.
Fue posible ver a un presidente municipal, Mauricio Trejo Pureco, de corte priista, recibir como anfitrión, a los 36 diputados del Congreso Local, que esta vez preside una morenista, Martha Edith Moreno Valencia, al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo, el morenista y sanmiguelense, Luis Ricardo Ferro Baeza y a la gobernadora, de origen panista, Libia Dennise García Muñoz Ledo, con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Alma Delia Camacho Patlán, como testigo de este encuentro bajo concordia política.
El evento reconocía el aporte de San Miguel de Allende a la historia de México, desde la Guerra de Independencia y su condición de mosaico cultural en la actualidad. Pero también fue un momento para que la clase política guanajuatense se mirara por un momento y pensara más allá de sus inmediatos intereses de partido.
El alcalde, Mauricio Trejo, puso el dedo en el renglón al decir: «Gracias por haber podido hacer un paréntesis en sus posturas políticas y poner como frente común a San Miguel de Allende, creando un común denominador que hoy se llama Guanajuato y se llama la grandeza de todos los guanajuatenses».
Un mensaje que debe ser dimensionado fuera de la retórica habitual en un acto solemne como el de ayer, donde se frenó una reforma electoral tramposa (que no soportaba un análisis serio) porque debe escucharse enmedio de un escenario de polarización política que puede tensar las cosas a tal grado, que, con la pérdida de la democracia y las libertades, invite a caminos por los que transitó México hace algunas décadas y ante los cuales la respuesta, en aras de la paz social, fue la ruta a la transición democrática y la alternancia en el poder, con errores sí, deudas sociales también, pero que dio al país sentido de esperanza.
Ojalá el ambiente de concordia entre los actores políticos guanajuatenses, observado ayer en la ciudad patrimonio cultural de la humanidad, se sostenga por el bien del estado y como aporte al momento que vive la República.
Tomado de Paralelo X
Gráfico El Universal
