Por: Luis Miguel Rionda / @riondal
Finalmente se presentó la iniciativa presidencial ante el Congreso de la Unión, para impulsar una reforma político-electoral que nadie desea, más que la cúpula morenista en el ejecutivo. Once propuestas de modificaciones constitucionales que aún no permiten evaluar los alcances reales de la moción.
Como siempre, el diablo se esconde en los detalles, y esos sólo podrán ser escudriñados cuando se dejen venir las reformas legales en los ordenamientos de la logística electoral: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y sus casi 500 artículos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y sus 110 artículos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y sus casi cien artículos, y la Ley Federal de Consulta Popular. Y hay leyes en otras materias que pueden verse afectadas por esta reforma política.
A esto hay que añadir que luego de que las reformas constitucionales sean eventualmente aprobadas en el Congreso de la Unión —está por verse si se aprueban— deben transitar por la conformidad de al menos 17 congresos locales. Aunque este es un escollo menor, si recordamos que hay legislaturas que compiten en una irresponsable pista de carreras por subirse al podio de la lambisconería.
La fecha límite para que esta batería de reformas transite por el legislativo es el 31 de mayo próximo: menos de tres meses. 86 días naturales. No dudo que se logre, pero puede reflejarse en un pobre trabajo legislativo, sin debates correctivos y constructivos. Si se echa a andar la aplanadora en las comisiones y el pleno perderemos todos.
En este mi primer acercamiento a la reforma sólo tengo espacio para abordar un solo aspecto: la permanencia del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP. Un instrumento que se inauguró en la elección presidencial de 1994, producto de la reforma de ese año tan convulso. Había urgencia de inyectarle legitimidad a las elecciones mexicanas, tan desprestigiadas por el manoseo de 1988. Con la aplicación de innovaciones tecnológicas y operativos más eficientes, en estos últimos años el PREP pudo acortar su tiempo de respuesta de 72 a 24 horas (https://t.ly/kZZjG). Los resultados se trasmiten al cierre de las casillas, y pueden ser cotejados por partidos y ciudadanos con las actas o con las sábanas electorales. La cobertura final llega arriba del 95% del total de casillas.
Sin embargo, las nuevas tecnologías de comunicación y la aplicación de métodos estadísticos cada vez más afinados han permitido que un nuevo recurso emerja con fuerza: los conteos rápidos, que son aplicados desde el 2000 tanto por la autoridad electoral como por partidos y medios de comunicación. Son muy ágiles, y permiten contar con escenarios con poco margen de error en unas pocas horas. También son más económicos que el PREP.
Creo que hubo mucha ignorancia y desinformación en los debates sobre la desaparición del PREP. La posibilidad ya se estaba discutiendo en los organismos electorales, nacional y locales. Pero ahora se asumió como un ataque a la confiabilidad de los procesos. En la iniciativa se mantiene este recurso anacrónico, que espero se discuta con más atingencia en la reforma legal.
