Por: Héctor Andrade Chacón / @hectorandrade70
Guanajuato tiene una herida abierta. No es retórica, es una realidad estadística y humana construida a lo largo de una década de violencia extrema. En este contexto, donde los agravios se acumulan y donde la autoridad, por años, ha navegado entre la ineficacia y la omisión, asumir la titularidad de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) no es un premio burocrático; es, quizás, la rifa del tigre, está entre las más complejas de la administración pública estatal.
Este jueves, el Congreso del Estado de Guanajuato tomó una determinación crucial. Con 35 votos a favor —por unanimidad—, Francisco Javier Juárez León fue designado como el nuevo titular de este organismo por un periodo de cinco años.
El hecho trasciende el nombramiento administrativo. En un Guanajuato políticamente polarizado, donde el debate suele atrincherarse en colores partidistas, el consenso absoluto alcanzado para esta designación envía un mensaje poderoso y necesario. La unanimidad otorga a Juárez León algo que necesitará desesperadamente en los días por venir: legitimidad política y moral.
Como bien señaló el diputado Juan Carlos Romero Hicks, autor del dictamen, este no es “un nombramiento más”. El legislador puso el dedo en la llaga al cuestionar: “¿Cuánto vale el dolor en este país?”. La pregunta resuena porque subraya que la omisión personal y colectiva ha sido parte del problema. Por ello, el perfil electo no solo requería capacidad técnica, sino principios de honestidad y carácter para, como dijo el congresista, “evitar el dolor”.
La tarea es monumental. La diputada Luz Itzel Mendo González acertó al advertir que un currículum brillante no sirve de nada si carece de “cualidades humanas”. La nueva titularidad se enfrentará a un escenario de recursos limitados frente a una masa creciente de víctimas que exigen no solo justicia, sino empatía genuina, paciencia y valor para ser defendidas ante un sistema que suele revictimizarlas.
Lo rescatable de esta jornada legislativa es la demostración de que la política de altura es posible. A pesar de las diferencias ideológicas, las fuerzas representadas en el Congreso lograron dialogar, ceder y construir un acuerdo en favor de los guanajuatenses. Este consenso blinda al nuevo funcionario y fortalece a la institución, demostrando que cuando el objetivo es noble —en este caso, sanar el tejido social—, las barreras partidistas pueden caer.
Este “buen sabor de boca” que deja la designación unánime no debe ser una anécdota aislada, sino la hoja de ruta para lo que viene. El Congreso del Estado tiene en puerta desafíos inmediatos que requerirán la misma madurez política: la aprobación del Paquete Fiscal 2026 y, de manera crítica, la autorización de deuda pública.
Se avecinan decisiones sobre el financiamiento para el plan hídrico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum —el vital acueducto de la Presa Solís para dotar de agua a León y otros municipios— así como diversos proyectos de obra estatal. Al igual que con las víctimas, estos temas no admiten mezquindades. La transparencia y los compromisos concretos a favor de Guanajuato deben ser la moneda de cambio. Si el Congreso pudo unirse para atender el dolor del pasado, está obligado a unirse para construir la viabilidad del futuro. El ejemplo ya está puesto; ahora toca sostenerlo.
Ah… y Francisco Javier Juárez León está obligado a responder con creces a la confianza que le ha depositado el Congreso del Estado y con él, el pueblo de Guanajuato.
Tomada de Paralelo X
